Sobre la situación de la Universidad
2 de febrero de 2016
Érika Fontánez Torres
Senadora Académica UPR-RP
En reunión del Senado Académico de Río Piedras, celebrada el pasado jueves 28 de enero, recibimos la visita del señor Norberto González, Director de Finanzas y del señor Basilio Rivera, Director de Presupuesto de la Oficina del Presidente. Ambos acudieron al Senado para ofrecernos una presentación sobre el “estado de cosas” de la Universidad. Esto, en vista de la crisis fiscal y presupuestaria que enfrenta la Universidad, y como consecuencia de la falta de remisión del presupuesto correspondiente a la Universidad por parte del Departamento de Hacienda. En sus presentaciones, estos discutieron algunos asuntos generales de carácter fiscal, las acciones en el corto plazo que la Presidencia está llevando a cabo y que está contemplando en vista de la situación. Como sabemos, en el mes de diciembre pasado, el Presidente ordenó la congelación del presupuesto de los Recintos, lo que implicó la centralización de la toma de decisiones fiscales y de presupuesto. Esto último con implicaciones concretas y materiales para la operación de la Universidad en su día a día.
En los pasados días, y evidentemente ante el escenario de incertidumbre y las malas noticias diarias que recibimos, colegas docentes, estudiantes y compañeros no docentes nos han preguntado por el informe emitido, su contenido, y si este aclara la situación. Lo que sigue es un resumen de lo que considero son los asuntos más importantes discutidos ese día y –quizás más importante- lo que a mí entender son las interrogantes que quedaron de la presentación. Asimismo, como plantearé más adelante, mi parecer es que este informe, tanto en contenido, como en términos de lo que implica que quien se dirija a nosotros sean dos analistas financieros, ejemplifica la falta de liderato universitario que pueda colocar a la Universidad en el lugar que le corresponde en el escenario de crisis que enfrenta el país. Como mínimo, este informe debe llevarnos a exigir más información y a de alguna manera organizarnos para exigir un plan académico y administrativo sistémico acorde con la situación que enfrentamos.
En primer lugar, cabe señalar que lo que recibimos de Presidencia no fue sino un informe muy general e impreciso de los diversos escenarios fiscales que podría enfrentar la Universidad ante la crisis fiscal del país. Se trató de escenarios hipotéticos, sin ninguna propuesta de plan detallado y todo sobre situaciones de hecho poco certeras porque en esencia, todo depende totalmente de las acciones del gobierno, las que sabemos que tampoco tienen un cuadro claro. Peor aún, dicho informe, solo contempla mantener el ya precario status quo a partir de criterios meramente técnico-financieros. Lo menos que la Universidad pública del país debe tener es un plan estratégico para garantizar su operación a partir de su objetivo más importante: el acceso y ofrecimiento de una educación universitaria de calidad y la producción del conocimiento.
I. “Flujo de Efectivos” (Transcribo de la explicación del señor Norberto González, director de Finanzas en Presidencia).
La Ley núm. 2 de 1966, establece las fuente principal de ingreso de la Universidad para cumplir con sus objetivos. Debe recordarse que distinto a lo que se tiende a decir, esto no es ni debe concebirse como un mero “subsidio” sino que se trata de un renglón presupuestario del presupuesto del país para fines de educación superior, investigación, creación, robustecer a la ciudadanía y a la sociedad en general mediante la capacitación y el pensamiento crítico de sus ciudadanos.
El número base de presupuesto recibido a junio 30 de 2014 fue 833.9 millones pero la Ley de Sostenibilidad Fiscal congeló en esa cantidad de dinero la llamada fórmula como parte de su “estado de emergencia”, por lo que para el 2015 y 2016 ese debía ser el dinero presupuestado. Una Orden Ejecutiva del Gobernador actual, el pasado 30 de junio de 2015, establece una reserva presupuestaria de 1.5% adicional, que además reduce el presupuesto de la Universidad en 12.5 millones de dólares que del número base, además, se congela para crear una reserva que aplica al año fiscal en curso. La Universidad también recibe dinero de asignaciones de la Legislatura y otros como fondos federales de grants, etc.
En total son 68.5 millones al mes que recibe la Universidad según ahora la fórmula congelada. La nómina mensual es 65.5 millones. Otros gastos que tiene la UPR: servicios, suplidores (AEE, seguridad, agua), plan médico. Además, se paga el servicio de deuda, es decir, emisión de bonos, pago a los bonistas, que se han estado haciendo al mes 4 millones de dólares a un fideicomisario y de ahí se paga directamente a los bonistas. Hay otras emisiones relacionadas con Plaza Universitaria y otras deudas con el Banco Gubernamental de Fomento. No se ha fallado en el pago de deuda. Otros ingresos: matrícula, Ley de Juegos de Azar, proyectos federales, plan de práctica profesional, otras partidas misceláneas.
Situación actual: En octubre, noviembre y diciembre de 2015, los atrasos del Departamento de Hacienda en enviar el dinero que le corresponde a la UPR fueron aumentando y actualmente hay incertidumbre de cuándo y cuánto Hacienda enviará lo que le corresponde a la UPR. Además, el BGF restringió los fondos que la UPR tiene en el banco, lo que ha limitado las transferencias que la UPR puede hacer para cumplir sus pagos y el dinero disponible en esa cuenta, por lo que lo que la UPR tiene en el BGF no cuenta como liquidez.
1. El señor Norberto González, hizo claro que el Departamento de Hacienda no está enviando a la Universidad el presupuesto necesario para su operación. Al momento del informe la UPR se encontraba con 95 millones de dólares menos de lo que le corresponde según la ley y para poder operar. Según González, la UPR mantiene comunicación constante con Hacienda y aunque no tienen certeza de fechas, Hacienda dijo que emitiría semanalmente cierta cantidad de dinero.
2. La Presidencia contempla tres escenarios de cara al 30 de junio, final del año fiscal, y todos los escenarios basados en que en efecto, Hacienda no enviará para el fin de año fiscal lo que le correspondería a la UPR para su funcionamiento. Los tres escenarios son los siguientes: (1) Que al 30 de junio, Hacienda le deba a la UPR 1 mes de remesas, es decir, la UPR contaría con 68.5 millones menos (escenario optimista, según dijo); (2) Que al 30 de junio, Hacienda le deba a la UPR 1 mes y medio de remesas, es decir, 103 millones de dólares (el escenario el más cerca de la realidad); (3)Que al 30 de junio, Hacienda la deba a la UPR dos meses, es decir, que la UPR tenga 137 millones menos de lo que le corresponde de ingreso.
¿Qué implicaciones está teniendo y tendrá todo esto? Retos serios, según dijo González. Afecta atrasos a los suplidores y otras medidas que ya se han estado tomando como la congelación de “transacciones de personal”, alteraciones Hacer ajustes al presupuesto. Se le ha pedido a cada Recinto “ajustes”, mencionó por ejemplo cosas no esenciales, como “viajes”.
¿Qué escenario está contemplado?
-Se contempla que los ajustes que se hagan no afectarán, según se dijo, el pago de nómina, el plan médico y el servicio de deuda.
-Hasta nuevo aviso: Manejo centralizado del presupuesto. Esto implica que los rectores tienen las manos atadas para establecer prioridades y tienen que hacer todas las peticiones a la Presidencia quienes tendrán la última palabra. Las rectorías tienen que justificar que son “cosas necesarias”, no “cosas discrecionales”. La toma de decisiones, que ya era vertical ahora es aún más centralizada y los sectores universitarios no solo no estamos participando en la toma de decisiones y prioridades sino que la información no es transparente. (Sobre este aspecto refiero a la Certificación emitida por el Senado Académico de la UPR-Mayagüez que cuestiona esta centralización). Cabe señalar que algunos senadores académicos cuestionaron esta medida, particularmente por lo que implica en términos de qué prioridad tienen los asuntos y criterios de carácter académico en esta toma de decisiones. Además, la centralización da al traste con la posibilidad de participación de los componentes de la comunidad universitaria desde las facultades hasta otros organismos administrativos.
-Becas, préstamos y grants federales y pareos no se afectan por esta situación.
-Elementos a considerar: Sabemos que hay un Plan de Ajuste Fiscal que aunque no se ha aprobado, habría que considerar, proyectos de mejoras fiscales requieren desembolsos grandes que posiblemente se re-evaluarán y se pospondrán, depende de la necesidad.
-Transacciones de personal congeladas: “Tema difícil”, dijo, y en particular pero si es una transacción que requiere aumento de salario, no podrá ser porque “desde el concepto financiero” se está tratando de evitar.
-Evaluar actividades si tienen razones importantes para mantenerlas o si deben excluirse.
II. Presupuesto:
La presentación del Director de Presupuesto, el señor Basilio Rivera, se concentró en lo siguientes puntos:
1. Abordó lo que identificó como “la parte técnica u operacional”.
2. Áreas no afectadas: grants federales y pareos de nómina, viajes, compras y estipendios de estudiantes. Tampoco se afectan aquellas actividades que generan sus propios ingresos.
3. Áreas de limitación: planes y proyectos de mejoras permanentes, lo que dependa de efectivo en banco. Se protegerá del efectivo en banco las nóminas, aportaciones patronales, ayudantías. Se afectan nuevas compras, nuevos compromisos hasta junio 2016.
A raíz de estos informes, que como bien los funcionarios describieron, son informes de flujo financiero, “de cash” o de partidas presupuestarias que se han alterado, urge que la Presidencia de la Universidad, junto a los Rectores y Rectoras le expliquen a la comunidad universitaria, cuál es el plan de cara a esta situación. Urge que quede claro que no solamente merecemos transparencia e información sino que debemos ser también artífices de las medidas, ajustes, prioridades y planes que tendremos que adoptar de cara a esta crisis. Es inaceptable que ante este escenario, simplemente se nos conteste que debemos esperar que Hacienda decida si remitirá o no las remesas, cuándo lo hará y si finalmente lo hará a junio de 2016. ¿Qué hacemos mientras? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Seguirán los Rectores y Rectoras enviando “peticiones” a la Administración Central para que sea allí de manera centralizada y en desentendimiento de las prioridades y el día a día de lo crucial en la Universidad decidan cuáles son “asuntos necesarios” y cuales “asuntos discrecionales”?
Y ¿qué son para los funcionarios de presidencia asuntos “discrecionales”?. ¿Cómo determina un director de finanzas o de presupuesto si se ofrece o no un curso, si se contrata o no a una profesora de literatura, de historia, de arte, de teoría de género, de teoría jurídica? ¿Cómo compara la importancia, necesidad o discrecionalidad de eso en el sistema, en una Facultad, en un Recinto frente a otro? Parecería que conforme se han implantado y atendido las cosas, un asunto “no necesario” es un docente, los docentes parecen ser prescindibles. De hecho, que el docente que se contrata, si se contrata, pueda contar con la estabilidad de empleo necesaria para invertir tiempo en la preparación de un curso no parece ser tan prioritario como garantizarle la nómina a relacionistas públicos de la Universidad o a empleados de las vice-presidencias. En el estado de cosas, si una se deja llevar por este, parece que están claras las prioridades, pues no hay que olvidar que cada vez más aumenta la cifra de recintos que tienen docencia por contrato o que corta su plantilla docente. ¿Es innecesario, preguntaría, el que una facultad pueda contar con condiciones en su profesorado para que estos puedan tener al menos cierta garantía de que el tiempo que invierten en una investigación o en un nuevo curso, no se eche a perder porque que no sabe si podrá continuar o no el próximo semestre? ¿Es poco o no importante la actividad creativa? Y como esas, otras tantas preguntas que el estado de cosas parece contestar pero que la forma en que se han establecido la toma de decisiones no nos permite cuestionar.
Cabe preguntarse, si las medidas de “emergencia fiscal” que ya parecen ser la norma (como la congelación de plazas, la congelación de transacciones de personal, eliminación de viajes, sabáticas, contratación de docentes de manera precaria y sin garantía en el año académico) contemplan revertirse. Si la respuesta es que no, entonces es inaceptable el status quo y siendo inaceptable, no podemos conformarnos con que las medidas de “ajuste” de esta nueva emergencia lo que persigan sea mantener las cosas “iguales” a expensas de lo que ya se está sacrificando, que es mucho. Por el contrario, es urgente que la toma de decisiones se haga de forma tal que se tome en cuenta qué y quienes, es decir, a expensas de qué es exactamente que se mantiene el status quo y ciertas partidas de nómina en la Universidad. No basta con que el Director de Presupuesto diga que “todos estamos en consenso en que la nómina hay que pagarla” No sé. Antes bien, yo me preguntaría ¿a qué partida de nómina nos estamos refiriendo? Me vienen a la mente una gran cantidad de puestos, empleos de confianza o puestos administrativos que ante la precariedad de tantos otros renglones indispensables universitarios –sobre todo la situación de los docentes por contrato-, deberían como mínimo ajustarse o eliminarse. Si hay escasez entonces hay que reajustar prioridades.
Y sí, todo esto hay que discutirlo, aunque provoque diferencias y desavenencias, porque lo cierto es que mientras se dice que se tomarán medidas de “ajuste” para asegurar la situación tal cual está, hay demasiado en medio. Es deber preguntarnos: en mantener la situación tal cual está, ¿qué perdemos? ¿quién tiene en sus hombros el peso de las medidas de “ajuste”?, ¿la calidad de la educación? ¿la calidad del docente? ¿el acceso a una educación de calidad? ¿las condiciones precarias de empleo de docentes por contrato? ¿las condiciones inaceptables de trabajo de muchas facultades que se van despedazando?. Si todo lo demás permanece inalterado, con estas actuaciones “fiscales”, la implicación es que se están sacrificando los aspectos principalísimos de la Universidad, aspectos de docencia, de conocimiento y de calidad de la investigación, mientras permanecen inalterados otros aspectos que son intocables pero que hace tiempo debimos poner bajo lupa. Esto es vital si es queremos mantener un plan prioritario de carácter académico y no meramente un plan de “cash flow”.
En esta línea, hay preguntas que debemos exigir que la administración de la Universidad conteste: ¿Cuál es la proporción entre el personal administrativo, el administrativo de confianza, el no docente y el docente en la Universidad? ¿Cuál es la proporción de empleados regulares, de aquellos en puestos de confianza, de las vice-presidencias y otros sectores administrativos, como decanatos y otras oficinas, vis a vis las plazas de docentes regulares, los contratos parciales de docentes y las condiciones de estos para cumplir con los tres aspectos medulares que se nos exige a los docentes: enseñanza, investigación y servicio? ¿Porqué mantener todo intocable y dar la apariencia de que se está garantizando la operación de la Universidad cuando en realidad el mantener las cosas como están, sin un plan, y sin el establecimiento de prioridades, implica la desaparición de la Universidad, su entrega al mercado, su corporativización, el detrimento diario y la extinción del quehacer docente y universitario?
Por otra parte, si estamos en un escenario de crisis y de escasez de recursos, ¿Cómo es que surgen de pronto rumores de “becas presidenciales” para ciertas personas y ni siquiera se someten esos escasos recursos a convocatoria de la comunidad académica? Peor aún, ¿cómo es que en esta crisis y habiéndonos dicho que es inevitable la congelación de plazas y la congelación de transacciones de personal, no solo se emitan becas “presidenciales” sin convocatoria sino que además, se les imponga el reclutamiento de estas personas como interés “institucional” a Rectores, Facultades y Comités de Personal desde arriba, al margen de los procesos de reclutamiento reglamentario y sin convocatorias ni seguidos por los principios de mérito? No me constan estos asuntos pero se trata de secretos a voces que es hora que se aclaren.
En resumen, es inaceptable que ante este escenario fiscal y presupuestario en la Universidad y en el país, que la comunidad académica no haya sido convocada para como mínimo darle una explicación. Nos merecemos mucho más que escuchar que a los Rectores se les convocó para “darle instrucciones” para que hagan recortes o ajustes, o imponerle criterios “operacionales” que no toman en cuenta las prioridades que debe tener la Universidad en este escenario. No podemos seguir funcionando en negación, como si los “ajustes” de “aquí” y de “allá”, a pesar de que garantizan la “nómina”, nos garantizaran el funcionamiento de la Universidad y las condiciones de empleo justas. No es así, y mientras esperamos por la “buena fe” o el “compromiso” de Hacienda o el lugar que el gobierno quiera darle a la Universidad, mientras esperamos a ver qué nos depara el fin del año fiscal, la Universidad nos desfallece en los brazos.
Lo cierto es que estamos en un momento crucial para hacer una introspección profunda y sin ambages emprender una revisión de las estructuras ineficientes de la Universidad. Todo, todo debe estar bajo análisis y revisión, incluso, el diseño ineficiente de la operación centralizada de la universidad y de los 11 recintos. Es el momento para eliminar duplicidades, para poner las prioridades donde van, no para hacer a la Universidad una más corporativa o eficiente a lo que dicta el mercado, sino para afianzar unos principios universitarios de cara a este nuevo siglo. Desavenencias, por supuesto que las tendremos, pero hoy por hoy mientras no nos insertemos, son otros, ajenos a los intereses universitarios y al interés público, quienes toman y delegan las decisiones, decisiones que en el corto o en el largo plazo lamentaremos de una forma u otra.
Pienso que es imprescindible que cada sector se reúna de manera urgente, que exija transparencia; que las unidades y los Rectores celebren reuniones para informar a cada componente universitario sobre el estado de cosas de manera responsable y que convoquemos para diseñar un plan participativo en el que todos y todas tengamos algo que decir; un instrumento para que se prioricen los asuntos verdaderamente universitarios. No podemos esperar más.
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