Columna de Miguel Rodríguez Casellas, publicada hoy 4 de julio de 2013 en El Nuevo Día. Muy relevante a nuestros temas y a esa autoridad del discurso jurídico que, aunque casi herida de muerte en estos tiempos, aún empaña suficiente las instancias del poder.
Legal
Miguel Rodríguez Casellas
Entre los antiguos sumerios, “lugal” era el término que designaba al rey o al supremo jefe de estado. Nuestro “legal” viene del antiguo “lugal”, según algunos estudiosos de la etimología del término. Otros dicen que “legal” viene directamente del latín, sin reconocer el vínculo aún más arcaico a Mesopotamia.
Esta distinción de términos tiene claros elementos ideológicos. Mientras el latín “legere” denomina el acto pasivo de lectura y recopilación, acciones muy vinculadas al Derecho, el término sumerio alude a una fuente de autoridad suprema, un principio universal de orden, personificado en la figura del rey.
Sobrevive en la concepción contemporánea del Derecho la pretensión supremacista de una verdad universal, de un principio positivo que ordena desde la justicia, y contra ella también.
Entregar toda la justicia al principio legal ha sido, desde mi perspectiva, el mayor fracaso de la cultura occidental, y son muchas las voces de intelectuales y filósofos, pero más inquietante aún, de abogados, las que nos lo están advirtiendo.
Los abusos del Estado contra los ciudadanos, amparado en su autoridad legal, dejan de ser cuentos de anarquista paranoico frente a las revelaciones de espionaje ciudadano que amigos de la justicia, como es el “soplón” Edward Snowden, han traído a la palestra pública. La cuestionable legalidad, y absoluta inmoralidad, con la que la autoridad imperial norteamericana persigue a este Prometeo moderno violenta la propia ficción democrática con la que pretendían mantener el orden.
Lo que antes podía ser visto como retórica marxista panfletera, ya es diagnóstico cotidiano al hablar de nuestro ordenamiento jurídico: que la legalidad no es un “pasivo” acto de recopilación y lectura de disposiciones, sino la imposición de un poder supremo contra toda ética y respeto moral.
Entre la criminalización de Snowden, la mucama dominicana fungiendo de chivo expiatorio para proteger a sabrá Dios quien, y el sometimiento de las cortes a los intereses de los bonistas antes que a los retirados querellantes, es difícil contemplar a los sumerios sin pensar que al menos ellos eran más honestos en vender la autoridad arbitraria del gobierno como un principio natural e inapelable.