La memoria corta es demasiado corta. Ayer fueron las víctimas de un delito ambiental. Hoy los acusan del delito de usurpación. Hace más de un año le vengo siguiendo la pista a los sucesos que en el 2006 provocaron que 11 familias de la comunidad Villas del Sol en Toa Baja fueran desalojadas de emergencia de sus residencias luego que ciertos contratistas arrojaran 24 drones con contaminantes tóxicos en un caño aledaño a la comunidad. En ese momento planteamos que había que revivir el tema de los delitos ambientales, la irresponsabilidad de las empresas que generan y disponen de estos productos tóxicos y sobre todo la negligencia del estado que cuando de esto se trata, mira hacia el lado contrario y no cumple con su deber de velar e imponer responsabilidades a quienes ponen en riesgo a la ciudadanía mediante estos actos. Cabe señalar que, como siempre, las víctimas de este tipo de delitos son los sectores más vulnerables en nuestra sociedad. ¿Sabemos qué ocurrió con los ofensores ambientales que pusieron en riesgo la vida de estas familias? No. En cambio, sabemos que le ocurrió a las familias de Villas del Sol.Ya en julio de este año, el Departamento de la Vivienda arrasaba con las casas de las comunidades. Ya no importó la identidad de estas familias como personas con serios problemas de vivienda, que además habían enfrentado la contaminación tóxica, que tuvieron que ser realojados por esos sucesos, familias que no tenían condiciones mínimas de seguridad ni vivienda alternativa. Los titulares del los periódicos fueron: "Tumban casas", "Enfocada Vivienda en invasores de terrenos". Los residentes de la comunidad Villas del Sol pasaron a ser de víctimas a "invasores" y no cualquier tipo de invasores, porque además, en algún lugar se decía: son invasores dominicanos en su mayoría. La excusa para el desalojo a la fuerza, sin seguridad de nada, fue que los terrenos eran de la Autoridad de Tierras, que estaban en una zona inundable y FEMA ordenó el desalojo.
No queda ahí la historia. Ayer los vecinos fueron citados al Tribunal por la presentación de cargos criminales en su contra por el delito de usurpación. Los terrenos son de la Autoridad de Tierras. Eso basta. Son criminales, que lo sepa todo el mundo. La línea de eventos es espeluznante, pero peor, preocupante, altamente preocupante para una sociedad en la que cada vez es más evidente la arbitrariedad en la aplicación de la ley. En primer lugar, nos preguntamos, si el Departamento de Justicia es tan efectivo en perseguir a quienes violan la ley, ¿qué acción se llevó a cabo contra aquellos que virteron drones tóxicos en un cuerpo de agua aledaño a la comunidad y pusieron en riesgo la vida de estas familias? ¿o por alguna razón, no era tan importante salvaguardar la vida de estas familias como salvaguardar los terrenos de la Autoridad de Tierras?
Segundo, ¿con qué legitimidad el estado pretende juzgar criminalmente bajo el delito de usurpación a estas personas que de plano es evidente viven bajo condiciones de seria pobreza, a quienes el estado mismo les falló por mucho tiempo al darse por desentendido de la carencia de condiciones mínimas necesarias a las cuales tienen derecho, como una vivienda adecuada y un lugar digno donde vivir, libre de tóxicos, libre de riesgos? Tercero, es indignante e insólito que el gobierno presente cargos criminales y arrase con las viviendas de estas personas bajo el fundamento de que están en una zona inundable, mientras permite desarrollos como los de Paseo Caribe y otros en esas mismas zonas y dice que la reglamentación de FEMA tiene un mero carácter exhortativo. Mucho más indignante la doble vara gubernamental que intenta criminalizar la pobreza y a las víctimas en este caso, mientras el Gobernador públicamente ha dicho que no tiene intención de exigir la demolición del edificio Paseo Caribe, aún si fuera evidente su ilegalidad, debido a la inversión que representa. Su analogía fue precisamente que si ordenaba la demolición de Paseo Caribe, tendría que usar la vara de la igualdad para ordenar a residentes pobres demoler sus residencias!
Llamo la atención aquí sobre esta línea de eventos, para demostrar la selectividad y discriminación del gobierno en el uso del poder del estado y de la ley y su arbitrariedad en su aplicación, aún sin haber cumplido con su deber de asegurar las condiciones mínimas que un ciudadano se merece. Pero además y más importante, para que le provoque la indignación que se merece cuando esto pasa subrepticiamente y todo sigue igual.
foto: Primera Hora.
