Hace más de un año denunciamos por aquí las ejecutorias del Departamento de la Vivienda y el gobierno en la intimidación, criminalización y actuaciones discriminatorias contra la comunidad de Villas del Sol en Toa Baja. En ese entonces destacábamos la criminalización de la pobreza allí y la doble vara del gobierno que dice tener que sacarlos del lugar porque están en 'terrenos inundables' mientras permiten a mansalva desarrollos de alto costo en áreas inundables y en humedales del país, se hacen de la vista larga y permiten la privatización de nuestras costas.
Hoy fueron víctimas de golpes, macanazos, atropellos, gases lacrimógenos, violaciones a sus derechos civiles. El Secretario de la Vivienda alega que lo hecho hoy es "por su bienestar" porque están en una área inundable y vulnerable, pero acepta que no tiene mucho que ofrecerles que no sea que se anoten en las listas para vivienda en un futuro, aquellos que cualifiquen. Ah, y por si no fuera poco, dijo en la radio que después de todo "sabemos, por confidencias que nos llegan que muchos de ellos....pues....". Sí, dígalo: que son dominicanos ¿y?, ah bueno, dice el Secretario de la Vivienda, "nosotros no tenemos autoridad para atender ese asunto, pero esas son las confidencias que nos llegan".... La realidad es que por ser dominicanos, muchas de estas familias han tenido de soportar por todos estos años la discriminación, violencia e intimidación de la policía y de funcionarios de vivienda y hoy fue el más reciente episodio, justificado publicamente por el hecho de que no son propietarios.
No son propietarios, cierto, pero ¿acaso eso los descualifica de su dignidad humana, acaso el no serlo les priva de sus derechos civiles, de la dignidad y respeto?. ¿No merecen, por no ser propietarios, un trato humano? Cómo el gobierno en sus razones no es capaz de reconocer que carecen de necesidades básicas, que se ubicaron allí porque no tienen un lugar decente en el cual vivir, porque son parte de los cientos de niños y niñas y familias que no cuentan con vivienda, permanecen en extrema pobreza y la alternativa que le da el gobierno es que se anoten en una lista para en el futuro ubicarlos en vivienda pública. No, nada de esto importa en tanto no son propietarios y después de todo "son dominicanos". Cuestionamos el trato inhumano y discriminatorio que las familias de Villas del Sol están recibiendo y la insistencia del gobierno en desalojarlos violentamente e insensiblemente y sin proveerles alternativas reales.
Hace un tiempo visitamos a la comunidad y constatamos sus necesidades, sus reclamos genuinos y la gran cantidad de niños y niñas que allí habitan. Escuchamos de primera mano la gran cantidad de anécdotas que dan cuenta del maltrato y abuso al que han sido sometidos y a la discriminación por ser dominicanos. Ya antes también señalamos cómo a pesar de que fueron víctimas de contaminación tóxica por una compañía, lejos de recibir remedios por la contaminación, quien contaminó quedó impune y ellos fueron criminalizados. Todo esto, nos preguntamos, ¿acaso con miras a que en un año o menos esté en el lugar el comienzo de un desarrollo de lujo o centro comercial en un solar frente a una avenida principal, cerca de expresos y salidas principales? ¿Cuál es la insistencia del gobierno de sacarlos de allí sin que cuenten con un lugar donde vivir? ¿Cuál es la prisa que los lleva a golpearlos, a atropellarlos con la fuerza de choque y gases lacrimógenos bajo la absurda defensa de que deben sacarlos porque están en una área inundable?
Deploramos enfáticamente la actuación del gobierno durante el día de hoy y nos mostramos solidarios con la comunidad, sus líderes, especialmente mujeres que han sacado adelante la comunidad, una de ellas, Maritza, líder comunitaria hospitalizada con ocho meses de embarazo luego de ser golpeada hoy por la policía. No hay derecho ni razón posible para ese maltrato.
Abajo la última noticia sobre el particular.
Fuerza de Choque interviene con residentes de la comunidad toabajeña en el inicio de los procesos de desahucio
Por The Associated Press
TOA BAJA — Agentes de la Fuerza de Choque lanzaron gases lacrimógenos y agredieron con sus rotenes a miembros y manifestantes en la comunidad Villas del Sol en Toa Baja, integrada por sobre 200 familias, en medio de un operativo de desalojo.
“Efectivos de esta unidad comenzaron a agredir a residentes a golpes y con uso de pistolas de electricidad o ’Taser”’, denunció en comunicado de prensa Ramón Díaz Zambrana, portavoz de la organización La Nueva Escuela.
Zambrana indicó, además, que la líder comunitaria Maritza de la Cruz, quien está en su octavo mes de embarazo, se encuentra en un hospital luego de haber sido agredida a golpes por miembros de la Policía.
El licenciado Osvaldo Burgos, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, denunció lo que llamó “fuerza desproporcionada” utilizada contra los residentes y manifestantes.
“Es totalmente abusivo y desproporcionado como han cogido a esa mujer y han visto como le lanzan gases lacrimógenos en la cara de la gente sin ninguna justificación. Esto es una fuerza totalmente desproporcionada”, destacó Burgos en entrevista radial (WAPA).
El coronel José Morales Vázquez, director de la región policiaca de Bayamón, aseguró que la intervención con los residentes fue necesaria para permitir la instalación de vallas de cemento que servirán para delimitar el terreno que el estado reclama como invadido.
Morales Vázquez descartó que la Policía haya acudido para facilitar un desalojo de la comunidad.
“Al momento que estábamos dando seguridad al personal civil que está montando ese tipo de valla, algunas personas intentaron evitarlo y se montaron en la maquinaria”, dijo el oficial sobre el instante en el que agentes de la Fuerza de Choque sacaron a la fuerza a varias personas.
“Esas vallas son las que pusimos y eso es a lo que vinimos hoy”, manifestó el coronel a Prensa Asociada al tiempo que destacó que la uniformada mantendrá agentes en la zona para asegurarse de que no continúe la construcción en el terreno en disputa.
Morales Vázquez destacó que después de ese encontronazo, se inició un diálogo con varios residentes de la comunidad para intentar evitar más incidentes como éste.
Una compañía privada contratada por el Departamento de la Vivienda instaló vallas de cemento frente a las casas que están a orillas de la carretera que separa a la comunidad de Villas del sol del sector Villa Calma en el barrio Ingenio de Toa Baja.
Los residentes de los terrenos no tienen títulos de propiedad y, según estimados de la Policía, albergan unas 225 estructuras, en su mayoría residencias, pero también iglesias y negocios.
Para algunos vecinos, la amenaza de desahucio es injusta porque las autoridades fueron testigo de la construcción de muchas de las residencias de Villas Del Sol y no lo evitaron.
“Todo el que llegó aquí, llegó de día, todo el que construyó aquí, lo hizo bajo el sol del mediodía... por qué no los detuvieron”, cuestionó Margarita Ortiz, quien dice vivir en esta comunidad hace unos 15 años, desde antes de un primer desalojo.
“Después de que tú tienes tu casita hecha, tus vas a defenderla aunque el terreno no sea tuyo porque tienes un techo para tus hijos”, indicó la madre de dos niños.
Sobre las recién instaladas vallas, manifestó: “No le encuentro el significado... no le veo el sentido que tienen”.
En Villas del Sol, conviven tanto puertorriqueños como dominicanos. Algunos, como Jesús Veras, llegaron a esta comunidad hace apenas un año.
Este pintor, que llegó a la comunidad procedente de la Barriada Buen Consejo en Río Piedras y se instaló en una casa que era de su primo, se mostró preocupado con la presencia de agentes en cada una de las entradas a las calles de la comunidad y dejó entrever que la movilización de hoy demuestra que el gobierno se prepara para desalojarlos.
“Vamos a luchar hasta el final... Va a haber una reunión de la comunidad, a ver qué pasa”, indicó Veras a la AP.
La Uniformada sólo reportó un incidente en el que detuvo a un hombre de 44 años que se acostó en el pavimento frente a una de las grúas.
Al detenido se le imputa obstrucción a la justicia, indicó la agente Lesvy Pantojas, adscrita al cuartel de Toa Baja.
El alcalde Aníbal Vega Borges alegó que se está haciendo, a petición del secretario de la Vivienda, Yesef Cordero, es colocando unas vallas de seguridad para que no entren más rescatadores de terrenos.
“El Departamento de la Vivienda ha solicitando que se establezca un perímetro allí porque desde que salió la Policía a finales de 2008, principios de 2009 habían 168 viviendas y ahora hay 211. Que quiere decir que la gente continúan invadiendo allí”, dijo Vega Borges en entrevista radial (WKAQ).
El ejecutivo municipal indicó que el Departamento de la Vivienda y la Autoridad de Tierras van a acudir el lunes al tribunal para que se les permita proceder con los desalojos.