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24.11.09

Ante el Supremo la colegiación (update)

El Colegio de Abogados presentó hoy un recurso ante el Tribunal Supremo de PR para que se invalide la ley que eliminó la colegiación compulsoria de abogados y abogadas. Más detalles aquí.
-Moción en Auxilio de Jurisdicción
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Comunicado de Prensa:
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ABOGADOS CONSIDERAN NULAS
LEYES QUE LOS DESCOLEGIAN
RADICAN EN TRIBUNAL SUPREMO RECURSOS LEGALES
PARA SUSPENDER IMPLANTACIÓN DE DICHAS LEYES
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Dos recursos legales para que el Tribunal Supremo deje en suspenso la implantación de las leyes 121 y 135 —firmadas recientemente por el gobernador y que pretenden descolegiar la profesión legal— fueron sometidos en el día de hoy en dicho tribunal por el Colegio de Abogados de Puerto Rico argumentando que las mismas son nulas e inconstitucionales.
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-En conferencia de prensa, el presidente de la institución, Lic. Arturo Hernández González, acompañado de los miembros de la Comisión especial para la revisión de la Ley 121 y la Ley 135, presidida por el Lic. Harry Anduze Montaño, informó que “hace apenas una hora, los abogados del Colegio, lidereados por el compañero Harry Anduze radicó en el Tribunal Supremo una Petición en jurisdicción original al Tribunal y una Moción de solicitud de orden provisional en auxilio de la jurisdicción del Honorable Tribunal.
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-En la Petición se le solicita al Supremo que se invaliden las leyes 121 y 135 y que reitere los principios claramente establecidos en los casos Schneider I y Schneider II sobre la constitucionalidad de la colegiación compulsoria y el derecho del Colegio y de sus miembros a la libre expresión. En la Moción”, continuó explicando el presidente de los abogados, “se pide que se deje en suspenso la implantación de las mencionadas leyes para evitar las consecuencias adversas que han comenzado a tener sobre el funcionamiento del propio Tribunal y en la administración de la justicia y el daño sustancial que ha comenzado a sufrir, y continuarán sufriendo, el Colegio y sus miembros”.Hernández explicó que el Colegio de Abogados basa su postura y peticiones al Tribunal Supremo en importantes y sólidos argumentos, algunos de los cuales son:
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-Que las leyes 121 y 135…
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§ Son inconstitucionales pues usurpan el poder inherente del Tribunal Supremo de reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico y porque son leyes para revocar decisiones finales de dicho Tribunal.
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§ Violan el principio constitucional de separación de poderes al emitir e imponerle deberes y obligaciones al Tribunal Supremo sobre cómo reglamentar la profesión de la abogacía.
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§ Violan el derecho de libertad de expresión y de asociación del Colegio como institución, derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
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§ Son inconstitucionales porque violan los derechos de libertad de expresión y de asociación de los miembros del Colegio de Abogados, garantizados también por nuestra Constitución y la Primera Enmienda de la de los EEUU.
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-§ Por carecer de un nexo racional con un fin legítimo del estado, violan el derecho constitucional del Colegio a la igual protección de las leyes, garantizado por la Constitución del ELA y la Quinta y/o Décimocuarta Enmienda a la Constitución de los EEUU.
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§ Violan la prohibición constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales existentes entre el Colegio, sus miembros y terceros.
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§ Son nulas ya que fueron aprobadas en violación del Artículo III, Sección 17, de la Constitución del ELA, que prohíbe que se apruebe proyecto de ley alguno que contenga más de un asunto, que no esté claramente expresado en su título, y que contenga partes sobre asuntos que no hayan sido expresados en su título.
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§ Tienen la clara intención de afectar directa y discriminatoriamente el funcionamiento del Colegio de Abogados sin estar basado dicho discrimen en hechos que demuestren que el Colegio no cumplió con los propósitos de su ley orgánica antes de la implantación de las nuevas leyes.
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El presidente de los abogados del país indicó que en la Moción sometida se expone al Tribunal Supremo cómo sus propias decisiones en las dos ocasiones en que ha atendido los llamados “casos Schneider” y los mecanismos creados para amparar a los abogados quejosos “atienden de manera constitucional y amplia la organización de la profesión de la abogacía en Puerto Rico y hacen totalmente innecesaria la acción del estado al promulgar las leyes 121 y 135. Pero, más aún”, recalcó Hernández, “aquí de lo que se trata es de que le estamos reclamando al Tribunal Supremo que defienda y mantenga su autoridad para regular la abogacía y restablecer el orden que cumpla con los derechos constitucionales del Colegio y de sus miembros. Esto implica que el Supremo reconozca que se ha violentado la separación constitucional de poderes al haberse dado una intromisión indebida del poder legislativo en las prerrogativas y funciones del poder judicial y que estas leyes afectan directamente el funcionamiento de la rama judicial al imponerle obligaciones sin asignarle fondos para su implantación, lo que, además, crea un disloque administrativo al Tribunal Supremo en múltiples direcciones”.
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Los abogados informaron también que se le enviaron cartas al Gobernador, al Secretario de Justicia y a la Procuradora General informándoles de la radicación de los mencionados recursos legales a las 10:30am del día de hoy y recordándoles que, “de no comparecer los abogados del Estado, se solicitará al Honorable Tribunal que dicte la orden sin vista previa”.
“El Colegio de Abogados quiere recalcar, como hemos estado indicando desde que la Legislatura inició este proceso tan oneroso para el país, que todo lo sucedido ha sido discriminatorio exclusivamente contra nuestra institución —y todo ello por callar a una institución que defiende la verdad de frente—, que en su vendetta por razones políticas los legisladores y el gobernador han estado desinformados y desinformando sobre el Colegio de Abogados y que no tuvieron en cuenta la abrumadora cantidad de ponencias a favor de la permanencia de este Colegio cuando se dieron vistas públicas”, indicó Hernández. “No obstante”, agregó, “nosotros nos amparamos en el convencimiento de que el Colegio prevalecerá eventualmente en todo este asunto”.