Hace un tiempo comentamos en un post la proliferación en Puerto Rico de los SLAPPs (Strategic lawsuits against public participation). Decíamos que los SLAPPs se han convertido en la respuestas de sectores con poder económico que estan presentando demandas frívolas en daños y perjuicios y de libelo y calumnia contra comunidades y activistas que denuncian actos contrarios al interés público (generalmente ambientalistas) y posibles actos de corrupción como la otorgación de permisos contrarios a los reglamentos y legislación. En la mayoría de los casos se trata de proyectos costosos que inciden negativamente sobre las comunidades de pocos recursos económicos. Decíamos también que el asunto con los SLAPPs no es tanto si las demandas presentadas prosperan en los tribunales o no, sino que mediante la presentación de la demanda se inhibe la participación y el activismo de los ciudadanos ya que esto lso intimida pues hacen que los ciudadanos tengan que incurrir en gastos de abogados, tiempo y recursos en defenderse de estas demandas y qeu vean su propiedad y patrimonio (que no es mucho) amenazado.Pero lo último es que este tipo de demanda no solo se está usando contra los cuidadanos sino que ahora también contra funcionarios de gobierno que en su función gubernamental llevaron a cabo acciones para cuestionar la legalidad de permisos o titularidad de terrenos que se perfilaban (aunque el Tribunal haya dicho otra cosa), como bienes del pueblo de puerto Rico. Es la nueva secuela del caso Paseo Caribe. La compañía desarrolladora presentó una demanda en el Tribunal de Distrito federal contra el Secretario de Justicia, el Secretario de recursos naturales y el Gobernador por sus actuaciones en el caso Paseo Caribe. En la demanda solicitan $38 millones en compensación por daños que tres funcionarios supuestamente le provocaron durante el proceso administrativo. El Centro de periodismo investigativo nos ofrece más detalles. Una nueva forma de amedrentar, esta vez a los funcionarios públicos de que éstos hagan lo que tienen que hacer para representar a quien tienen que representar en estos casos, al interés público.
Esta práctica de los SLAPPs me parece que hay que condenarla firmemente porque atenta sobre valores en extremos importantes en nuestra sociedad y también habrá en su momento que empezar a cuestionar la responsabilidad ética de los profesionales,abogados y abogadas que presentan este tipo de demandas frivolas contra los ciudadanos con el solo fin de amedrentarlos para que cesen en el reclamo de sus derechos. Estamos estudiando a fondo los SLAPPs y pronto les tendremos más información al respecto.