28 de septiembre de 2012
UN DICTAMEN DESDE LA RAZÓN
Mantener incólume la densidad ética de nuestra Constitución es una obligación de todos los puertorriqueños, más aún cuando se trata de un principio fundamental desde el cual se desarrolla el resto de los criterios morales que nos organizan dinámicamente como humanidad.
Por ello, la decisión unánime de un jurado federal de decirle “no” a la pena de muerte en Puerto Rico y condenar a cadena perpetua al convicto de asesinato y narcotráfico Edison Burgos Montes, constituye un paso trascendental de defensa de la dignidad de la vida y de nuestra reafirmación moral como pueblo.
Es altamente significativo que, por cuarta ocasión, un jurado seleccionado por su apertura a la pena capital, vuelve a considerar, en el plano federal, que hay formas racionales para que un asesino convicto, como es el caso del comerciante yaucano, pueda pagar por los crímenes que ha cometido. De este modo, estos 12 puertorriqueños han salvaguardado la integridad de nuestra Constitución. También ha evitado el renacimiento del engendro de un Estado homicida del que Puerto Rico se ha distanciado por vía de hecho desde 1927 y por vía de derecho desde 1929.
Esta decisión es verdaderamente histórica porque se da en el contexto de un país que sabe que debe resolver el gravísimo problema de la criminalidad que nos azota, pero que ha evitado -expresamente mediante sufragio- las rutas que limitan derechos y no van a la raíz auténtica de los problemas. La decisión del jurado confirma una ruta trazada ya, de modo indeleble, en nuestra Constitución. El tema, aunque adquiere otra dimensión, no ha terminado. La Fiscalía federal proyecta en Puerto Rico juicios de pena de muerte en dos casos el año próximo.
Es incomprensible que las autoridades federales se empeñen en solicitar una aplicación de la ley ofensiva al sentir moral de los puertorriqueños, y no menos desfasada en el plano universal de los derechos humanos que defienden las democracias modernas. Hacemos, pues, un llamado para que se aseguren de que en pleno desarrollo del siglo XXI no se permita que un pueblo imponga sobre otro un designio contrario al respeto innegociable a la vida de la persona, sea ella inocente o culpable.
El asunto requiere la formulación de nuevas estrategias, tanto en el plano gubernamental como cívico y educativo, dirigidas a salir de una vez por todas de esta pesadilla que nos abruma cada cierto tiempo. Debe entonces el liderato político comprometerse públicamente a impulsar una revisión en propiedad de estas disposiciones, para que pueda superarse esta lastimosa incongruencia que lastima el ser puertorriqueño.
Una gran mayoría, en la serenidad de la reflexión, reprueba la pena de muerte, abolida estatutariamente en 1929. Por este motivo, se recoge llana y sucintamente en la Carta de Derechos. Así, cuando surgen los inevitables infortunios y se disparan contradictoriamente nuestras emociones, tenemos la garantía de una Carta confiable donde hemos dejado impreso, para ampararnos en ella, lo mejor de nuestra voluntad personal y colectiva.
Ahora, incluso en medio del dolor que con frecuencia impide una racionalidad despejada, escuchamos las palabras aleccionadoras de la madre de la informante de la DEA asesinada, Madelyn Semidey Morales. Georgina Morales afirmó con gran sentido de proporción y coherencia un día antes del veredicto: “Justicia debe imponer el castigo, pero castigo de cárcel”.
El pueblo puertorriqueño se ha pronunciado con entereza una y otra vez. Es hora de acatar definitivamente el dictamen de su sabiduría.