12-SEPTIEMBRE-2009
ÉRIKA FONTÁNEZ
La importancia de la crítica
Surge nuevamente el tema de lo alegadamente (in)apropiado de que abogados y juristas emitan comentarios críticos al sistema judicial. Se aduce que estos comentarios faltan a la ética por supuestamente tratarse de cuestionamientos contra jueces. Se dice que la crítica en la esfera pública atenta contra la confianza del pueblo en éstos y en la institución.
No en pocas ocasiones, a los abogados que emiten comentarios públicos les advierten que podrían, según esta interpretación, violentar los cánones de ética profesional. Permítaseme la oportunidad para comentar, por el contrario, sobre la importancia que tiene para un sistema democrático un margen de crítica amplio y robusto.
La Rama Judicial, como la tercera de las ramas de gobierno, debe estar igual o más sujeta que las otras a una amplia crítica. Me refiero a la importancia de que la ciudadanía siga de cerca las determinaciones y el funcionamiento del sistema judicial. Más aún cuando los jueces no son electos. Éstos determinan la forma en que en nuestra sociedad se interpretan las leyes, se resuelven los casos que nos afectan a todos y se interpreta nuestra Constitución. Por eso, debemos prestarle atención a cómo deciden en temas tan diversos como los derechos y libertades civiles, las mujeres y minorías, el medioambiente, las familias, entre otros.
Pero suele repetirse a grandes rasgos que los juristas debemos abstenernos de cuestionar en la prensa las actuaciones de los jueces. Si alguien -en un sistema democrático de derecho- debe y tiene la responsabilidad de exponer a la ciudadanía miradas críticas sobre lo que acontece en esa Rama son precisamente los juristas pues sirven de traductores jurídicos para el resto del País. Para esto, es indispensable que cuenten con las protecciones más amplias a su derecho a la libertad de expresión, que sea posible -sin vigilancia ni trabas- comunicar libremente los aspectos y juicios críticos sin amenazas de sanciones.
Si bien no se deben promover “ataques injustificados” contra nadie, sí los abogados deben poder presentar libremente en la esfera pública las posibles preguntas y cuestionamientos sobre los debates jurídicos. Estos debates no deben verse como ataques personales, porque no lo son. Tampoco como faltas de respeto, sino como procesos inherentemente democráticos en la discusión de temas de envergadura.
Bajo la idea de no faltar el respeto a los jueces o no socavar la confianza en la Judicatura, no debe coartarse el objetivo principal de la libertad de expresión: el cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Las advertencias de sanciones o insinuaciones sobre faltas éticas o el juicio sobre lo “apropiado” o no de una expresión crítica, es una forma cuestionable de control de las libertades de los abogados. La balanza debe inclinarse hacia el valor de la libertad de crítica amplia, no al revés.
Por lo mismo, si bien los que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho analizamos las decisiones judiciales en revistas académicas, también nos compete desarrollar y fomentar el pensamiento crítico, lanzar preguntas y provocar dudas y cuestionamientos sobre el Derecho. El pueblo debe tener la oportunidad de cuestionar y la voz de sus juristas es esencial para nutrir esa oportunidad, para sugerirle a la ciudadanía posibles cuestionamientos sobre los temas jurídicos. Ser jurista también se trata de proveer herramientas para el cuestionamiento de las premisas jurídicas que en ocasiones aparecen como “objetivas” y “neutrales” para ocultar el poder a través de ellas.
A algunos les puede parecer que esto es irresponsable porque inquieta “innecesariamente” o socava “la confianza” en las instituciones. Yo lo creo vital para contribuir a la pluralidad de ideas. Lo contrario -acallar para supuestamente no minar la confianza del pueblo- es darle más importancia a la fe ciega en las instituciones que a la democracia y a los derechos de la ciudadanía.