29-SEPTIEMBRE-2009 |
EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
Un inmenso reto la vivienda social
La situación que ha reportado El Nuevo Día, acerca de las filas que se forman en la madrugada frente a los portones del Departamento de la Vivienda, refleja como ninguna otra imagen la extrema gravedad que reviste este asunto.
El hecho de que en las oficinas de la Administración de Vivienda Pública (AVP) haya un letrero donde se advierte que para las solicitudes nuevas sólo se atenderá a las diez primeras personas en la fila, añade tensión y obliga a algunas mujeres, jefas de familia, prácticamente a pernoctar con sus hijos en la calle, ante el temor de que, de no hacerlo de esta manera, no serán atendidas.
La demanda por vivienda pública o subsidiada ya es muy alta, y todo indica que se va a disparar en los próximos meses. De hecho, según los propios estimados del Departamento de la Vivienda, hay más de 7,000 personas en lista de espera para obtener un apartamento en un residencial público, y casi 14,000 tratando de acogerse a los beneficios del llamado Plan 8. El jueves pasado, Vivienda Pública admitía que, para enfrentar esa marejada de solicitudes, sólo tenía cinco apartamentos en residenciales públicos y 251 unidades para el Plan 8. Con esos números exiguos, ni un nuevo milagro de los panes y los peces podría proveer alivio.
En un país donde, tan pronto como el mes que viene, muchos padres de familia se verán desempleados, imposibilitados de cumplir con los plazos de una hipoteca o con el pago de la renta de la casa, es de suponer que las solicitudes se dupliquen o tripliquen.
Son poco más de 68,500 las unidades de vivienda comprendidas en los residenciales públicos del País, un número que, si se asume con realismo el empobrecimiento de la clase media y el reacomodo social que se vislumbra, queda muy por debajo de las expectativas.
Las familias necesitan techo. No queremos ni pensar que, a los graves trastornos sociales que acarrea el desempleo y la falta de oportunidades, puede sumarse un número indeterminado de personas que literalmente se verán viviendo en la calle.
Es una posibilidad que podría parecernos remota en el Puerto Rico moderno, pero que no podemos descartar.
En los paquetes de ayuda que ofrece el Gobierno a los empleados que son cesanteados, habría que añadir algún tipo de orientación y facilidades para que, llegado el momento, puedan ser atendidos en Vivienda. Es un departamento al que hay que ponerle las pilas de manera urgente.
Deben agilizarse los trámites en Vivienda Pública, pero también hay que repensar la construcción acelerada de hogares de bajo costo para suplir la avalancha de solicitudes.
No es algo que nos podamos permitir que se proyecte a largo plazo, pues es un problema que crece y del que quizás lo peor está a la vuelta de la esquina.