Sabemos que la crisis que enfrentamos en la Universidad de Puerto Rico tiene como raíz la intención y premeditación de desmantelar el proyecto universitario público de excelencia que hemos conocido hasta ahora y que encarna la Unversidad de Puerto Rico. Esto, por supuesto, aprovechando la coyuntura de una crisis económica y financiera sobre la cual habría que hablar en términos mucho más complejos.
Sobre esta intención del desmantelamiento del proyecto universitario público habría que decir mucho, mucho más, pero al momento y en la continuación para armar este rompecabezas, vale tomar muy en serio este artículo de Diálogo Digital sobre lo que ha pasado en PR con los fondos de la ya famosa 'American Recovery and Reinvestment Act' (ARRA). Este tema ilustra lo premeditado del estrangulamiento de nuestro proyecto universitario y lo preocupante de estas políticas que convenientemente se disfrazan como inevitables ante una crisis financiera.
Cuando llamamos la atención sobre el tema de los fondos ARRA lo hacemos porque este ejemplo ilustra que, aún con alternativas como las contempladas y aprobadas hace un tiempo por las esferas federales para que la crisis económica tocara lo menos posible a las universidades del estado y no afectara el acceso a la eduación pública, el gobierno de Puerto Rico se ha negado a hacer llegar a la UPR los fondos necesarios para que nuestra Universidad y el proyecto universitario -que tanto este país necesita- se salvaguarde. La pregunta clave es ¿porqué?.
La ruta decisional del gobierno respecto a la UPR es selectiva, consciente y no un producto 'natural' de una crisis. No estamos ante un 'desastre natural' sino ante un 'desastre creado'. En este artículo se reseña la trayectoria del tratamiento que se le ha dado a los fondos provenientes de Estados Unidos para mitigar el impacto de la crisis económica en la educación superior. Al final del artículo se lanzan unas preguntas que nos deben dar margen para mirar el conflicto que vivimos de manera más abarcadora y actuar conforme a esto.
Vean el artículo aquí: http://dialogodigital.com/
Transcribo una de las partes que me parecen medulares y mejor explicativas del tema de los fondos ARRA:
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La ley de estímulo federal
El Capítulo XIV de la legislación federal de estímulo económico dispuso que el DE federal asignara $48.6 mil millones a los gobernadores de los estados y territorios con el propósito de adelantar reformas educativas esenciales y de estabilizar los presupuestos para minimizar y evitar los recortes en los servicios educativos y retener a maestros y profesores.
En el caso de las universidades, el Gobernador debía utilizar la asignación para proveer, para cada año fiscal 2009, 2010 y 2011, la cantidad de fondos necesarios para restaurar la aportación del Estado a dichas instituciones al nivel mayor entre el año fiscal 2008 y el 2009.
Por otra parte, dicha sección de la ley establece que las instituciones de educación superior deben utilizar los fondos “para la instrucción y gastos generales de forma que sea posible mitigar la necesidad de aumentar matrícula y cuotas o para la modernización, renovación o reparación de instalaciones utilizadas principalmente para instrucción, investigación o dormitorios estudiantiles”.
De hecho, según un informe del DE federal publicado en noviembre de 2009, los fondos ARRA fueron utilizados para paliar aumentos en la matrícula de universidades públicas en al menos 31 estados.
Por ejemplo, la Universidad de Massachusetts pudo reembolsar un aumento de $1,500 y utilizar el incremento anual estándar para cubrir el costo de la inflación. En la Universidad de Minnesota, el aumento en la matrícula fue reducido a la mitad. El sistema universitario de la Universidad del Estado de Minnesota redujo un aumento en la matrícula de 5 por ciento al 2 por ciento. Mientras, en Virginia, los fondos ARRA mantuvieron el aumento en la matrícula en su tarifa más baja desde 2002.
Además, la ley promueve que las universidades utilicen los fondos en áreas que generen resultados duraderos y que no produzcan costos recurrentes insostenibles.
Ante la situación por la que atraviesa la UPR, sólo resta por preguntar: ¿pudo el Gobierno de Puerto Rico asignar más de estos fondos a la Universidad? ¿La manera en que se distribuyeron los fondos fue la propicia para cumplir con los objetivos de la ley? Si realmente un incremento de un 10 por ciento en el costo de la matrícula produciría sólo $15 millones durante los próximos dos años fiscales, como alega la carta suscrita por García Padilla y Rivera, ¿no son precisamente los fondos ARRA disponibles para el próximo año fiscal los fondos necesarios para evitar el aumento?