Páginas

2.9.16

Criterios fallidos

2 de septiembre de 2016

Para hacer un análisis serio y con profundidad sobre una protesta hay que partir de que existe un conflicto; hay que acogerlo, abrazarlo, no negarlo; no partir de la premisa de que estamos en situación de perfecta convivencia o "normalidad". Y no es suficiente decir que es un conflicto entre "dos derechos" porque eso no solo no nos lleva lejos para atender la disputa sino que es insuficiente para develarla. El conflicto es entre dos mundos de vida, entre dos perspectivas de política, entre una política pública que ha triunfado -y por lo tanto domina- y otra que abiertamente la desafía. De ahí tendríamos que partir. Por eso los criterios de "tiempo", "lugar" y "manera" que pretenden ser neutrales y hacer borradura de lo verdaderamente importante que atañe a ese conflicto, que pretenden borrar y negar esa agonía política, se quedan demasiado cortos.

Una vez se reconoce que hay un conflicto, y que en una sociedad democrática es normal, deseable y legítimo que lo haya, entonces analizamos si las partes de ese conflicto tienen o han tenido los mismos medios para exponer su punto, si una parte se ha posicionado como la parte dominante con ventajas y si lo ha hecho fuera del ámbito mínimo de lo que "un estado democrático de derecho" presume. La legitimidad que tiene o que vaya ganando o perdiendo la protesta debe analizarse tomando en cuenta que en muchas ocasiones, si no la mayoría, el desafío que se hace no ha tenido las mismas oportunidades y medios de poder para exponerse, plantearse, cuestionarse y posicionarse como una verdadera fuerza opositora a la dominante. 

El liberalismo más simple presume fallidamente (¿quién en su sano juicio a esta altura del juego lo puede negar?) que las dos partes en conflicto son iguales, oculta que una es dominante y la asume inocente porque su dominio y orden ya lo ha ejercido previo a la protesta, y es esencial preguntarse cómo. Por eso, para que verdaderamente hablemos de un derecho a protestar, tiene que haber incomodidad que es la que abre el camino a que se escuche el reclamo que ha sido desplazado. Y esto es lo que al final más importa, ¿cuál es el reclamo?, que éste pueda tener un lugar en un orden de cosas que lo excluyó. Mucho más cuando ese reclamo se tiene que hacer fuera de los parámetros tradicionales de una democracia representativa, como es nuestro caso. No podemos requerir criterios jurídicos del liberalismo tradicional allí donde lo que se protesta es precisamente que éste ha fallado.

(foto: WAPA TV).

Protesta contra Promesa

31 de agosto de 2016

Lo que se protesta hoy en Puerto Rico, con toda la razón del mundo, se ha denunciado y protestado a nivel global, en campañas, en manifestaciones, en cine y documentales, en la literatura política y económica: este esquema de acreedores globales contra países y poblaciones es corrupto, perverso, inmoral, mezquino y debe derrotarse porque mantiene el control de las vidas de la mayoría del planeta. 

Y Nosotros también ahora debemos denunciarlo porque se nos ha materializado burdamente a través de una ley llamada PROMESA, hecha a la medida únicamente para acreedores, una ley propia del ámbito civil-patrimonial que transfiere nuestros bienes comunes, nuestras posibilidades futuras, a ciertos patrimonios privados, a bancos, a oportunistas financieros. Y desde la supremacía de esa ley se pretende regir nuestra vida colectiva, nuestra ciudadanía, nuestros derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales pues está por encima incluso de nuestro ya de por sí débil esquema constitucional.

En otras palabras, hay que decirle al mundo que nosotros también hemos sido y somos víctimas de este esquema económico inmoral que se tragó todo atisbo de posibilidad política y unirnos a las voces que lo protestan a nivel mundial. Decir contundentemente que Puerto Rico también lo cuestiona y que nos negamos a ser súbditos de los bancos y firmas que han aprovechado inmoralmente el orden de cosas que provoca este esquema para su riqueza infinita y privativa.

Estos que se reúnen hoy y que se aprovechan de este esquema son los bancos, empresas y firmas que se han posicionado como acreedoras de nuestra democracia.

(Foto del Centro de Periodismo Investigativo)