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31.12.13

Un año más... (Mecano)

"Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás".
¡Lo mejor  para todos y todas para el 2014!

23.12.13

El Derecho a una vida digna (Mensaje de la Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas)

Mensaje de la Presidenta del CAPR sobre los sucesos recientes en torno a la aprobación de enmiendas al sistema de retiro de los y las maestro@s:

Haciendo una pausa en el día de hoy, en que se cremará el cuerpo de mi madre, quien fue maestra retirada del Departamento de Educación, y en honor a ella hago estas expresiones.

Un tema medular y de tanta importancia para la economía del país, y que toca el derecho que deben tener las personas a tener una vida digna al retirarse, no debe ser resuelto en una sesión corta y apresurada.  Las vistas públicas sobre las enmiendas al sistema de retiro de los maestros y maestras debieron ser abiertas para que las personas que los representan depusieran.

Hoy y siempre, el CAPR está del lado del derecho a la libertad de expresión, fundamental en nuestra sociedad y expresa que no debe haber  restricción de la ciudadanía a las gradas del hemiciclo legislativo. Igualmente, reireamos que el derecho de las personas a tener una vida digna en su jubilación debe ser un tema de la mayor ponderación y análisis. Exhortamos un diálogo sincero y abierto, y el respeto a los derechos ciudadanos.

La manera atropellada en que se dio todo el asunto legislativo hace que al país no le queda claro que no hubiera otras alternativas y ha creado confusión.

La libertad de expresión y el derecho a defender sus posiciones debe garantizarse y el uso de la fuerza no debe ser usado para evitar la protesta legítima y pacífica. Tendremos observadores(as) hoy en el Capitolio.

-Ana Irma Rivera Lassén, Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas

21.12.13

200 años de constitucionalismo en América Latina (Entrevista a Roberto Gargarella)

Roberto Gargarella, argentino, profesor de Derecho Constitucional, ha presentado un trabajo sobre los 200 años del constitucionalismo en América Latina en la Latin American Studies Association. Esta entrevista fue realizada en el marco de la participación de CLACSO en congreso de la LASA, la Latin American Studies Association, celebrado en Washington en mayo de 2013.

30.11.13

Ver

"En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray Bentos, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin, vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.

Sentí infinita veneración, infinita lástima."

Fragmento: El Aleph, JLB.

Porque este fragmento hay que leerlo una y mil veces, siempre. Y no perder la costumbre de ver.


15.11.13

En 'Puerto Crítico' sobre derechos, contradicciones, lo político

Esta semana estuvimos conversando con los grandes Juanqui Rivera y Miguel Rodríguez Casellas en su programa de radio "Puerto Crítico". Dejo por aquí la descripción que hicieron de esa conversación y la grabación en youtube. Gracias, como siempre, a Juanqui y a Miguel por la oportunidad de conversar sobre estos temas. 

Sigamos!.

"Escuchen nuestra conversación con Érika Fontánez Torres, donde discutimos el derecho al voto de los/las confinados/as, contradicciones en los discursos de las izquierdas, la privatización de 'lo político', entre otras dinámicas de nuestra realidad social. Todo esto y más en Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos (Juanqui) y Miguel Rodríguez Casellas, por Bonita Radio."

14.11.13

Derecho al Derecho en el RUM

Presentación de 'Derecho al Derecho: intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico
lunes 18 noviembre
6:00PM
UPR-RUM
Salón Tarzán


Foro y diálogo posterior con los compiladores Érika Fontánez Torres e Hiram Meléndez-Juarbe.


Invita la Fraternidad Jurídica Phi Alpha Delta, Capítulo José Trías Monge, UPR-RUM

7.11.13

Nuevo seminario


Comparto la descripción del seminario que estaré ofreciendo el próximo semestre en la Escuela de Derecho UPR. Estará pautado para los martes a las 6:00PM. Para información adicional y pre-matrícula (a partir de la próxima semana) puede comunicarse al Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Derecho. 

DERE 7667 Seminario en Teoría del Derecho: Derecho y Mercado
Este seminario abordará las tendencias contemporáneas y el lugar del Derecho en el mundo del homo economicus. Examinaremos las corrientes al interior del Derecho que dan cuenta del avance de una lógica y racionalidad del mercado, que aunque se manifiesta de muchas formas, se expresa particularmente a partir de las corrientes del Law and Economics.

En el mundo contemporáneo podemos ver una especie de colonización epistémica por parte de las racionalidades, conceptos y dispositivos de las lógicas del mercado. El asunto ha sido señalado por teóricos desde Michel Foucault, David Harvey y más recientemente por Wendy Brown. Se trata de cómo las lógicas y racionalidades del neoliberalismo se manifiestan en las formas en que conceptualizamos las controversias, en los temas y propuestas de la vida diaria, en la transformación de las universidades e incluso en las formas en que abordamos los debates en y fuera de la esfera pública.

El Derecho no está exento de este fenómeno. En el seminario abordaremos este tema del Derecho y “lo económico” y nos plantearemos las implicaciones de la avanzada de la racionalidad del mercado para el mundo del Derecho y la profesión legal. 

Hoy: Guía para el litigio estratégico a favor de las mujeres

Presentación de "Guía para el litigio estratégico a favor de las mujeres en Puerto Rico"

Lugar: Salón de la Facultad, 3er piso, Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana
Hora: 7:30 pm
Con la participación de ACLU of PR y Amnistía Internacional.

28.10.13

"Vengan a la Mesa": proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia

El Instituto de Investigación Violencia y complejidad (UPR-RP) nos invita:

Una idea es un estado activo de enorme intensidad que abre posibilidades de vida y acción hasta ahora insospechadas (Rosi Braidotti-Sujetos nómades)


Todo transcurre por la mesa... la sopa primordial de la que según Oparin brotó la vida, los peces y aves inaugurales, la chuleta de algún mamífero y, para concluir, los quesos  y la sofisticada repostería de la recién llegada especie humana...(Fernando Savater, Sobrevivir)


Atención comunidad universitaria y sectores interesados

Vengan a la Mesa

Como parte de la celebración del Segundo Encuentro Conjunciones complejas: proyecto transdisciplinario para el estudio de la violencia, el colectivo de profesores/as del Instituto de Investigación Violencia y complejidad celebraremos todo un día de discusión colectiva bajo el formato Mesa Abierta. Esta actividad se llevará a cabo el segundo día del Encuentro, jueves 31 de octubre de 9:00am-5:00pm en los salones/auditorio 3072 y 3073 del edificio Plaza Universitaria.

Todo aquél interesado en participar  de una conversación extendida sobre la problemática de la violencia es bienvenido/a. Hemos producido unas interrogantes alrededor de unos temas amplios que podrán ver en el Programa adjunto. Interrogar las interrogantes también es posible.

Las personas interesadas pueden asistir para presentar un comentario corto alrededor de cualquiera de las interrogantes o bien para escuchar la conversación.

Los invitamos a todos/as a compartir de esta intensa y gozosa actividad reflexiva la cual se produce desde el horizonte del conocimiento como un bien común.

La profesión legal y el Acceso a la justicia

El Pro Bono Canon I: Acceso a la Justicia presentará el próximo 29 de octubre de 2013 los resultados de su estudio La Prestación de Servicios Legales Pro Bono y el Acceso a la Justicia.
El estudio refleja una investigación jurídica de campo, de carácter sociológico, que aspira a observar el desenvolvimiento y desempeño de una muestra aleatoria de abogados y abogadas en servicios legales pro bono. De esta forma, el estudio da cuenta del rendimiento de servicios legales gratuitos por parte de los abogados y las abogadas del País a personas de escasos recursos económicos.
La Prestación de Servicios Legales Pro Bono y el Acceso a la Justicia es un proyecto de investigación dirigido por la profesora Ana Matanzo Vicens, en coordinación con la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, la licenciada María Jiménez. El proyecto se ha podido realizar gracias a la generosa asistencia y colaboración brindada por la Fundación Estudios Técnicos, Inc.

23.10.13

Cineforo: The Law in these Parts

ProBono UPR- Democracia y Participación ciudadana
invitan:

jueves 24 de octubre 2013 6:30PM

Merendero: Escuela de Derecho UPR

Invitada: Profa. Érika Fontánez Torres

De lo individual a lo colectivo: Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad (Amaris Torres)

Comparto la ponencia 'De lo individual a lo colectivo: Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad' por Amaris Torres, abogada, profesora de sociología del Derecho, admirada exalumna, y mentora del Programa ProBono. Salud!

Publicado en su blog, Conciencia Crítica: sociedad.democracia.justicia


Primera Jornada de Debates Sociológicos: Desigualdad, Violencia y Criminalidad
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro
Segundo día, 9 de octubre de 2013
Proyectos vinculantes de acción comunitaria 

Ponencia
De lo individual a lo colectivo:  Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad

I.              Inquietudes sobre el Derecho

Cuando comencé a estudiar Derecho, me sentaba a escuchar a los profesores con mucho detenimiento. Dentro de las aulas universitarias, junto a otros compañeros y compañeras, pasé largas horas aprendiendo sobre el Derecho Constitucional, el Derecho de Familia, el Derecho de Obligaciones y Contratos, entre otras ramas del Derecho. Y mientras más estudiaba, aprendía y conocía sobre el  Derecho, comenzaba a sentir una profunda inquietud.

Esta inquietud se agudizaba a medida que estudiaba leyes antiquísimas, obsoletas e injustas. Estudiaba las opiniones de los jueces del Tribunal, que cada vez le cerraban las puertas a distintos sectores que intentaban vindicar sus derechos democráticos, tales como  la clase trabajadora,  estudiantes universitarios,  defensores del medioambiente, comunidades pobres… (en fin, la  lista es larga).
La inquietud que sentía se profundizaba aún más, cuando leía premisas jurídicas tales como el Artículo  2 del Código Civil y cito: La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Es decir, que quien incumpla alguna ley por que desconoce que existe, será penalizado, sancionado o permanecerá con sus derechos violentados por el simple hecho de que no conoce la ley ni el derecho.  Y ante esto, me preguntaba, ¿cómo es posible que el Código Civil comience estableciendo una premisa cómo esta?  ¿Acaso no se han enterado que los únicos que conocemos las leyes y el derecho a cabalidad somos los abogados y abogadas? ¿Cómo es posible que el sistema penalice al resto de la población que desconoce sus derechos y desconoce las leyes que vinculan su cotidianeidad?
Era terrible. Como estudiante de derecho, me encontraba en un momento muy difícil. Era un momento de introspección, donde en una auto-reflexión, me cuestionaba verdaderamente si valía la pena seguir estudiando Derecho. Me sentía testigo de tantos atropellos e injusticias sustentadas en las leyes y el Derecho que me sentía, de una forma u otra, cómplice. Me era imposible actuar con tanta naturalidad entre mis profesores y compañeros de derecho, cuando lo que estudiaba, a mi modo de ver, era un saber tan opresivo, ejerciendo una violencia sistémica contra sus propios ciudadanos, invisibilizando comunidades y sectores sociales empobrecidos, marginados, y vulnerables.
Mis ojos habían logrado ver que el Derecho era(es) un sistema que invisibilizaba el problema de la desigualdad social, pretendiendo que todas las personas tuvieran conocimiento de las leyes y el Derecho. Y peor aún, que sepan cuándo y cómo acudir a un Tribunal como alternativa a una violación de derechos o para resolver una controversia.
El asunto se tornaba grave cuando observaba que el Derecho pretendía resolver las controversias en un análisis híper-simplista entre lo legal y lo ilegal.  No hacía ningún sentido que el Derecho analizara los problemas sociales como unos legales –o- ilegales, dejando fuera todo tipo de discusión sobre las complejidades sociales de las situaciones que tenía ante sí.
Y resulta interesante como el Derecho se sustenta en este discurso de lo legal v. lo ilegal en sus análisis jurídicos, porque recuerdo lo ocurrido en Alemania, bajo el régimen Nazi de Adolfo Hilter, donde lo legal implicaba mantener el Estado de Derecho que permitía matar a todos los judíos en campos de concentración.

II.            Una forma alterna de concebir el Derecho
Como una luz al final del túnel, encontré un refugio, un espacio como estudiante de derecho que me dio las fuerzas para continuar estudiando y hacerme abogada. Espacios como los cursos de teoría del derecho, teoría de la democracia, teoría de la justicia, derecho y pobreza, y derecho y cambio social, porque en esos cursos sí se problematizaba el derecho desde una óptica distinta, no simplista. Sin embargo, tomar estos cursos de análisis jurídico crítico no fue suficiente. Continuaba con muchísima preocupación hasta que tuve un maravilloso encuentro con un programa llamado Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho. Y este programa, como parte del currículo académico, consistía en que las y los estudiantes de derecho realizaran servicio legal y comunitario para fomentar el acceso a la justicia. Y ustedes se preguntaran, ¿qué es eso de acceso a la justicia? Bueno, pues el acceso a la justicia implica que todas las personas, puedan acceder equitativamente a un conocimiento de sus derechos, o que puedan acceder a un representación legal digna, o que puedan acceder a los tribunales o agencias administrativas para buscar un remedio a su situación o a alguna violación de derechos.
Al enfrentarme a la existencia de este programa, emocionadísima, pensé: Aquí está, lo he encontrado.  He encontrado la forma de canalizar todas mis inquietudes y frustraciones sobre el Derecho porque este programa pro bono parte de la premisa de que existen unos sectores invisibilizados, que no tienen acceso a la justicia y que ni tan si quiera tienen acceso a ejercer plena y efectivamente sus derechos más básicos. Y así, comprendiendo que este programa atendía un aspecto importantísimo de lo que el Derecho debe ser, comencé a trabajar, siendo estudiante, en distintas secciones del Programa.
Comencé a trabajar en la sección de Comunidades en Riesgo de Desplazamiento, la cual literalmente me sacó de las aulas universitarias y me llevó a trabajar con dos comunidades pobres y muy vulnerables: el Barrio Boca en Barceloneta y Villa Cañona en Loíza. Estar allí físicamente en ambas comunidades, escuchar los problemas que aquejaban los residentes de esas comunidades y ver la pobreza, me hizo sentir una frustración enorme por lo que estaban viviendo estas comunidades, pero  a la misma vez me sentía que había llegado al lugar correcto, porque estas comunidades no conocían sus derechos, no tenían los recursos económicos para pagar un abogado o abogada y no tenían los recursos para pagar los altísimos costos de procesos judiciales.
No obstante, sentía una enorme preocupación porque estas dos comunidades estaban recibiendo un servicio de educación en derechos y de asesoría legal gratuita, pero ¿y todas las otras comunidades pobres, vulnerables e históricamente excluidas que no tienen acceso a recibir estos servicios legales? ¿Cómo estas comunidades atienden sus situaciones cuando el Estado violenta sus derechos? Y ante esas interrogantes, me contestaba: pues simplemente no se atienden. El resultado lamentable ha sido que vivimos en una sociedad donde se les violenta diariamente derechos fundamentales a estas personas o comunidades, y no solo carecen de acceso a servicios legales, sino que desconocen que se les están violando derechos humanos o derechos civiles porque, simplemente han asumido esa violación crasa de derechos como algo normal, algo parte inherente de sus vidas por haber nacido en una situación de marginación y pobreza.
Sin duda, ante este panorama, me sentí convocada a continuar sirviendo al programa pro bono y continuar trabajando, en atender necesidades legales gratuitamente, pero desde un abordaje educativo, transformador y como herramienta de apoderamiento y autogestión comunitaria.
Continué mi servicio en el programa pro bono, ahora a través de una sección llamada ENLACE con escuelas públicas. Esta sección partía de la premisa de la falta de acceso a una educación pública superior de estudiantes de escuelas públicas. Y lo que pretende esta sección es ofrecer talleres a estudiantes de escuelas públicas sobre temas de derechos como herramienta de conocimiento para fomentar un apoderamiento ciudadano, desde los 15, 16 y 17 años de edad. Además, esta sección del pro bono ofrece talleres sobre la universidad como un mundo que es posible, y talleres sobre los exámenes de admisión a la universidad como el College Board, y otros exámenes a nivel graduado (LSATEXADEP). Ciertamente, la labor aquí realizada es cuesta arriba porque sabemos que problemas, tales como la deserción escolar o la falta de acceso a la educación pública superior son problemas muy complejos de carácter estructural y sistémico. Sin embargo, les confieso que fue una labor muy enriquecedora porque, justamente antes de graduarme como abogada, logré ver a dos estudiantes de escuela pública a quienes les ofrecí talleres, entrar a la Universidad de Puerto Rico.
Y así, continué mi servicio en el programa pro bono, pero esta vez de forma distinta porque había tomado la decisión de fundar una nueva sección del programa pro bono, gracias a la mentoría de una grandísima profesora de derecho, Érika Fontánez Torres. Esta sección la quise llamar Democracia y Participación Ciudadana. Acá en esta sección pude canalizar muchas de mis frustraciones con el Derecho y con la profesión de la abogacía porque esta sección lo que pretendía (y pretende)  es fomentar una democracia participativa, es decir, darle poder a los ciudadanos, a las comunidades, a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Darle poder, ¿cómo? Bueno, pues darle poder a través del conocimiento de sus derechos y de los espacios que existen y que se pueden crear para insertarse en procesos de toma de decisiones en la gestión/administración pública (y así ser protagonistas en cambiar su realidad social, incidiendo efectivamente en problemas de falta de acceso a vivienda, salud, educación, etc). Esto implica, necesariamente, un rompimiento con la concepción de estas comunidades de que las violaciones de derechos fundamentales que sufren día a día son parte inherente de sus vidas, sino que estas situaciones de carencia NO son la norma, no están justificadas y deben ser inminentemente cambiadas. Desde una mirada sociológica, esto constituye un rompimiento muy fuerte, porque crea, como dice Niklas Luhmann, muchísima irritación en el sistema jurídico y el sistema político, entrando así en el acoplamiento estructural.
Y ha sido así, en esta reflexión que he compartido con ustedes, como me he formado como abogada. Pero una abogada que no quiso ser cómplice de las injusticias provenientes del propio sistema de derecho. Porque comprendí que no hacía sentido tener un monopolio de un saber jurídico y de un conocimiento de los derechos cuando prácticamente TODA la población se encuentra desprovista de dicho conocimiento y de posibilidades reales a un acceso a la justicia. Ante esa premisa de desigualdad, es que he ejercido la profesión en función pedagógica, es decir, educando sobre los derechos, la participación ciudadana, la organización comunitaria y la efectiva democracia,  a través de talleres y encuentros en diversas comunidades, residenciales, y escuelas públicas.
Lamentablemente, la profesión jurídica se ha convertido en obstáculo para acceder a la justicia, en vez de ser herramienta para posibilitarla. Y me parece que ha llegado un momento en donde la profesión jurídica debe replantearse cuál debe ser su rol en la sociedad. Si debemos continuar asumiendo una monopolización y dominio exclusivo del saber jurídico (a un altísimo costo) o debemos asumir una responsabilidad social tomando en consideración que el derecho simplemente no es efectivo si existen problemas de desigualdad social, es decir, el derecho como instrumento para perpetuar las desigualdades.

III.           Cambiar paradigmas: de lo individual a lo colectivo
Con lo expresado anteriormente, aprovecho para citar el primer canon de los Cánones de Ética Profesional que nos rigen a todos los abogados y abogadas en Puerto Rico, y que debemos cumplir a cabalidad, y cito:
Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.
En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas.

También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos.

Penosamente, podemos inferir con bastante certeza que este canon no se cumple. Si se cumpliera, créanme que no viviríamos la crisis de acceso a la justicia que actualmente existe en el país. Ahora bien, ¿dónde está esa responsabilidad social de los abogados y abogadas del país ante el reconocimiento de que existen demasiadas personas y comunidades empobrecidas que necesitan urgentemente servicios legales gratuitos, que necesitan urgentemente ser visibilizados, que necesitan urgentemente articular efectivamente la violación crasa de derechos humanos?
Claro, al hablar de responsabilidad social nos obligamos a cambiar de paradigmas porque nos obliga a plantear los problemas, no desde una perspectiva individual, sino desde una mirada colectiva. Es el reconocimiento de que la causa de la desigualdad no está adscrita al individuo. No es decir, el pobre es pobre porque quiere, sino que la desigualdad y la pobreza es un asunto colectivo. Por ejemplo, al hablar sobre el asunto de la criminalidad y la violencia en Puerto Rico, escuchamos el discurso del Estado y asumido por muchos ciudadanos  de que quien cometió el delito debe pagar en la cárcel porque así se hace justicia. Y yo pregunto: ¿realmente se hace justicia al encarcelar al individuo, y luego al otro individuo y luego al otro y así sucesivamente…? o hacemos verdaderamente justicia cuando atendemos colectivamente la multiplicidad de problemas sociales que llevaron y continúan llevando a los individuos a cometer actos delictivos? Estas interrogantes nos redirigen, forzosamente, a la premisa de la desigualdad social como factor detonante de la violencia y la criminalidad.
El acercamiento, desde una mirada colectiva, a los problemas de desigualdad social es muy difícil porque vivimos en una sociedad de mercado donde, desde sus inicios, se desarrolló la concepción de libertades y derechos individuales. De manera que este pensamiento, que vino con la llegada del sistema económico capitalista, nos ha llevado en cierta manera a la autodestrucción de nociones colectivas y solidarias. Por lo tanto, un sistema económico que fomenta la competencia, el consumerismo y la acumulación de riqueza, socava profundamente los planteamientos y abordajes de carácter colectivo, pues se centra demasiado en el individuo-sujeto como la causa de los problemas sociales existentes, excluyendo todo análisis sistémico, estructural o institucional.
Romper con estas nociones individualistas no es fácil pues nos lleva muchas veces a un proceso de deconstrucción y de replanteamiento de paradigmas.  No obstante, esto no debe ser razón para continuar reproduciendo discursos que perpetuán la desigualdad social, porque eso nos hace cómplices del sufrimiento humano, de la pobreza,  y del continuo desarrollo de la violencia y la criminalidad. Les propongo, a través de esta ponencia, a concebirnos como gestores de cambio social, como instrumentos para posibilitar esas irritaciones en los múltiples sistemas que nos gobiernan.
A los estudiantes que están presentes les digo, que no importa lo que estén estudiando o a lo que se vayan a dedicar, pueden hacer de su trabajo o profesión algo distinto, algo que fomente la equidad y la solidaridad. Habrá un momento donde todas las profesiones se enfrentan, de una forma u otra, a la desigualdad social.  Inclusive, antes graduarse, pueden comenzar a crear, fomentar o participar de algún proyecto de vinculación comunitaria. Les lanzo esa propuesta y espero que sea bien recibida.

14.10.13

Apuntes sobre el voto de los y las privadas de libertad


El P. de la C. 1296 presentado por dos legisladores de los dos partidos políticos principales, tiene la intención de privar a las personas privadas de libertad, del derecho al voto. La  propuesta parecería tener acogida, incluso entre personas que en el pasado o aún hoy día suelen defender los derechos civiles, utilizan el discurso de los derechos humanos y denuncian los fallos del sistema de justicia y las políticas de mano dura y sobre-criminalización de la vida diaria. La liviandad con que se ha acogido la propuesta podría arrojar luz sobre los procesos de transformación de la sociedad puertorriqueña hacia un conservadurismo que no solo proviene de los partidos políticos y de los administradores del gobierno sino que como toda impregnación ideológica, va adentrándose y normalizándose en el tránsito cotidiano.

Comparo la visceral reacción de estar de acuerdo con privarle de derechos políticos y civiles a los presos con la misma visceral reacción que percibo contra el reclamo de los Testigos de Jehová de que las calles sean públicas para ellos poder ejercer su derecho de expresión. Aunque casos distintos, lo que me eriza en ambos casos es que en poco tiempo se ha normalizado una actitud poco reflexiva que condena y avala la exclusión y borradura violenta del Otro y de su voz, a quien  no se le quiere reconocer, a quien no se le quiere ver y si es posible, a quien se persigue eliminar de la cotidianeidad.  Esta reacción es, pues, mucho más fácil que lidiar con una sociedad plural, en crisis, desigual, desbandada, pero es una reacción peligrosa y que solo lleva a empeorar aún más el estado de cosas. Hace pocos años hubiera sido impensable imaginarse tanto consenso entre sectores medios profesionales en contra del voto de los presos y a favor del cierre de calles. Siempre puede aludirse como razón al fenómeno de la creciente criminalidad pero visto que las políticas públicas que se han implantado han sido erradas y que la no atención del gobierno a los problemas estructurales sigue siendo el estado de cosas, una se pregunta si esto es reflejo de la resignación, el hiper-individualismo y el abandono a la idea de un proyecto político de lo común, y la entronización de los estereotipos y prejuicios que no nos permiten hacer juicios con mayor claridad y mirando el largo plazo.

Pero lo anterior lo dejo en paréntesis para otro momento. Por ahora me interesa esbozar algunas respuestas a los argumentos que he escuchado para apoyar privarle a las personas privadas de libertad, de su derecho a participar de la vida política mediante el derecho al voto. En lo que sigue expondré algunas de las razones que tradicionalmente se exponen y comentaré brevemente por qué no me parecen razones de peso ni suficientes para un paso de la envergadura que conlleva este proyecto.

-       El derecho al voto es un privilegio, no un derecho

No. No se trata de un privilegio, antes bien se trata de una condición fundacional y posibilitadora del esquema democrático-representativo. En ese esquema el voto es el ejercicio para la delegación del poder que servirá para darle autoridad a unos representantes a ejercerlo y de ahí, se dice, emana la legitimidad y validez del estado de derecho que a todos cobija.  La pertenencia a una comunidad política de la cual participar, expresarse y tener un decir sobre quién legítimamente adoptará leyes que sean de aplicación a todos y todas, qué normas sociales, políticas y económicas nos regirán y cómo se ejercerá el poder, son parte sine qua non de un sistema democrático de gobierno. En una democracia representativa en la que existe sufragio universal y se presume que todos y todas somos iguales, la universalidad del voto no es un privilegio, ni siquiera un derecho que “se adquiere”, es si se quiere, un meta derecho que aunque puede ser regulado, la premisa de su existencia y de que cobija a todos, es condición pre-política para las que componen esa comunidad. Por lo tanto, no puede discutirse su limitación a partir de la premisa de que estamos ante un privilegio y que se ampare en que el derecho a elegir a los gobernantes y a delegar el poder soberano es algo que se gana.
Si bien los derechos se pueden regular, no puede haber razones arbitrarias para privar a ciertos sujetos de ellos. Más aún si se trata de un derecho que forma parte de las premisas democráticas constitutivas de esa comunidad, como lo es el derecho al voto. Por lo que eliminar un meta-derecho o el derecho a tener derechos implicaría excluir de la comunidad política a ese a quien se le priva participar de la vida cívica y política. Sería una especie de ostracismo, de enviar al exilio a quien ha delinquido, sin importar el delito, ni si la pena impuesta guarda relación con el derecho a elegir a los representantes del gobierno.

(Véase la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos de marzo de 2004, que prohibió la eliminación total del derecho al voto a los privados de libertad; otras sentencias relevantes son la de 1999 de la Corte Constitucional de Sudáfrica y la de octubre de 2002 del Supremo de Canadá) (Nota aparte: el proyecto de ley hace alusión a que solo en PR los confinados votan pero cuestionaría esa información pues en algunas fuentes que he consultado y luego compartiré, solo en 16 estados se les niega el derecho al voto en EEUU).

-       Los privados de libertad no merecen elegir a quien gobierne; es parte del castigo

Vale señalar que el Código Penal cuenta con más de 300 artículos, entre los que se encuentra infinita cantidad de delitos que podrían conllevar la privación de libertad y para los que -de acuerdo al delito cometido- se estableció ya una pena que en principio persigue estar acorde con el acto criminal. Si a un sujeto se le priva de libertad por cualquiera de esos cientos de actos delictivos que están en el Código Penal (ni hablar de leyes especiales) y además, se le expulsa de la participación cívica y política del país, en realidad lo que se está haciendo es imponer un castigo arbitrariamente y sin servir a un propósito válido para el Derecho penal; es avalar la ‘muerte civil’ de cualquiera que delinque, sin importar la falla cometida. Con esa acción los y las estaríamos declarando enemigos y enemigas de la sociedad y no sujetos políticos que han delinquido pero que tienen derecho a rehabilitarse y a reintegrarse en la sociedad de la cual forman parte. Estaríamos retirando de la vida política y del ejercicio de los derechos civiles –sin distinción alguna- a quienes pasan por el proceso penal y son hallados culpablesSin embargo, ese castigo de retirada absoluta de la vida política no tiene por que necesariamente relacionarse con lo cometido criminalmente por esta persona.

Por otro lado, en esta etapa del proceso, tratar a las personas que delinquen como sujetos criminales-en-el-absoluto, sin tomar en cuenta ningún otro aspecto de su vida (sin un antes ni un después) como no merecedor(a) de manifestar su voz en el proceso político, presume varias cosas: que este castigo de exclusión de la vida política va acorde con el acto cometido; que estamos ante un sistema de justicia penal que funciona y es infalible; que es eficiente para atender la criminalidad pues hay un efecto disuasivo entre quienes delinquen; y que estamos ante individuos en una sociedad en la que las condiciones socio-políticas son tales que convertirse en sujetos criminales es completamente un acto de voluntad. Todas sabemos que ninguna de estas premisas es correcta. Cada una de ellas es cuestionada a diario, incluso por quienes apoyan el proyecto.

Además, privarle de la participación política a los y las privadas de libertad es equivalente a socavar los derechos que las personas tienen y mantienen mientras estén en custodia del Estado, pues aunque se les prive de su libertad continuarán teniendo su derecho a la salud, a visitas, a su integridad física y su dignidad, a estar libres de torturas y coerción. Cualquier legislación y política pública vigente y propuesta, cualquier cambio en el estado de derecho, les afecta y les seguirá afectando, más aún mientras están bajo la custodia del Estado. ¿Cómo sino mediante el reclamo de sus intereses, ejerciendo el derecho a elegir sus representantes, dejarse escuchar participando de la vida política, pueden salvaguardar esos otros derechos?
Asimismo, el excluirlos de la comunidad política implica que éstos no fueron partícipes de la delegación y el reconocimiento de autoridad de quienes establecen el estado de derecho. ¿Qué autoridad y legitimidad luego puede invocársele para aplicarle las leyes y decisiones que les afectan si éstas y éstos no participaron de la elección de ese gobierno que las impone? ¿Cómo invocar luego la reinserción en la sociedad y la rehabilitación si se les expulsó de la sociedad de la cual forman parte aún cuando delinquen e independientemente del delito cometido?

-Los presos le fallaron al resto de la sociedad, incumplieron el contrato social

En cuanto a fallarle a la sociedad e incumplir el contrato social, habría que comenzar por una mirada a las condiciones de esa sociedad que interesa defenderse del ‘criminal’ y a las condiciones de ‘cumplimiento’ del llamado contrato social. En una sociedad de desigualdad rampante, de corrupción institucional evidente, en que gobernantes y políticos roban los recursos que posibilitarían a miles de personas y comunidades el derecho a la educación, a la salud, a mejorar sus expectativas de vida, ciertamente hablar de que quienes delinquen han faltado al contrato social, parecería un argumento traído de una sociedad imaginaria y en negación con la cantidad de problemas que nos aquejan.

Antes convendría hacer un análisis de la población carcelaria, sus perfiles, los delitos que más se cometen, las condiciones en las cárceles, los perfiles de clase, raciales y de identidad que conforman a esa población que en el corto y en el largo plazo, se propone, será excluida de participar políticamente en la selección del gobierno. No hay que conocer mucho del sistema criminal para sospechar, incluso aseverar, que esa población es bastante homogénea en perfil. Habría que cuestionarse antes por qué. No somos tan inocentes como para pensar en casualidades. Estaríamos ante un perfil al que se le estaría sistemáticamente privando de participar reiteradamente en los procesos políticos del país. Sería un subterfugio más para continuar las exclusiones y discriminaciones solapadas que en el día a día sufren ciertas comunidades, esta vez, mediante el silenciamiento de estos sectores.

-       Los políticos le compran el voto a los presos

La llamada compra de votos no es exclusiva de las poblaciones privadas de libertad. Si lo que se quiere es evitar que los confinados, como grupo, puedan hacer reclamos, organizarse conforme a sus intereses y dejar salir su voz y poder de negociación en un proceso democrático-representativo, entonces tendría que haber una justificación para tal aislamiento anti-democrático, que lo que promueve es la muerte del sujeto jurídico que está encarcelado. ¿Lo que se propone es que quien está encarcelado cese de ser sujeto capaz de expresarse, que se le prive de sus derechos humanos, que se le cese de considerarse persona? Si es así, estamos ante un problema mayor. No veo por qué los presos no puedan organizarse y políticamente hacer sus reclamos como parte de la sociedad en que vivimos. ¿Hay temor a que sus reclamos definan el proceso electoral? Entonces la contraparte es que el resto de la sociedad se organice, con los medios que sí tienen y las ventajas que tienen frente a éstos, para hacer lo mismo. Eliminar su poder de negociación es eliminarlos y hacer como si no existieran, es extinguirlos.

-       Las condiciones de encarcelamiento no son propicias para un voto libre pues se presta al 
fraude

Esta razón no merece mucha atención. El fraude se da en Guaynabo, en San Juan y en muchos otros sitios y sería impensable hablar de eliminar el derecho al voto. Con un sistema de observadores, como en otros tiempos y el monitoreo y la transparencia, reconociendo el problema de corrupción que es parte de todo el sistema, esto puede atenderse.

Por último, si el verdadero temor es que la población carcelaria se identifica más con un partido que con otro, es aún más injustificable usar este mecanismo de privarle del derecho al voto para atender un asunto que es parte del escenario político. Quien(es) tenga(n) otros principios y alternativas de políticas que ofrecer, otra visión de mundo, deben contrarrestar en todo caso esto en la arena política y no mediante mecanismos que laceran la forma misma y los mecanismos para avanzar hacia una sociedad más democrática y menos excluyente. De ahí a otras actitudes tiránicas no hay muchos pasos.

Hay otros asuntos que aquilatar. Estos son unos breves apuntes que adelanto.
14.oct.2013.
éft

12.10.13

El odio y la mentira: entrevista a Albert Camus


El odio y la mentira: entrevista a Albert Camus

(1951) Entrevista a Albert Camus. Le progés de Lyon.

-¿Le parece lógico comparar las palabras “odio” y “mentira”?

Albert Camus:-El odio es en sí una mentira. Hace el silencio, instintivamente, en torno a toda una parte del hombre. Niega lo que, en cualquier hombre, merece compasión. Miente, por lo tanto, esencialmente sobre el orden de las cosas. La mentira en cambio es más sutil. Cabe mentir sin odio, por simple amor a sí. Por el contrario, todo hombre que odia se detesta en cierto modo a sí mismo. No hay pues, un nexo lógico entre la mentira y el odio, pero hay una filiación casi biológica entre el odio y la mentira.

-En el mundo actual, presa de las exasperaciones internacionales, ¿no adopta a menudo el odio la máscara de la mentira? Y la mentira, ¿no es una de las mejores armas del odio, la más pérfida y quizá la más peligrosa?

Albert Camus: -El odio no puede adaptar otra máscara, no puede privarse de esa arma. No se puede odiar sin mentir. Y, a la inversa, no se puede decir la verdad sin reemplazar el odio por la comprensión, que no tiene nada que ver con la neutralidad. Un noventa por ciento de los periódicos, en el mundo de hoy, mienten más o menos. Y es porque son, en diferentes grados, portavoces del odio y la ceguera. Cuanto más odian, más mienten. La prensa mundial, con algunas excepciones, no conoce hoy otra jerarquía. A falta de cosa mejor, mi simpatía recae en los raros que mienten menos porque odian mal.

-Rostros actuales del odio en el mundo, ¿los hay nuevos, propios de las doctrinas y las circunstancias?

Albert Camus: -El siglo XX no ha inventado el odio, por supuesto. Pero cultiva una variedad particular que se llama odio frío, maridado con las matemáticas y los grandes números. La diferencia entre la matanza de los inocentes y nuestros ajustes de cuentas es una diferencia de escala. ¿Sabe usted que en veinticinco años, desde 1922 a 1947, setenta millones de europeos, hombres, mujeres y niños, fueron desarraigados, deportados o asesinados? En eso se ha convertido la tierra del humanismo, a la que, pese a todas las protestas, hay que seguir llamando la innoble Europa.

-¿Importancia privilegiada de la mentira?

Albert Camus: -Su importancia proviene de que ninguna virtud puede aliarse con ella sin perecer. El privilegio de la mentira estriba en vencer siempre a quien pretende servirse de ella. Por eso los servidores de Dios y los amantes del hombre traicionan a Dios y al hombre por razones que ellos creen superiores. No, ninguna grandeza se ha fundado jamás sobre la mentira. La mentira permite a veces vivir, pero nunca eleva. La verdadera aristocracia, por ejemplo, no consiste sobre todo en batirse en duelo. Consiste sobre todo en no mentir. La justicia, por su parte, no consiste en abrir ciertas prisiones para cerrar otras. Consiste sobre todo en no llamar mínimo vital a lo que apenas basta para mantener una familia de perros, ni emancipación del proletariado a la supresión radical de todas las ventajas conquistadas por la clase obrera desde hace cien años. La libertad no es decir lo que sea y multiplicar la prensa amarilla, ni instaurar la dictadura en nombre de una futura liberación. La libertad consiste sobre todo en no mentir. Allá donde la mentira prolifera, la tiranía se anuncia o se perpetúa.

-¿Asistimos a una regresión del amor y la verdad?

Albert Camus: En apariencia hoy todos aman a la humanidad (les gusta sangrante, como los chuletones) y todos están en posesión de una verdad. Pero eso no es sino una suprema decadencia. La verdad pulula sobre sus hijos asesinados.

-¿Dónde están “Los justos”de la hora presente?

Albert Camus: En las cárceles y los campos de concentración, en su mayoría. Pero en ellos se encuentran también los hombres libres. Los verdaderos esclavos están en otras partes, dictando sus órdenes al mundo.

-En las actuales circunstancias, ¿no puede ser la Navidad un motivo de reflexión sobre la idea de tregua?

Albert Camus: ¿Por qué esperar a Navidad? La muerte y la resurrección son de todos los días. De todos los días, la injusticia y la verdadera rebelión.

-¿Cree usted en la posibilidad de una tregua? ¿De qué tipo?

-Albert Camus: La que obtendremos al final de una resistencia sin tregua.

-Ha escrito usted, en el mito de Sísifo: “Sólo hay una acción útil, la que reharía al hombre y a la tierra. Yo no reharé nunca a los hombres. Pero hay que hacer como sí”. ¿Cómo desarrollaría usted hoy esta idea, en el marco de nuestra entrevista?

-Albert Camus: Yo era entonces más pesimista que ahora. Es cierto que no reharemos a los hombres. Pero tampoco los rebajaremos. Al contrario, los levantaremos un poco a fuerza de obstinación, de lucha contra la injusticia, en nosotros y en los demás. Nadie nos ha prometido el alba de la verdad, no hay un contrato, como dice Louis Guilloux. Pero la verdad hay que construirla, como el amor, como la inteligencia. Nada nos ha sido dado ni prometido, en efecto, pero para quién acepta emprender algo y arriesgarse, todo es posible. Esa es la apuesta que hay que hacer en estos momentos. Cuando nos sofocamos bajo la mentira y cuando estamos acorralados. Hay que hacerla con tranquilidad, pero irreductiblemente, y las puertas se abrirán.

Volumen 3. Obras completas Albert Camus. Alianza Editorial. 1996

10.10.13

Vergonzoso Editorial

Hace tiempo no leía un Editorial tan vergonzoso. Se tilda de 'extravagancia' y de un 'privilegio inconcebible', el derecho al sufragio de parte de la población en una sociedad tan desigual y en la que si miramos el perfil de los y las confinadas, podríamos darnos cuenta del patrón y estructura de discriminación, pobreza y desigualdad que el país entraña. Es en ese escenario que lejos de reconocer que el país le ha fallado a gran parte de sus ciudadanos políticos, ahora, con los mismos prejuicios y estereotipos, proponen limitar aún más la maltrecha democracia representativa que nos aqueja.

Y es que lo que resulta inconcebible es que sectores supuestamente progresistas avalen sin más esta propuesta de eliminarle a los confinados y confinadas su derecho al voto, amparados en que éstos podrían decidir unas elecciones. Puerto Rico debería sentirse orgulloso de contar precisamente en su desarrollo político-jurídico con la eliminación de la interdicción civil y de contarse entre las democracias modernas que pese a la tendencia a hiper-criminalizarlo todo y a la fallida 'mano dura', mantienen el tan importante derecho al voto entre aquellos más vulnerables, privados de libertad, sin voz y sujetos a las violaciones de derechos civiles y humanos y a otras decisiones del gobierno que les afectan. El gobierno anterior intentó privar de la fianza, éste del derecho al voto. Las premisas de uno y otro y sus estereotipos y desdén por una buena parte de la población son las mismas. Quisiera escuchar la misma indignación y defensa de los derechos civiles que en aquel entonces pues para mí estamos ante un caso aún más urgente y ante la misma -si no peor- situación de desigualdad estructural que nos llevó a rechazar la limitación del derecho a la fianza.

Este Editorial de El Nuevo Día es pasmoso como pasmoso es que el tema no se atienda con la importancia que merece por sectores que en otros momentos defendieron a brazo partido los derechos civiles. Francamente, me parece esto mucho más urgente que la última de las acciones del Supremo que impone una sanción de 10,000 dólares. El acceso al Tribunal es importante pero antes y más importante aún son los pilares y premisas de la igualdad y la democracia que cada día se desvanecen más para los ya paleados y más socialmente vulnerables; constantemente discriminados y desiguales desde su cuna, con un futuro ultra-limitado por sus entornos -aún bajo la premisa de 'igualdad de oportunidades'- y ahora sin derecho a su voz y a su voto. Poca diferencia les hace el color de la toga que vista un Juez del Supremo. No puedo sino pensar que me parece un oprobio político mayor este proyecto que el nombramiento de Liza Fernández, pero los tiempos marcan las prioridades.

Dejo el ominoso Editorial de El Nuevo Día.

9 de octubre de 2013
VOTO INCONCEBIBLE EL DEL CONFINADO

El inicio de audiencias públicas en la Cámara de Representantes para evaluar legislación dirigida a subsanar un mal paso en el proceso electoral de la Isla, como fue otorgar a los confinados el privilegio de votar en comicios generales y demás eventos electorales, debe tener como conclusión la eliminación de tal privilegio.

El fin de tal extravagancia subsanaría, además, la ofensa constitucional que, con la pasividad pasmosa por parte de legisladores y los funcionarios de ley y orden en Puerto Rico, constituyó una crasa violación a la sección 12 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado que taxativamente despoja del voto a toda persona que cumpla una pena en prisión. Dice la referida sección, vigente en 1980 cuando se concedió el sufragio a los confinados y sin enmienda hasta nuestros días: “La suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta”.

Tratadistas del derecho han planteado con sólidos argumentos constitucionales que, a tenor con esa disposición de la Carta Magna puertorriqueña, dentro de esa categoría estarían impedidas de votar incluso las personas sentenciadas que se encuentran en libertad bajo palabra o disfrutando de sentencia suspendida hasta que cumplan la pena impuesta.
Como se ha planteado en el curso de los ocasionales debates que provocó esa ley, -propuesta y aprobada por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló y que tuvo efecto a partir de la elección general de 1980 durante un período de seria crisis política en Puerto Rico-, aunque el sufragio reviste un derecho fundamental y preeminente, extenderlo a los confinados constituye un privilegio inconcebible.

La presentación de la medida legislativa por un representante a la Cámara del Partido Popular Democrático, Carlos Vargas Ferrer, y otro del Partido Nuevo Progresista, Ángel Bulerín Ramos, debe dar paso a la terminación del largo debate que se estado escenificando periódicamente con el resultado de que la Asamblea Legislativa subsane el grave error cometido al aprobar el voto a los confinados a pesar de lo claramente expuesto en la Constitución de Puerto Rico y en legislación federal y en contra de todo ello.
De lo contrario e de insistir los legisladores y el Ejecutivo en mantener ese adefesio electoral que convirtió a nuestro pueblo en el único lugar del mundo en el que los presos por delitos graves votan, entonces debería llamarse al electorado a un referéndum constitucional para sacar del texto la cláusula contenida en la Carta de Derechos.

Por lo demás, jamás se ha probado que el proceso de votación haya servido al propósito de rehabilitación del confinado. Por lo contrario, los penales de la Isla se han convertido en tribuna pública de políticos que, a la caza de respaldo electoral, recuerdan a la población penal en las semanas y los meses previos de cada votación.

El propio exgobernador Romero Barceló ha aceptado públicamente que cometió un error al proponer y aprobar el voto a los confinados e inclusive ha llamado a pensar en las consecuencias nada decorosas que supondría para la sociedad puertorriqueña que pudiera comprobarse que unas elecciones generales cerradas se decidieron por el voto de los presos en nuestras instituciones penales.

Es una advertencia que invita a la reflexión, especialmente al tomar en consideración que muchas de las elecciones generales en Puerto Rico -con una que otra excepción por circunstancias especiales- se deciden por apenas 12,000 o hasta por unos 3,000 votos.

La discusión debe seguir con seriedad, para que, sin ningún temor, pueda el País separar la paja del grano.