Porque la ingratitud y la memoria corta y acomodaticia del país indigna, reproduzco esta columna publicada hace un tiempo por el colega Pedro Reina, en El Nuevo Día. La columna de Reina nos recuerda la injusticia que se cometió hace unos pocos años contra una compañera universitaria de excelencia que desde la Escuela de Derecho propuso y fundó la Clínica de Desarrollo Comunitario, impartió y dejó establecida una línea académica en el tema del Derecho y la Pobreza y representó con arrojo y nuevos abordajes a muchas comunidades pobres en el país. A cinco años de ser despedida, todavía ella espera por un remedio administrativo (en la UPR) y judicial que le haga justicia. Incluso, recientemente tuvo que argumentar por derecho propio su caso ante el Tribunal de Circuito Federal en Boston. Ha sido muy dificil que las instituciones la escuchen y que atiendan y entiendan su reclamo, muy dificil que se entienda la discriminación y el trato impresentable por razón de género que recibió. Pero esa es otra arista de esta tragedia que hay que seguir mencionando para que no se borre.
La tragedia más inmediata es que -sin entrar en los méritos de otros colegas que hoy día hacen trabajo similar- su quehacer universitario innovador y el resultado de su trabajo quede (o pretenda quedar) invisibilizado, borrado, y en su lugar se presente una 'nueva historia' que no da cuenta alguna de su zapata.
A ti, MMC que gestaste tanto en la UPR, con tanto aplomo y dedicación, que nos diste conocimiento, nuevas perspectivas, energía e inspiración -tanto a estudiantes como a tus colegas profesores- y que al día de hoy todavía te defiendes prácticamente sola de esa gran injusticia: vaya mi reconocimiento y admiración por lo hecho y por tu tesón. Estoy segura que ni tus estudiantes, ni las comunidades, ni los colegas que vimos de cerca tu trabajo y dedicación, olvidamos. Más aún, te seguimos apoyando. Continúa.Desde aquí, además, exigimos que se atienda tu reclamo y que regreses pronto a la UPR.
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Desgarrando la Toga
Pedro Reina Pérez
El Nuevo Día
14 de noviembre de 2008.
Quisiera discutirle a José Martí esa máxima alguna vez declarada de que “raro don, don excelso es la justicia”. Por eso, cuando las autoridades de la junta administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico concurran hoy viernes en la mañana a una impostergable cita con su conciencia, espero que sepan rectificar y extender el contrato probatorio de la profesora Myrta Morales Cruz de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho.
Digo que quisiera discutirle al insigne pensador antillano porque, en lugares como la Universidad, que reclama en nombre de la razón ser un espacio donde la reflexión se imponga al capricho, la justicia vive con frecuencia días de sequía.
Desde las páginas de este periódico supo el país de la destitución que la profesora Morales Cruz sufrió un proceso de evaluación cuestionable y confuso, cuya tramitación burocrática, además de accidentada, amenaza con teñir más de una reputación en los pasillos de nuestro primer centro docente.
La destitución ocurrió a pesar de contar ella con extraordinarias credenciales académicas, una hoja de haberes premiada a nivel internacional, y de que la evaluación de su desempeño hecha por sus pares evidenciaba una valoración positiva del trabajo realizado para los estudiantes de la clínica y para las comunidades que servía.
La profesora Morales Cruz era la representante legal, junto a sus estudiantes de derecho, de comunidades como Las Gladiolas, Los Filtros y Cantera, entre otras, que luchan a diario contra poderosos intereses. Pero, para mayor preocupación, es la falta de transparencia respecto a las circunstancias de la evaluación lo que amenaza con impugnar la credibilidad de la gerencia universitaria a todos los niveles.
El mérito académico es el principio rector de toda evaluación de desempeño en la Universidad. Desglosado objetivamente en diferentes criterios, sirve para aquilatar de manera imparcial la valía y las aportaciones de los docentes a la comunidad universitaria. Pero cuando el mérito empieza a tropezar con el trámite administrativo, el resultado puede ser que se pierda de vista el mérito como elemento primordial.
Bajo ninguna circunstancia puede ese proceso administrativo reflejar el más mínimo asomo de sexismo o discriminación porque se vulnera el proceso y se compromete la credibilidad de las autoridades concernidas. Y en ningún otro lugar debe ser el proceso más pulcro que en la mismísima Facultad de Derecho.
Esta es la Universidad que ha confesado ante el país que su proyecto para la próxima década incluye “participar de la búsqueda de alternativas a los problemas de urgencia social” y “alentar de manera sostenida y sin menoscabos administrativos formas alternativas de docencia, entre ellas el aprendizaje presencial, la enseñanza en línea y la enseñanza en equipo”. Y sin embargo, esa misma universidad es incapaz de cuestionar sus propias contradicciones cuando ignora los méritos de una docente que ha verificado en su práctica educativa esos mismos valores.
Cuando son las palabras vigorosas y elocuentes de estudiantes pasados y presentes las que atestiguan el trabajo de una profesora, y las voces de los residentes de las comunidades pobres mencionadas las que denuncian su ausencia, una fina grieta amenaza los muros de marfil de esa universidad incongruente. Si se ignoran esas voces y desprecia su significado, la Universidad derrota sus aspiraciones. Pero tal cosa, insistimos en pensar, no debe ser posible.
Por eso confiamos en la sabiduría de la rectora Gladys Escalona de Mota, pues la resolución de este caso matizará el legado que deje al Recinto de Río Piedras. Sabemos que es una mujer recta y dedicada, cuyo compromiso con la Universidad se levanta por encima de cualquier pequeñez.
Por eso esperaremos que se verifique un acto de justicia, raro pero excelso, como decía Martí.