Manifiesto de los docentes del Recinto de Río Piedras de
la Universidad de Puerto Rico
.1. La reducción presupuestaria en la UPR y el carácter corporativo y anti-democrático de su funcionamiento
1.1-El presente conflicto huelgario tiene como origen inmediato la reducción deliberada, profunda y sin precedente que ha sufrido el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. La crisis fiscal que es producto de esta acción gubernamental afecta, y desde el próximo año fiscal afectará aún más, todos los sectores del sistema universitario.
La referida contracción fiscal surge de la reducción de la base sobre la cual se calcula la cuota del 9.6% asignada a la UPR, al excluirse una parte de los ingresos anuales del IVU de esta base y comprometerlos exclusivamente con el fondo COFINA (Corporación de Financiamiento Puerto Rico).
La Ley 7, en el Art. 31(b), enmienda la Ley de la UPR y provee: “Para propósitos de estos cómputos se excluirán aquellas rentas, recaudos o ingresos percibidos por operación de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico.”
La Ley Núm. 91 del 13 de mayo de 2006 que estableció el IVU y COFINA afecta a la UPR de la misma manera.
1.2 La toma de decisiones en la Universidad se hace mediante una lógica utilitarista de mercado, con un enfoque y apoyo institucional exclusivo a ‘lo rentable’ y como consecuencia se administra la Universidad como si fuera una corporación privada.
El surgimiento del neoliberalismo ha implicado cambios estructurales en las instituciones académicas. Sus discursos proponen que el potencial del ser humano sólo puede maximizarse en un contexto institucional que se caracteriza por el fortalecimiento de los derechos de la propiedad privada y las dinámicas del mercado. Esta visión ha sustituido la Universidad como lugar de pensamiento, generación de conocimiento libre, crítico y distinto al avalado por las dinámicas del mercado, soslayando con ello el enfoque de la educación como un bien público común.
1.3 La Universidad se enfrenta en todos sus ámbitos a procesos decisionales excluyentes y cada vez menos democráticos. A los docentes se nos excluye de la evaluación, análisis, discusión y deliberación sobre asuntos propios de la comunidad académica, práctica particularmente inaceptable en una situación de crisis presupuestaria tan acuciante como la que enfrentamos.
Los docentes y estudiantes sufrimos las consecuencias de una participación insuficiente cada vez más reducida respecto a la toma de decisiones en una estructura administrativa más centralizada y “gerenciada” a nivel de recintos y del sistema de la UPR. En las decisiones administrativas se le adjudica un peso cada vez menor a los criterios académicos.
.2. Los reclamos estudiantiles
2.1 En este escenario, el sector estudiantil ha asumido la vanguardia en defensa de la Universidad de Puerto Rico como una universidad pública y accesible para todos, incluyendo los más desaventajados económicamente. Los y las estudiantes llevan 28 días en huelga exigiendo, entre otras cosas, la derogación de la Certificación 98 que reduce las oportunidades de exención de matrícula a la mayor parte del estudiantado que hasta el momento ha disfrutado de ésta.
La eliminación de algunas exenciones de matrícula disponibles a la mayor parte del estudiantado es sólo una de las formas en que la reducción del presupuesto de la Universidad afecta a los sectores de la comunidad universitaria.
Los reclamos estudiantiles pueden resumirse, entre otras:
(a) La eliminación de las disposiciones contenidas en la Certificación 98 y la permanencia de las exenciones de matrícula
(b) El compromiso con una política de no privatización
(c) La transparencia fiscal vía acceso a la información pertinente
(d) El compromiso de no implantar represalias contra el estudiantado
(e) No aumento de matrícula
(f) El cobro de las deudas a favor de la Universidad
.3. Los docentes de la UPR
3.1. El claustro tiene una responsabilidad ineludible en la defensa del proyecto de una universidad pública de excelencia, a la que hemos aspirado siempre y para la que hemos laborado hasta el presente.
3.2 Los docentes, al igual que los y las estudiantes, reciben el impacto directo de la crisis en la Universidad. Los reclamos estudiantiles y docentes dramatizan la crisis que enfrenta el proyecto universitario del país y la esencia de la Universidad de Puerto Rico como una universidad pública. Las siguientes medidas que hemos enfrentado como docentes ilustran esta crisis:
(a) La contratación abusiva de profesores sin plaza, la prolongación por años de contratos sin permanencia, las continuas condiciones de vulnerabilidad en el profesorado, la puesta en riesgo de la calidad y excelencia de la docencia y la producción académica y el pluriempleo de profesores, una de las formas más insidiosas de privatización, afecta directamente a los estudiantes.
(b) La congelación de plazas, ascensos, sabáticas, licencias de todo tipo, incluyendo las licencias de estudio, la congelación de aumentos salariales, el aumento en el cupo en secciones de clases, la eliminación de descargas académicas y del apoyo institucional para la investigación (asistencias de investigación) y la eliminación de la cobertura de gastos para la participación docente en seminarios, congresos y presentaciones a nivel internacional son todas medidas que impactan negativamente la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
3.3 En esta trabazón histórica para la UPR, los docentes tenemos que, de inmediato y con carácter permanente, reclamar el espacio que nos corresponde para participar en la toma de decisiones y en la identificación de soluciones e implantación de medidas, particularmente aquéllas pertinentes al ámbito de la docencia.
.4. Los DOCENTES disponemos y exigimos
4.1 APOYAMOS la lucha de los estudiantes y RECONOCEMOS la legitimidad de los reclamos estudiantiles que han desembocado en la presente huelga, incluyendo la derogación de la certificación 98 sobre exenciones académicas y la transparencia fiscal vía el acceso a la información financiera y administrativa de la institución.
4.2 EXIGIMOS la negociación sin condiciones y de buena fe por parte de la administración. Además, RECHAZAMOS la persecución y las represalias administrativas y judiciales contra el estudiantado, los docentes y los trabajadores de la Universidad que han estado reclamando y exigiendo sus derechos en esta coyuntura.
4.3 EXIGIMOS el retiro inmediato de la policía estatal de los predios del Recinto y DENUNCIAMOS el abuso policíaco y RECHAZAMOS la complicidad de las autoridades universitarias.
4.4. EXIGIMOS de las autoridades universitarias y del gobierno de Puerto Rico la restauración del presupuesto de la Universidad que le permite funcionar como la Universidad pública de Puerto Rico, mediante la participación de la Universidad en la base total de los recaudos del país.
4.5. EXIGIMOS el funcionamiento pleno de la Universidad de Puerto Rico como una universidad pública, democrática, accesible e inclusiva que propenda al libre desarrollo del pensamiento y al quehacer académico, cultural, literario y profesional, más allá de las actividades que el mercado considera rentables. La Universidad de Puerto Rico no es ni puede ser ni funcionar como una corporación privada y rechazamos todas las medidas dirigidas a ese propósito.
Nuestra oposición a dichos procesos no sólo conlleva un rechazo al escenario más discutido de la posible privatización de ciertos recintos del sistema de la UPR, sino también un rechazo a otro escenario aún más peligroso e insidioso: la corporatización extra-oficial de todo el sistema de la UPR vía la administración de una universidad pública como una corporación privada.
EXIGIMOS la firme defensa de la autonomía universitaria ante las intromisiones indebidas de las ramas de gobierno.
4.6 ESTAMOS CONVENCIDOS que las situaciones que enfrentamos los profesores y que enfrentan los estudiantes forman parte de una misma situación: el desmantelamiento del proyecto de universidad pública que encarna la Universidad de Puerto Rico tal y como la conocemos. Los reclamos del profesorado ilustran que los y las estudiantes tienen razón en sus reclamos y en la defensa de la Universidad pública, y SUMAMOS NUESTRAS RAZONES en esta defensa.
4.7 EXIGIMOS participación real y efectiva en los procesos de toma de decisiones de la Universidad, en la discusión, deliberación y adopción de las medidas para atender esta crisis y de esta forma nos unimos a los estudiantes en la defensa de una educación universitaria pública, de excelencia y accesible, pilares que han caracterizado a la Universidad de Puerto Rico.