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15.9.07

La objetividad de los expertos y la deferencia judicial

Dos de los últimos casos resueltos por el Tribunal Supremo en materia de Derecho Ambiental (PCME v. JCA, 2005 TSPR 202 y Hernández v. Centro Unido de Detallistas, 2006 TSPR 133) parecen sepultar, con la disidencia de la Jueza Fiol Matta, la controversia antes suscitada sobre si la doctrina de deferencia judicial en casos de revisiones administrativas debía ser igualmente aplicable a casos ambientales. Esto, a la luz de que nuestra Constitución (Art. VI, sección 19), establece una protección especial a los recursos naturales y un deber del estado de garantizarlos para beneficio general de la comunidad. No obstante, en estos dos casos las opiniones mayoritarias del Supremo (la primera emitida por el Juez Rebollo López y la segunda por el Juez Fuster Berlingeri) se expone claramente que se le dará deferencia a las decisiones emitidas por las agencias, como en cualquier otro caso, en tanto allí están "los expertos". Ya en otro lugar expuse los problemas que esta deferencia -adoptada sin rigor alguno- representa para los procesos de participación ciudadana y acceso a la justicia (Véase, Fontánez Torres, Primera Jornada Ambiental 2006: Una agenda Académica y de acceso a la Justicia, 67 Rev. Jur. UPR). Allí expuse:


"Un segundo aspecto que me parece de gran importancia y que es un corolario de la deferencia judicial, es el asunto del llamado “expertise” o peritaje de las agencias administrativas. Este aspecto ha sido estudiado al detalle por estudiosos de diversas áreas de las ciencias sociales. (citas omitidas)

En principio ya muchos teóricos, investigadores y ciudadanos en general se cuestionan la referencia al peritaje de las agencias y sobre todo a la “ciencia” como portadoras de la objetividad en asuntos ambientales. La concepción de la agencia como la “experta” y por ende la portadora del “saber” privilegiado proveniente a su vez de una particular concepción de la ciencia como epítome de la objetividad, ha servido para una exclusión patente de los ciudadanos en los procesos participativos y toma de decisiones, así como en una exclusión del cúmulo de experiencias ciudadanas en sus entornos ambientales. Como alternativa y en compañía de los reclamos de procesos que lleven a una toma de decisiones participativas y a la implantación de modelos de administración cooperativa, se ha emplazado a las agencias y a los “científicos” como entes objetivos. (citas omitidas) Así, en la academia y en el terreno más amplio de “lo social”, se ha elaborado un reclamo que aboga por la incorporación de otros “saberes” en la toma de decisiones de política pública.

El “saber” ambiental, se dice que, no es sólo de las agencias gubernamentales a cargo de la toma de decisiones, sino que incluye la gama de “saberes” de los grupos y comunidades que forman parte del entorno que se pretende “manejar”. Se trata de un “saber local” que según muchos debe estar presente de forma protagónica en la toma de decisiones de las agencias administrativas y en la elaboración e implantación de la política pública. Esto redunda en un nuevo enfoque de los procesos administrativos y de la adjudicación de controversias en estos contextos."

Pero lo interesante es que en estos dos casos (PCME y Hernández), aún bajo la doctrina de deferencia judicial ni el Tribunal ni la Junta de Calidad Ambiental pueden explicar las contradicciones en las agencias que no siguieron las recomendaciones de sus expertos ni sus propias designaciones de las áreas afectadas como áreas de gran valor ecológico. En PCME el Tribunal le da deferencia a la decisión de la JCA que optó por no exigir un estudio de flora y fauna y del impacto ambiental de un proyecto comercial sobre una especie en peligro de extinción, a pesar de que los expertos de la agencia experta (biólogos del DRNA) emitieron memorandos recomendando estudios específicos. En Hernández, por otro lado, el Tribunal Supremo también avala, bajo el prisma de la deferencia, el visto bueno del propio DRNA y de la JCA que no requirieron una Declaración de impacto ambiental (DIA) a un proyecto comercial que colindaba con la Reserva natural Caño La Boquilla!! ¿Cómo puede darse deferencia a un jefe de agencia que por un lado designa un área como Reserva Natural por su importancia y luego en un proyecto comercial colindante determina que no es necesario hacer un documento ambiental sobre el impacto de esa área natural? Bajo la misma doctrina de derecho administrativo, ¿no es acaso esta acción una que no encuentra sustento en la evidencia sustancial y por ende constituye una actuación arbitraria y caprichosa? El uso y abuso de la doctrina de deferencia judicial a las agencias nos parece que, entre otras cosas, tiene serias consecuencias sobre el desarrollo de esta área del Derecho y sobre nuestro ordenamiento en general y como consecuencia sobre la falta de gobernabilidad y la percepción negativa de legitimidad de la rama ejecutiva ante la ciudadanía, avalada de esta forma por la judicial. Para un análisis detallado de estas dos opiniones, véase el artículo en el próximo número de la Revista Jurídica de la UPR: É. Fontánez Torres, Análisis de Término 2005-06 de las opiniones del Tribunal Supremo en materia de Derecho Ambiental.

Política pública desde la base comunitaria

Recientemente se publicó el libro: Bosque del Pueblo: Cómo la Lucha Antiminera cambió la política forestal desde la base comunitaria (Massol, Deyá, González, 2006) que recoge la experiencia del Taller de Arte y Cultura de Adjuntas, mejor conocido como Casa Pueblo. Este libro se unió una serie de publicaciones auspiciadas por el Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo, titulada “Políticas exitosas para los bosques y la gente”. La serie tiene el objetivo de exponer diversas experiencias que aportan a “cambiar en sentido positivo de la utilización del bosque”. En esta ocasión se narró un contexto puertorriqueño en el que se promuve un cambio en las políticas forestales, un cambio “desde la base comunitaria”.

Aquí yace la importancia y aportación principal de esta experiencia. Existe una presunción de que la mayoría de las iniciativas y programas que buscan una sociedad más sustentable provienen o tienen que provenir de los esfuerzos del estado. Lo cierto es que aún cuando existen reclamos fuertes, la tendencia es a exigir o presumir que el estado es quien único puede generar y desarrollar nuevos programas en exclusión de la ciudadanía, de sus experiencias y saberes. Vientos soplan en otra dirección. Convergen nuevas tendencias y se discuten y proponen nuevos modelos de democracia: aquella que presupone un quehacer y apoderamiento local, de base, una toma de decisiones participativa, donde se emplazan los marcos tradicionales del poder. En nuestra historia, el cambio en las políticas forestales, sirve de escenario para una nueva forma de quehacer social, de promoción del cambio.

Casa Pueblo es muestra de ese quehacer de base que promovió y logró un cambio en las políticas institucionales. Se trata, según descrito en el libro, de una organización basada en la comunidad, ubicada en las montañas de Puerto Rico, que logra entrar en el escenario de las políticas forestales nacionales con miras a obtener cambios inmediatos (como en el caso de la paralización y eventual prohibición del proyecto minero) y la elaboración de un acuerdo de co-manejo del Bosque del Pueblo, y cambios a largo plazo, como en el caso de la promoción de un enfoque regional para la conservación de cuencas hidrográficas. Su inserción en el quehacer y en la toma de decisiones tradicionalmente propias y exclusivas del gobierno, cambió en Puerto Rico la política y enfoque sobre los bosques en el país y con ello, se introdujeron cambios irreversibles sobre lo que los ciudadanos perciben que son capaces de hacer, a partir de un modelo de autogestión comunitaria. El libro nos reseña esos detalles y las aportaciones de esa gesta.

Les invitamos a buscarlo y a leerlo y sobre todo, a analizar este modelo que parece multiplicarse en Puerto Rico, el de un verdadero espacio democrático que de lugar a un manejo participativo de los espacios naturales, espacios que incluyen a la gente, a su historia, a su cultura y sus experiencias con el resto del entorno ecológico.
El libro está disponible en Casa Pueblo Adjuntas y en la librería del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR.

12.9.07

Ambientalistas denuncian robo de lo público con anuencia del gobierno

Aumentaría presión contra proyectos hoteleros
Por The Associated Press

Amigos del Mar recordó que varios planes "son resultado de tanto robo e ilegalidad".

SAN JUAN — La organización ambientalista Amigos del Mar exhortó hoy a aumentar la presión organizada para detener la construcción de proyectos que afectan terrenos del pueblo de Puerto Rico.

"Administración tras administración continúa el robo de terrenos públicos en las costas (conocidos como zona marítimo-terrestre) violando nuestro ordenamiento jurídico y en claro atentado contra los derechos de nuestro pueblo", dijo a Prensa Asociada Mario Bosque, portavoz del grupo.

"Además, (a los desarrolladores) le financian los proyectos privados sobre terrenos públicos con dineros del pueblo, les eximen de contribuciones al erario público y no comienzan a pagar la deuda hasta dentro de 20 años si alguien se acuerda de cobrarles. Hay que demoler el patrón de corrupción de las diferentes administraciones que a título de gobernantes traicionan a los mejores intereses de nuestro pueblo", agregó.

El líder ambientalista recordó que al momento varios proyectos "son resultado de tanto robo e ilegalidad" y mencionó, entre otros, los casos de Paseo Caribe, Dos Mares Marriot en Luquillo, San Miguel Four Seasons en Fajardo, Cotton Bay Resort en Naguabo y el WindMar en Guayanilla.

Bosque hizo un llamado a estar disponibles para actuar a favor del ambiente y denunciar la "corrupción y traición contra el pueblo". Pidió, además, organizar la presión creciente a las agencias concernidas.

http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/aumentaria_presion_contra_proyectos_hoteleros/278918

11.9.07

El acceso a la justicia en la agenda educativa


PROGRAMA PRO BONO DE LA ESCUELA DE DERECHO
UPR

“ Servir formando y formar sirviendo”

A todos los estudiantes, diurnos y nocturnos:

¡Ya no tienes que esperar a la Clínica de Asistencia Legal para iniciarte en la prestación de servicios y asesoramiento legal!

Ahora puedes poner en práctica lo que has aprendido, asegurando con tus servicios que personas y comunidades de escasos recursos puedan lograr acceso al sistema de justicia.

Asiste a la primera reunión de orientación y entérate cómo puedes participar en cualquiera de los cuatro proyectos que iniciaremos este semestre, cada uno bajo la dirección y mentoría de un(a) profesor(a) de derecho. Puedes escoger entre:

Proyecto: ANDA
Asesoramiento de comunidades en derecho ambiental.
Proyecto: Enlace con las Escuelas Públicas
Mentoría y educación sobre sistema legal a estudiantes escuelas públicas

Proyecto: Caño Martín Peña
Asesoramiendo de derecho
propietario y corporativo a las comunidades aledañas al Caño
Proyecto: Equidad en Derechos Salud Reproductiva
Asesoramiento a jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos
Jueves, 13 de septiembre de 2007
Salón L-2 3:00 pm
Salón L-3 5:30 pm
NO FALTES
¡¡¡Te esperamos!!!!