Comunidades vecinas de Martín Peña protestan por intento de desarticular el Fideicomiso de Tierra
lunes, 25 de mayo de 2009
Actualizado hace 1 horas (12:17 p.m. )
Sara M. Justicia Doll / Primera Hora
Truenan las ocho comunidades aledañas al caño Martín Peña en contra de los proyectos del Senado 365 y el de la Cámara de Representantes 1403 que pretenden desarticular el Fideicomiso de la Tierra.
En una rueda de prensa celebrada al lado del caño, líderes de las comunidades Israel, Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey, se pronunciaron enérgicamente en contra de ambas medidas legislativas que entienden que provocarían el desplazamiento de la gente que por años ha batallado por el desarrollo, la autogestión y la superación.
“El Fideicomiso de la Tierra nos hizo dueños de las tierras en las cuales hemos vivido por generaciones. El Fideicomiso es una solución diseñada por nosotros mismos con el apoyo de expertos en planificación, desarrollo de vivienda, desarrollo económico y derecho. Es un instrumento de desarrollo que asegura nuestra permanencia como comunidad, como dueños colectivos de la tierra”, subrayó la portavoz de Líderes Jóvenes en Acción, Melba Ayala.
Y es que el proyecto del Senado 365 se aprobó la semana pasada por descargue, sin vista pública, denunció. En la exposición de motivos de la medida se establece que la transferencia de títulos “no puede ocurrir automáticamente con la aprobación de una ley, ya que dicha transferencia tiene que cumplir con los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico de que dichas transferencias tienen que constar en escritura pública”.
Según explicó el profesor de derecho de la Universidad de Puerto Rico, Michel Godreau, la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, entregó la tenencia de las tierras a la gente de las comunidades para evitar que corporaciones públicas y el Municipio de San Juan la obstaculizaran al no entregar las escrituras de las fincas. Desde la aprobación de la Ley 489 los residentes son titulares colectivos de la tierra. La Ley 489 tiene fundamento en el Código Civil.
Así las cosas, la comunidad, como dueño colectivo de la tierra, trabaja entre otros objetivos por lograr el dragado del caño y la superación de la calidad de vida en el lugar.
Según explicó la directora ejecutiva de la Corporación Proyecto Enlace del Caño Martin Peña, la planificadora Lyvia Rodríguez, actualmente ellos trabajan junto al Cuerpo de Ingenieros en hacer viable las obras del dragado para las cuales ya se autorizaron $150 millones. En las ocho comunidades viven cerca de 3,560 familias.