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22.9.07

De víctimas de un delito ambiental a criminales usurpadores: la criminalización de la pobreza

La memoria corta es demasiado corta. Ayer fueron las víctimas de un delito ambiental. Hoy los acusan del delito de usurpación. Hace más de un año le vengo siguiendo la pista a los sucesos que en el 2006 provocaron que 11 familias de la comunidad Villas del Sol en Toa Baja fueran desalojadas de emergencia de sus residencias luego que ciertos contratistas arrojaran 24 drones con contaminantes tóxicos en un caño aledaño a la comunidad. En ese momento planteamos que había que revivir el tema de los delitos ambientales, la irresponsabilidad de las empresas que generan y disponen de estos productos tóxicos y sobre todo la negligencia del estado que cuando de esto se trata, mira hacia el lado contrario y no cumple con su deber de velar e imponer responsabilidades a quienes ponen en riesgo a la ciudadanía mediante estos actos. Cabe señalar que, como siempre, las víctimas de este tipo de delitos son los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. ¿Sabemos qué ocurrió con los ofensores ambientales que pusieron en riesgo la vida de estas familias? No. En cambio, sabemos que le ocurrió a las familias de Villas del Sol.

Ya en julio de este año, el Departamento de la Vivienda arrasaba con las casas de las comunidades. Ya no importó la identidad de estas familias como personas con serios problemas de vivienda, que además habían enfrentado la contaminación tóxica, que tuvieron que ser realojados por esos sucesos, familias que no tenían condiciones mínimas de seguridad ni vivienda alternativa. Los titulares del los periódicos fueron: "Tumban casas", "Enfocada Vivienda en invasores de terrenos". Los residentes de la comunidad Villas del Sol pasaron a ser de víctimas a "invasores" y no cualquier tipo de invasores, porque además, en algún lugar se decía: son invasores dominicanos en su mayoría. La excusa para el desalojo a la fuerza, sin seguridad de nada, fue que los terrenos eran de la Autoridad de Tierras, que estaban en una zona inundable y FEMA ordenó el desalojo.
No queda ahí la historia. Ayer los vecinos fueron citados al Tribunal por la presentación de cargos criminales en su contra por el delito de usurpación. Los terrenos son de la Autoridad de Tierras. Eso basta. Son criminales, que lo sepa todo el mundo. La línea de eventos es espeluznante, pero peor, preocupante, altamente preocupante para una sociedad en la que cada vez es más evidente la arbitrariedad en la aplicación de la ley. En primer lugar, nos preguntamos, si el Departamento de Justicia es tan efectivo en perseguir a quienes violan la ley, ¿qué acción se llevó a cabo contra aquellos que virteron drones tóxicos en un cuerpo de agua aledaño a la comunidad y pusieron en riesgo la vida de estas familias? ¿o por alguna razón, no era tan importante salvaguardar la vida de estas familias como salvaguardar los terrenos de la Autoridad de Tierras?
Segundo, ¿con qué legitimidad el estado pretende juzgar criminalmente bajo el delito de usurpación a estas personas que de plano es evidente viven bajo condiciones de seria pobreza, a quienes el estado mismo les falló por mucho tiempo al darse por desentendido de la carencia de condiciones mínimas necesarias a las cuales tienen derecho, como una vivienda adecuada y un lugar digno donde vivir, libre de tóxicos, libre de riesgos? Tercero, es indignante e insólito que el gobierno presente cargos criminales y arrase con las viviendas de estas personas bajo el fundamento de que están en una zona inundable, mientras permite desarrollos como los de Paseo Caribe y otros en esas mismas zonas y dice que la reglamentación de FEMA tiene un mero carácter exhortativo. Mucho más indignante la doble vara gubernamental que intenta criminalizar la pobreza y a las víctimas en este caso, mientras el Gobernador públicamente ha dicho que no tiene intención de exigir la demolición del edificio Paseo Caribe, aún si fuera evidente su ilegalidad, debido a la inversión que representa. Su analogía fue precisamente que si ordenaba la demolición de Paseo Caribe, tendría que usar la vara de la igualdad para ordenar a residentes pobres demoler sus residencias!
Llamo la atención aquí sobre esta línea de eventos, para demostrar la selectividad y discriminación del gobierno en el uso del poder del estado y de la ley y su arbitrariedad en su aplicación, aún sin haber cumplido con su deber de asegurar las condiciones mínimas que un ciudadano se merece. Pero además y más importante, para que le provoque la indignación que se merece cuando esto pasa subrepticiamente y todo sigue igual.
foto: Primera Hora.

19.9.07

Taller mañana jueves en Ponce: conceptos básicos del Derecho Ambiental

La asociación estudiantil "EDUCCA" (Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental) de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en Ponce se complace en invitarlos a:

"Taller: Conceptos Básicos del Derecho Ambiental"
Por la Prof. Érika Fontanez Torres
Jueves, 20 de septiembre de 2007,
en la Corte Practica de la Escuela de Derecho de la PUCPR.
Hora: 10:00am

18.9.07

Ojo al cabildeo: a medir fuerzas

Corredor rumbo al veto
Por Frances Rosario / End.frosario1@elnuevodia.com

La Cámara aprobará la versión del Senado, para que ecologistas cabildeen cambios o el Gobernador no lo firme.

La Cámara de Representantes se apresta a aprobar el próximo lunes el proyecto de ley que crearía el Corredor Ecológico del Noreste, sin enmendar los puntos controvertibles que le incluyó el Senado, para dejar en manos de los ambientalistas el cabildeo que lleve al gobernador Aníbal Acevedo Vilá a firmar o vetar la medida.
Así lo informó ayer a El Nuevo Día el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de la Cámara, José Luis Rivera Guerra, tras indicar que el senador Carlos Díaz, quien tuvo a cargo la medida en ese cuerpo, se opone a un esfuerzo para conciliar las versiones de ambas cámaras.
“Como el Senado se le sienta encima a los proyectos, vamos a aprobarlo y que los ambientalistas cabildeen con el Gobernador… El Senado está en una actitud de que es lo que ellos digan. No es el Senado, es Carlos Díaz”, afirmó Rivera Guerra. Díaz preside la Comisión de Comercio, Turismo, Urbanismo e Infraestructura del Senado.
El Corredor es una franja principalmente costera en la esquina noroccidental del País de un gran valor ecológico, pero para la cual hay propuestos varios desarrollos turísticos, principalmente el complejo Dos Mares. Un amplio sector del País apoya el que se designe el área como una zona de conservación.
Pero el Senado, a instancias de Díaz, aprobó una medida que limita a 18 meses el tiempo que tendría el Gobierno para adquirir las 4,240 cuerdas de terreno que comprenden el Corredor y protegerlas a perpetuidad.
Los favorecedores del Corredor entienden que 18 meses no sería suficiente para completar los extraordinarios trámites que requeriría adquirir esta extensión de terreno. La versión de la Cámara no incluye límite de tiempo, pero Rivera Guerra estaba dispuesto a considerar una disposición en ese sentido que diera al Gobierno entre dos y cuatro años para el trámite.
Por su parte, el representante de distrito de Fajardo, Johnny Méndez, dijo que no está de acuerdo con que se apruebe la medida sin que se intente enmendar la propuesta para que sea aprobada por Acevedo Vilá. Por ello, informó que una vez el proyecto sea vetado por el Ejecutivo, como se espera, radicará junto al independentista Víctor García San Inocencio un nuevo proyecto que cree el Corredor.
Inicialmente, la consideración de la medida en el pleno era mañana. Sin embargo, Rivera Guerra la atrasó para el próximo lunes porque los miembros de la Coalición pro Corredor Ecológico pidieron una reunión para intentar cambiar la decisión tomada, dijo.

17.9.07

El saber y el discurso ambiental


En "Racionalidad Ambiental: la reapropiación social de la naturaleza" de Enrique Leff (2004: 233-234):

"[E]s posible ver aparecer las formaciones discursivas del saber ambiental y del desarrollo sostenible como estrategias conceptuales y como efectos del poder en el campo de la ecología política, donde se expresa el conflicto social del cambio global en sus relaciones con el conocimiento, donde circulan y transforman sus conceptos, se legitiman y manipulan sus significados a través del juego de intereses opuestos de países, instituciones y grupos sociales. El saber ambiental no conforma una doctrina homogénea, cerrada y acabada; emerge y se despliega en un campo de formaciones ideológicas heterogéneas y dispersas, constituidas por una multiplicidad de intereses y prácticas sociales: las estrategias de poder inscritas en el discurso teórico de las ciencias (economía, ecología, antropología, derecho); el saber campesino y de las comunidades indígenas integrado a sus sistemas gnoseológicos, sus valores culturales y sus prácticas tradicionales del uso de la naturaleza; el saber ambiental inscrito en las políticas de desarrollo sustentable, en sus estrategias y en sus prácticas discursivas, y sus instrumentos normativos y jurídicos.

Desde allí es posible aprehender el saber ambiental que se va configurando en el tejido discursivo del cambio global, en la disputa de sentidos y los intereses en conflicto que atraviesan el campo ambiental y las políticas de desarrollo sostenible; captar su insersión en diferentes espacios institucionales y su incorporación en diferentes dominios del conocimiento, induciendo transformaciones diferenciadas en los objetos científicos, sus campos temáticos y sus prácticas disciplinarias".

16.9.07

El espacio "cafretizado"

Como parte del análisis que vengo haciendo sobre el discurso legal en las controversias sobre el espacio público, encontré una cita de Delaney, Ford y Bomley (2001) que recoge la relación entre el espacio, el derecho y las relaciones de poder:
"Boundaries mean. They signify, they differentiate, they unify the inside of spaces that they mark. What they mean refers to the constellations of social relational power. And the form that this meaning often takes -the meaning that social actors confer on lines and space - is legal meaning. How they mean is through the authoritative inscription of legal categories, or the projection of legal images and stories on to the material world of things". (2001:xviii)

Lo anterior puede ubicarnos un poco en la controversia reciente en Ocean Park sobre la demarcación del espacio a través de un portón. Pero los comentarios y reacciones en los periódicos sobre la controversia nos dan aún más luz. El portón, la demarcación del espacio, después de todo, buscaría detener la cafretización de ese espacio, antes exclusivo del "jet set boricua":

"Recuerdo que hasta 1991 esta playa era el secreto mejor guardado del área metro. El "jet set" boricua a donde iba era a Isla Verde. Luego de que Isla Verde se cafretizó, este "jet set" descubrió la playa de Ocean Park, conocida para entonces como la playa del "gistring". El ciclo se repite y ya a Ocean Park la han cafretizado. Queda ver ahora qué rumbo habremos de tomar para encontrar esa playa ideal y tranquila, como lo fueran Ocean Park e Isla Verde en antaño. " C. Montero 24-marzo-2007 - 07:01AM en endi.com.