Abordemos la razón públicamente ofrecida para los despidos. La acción del gobierno del despido de 17,000 empleados públicos requiere todavía de muchos más detalles y datos para poder analizarla. Hasta el momento lo que hemos visto es una justificación de carácter utilitarista pero que no nos provee datos suficientes para examinarla a la luz del utilitarismo mismo como tampoco datos para incluso cuestionarla desde políticas distintas a aquellas del costo-beneficio. Veamos.
Se dice, en primer lugar, que el Gobernador y su equipo de trabajo estaba "entre la espada y la pared" y que no podía hacer otra cosa porque el país y bienestar en general estaba en riesgo. Se aduce que había que sacrificar estos empleados y a sus familias para echar al País hacia adelante, que ahora todo va a cambiar hacia mejor, que "ya lo peor pasó". En otras palabras, ustedes los 17,000 que quedaron sin empleo y al resto de los individuos que componen estas familias que se sacrificaran por el resto, el gobierno les dice, lo sentimos, pero por el bienestar del resto, esta medida era absolutamente necesaria.
Esta es una clara medida benthamiana, utilitarista al fin: "se maximiza la felicidad y el bienestar en general". Ante esta situación tenemos dos vías: la primera, cuestionar si la premisa o abordaje utilitarista es la mejor forma de atender el asunto, mediante un cuestionamiento a la moralidad de sacrificar a un grupo para beneficiar a la mayoría, es decir, si se trata aquí de una cuestión de meramente sacar números y poner en una balanza el mal ocasionado vs. el beneficio general. La otra opción es quedarnos dentro del mismo esquema utilitarista y cuestionar el resultado de la ecuación de costo-beneficio y determinar si en efecto, el sacrificio de los 17,000 realmente vale para el bienestar del resto. Comencemos por la segunda.
La realidad es que para determinar si en efecto el beneficio que provocará el sacrificio de unos pocos es tal, necesitamos que se provea mucha más información que la que han dado hasta el momento. Para empezar el Gobernador no ha ofrecido datos, sino que nos ha invitado a confiar en los números y conclusiones que a puerta cerrada han sacado ciertos individuos que se constituyeron como JREF y que lo que proveyeron fue el total de los despidos y las agencias de las que provenían. Habría que preguntarnos más detalles y creo que le compete a la prensa cuestionar y preguntar sobre esto. En primer lugar, sabemos que la famosa Ley 7 tiene algunos criterios pero todavía habría que indagar más específicamente sobre qué criterios utilizaron para seleccionar entre agencias, entre puestos. Necesitamos saber, por ejemplo, si variables como el género y los puestos que tradicionalmente responden a un género particular fueron tomadas en cuenta. ¿Sabemos cuantas de esas 17,000 son mujeres? ¿Cuántas madres solteras? ¿A cuanto asciende el % de mujeres desempleadas? ¿De qué sectores son? ¿Cuál es el costo de que más personas se queden eventualmente sin plan médico que cubra los servicios de salud? ¿Cuál es el número de los costos vs. los beneficios en atender más problemas de salud mental, del aumento en suicidios, de seguridad, de personas que se vean en el riesgo de perder sus viviendas y tengan que acudir a solicitar vivienda pública, lo que también está en el colapso? Números, sí, queremos números.
¿Se tomó en cuenta el costo-beneficio de los servicios que serán profundamente afectados? Si las agencias que más se afectan ofrecen X tipo de servicio, por ejemplo, ya la prensa detalla hoy que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres perderá como consecuencia el 75% de sus empleadas, de 62 empleadas, quedarán 16. ¿Se tomó en cuenta en ese análisis costo-beneficio el costo que implica dejar de ofrecer los servicios que ofrece esta oficina a las mujeres? Utilizando el mismo argumento utilitarista, ¿tenemos los datos de costos vs. beneficios de lo que implica que mujeres que son maltratadas ya no cuenten con los servicios de esta oficina y falten a sus empleos? Precisamente se toma esta medida cuando todavía ocurren hechos como este. ¿Qué dijo la nueva Procuradores de las Mujeres sobre esto? ¿Se le consultó? ¿Le importó al JREF esto?
Otro dato que hoy también detalla la prensa es el dramático impacto de esta política en las llamadas comunidades especiales, las comunidades más pobres del país. Esta oficina verá una reducción en su personal de un 89% de sus empleados. De 148 empleados se quedan solo 16. Creo que a muchos nos gustaría saber los criterios que utilizó el JREF para esto. El sacrificio aquí vs. el beneficio y bienestar de todos parece cuestionarse al menos si una tiene la pretensión de que el beneficio de "todos" incluya a las mujeres y a las comunidades pobres del país.
Podríamos seguir con los ejemplos sobre serios cuestionamientos a esta suma y resta utilitarista cuyo resultado está en serio cuestionamiento. Por ejemplo, y este es uno de los temas que más me toca, las escuelas públicas no contarán con los conserjes que hoy día cuentan: 4,000 de los 5,000 conserjes de escuelas públicas serán despedidos. Me pregunto si en la suma y resta no se dieron cuenta que la gran mayoría de nuestros niños y niñas todavía dependen del sistema público de educación para poder "echar para adelante" o "para crecer" como ha dicho el Gobernador. ¿Cómo explicar esta ecuación y que esta ecuación realmente beneficia a todos en Puerto Rico?
Así que hago un llamado a una explicación que nos ponga en mejor posición, en una posición realmente informada para pasar juicio sobre estas medidas de sacrificio dirigidas a unos pocos, medidas que se nos pide que irreflexivamente aceptemos que son para el beneficio de la gran mayoría o de todos los puertorriqueños. ¿Son o serán realmente la mayoría de los puertorriqueños los y las beneficiados? La falta de servicios esenciales, ¿cómo se atenderá? ¿Acaso mediante la privatización y contratación a través de la otorgación de millonarios contratos? 17,000 es un número vacío. Vamos a ponerle caras, ropa y funciones a esos 17,000 y a quienes reciben esos servicios y entonces podemos hablar en mejores condiciones.
Si esos 17,000 despidos son irrelevantes para quienes cuentan con servicios de salud de primera, si los servicios que se afectan no trastocan la educación privada de excelencia que reciben los hijos e hijas de las clases privilegiadas, si esos servicios y despidos no se acercan ni con una vara larga a trastocar ni un poquito la vida de quienes gobiernan o de quienes ni siquiera tienen que depender del gobierno ni para que les recoja la basura (vea cuán afectados por la crisis están algunos sectores privilegiados: mientras unos hacen alarde de los tres cambios de traje de diseñadores exclusivos en un quinceañero, los despedidos no podrán ni comprar en "La Elegante" en el casco de su pueblo; post sobre el tema aquí), entonces al parecer no todo Puerto Rico se está "ajustando el cinturón" sino que los sacrificados son los mismos y lo están haciendo para beneficiar a unos pocos y todo lo contrario a la máxima de Bentham, en detrimento también del beneficio de la mayoría. La ecuación utilitarista anda mal si es así.
Pero como señalé, todavía hay otra forma de cuestionar esta política laboral y las políticas en general que está adoptando este gobierno. Una puede cuestionar la moralidad y lo apropiado desde el punto de vista de la justicia, de políticas utilitaristas. Se pide que unos pocos se sacrifiquen para el beneficio del resto. Aún si aceptáramos que hay beneficio para el resto, lo cierto es que en el juego pueden afectarse derechos de ciertos grupos y minorías, derechos que no deberían estar en juego en la ecuación. Se trata del cuestionamiento principal a esta filosofía utilitarista. ¿Qué está en juego con esto? Los derechos de individuos que merecerían en nuestro sistema ser tratados igual que a los demás, con los mismos derechos y la misma dignidad. ¿Quienes son los afectadxs? Se nos invita a través de las políticas utilitaristas a encajonar a toda la sociedad, a todos los individuos en una misma caja. Lo cierto es que para que sean justas las medidas habría que situar a los afectados, tomarlos en cuenta de acuerdo a sus derechos y a su situación. ¿Sería justo hablar de que los que ya vienen desaventajados en esta crisis asuman el sacrificio por el bienestar de todos, cuando "todos" incluye a aquellos que la crisis ni siquiera les ha acariciado de lejos? ¿Acaso no hay que contextualizar las implicaciones del embate de estas medidas sobre ciertos grupos que ya sufren de carencias producto de la crisis económica? ¿Porqué tendrían que afectarse estos 17,000 por el resto, sobre todo cuando el beneficio obtenido es profundamente desigual?
Por otro lado, ¿es la ecuación costo-beneficio la mejor alternativa cuando hay otros valores sociales en juego que no son cuantificables en dólares y centavos? ¿Cómo cuantificar el impacto social de esta política sobre ciertos grupos sociales, o sobre las familias de las personas despedidas? ¿Tomó en cuenta el JREF los problemas más acuciantes en nuestro país, el aumento en la violencia, la violencia de género, los problemas de falta de vivienda, el aumento en la desigualdad, el tema de la pobreza en nuestro niños que salió reseñado hace poco en la prensa?
En resumen, la discusión requeriría rasgar más allá de la superficie y auscultar premisas inarticuladas en las razones públicas que se han ofrecido para estas políticas. Estos temas merecen discusión y deliberación y no que se despachen bajo la pretensión legitimadora de que "un grupo de expertos" (de la empresa privada y utilizando modelos de empresas privadas) recomienda dirigir al país con fórmulas que debemos aceptar sin cuestionar, o peor, sin conocerlas. Un País no es una empresa privada y requiere de razones públicas.