22-JUNIO-2009 | EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Debe vetarse esa ignominia
Está en vías de consumarse uno de los peores asaltos a la esperanza de miles de puertorriqueños, tras la aprobación la noche del jueves en la Cámara y el viernes en el Senado, del proyecto que desarticula el Fideicomiso de Tierras y la gran iniciativa del Caño Martín Peña.
Resultan inverosímiles las alegaciones del representante José “Nuno” López, autor del proyecto, de que todo lo que se pretende al enmendar la Ley 489 -que dispone la tenencia colectiva de los terrenos- es devolver autoridad al Estado y al Municipio de San Juan para que puedan “ayudar” a los residentes de la zona y dar servicio a parques, calles y hospitales.
Nunca habían perdido esa autoridad. Lo que pasa es que no la han ejercido, en cuestiones básicas de servicio a la ciudadanía. Es más, cualquier incursión del Estado o del municipio en lo referente a la limpieza y rehabilitación de aceras, áreas verdes o edificios sigue siendo un deber en el marco del Fideicomiso.
Pero ni el Gobierno estatal ni el municipal se han ocupado jamás, como es debido, de las comunidades aledañas al Caño, incluyendo la Península de Cantera. Fue cuando los vecinos se organizaron y exploraron las excelentes posibilidades de la zona y poner su destino en sus propias manos, que algunos políticos vislumbraron también ese filón y empezaron a buscar la manera de arrancarles a las comunidades aquello por lo que por tanto tiempo habían luchado.
El proyecto que desarticula el Fideicomiso de la Tierra otorgaría título de propiedad por la suma de un dólar a los residentes que así lo deseen. Hasta el presente, con la ley en vigor, los residentes son igualmente propietarios, sólo que en el marco de un proyecto colectivo cuya estructura y filosofía son inmunes a la manipulación política.
Esta institucionalidad de la autogestión protege la integridad de un plan de desarrollo comunitario, cuyos beneficios -que se anticipan cuantiosos- se quedarían allí mismo, para el mejoramiento de las comunidades, para el disfrute de los residentes y con un escudo protector frente los intentos de desintegración.
En resumen, el proyecto de ley que acaban de aprobar la Cámara y el Senado mina la unidad de la gente que allí vive y la de sus futuros herederos, puesto que no tardarían en aparecer compradores para las parcelas. Sería cuestión de tiempo que el inteligente proyecto que se levanta ahora, quedaría, en su esencia, definitivamente destruido.
El alcalde de San Juan, que debió convertirse en defensor y abanderado de esa histórica iniciativa orgullo de su municipio, ha sido, lamentablemente, su principal adversario. Poco ha parecido importarle la trayectoria de superación colectiva que representa ese sueño para 30,000 familias de su municipio. Y en un plano más práctico, el ejemplo de cooperación entre el sector privado y el sector comunitario, que también se ha producido allí y que se supone sea parte de la filosofía del actual Gobierno.
Coherente con esa misma filosofía, y con sus promesas de campaña, el gobernador Fortuño tiene el deber de vetar esa pieza -ya aprobada por Cámara y Senado- que va camino a La Fortaleza. Y una vez vetada, hay que advertir seriamente que sería la más grande afrenta social y moral de esos legisladores, revertir el veto del Gobernador y consumar esa traición a las comunidades del Caño.