HOY: el Fideicomiso del Caño ante Tribunal de Boston (2)

Hoy estuvimos en la ciudad de Ponce ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Boston que atendió allí la vista de injunction del caso del Caño Martín Peña, por segunda vez. Como recordarán, el Circuito emitió un injnction preliminar que detuvo la implantación de la ley que le quitó las tierras al Fideicomiso de la Tierra del Caño. Hoy fue la vista para considerar la apelación que presentó el Fideicomiso ante la negativa del tribunal de Distrito federal de atender el recurso.

Argumentó a favor del Caño Martín Peña la experimentada y muy admirada licenciada Judith Berkan. Fue una vista intensa para todos, en la que los jueces preguntaron activamente sobre aspectos medulares de la controversia, la ley que creó el Fideicomiso de la Tierra y los remedios solicitados. Esperamos prevalecer (porque tenemos razón y porque sería la decisión más justa!!!).

A la vista a Ponce la comunidad acudió firme, activa y con muchas energías para defender su proyecto. También acudieron los abogados solidarios con el Fideicomiso que son parte del equipo de trabajo y los estudiantes de la Clínica de Asistencia Legal y de Pro bono Caño Martín Peña.

Abajo el comunicado oficial emitido por el Fideicomiso de la Tierra y el G-8.

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Circuito de Boston celebra vista en el caso del Fideicomiso de la Tierra

Ponce – Ante un nutrido grupo de residentes, esta mañana el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston llevó a cabo una vista sobre la decisión del Tribunal Federal de Distrito de desestimar el caso que se lleva en defensa de las tierras que pertenecen colectivamente a la comunidad del Caño Martín Peña.

“El panel de jueces hizo preguntas duras a ambas partes. Ciertamente, fue evidente su entendimiento de la naturaleza y propósito del Fideicomiso”, señaló la licenciada Judith Berkan, quien presentó los argumentos orales en representación del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. “El abogado del Gobierno tuvo dificultad en articular el racional de la Ley 32, mediante la cual se pretende despojar a los residentes de sus tierras. No pudieron argumentar por qué las tierras están mejor en manos de las agencias en lugar del Fideicomiso.”

Durante 30 minutos, el panel de los jueces Lynch, Torruellas y Lipez escuchó los argumentos orales de la licenciada Berkan. Las preguntas del panel a la representación del Fideicomiso estuvieron dirigidas a identificar si para ver el caso en el foro federal se requiere clarificación por parte de los tribunales de Puerto Rico y establecer los remedios que el Fideicomiso reclamaría. En cuanto al Gobierno, el panel se enfocó en cuestionar los objetivos de la Ley 32, así como la eficacia de que las agencias públicas manejen las tierras en lugar del Fideicomiso. En sus preguntas, se cuestionaron las razones para dejar la situación de las comunidades como estaban previo al 2004.

Durante la vista y al son de ingeniosos estribillos, otro grupo de líderes comunitarios manifestó su apoyo al Fideicomiso de la Tierra frente al Tribunal. “Durante el proceso estuvimos tranquilos y confiados. El Fideicomiso va a permitirnos preservar nuestras comunidades,” señaló Evelyn Quiñones Ortiz, presidenta de la Junta de Acción Comunitaria de Bitumul – Israel y miembro del G-8, Inc.

“Estamos confiados. Los jueces demostraron dominio de la Ley 489. Estamos esperanzados en que extenderán la protección a la comunidad”, señaló por su parte María E. Hernández Torrales, presidenta del Fideicomiso de la Tierra.

El pasado 10 de noviembre y tras cinco meses de litigio, el Tribunal de Distrito Federal en San Juan desestimó el caso fundamentado en la doctrina abstención y sin entrar en sus méritos. El 22 de enero de 2010, el Circuito de Boston detuvo los efectos de la Ley 32 mientras se dilucida la apelación.

El 23 de junio el Gobernador firmó la Ley 32, que de forma retroactiva pretende arrebatarle las tierras al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, afectando los derechos adquiridos propietarios por los residentes de las comunidades. El Fideicomiso presentó una demanda por violación de derechos civiles, y planteó que dicha Ley es inconstitucional, toda vez que mediante ésta se han incautado las tierras de la comunidad.