Por acá en Argentina, sale hoy justo esta nota en el periódico Página 12, en la que varios intelectuales rechazan de los sectores conservadores, gubernamentales y de medios el uso de la retórica fantasmal de la violencia para criminalizar las protestas y los movimientos sociales. No, dicen con buenas razones, a la estigmatización y criminalización de los movimientos populares de protesta. Entre los que suscriben la nota está nuestro gran amigo, el constitucionalista Roberto Gargarella. Dejo parte abajo.
"En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora y de sus representantes políticos y mediáticos".