De visita en el Aula Verde

Esta semana la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) llevó a cabo su primera actividad del año académico: explorar, conocer y pensar un espacio de autogestión comunitaria y desarrollo sostenible. Cerca, muy cerca de la UPR, detrás del residencial Manuel A. Pérez, está el proyecto Aula Verde, un mariposario, bosque urbano, lugar de encuentros, charlas, talleres e investigación, donde la comunidad, junto a colaboradores y estudiantes, trabaja para la autogestión, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la investigación aplicada en estos temas.

En noticia reciente en El Nuevo Día, el profesor Marco Abarca Díaz, de la Escuela de Derecho de la UPR, explica: “El concepto de Aula Verde es uno de investigación aplicada que pretende resolver parte de los problemas de la comunidad bajo los conceptos de autogestión y redefinición de valores personales. En este caso es Manuel A. Pérez, pero puede aplicarse a otras comunidades porque él puede abrigar a otras organizaciones de base comunitaria con ciertos estándares sociales y ambientales...Nos enfocamos en comunidades con altos niveles de desorganización social donde se pueden realizar investigaciones aplicadas sobre los procesos de recomposición social de las mismas. Es un protocolo, no un modelo. Se integra la investigación aplicada, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la rehabilitación moral y social”. (Liz Y. Del Valle, 27 de mayo 2007, endi.com).

Si desea visitar el Aula Verde, puede comunicarse con Santa Quiñones al 787.281.7763.

De tortugas y democracia

El nacimiento de 42 tortuguitas nos planteó mucho más que 42 nuevas criaturas en las costas de Puerto Rico. El debate que generó su custodia desde que la mamá tortuga puso sus huevos (el Departamento de Recursos Naturales quizo llevarse los huevos a un laboratorio y los ciudadanos querían que se mantuvieran allí bajo su cuidado) nos hizo reflexionar sobre los reclamos ciudadanos de participar activamente en el cuido y manejo participativo de los llamados recursos naturales. Los ciudadanos que las vieron nacer llevaban tiempo allí velando por los huevos. Reclaman no sólo que las cuidaban de otros ciudadanos con menos sensibilidad hacia su importancia, sino que las cuidaban del gobierno mismo. Ante lo que ellos plantean, se puede ver ciertamente una desconfianza hacia la labor de las agencias del gobierno, pero además, una disposición y hasta reclamo de participar activamente en los quehaceres públicos. Se trata de un concepto de participación mucho más amplio que el que suponen las vistas públicas formales. Se trata, tal vez, de un manejo participativo donde no sólo le informen al gobierno su parecer, sino que se promueva que los individuos y grupos sean entes activos en la toma de decisiones y en la aportación de sus saberes y experiencias. Es un reclamo de democracia participativa.

El discurso de la Ciencia en el monopolio de "lo ambiental"

Miguel Rodriguez Casellas, decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, publicó esta columna en El Nuevo Día hace un mes. Su planteamiento es interesante en tanto cuestiona lo que percibe como un monopolio de la esfera pública por parte de cierto discurso ambiental proveniente de la Ciencia, al que concibe, además, como ecofascista. Me atrae su planteamiento por muchas razones, una de ellas es que ciertamente parece haber un intento de colonizar los conflictos ambientales (que sabemos no son exclusivamente "ecológicos") con el velo, la legitimidad y la ya cuestionada objetividad de la Ciencia. Así, todo aquel que no sea científico es atacado y no puede emitir opiniones o juicios públicos sobre lo deseable de cierto proyecto o la toma de decisión gubernamental. Esto hace que tanto el gobierno, como en ocasiones la academia y el sector privado, quieran limitar el debate público y reconocer sólo a los "expertos" y científicos como los únicos con capacidad para emitir juicio sobre asuntos de interés público. Un ejemplo de esto es el tan sonado epíteto de seudo-ambientalistas que sectores conservadores usan contra los activistas y grupos comunitarios. Asimismo, los anuncios y la costosa publicidad usada por grandes compañías que alegan tener "la verdad" en tanto tienen de su parte a reconocidos científicos (caso del Corredor Ecológico).

Creo que Rodríguez Casellas se refiere también a otros asuntos, con los que coincido, por ejemplo el acaparamiento producido por la discusión del calentamiento global desde una perspectiva muy estrecha y excluyente. Invito a que discutamos sus planteamientos, no sin antes expresar que me parece que en nuestro caso, el discurso de la Ciencia no es aún, por suerte y pese a muchos intentos, el que acapare el debate público, y aún si el ambientalismo tuviera presencia protagónica, su presencia discursiva, me atrevería a decir, es heterogénea y la ciencia no tiene aún un efecto totalizador sobre el ambientalismo en Puerto Rico. Como bien ha señalado en varios escritos la profesora Carmen Milagros Concepción, los reclamos ambientales en Puerto Rico y por ende el activismo ambiental, tienen precisamente contornos comunitarios, de clase, culturales y raciales, y coincide con otros asuntos estructurales muy fuertes como la pobreza, el acceso a los recursos, entre otros.

A continuación la columna.

Ecofascismo
Miguel Rodríguez Casellas
09-Agosto-2007

El planeta se queda con todo. Monopoliza la conversación a un ritmo más agresivo que el de su calentamiento global. Suprimido yace lo particular; aniquilado cualquier matiz de pluralidad por un discurso apocalíptico que a todos empuja al mismo rol de víctimas del cataclismo autoinfligido. Así se extinguen las discusiones de diferencia, clase, raza, género.

Alguien quiere que no se hable de otra cosa. Cualquier desviación temática enfrenta un remate asesino frente a la irrelevancia que induce el sentido de emergencia ambiental. Los devastadores efectos comienzan a sentirse en el mundo académico. Ahora todo es ciencia, matemática, o cualquier cosa mercadeable, como solución a la crisis planetaria. Lo demás es cuento, literatura, espacios de discusión y debate que si no son protegidos morirán antes que la Tierra.

Pregoneros ambientalistas emulan las letanías del fundamentalismo religioso. Cuestionarlos atrae las mismas miradas de odio. Quien hable de la belleza y el deseo faltará al decoro. Recibirá el mismo trato que el puerco que no escatima en generar basura. Y es una pena, porque es la insatisfacción del deseante—manufacturada por la mercadotecnia capitalista—la que lleva en todo caso a despilfarrar recursos finitos. Pero eso es poesía, que poco importa en la escasez.

Se controlan las ideas acaparando la discusión, cortando las ramas de un tronco imaginario que jerarquiza el conocimiento en castas. De eso no se habla porque figúrate, mañana no va a haber alimento en el mundo y nada importa más. Cuando mayor conciencia debía haber de las tensiones socioculturales que atentan contra la convivencia en el planeta es cuando menos se quieren abordar. Lo verde se utiliza entonces para forzar un consenso, suavizar cualquier filo radical y transferir la culpa capitalista al consumidor. ¡Qué conveniente!

El mensaje ecológico es demasiado importante para dejarlo en manos de quienes escudan sus verdaderas intenciones tras un ademán de dislexia ideológica. Ecofascistas los hay. De verde también se viste la esvástica.

http://www.endi.com/XStatic/endi/template/notatexto.aspx?t=2&n=259602 09/08/2007

[re]Incursión en la política

El reciente anuncio de que dos líderes comunitarias/ambientales, como Haydee Colón de la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito y Maricruz Rivera de la Corporación Piñones se Integra (COPI), serán candidatas en las próximas elecciones para puestos políticos tradicionales (la primera para legisladora, la segunda para alcaldesa de Loíza), genera un debate interesante sobre las estrategias de incursión en el ámbito más amplío de la política en nuestro país. Ambas son vistas como mujeres de mucha presencia política en Puerto Rico, con experiencia y mucho que decir sobre temas relevantes a la vida de la gente. Para algunos, ambas forman parte de la llamada sociedad civil que juega un papel distinto al de actores y actoras de partidos políticos tradicionales. Eso, algunos plantean, las hace de por sí una fuerza política. Pero para otros, eso no basta. Sobre todo, ellas se han planteado la necesidad de incusionar más directamente en la política mediante la vía representativa. En palabras de Haydee Colón, es necesario que los líderes comunitarios aspiren a posiciones desde las cuales "podamos evitar los ataques como actualmente se dan hacia nuestras comunidades y desde donde podamos legislar, hacer investigaciones, y tener un acceso más directo al pueblo".

Planteamos aquí la necesidad de dar una mirada a estos fenómenos, que después de todo no son nuevos, no para juzgarlos bien o mal, sino para entenderlos y elaborar algunos contornos sobre nuestra política como pueblo, sobre la acción social comunitaria y los movimientos sociales en Puerto Rico. Además, resulta interesante indagar sobre estas experiencias. ¿Qué experiencias y razones llevan a estas mujeres a incursionar directamente en la política eleccionaria en nuestro país? ¿cuáles han sido sus experiencias? ¿desde qué ambito se hace, se logra más? ¿desde un sólo frente? ¿desde muchos a la vez?.

En busca de impedir el acceso a la justicia: P. del S. 1055

Vea uno de los más recientes acontecimientos del Capitolio: buscan restringir el acceso de grupos comunitarios y ambientalistas a los tribunales a vindicar sus derechos. Este proyecto busca evitar que la ciudadanía fiscalice las acciones ilegales de la rama ejecutiva y validar acciones como la del Millenium y Paseo Caribe. Más adelante lo comentaremos. Valga señalar por el momento que como me comentaba mi colega Carlos Concepción, si un ciudadano encuentra que las agencias han actuado ilegalmente y no puede obtener un remedio de nuestros tribunales, este proyecto parece indicarle que no le quedará más remedio que ir en busca de justicia a otros escenarios: ??. Luego habrá quienes insistan en repudiar los actos de protesta y desobediencia civil, cuando es evidente que se le cierran cada vez más las vías al acceso a la justicia.

Proyecto del Senado 1055

Título

Para añadir un segundo párrafo a la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", a los fines de disponer que la expedición de un auto de revisión no conllevará la paralización de la construcción de una obra para la cual se hayan expedido los permisos gubernamentales aplicables, a menos que el tribunal lo ordene expresamente previa prestación por los demandantes de una fianza equivalente a por lo menos el diez por ciento (10%) del costo total de la obra.

Autor: Sen. Carlos A. Díaz Sánchez

De la "permisología" a lo inconstitucional

Como si no fuera poco tener que escuchar a diario la mediocridad gubernamental que alude al cumplimiento de las leyes y los reglamentos como el proceso de "permisología" y que se refiere a la evaluación de solicitudes y permisos como "la aprobación" de permisos (nótese que el referente es la acción de aprobar), ahora el gobierno impunemente hace alarde de su capacidad de plasmar en una órden ejecutiva otro golpe a nuestro sistema de derecho, obviando la separación de poderes y dejando en manos del Secretario de Desarrollo Económico aquello que el pueblo, a través de la legislatura, delegó a otras instituciones. Vea la OE y sienta el sabor de la inconstitucionalidad. Más adelante comentaremos.

...

POR TANTO: YO, ANÍBAL ACEVEDO VILÁ, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido conferida por la Constitución y las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo lo siguiente:

El Proyecto Demostrativo del Nuevo Modelo Operacional-Virtual en el Otorgamiento de Permisos

PRIMERO: Se establece el Proyecto Demostrativo del Nuevo Modelo Operacional-Virtual en el Otorgamiento de Permisos, para facilitar el diseño, evaluación e implementación del Nuevo Modelo Operacional-Virtual en el Otorgamiento de Permisos, cuyo fin es lograr que las agencias e instrumentalidades públicas relacionadas con la evaluación de proyectos y concesión de permisos, en el ámbito de la planificación, evalúen y tramiten los casos con mayor eficiencia.

SEGUNDO: El Proyecto Demostrativo atenderá las solicitudes, consultas y demás procesos correspondientes a la Junta de Planificación (JP) o la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) en virtud de las leyes y reglamentos que rigen el desarrollo integral de Puerto Rico, y sujeto a las normas establecidas mediante las Guías Operacionales que se aprobarán a tenor con el inciso (D) del párrafo dispositivo Decimosexto de esta Orden Ejecutiva, siempre que se trate de usos, obras u otras actividades en los siguientes municipios: Canóvanas, Cataño, Dorado, Loíza, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta y Vega Baja.

TERCERO: El Proyecto Demostrativo contará con un Comité Ejecutivo, tres Comités Técnicos Interagenciales y un Coordinador General, inter alia, sujeto a lo establecido en esta Orden Ejecutiva.

Comité Ejecutivo y Coordinador General del Proyecto Demostrativo

CUARTO: El Comité Ejecutivo del Proyecto Demostrativo del Nuevo Modelo Operacional-Virtual en el Otorgamiento de Permisos (en adelante, el “Comité Ejecutivo”), estará constituido de la siguiente forma:

A. El Comité Ejecutivo estará compuesto por el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el Presidente de la Junta de Planificación (JP), el Administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

B. El Comité Ejecutivo será presidido por el Secretario del DDEC.

...

De primera intención nos preguntamos: ¿Cuáles son las funciones de este comité ejecutivo?. ¿Qué tipo de casos atenderá? y ¿Qué procesos está sustituyendo? Bajo la excusa de que es necesario agilizar la aprobación de permisos se pasa por alto el cumplimiento de leyes y reglamentos válidamente adoptados, dejando por ejemplo en manos del Departamento de Desarrollo económico el liderato de la evaluación de solicitudes que son deberes ministeriales de otros jefes de agencias según delegado por ley. De entrada debemos señalar que el Secretario del DDEC no tiene facultad en ley para atender ningún asunto dispuesto en las leyes orgánicas ni en los reglamentos de la JP, ARPE, JCA ni DRNA. Asimismo, hay una serie de delegaciones por ley exclusivas a ciertos jefes de agencia, tomándo en cuenta el peritaje de cada una de éstas. Cabría preguntarnos si a raíz de este proyecto los tribunales variarían la doctrina de presunción del expertise de las agencias en tanto el DDEC es quien lidera este proyecto, en lugar de las agencias delegadas primariamente. Por otra partecabría preguntarnos ¿a qué técnicos seleccionaran para formar parte de este proyecto piloto y cómo harán esa selección, bajo qué criterios? ¿Por qué y qué criterios llevaron a que el proyecto demostrativo comenzará en los mencionados pueblos? ¿Acaso no coincide con los proyectos polémicos que precisamente la ciudadanía está cuestionando?

No me cabe la menor duda de que las funciones delegadas por el ejecutivo contravienen las dispuestas por nuestra legislatura mediante su poder legislativo, lo que constituye un claro acto ultra vires del ejecutivo, es decir, un claro acto inconstitucional. Altamente preocupante es que el Gobernador mediante un decreto, cambie los procesos de solicitudes de permisos y evaluación de propuestas cambiando así los reglamentos aprobados bajo los procesos de la Ley de procedimiento administrativo uniforme. Si para algo fue creada esta ley fue para garantizar de cierta forma que las acciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales llevadas a cabo por las agencias del ejecutivo no traspasaran las facultades del ejecutivo para reemplazar sub silentio las funciones de las otras dos ramas de gobierno.

Pero la gravedad del asunto no estriba en la violación de una ley, ni siquiera en que esta OE cambie la forma en que se evalúan las acciones que tendrán impacto ambiental en el país, la gravedad del asunto estriba en que el gobernador, mediante esta orden ejecutiva, de espaldas al sistema democrático, en contravención a la soberanía que reside teóricamente en la legislatura, y en completa exclusión de la participación ciudadana, ha cambiado las reglas del juego sin antes pasar por el escrutinio público. Es un asunto de poder. El gobernador pretende concentrar el poder en La Fortaleza dando al traste con los procesos que garantizan que la ciudadanía sirva de agente fiscalizador ante las actuaciones arbitrarias de las agencias. En esta ocasión lo hace bajo la premisa de que es necesario agilizar "la permisología¨, con serias repercusiones para nuestro entorno pero también para nuestra aspiración a procesos transparentes y democráticos.