Tribunal Supremo de los EEUU no acoge el recurso de certiorari presentado por el Fideicomiso
Comunidad evaluará reclamo de justa compensación
San Juan – El Tribunal Supremo de los EEUU no acogió el recurso de certiorari presentado por el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, mediante el cual cuestionó el fin público de la ley que le arrebató las tierras a los residentes de las comunidades de Caño.
“Nosotros estábamos conscientes de las pocas probabilidades que hay de que el Tribunal Supremo acoja un recurso de certiorari, pero decidimos presentarlo y agotar todos los recursos legales a nuestra disposición. Nuestras comunidades quieren permanecer y beneficiarse de las mejoras al Caño. Se trata de las tierras que construyeron nuestros abuelos. No nos vamos a conformar con migajas, “dijo Lucy Cruz, presidenta del Grupo de las Ocho Comunidades (G-8).
El Tribunal Supremo de los EE.UU. acoge aproximadamente uno de cada 180 recursos de certiorari que se le presentan.
Conforme a la Constitución, para que el gobierno expropie bienes privados tiene que mediar un fin público y justa compensación. En abril de 2010, el Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que la Ley 32 tiene un fin público, y abrió las puertas para que el Fidecomiso reclame justa compensación.
“El liderato comunitario se reunirá próximamente para, a base de las expresiones realizadas por el Circuito de Apelaciones de Boston, proceder a reclamar justa compensación por la incautación de los terrenos de la comunidad,“ señaló la licenciada María E. Hernández, presidenta del Fideicomiso de la Tierra.
“Queremos dejar claro que nuestro Fideicomiso continua trabajando por la comunidad. A pesar de los retrocesos que ha implicado la Ley 32, que nos deja a merced de los especuladores, seguimos buscando formas para proveer vivienda asequible a nuestras familias,” recalcó Cruz.
La presidenta del G-8 y la presidenta del Fideicomiso manifestaron además el agradecimiento de las comunidades al Bufete Jenner & Block LLP por preparar el recurso de certiorari sin costo para el Fideicomiso, así como a los abogados Judith Berkan, Mary Jo Méndez y Pedro Saadé de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR por llevar el caso gratuitamente en el Tribunal Federal.
Vea, además, la nota en el NYT.