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23.10.10
columna: Pequeños intereses (Mariana Iriarte)
21.10.10
ProBono promueve el derecho a la libre expresión
Pro Bono PLIEGOS UPR invita:
ProBono PLIEGOS
(Proyecto por la libre identidad de género y orientación sexual)
Conferencia inagural
a cargo de la Lcda. Glenda Labadie-Jackson
Profesora de Derecho de Familia de la Escuela de Derecho, UPR.
Viernes, 29.octubre.2010
Lugar: L-1, Escuela de Derecho, UPR.
Hora: 6 pm
20.10.10
“En Construcción” en la Sala Teatro Beckett
“En Construcción” en la Sala Teatro Beckett
“En construcción”, una propuesta independiente sube a escena los días 21, 22 y 23 de octubre a las 8pm y el domingo 24 a las 4pm en la Sala Teatro Beckett en Río Piedras. La entrada tiene un costo de $10.00 dólares (donativo).
“En construcción”, interpretada por Kairiana Núñez Santaliz, recoge varias piezas cortas de la actriz y las sitúa en un mismo espacio de riesgo: el escénico. ¿Cómo se va construyendo un espacio de representación e interpretación desde un escenario desnudo? La pieza expone elementos autobiográficos y otros referentes externos que sustentan el acto de decir de las distintas voces que componen la representación.
La obra utiliza textos de poetas y dramaturgos tales como: Juan Manuel González Ríos, Ramón del Valle Inclán, Alejandra Pizarnik, Rojo Robles, Fernando Pessoa y Angélica Liddell
Kairiana Núñez Santaliz es egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Además es miembro fundador del grupo de teatro callejero Jóvenes del 98 bajo la dirección de Maritza Pérez Otero. Ha participado en diversos proyectos teatrales y multidisciplinarios dirigidos por: Teresa Hernández, Rosa Luisa Márquez, Pedro Santaliz, Viveca Vázquez, Sylvia Bofill, Rojo Robles, Veraalba Santa, Eyerí Cruz Otero, Patricia Hernández, Ricardo Cobián, Petra Bravo, Awilda Sterling, Nelson Rivera, entre otros. Hace siete años imparte talleres de teatro para varios programas comunitarios. Ha tomado talleres en el Laboratorio Teatral Malayerba en Quito, Ecuador, fundado por Arístides Vargas y Charo Frances; y en el “Bread and Puppet Theatre” en Vermont fundado por Peter Schumann. Actualmente es maestra de teatro en la Escuela Ecológica Niños Uniendo al Mundo en Caguas y maestra-tallerista en La Escuela de Teatro del Consejo Artístico de Puerto Rico.
La puesta cuenta con la participación musical de Blanca Rovira Burset.
Para más información favor comunicarse a (787) 319-5117, (787) 562-1907,latardia@hotmail.com
columna: La crisis y el espacio público (Efrén Rivera Ramos)
Las crisis y el espacio público
18.10.10
Aspectos básicos Libertad Expresión (opúsculo)
17.10.10
Clínica de Asistencia Legal UPR (sección Ambiental) comparece a vistas Gasoducto
Firme oposición al gasoducto
Abogados pedirán que el proyecto sea retirado
Por Keila López Alicea /keila.lopez@elnuevodia.com
La Clínica de Asistencia Legal de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitará hoy que se retire la Declaración de Impacto Ambiental preliminar (DIA-P) redactada para el gasoducto del norte y que se paralice el proyecto debido a todas las incongruencias que le rodean.
Asimismo, entidades como el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Casa Pueblo y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) manifestaron su rechazo al proyecto, que atravesaría la Isla de sur a norte y de oeste a este.
El director de la Clínica, el abogado Pedro Saadé, explicó que un grupo de expertos de la Escuela de Derecho de la UPR se dio a la tarea de evaluar el documento ambiental de cientos de páginas y los errores que encontraron son suficientes para concluir que no se ha realizado un estudio profundo de los efectos de la construcción.
“Contrario a lo que sucede en otros casos, que antes de ir a vistas públicas hay algún tipo de escrutinio, aquí no lo hubo y las deficiencias son tales que no hay una oportunidad real para que el público se exprese”, indicó Saadé.
Durante el día de hoy, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) celebrará las únicas vistas públicas en torno al gasoducto de manera simultánea en tres pueblos distintos.
Los “errores”
Saadé expresó que uno de los tantos errores de la DIA-P es que ignora los accidentes que en un futuro podrían surgir a causa del gasoducto.
“Este documento ambiental parte de la premisa falsa de que esto nunca va a fallar. Aquí no va a haber supervisión directa de agencia federal alguna, porque entendemos que esto se delega a la Comisión de Servicio Público y su récord con este tipo de desgracia -como la explosión de Río Piedras- no es bueno”, manifestó el abogado ambiental.
Tras una evaluación de su Comisión Científica y Técnica, la organización Casa Pueblo reveló ayer que el gasoducto operaría con un déficit anual de $4 millones, por lo que nuevamente reiteró su rechazo al proyecto.
Del mismo modo, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, concluyó que la DIA-P no realizó una comparación exhaustiva de las alternativas disponibles para el transporte del gas natural y favorece la alternativa por tierra sobre la transportación por agua sin tomar en cuenta todos los factores.
“La DIA es deficiente en dilucidar todos los efectos potenciales de la propuesta, particularmente en los efectos sobre los humedales, la hidrografía, las aguas subterráneas, las áreas protegidas, al igual que todas las amenazas que podrían causar las fallas en la tubería”, señaló Lugo en una misiva que envió a la Autoridad de Energía Eléctrica.
En 80grados...
Ya está disponible la Revista 80grados. No se pierda esta primera e interesante edición. Dejo abajo mi contribución y el enlace a la Revista:
Criminalizar la protesta: una forma de censura
Hay censura directa. Lo sabemos. Pero también hay censura que usa camuflaje, que se presenta camaleónica tras el poder de la legalidad o de la manoteada crisis presupuestaria, con el fin de silenciar la disidencia, excluir a grupos particulares de la toma de decisiones o castigar a individuos por su voz, reprimir a los y las diferentes.
En los pasados meses ha sido evidente cómo el gobierno ha restringido de manera significativa parte de los elementos principales del ser ciudadano. Esto, no sólo mediante la restricción de la participación activa de la minoría partidista en los foros tradicionales como la Asamblea Legislativa (e.g. uso desmedido de los mecanismos de descargue y el apagarle los micrófonos a la minoría en los debates legislativos), sino, y sobre todo, en las restricciones que se imponen a ciudadanos y ciudadanas en los espacios públicos, y la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión (e.g. despliegue de la policía en las calles universitarias y en el Viejo San Juan para ‘romper corillos’ de jóvenes); la restricción al ejercicio efectivo de la libertad de prensa (e.g. el cierre de las gradas públicas en el hemiciclo del Senado, la restricción del acceso a la información pública), y el uso del derecho penal para criminalizar la protesta y la gesta ciudadana (e.g. el proyecto de ley “Tito Kayak” y la eliminación de un mural hecho por el Movimiento Amplio de Mujeres junto a las multas de $1,000 impuestas).
Estos asuntos, vistos en su conjunto, merecen atención. Hace unos años señalaba en mi blog cierta tendencia al repudio a la protesta, sobre todo a aquella que conllevara algún tipo de modificación de ‘la normalidad’ cotidiana y que produjera la incomodidad que, a mi juicio, debe conllevar la protesta para que sea efectiva en llevar su mensaje y llamar la atención para los asuntos desde el punto de vista sustantivo. Parecía, en ese entonces decía, que las formas de protesta no-incómodas se habían normalizado hasta tal punto en el paisaje de la cotidianeidad, que no sólo perdían eficacia, sino que además, cuando a alguien se le ocurría que su protesta alteraría un poco (sólo un poco), la inercia mañanera, obtenía el repudio generalizado y la indignación de la opinión pública y sus promotores merecerían en todo caso el destierro (tómese por caso las protestas de los camioneros, los estudiantes universitarios en el Teatro, el propio Tito Kayak en la grúa)
Pero aquella actitud de desdén hacia la protesta ingeniosa o capaz de jamaquear las rutinas, manifestada en la radio mañanera, de pronto dejó de ser meramente cosa de mera opinión pública para convertirse en actos concretos de censura, represión y violencia por parte del Estado contra aquellos y aquellas que se atrevan a desafiar la tranquilidad caótica del día a día puertorriqueño, el país de “ley y orden”. Ahora, la protesta, sobre todo aquella que signifique un cuestionamiento directo a las visiones de vida de los rulers, o que implique alterar los planes fast track, es criminalizada y su criminalización no es sino una forma de censura contraria a los postulados básicos de un estado democrático de Derecho. En lo que sigue expondré brevemente algunas formas de censura solapada que utilizan los gobiernos para vestir de legalidad o invisibilizar las formas de censura y ejemplificaré una de ellas mediante el análisis del proyecto de ley que se ha venido a conocer como la ‘Enmienda Tito Kayak’, en la que se convierte en delito de cuarto grado el protestar en los predios de proyectos de construcción.
Las formas que asume la censura
En una conferencia reciente, Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicaba las amenazas más comunes al derecho fundamental a la libertad de expresión. Nos decía Botero que además de la censura directa, fácil de identificar y de denunciar, las amenazas más difíciles son aquellas indirectas, en las que mediante el uso del Derecho se silencia la disidencia, se privilegia a unos pocos con poder y como consecuencia, se excluye y se margina a tantos otros. Uno de los ejemplos de censuras indirectas es mediante la eliminación de entidades gubernamentales que se dedican a velar por los derechos de los ciudadanos, organismos independientes o el castigo a los medios de comunicación por parte del gobierno al quitarle las pautas de anuncios (recuérdese el caso de Rosselló). Un ejemplo muy reciente de censura indirecta de este tipo es la aprobación de la ley que eliminó la colegiación de los abogados y abogadas. Es evidente que la eliminación de la colegiación compulsoria y el castigo a la estabilidad del Colegio de Abogados como institución es una forma de censura indirecta debido al papel fundamental que esta institución ha tenido en el país en la defensa del estado de derecho, los derechos civiles, sus posturas igualitaristas y la defensa de los sectores menos privilegiados. En cambio, el Estado prefiere una profesión legal débil, híper-individualizada, mercantilizada y desentendida de su rol social en la consecución de un estado democrático de derecho justo.
continúe aquí.