San Juan – El Circuito de Apelaciones de Boston determinó hoy que la solicitud de interdicto preliminar para paralizar la Ley 32 debe considerarse en el Tribunal de Distrito Federal de San Juan.
“Tan pronto recibimos la decisión, preparamos la solicitud de interdicto que radicamos hoy mismo, a las 7:32 pm. Es importante destacar que el Circuito no entró en los méritos de los planteamientos, por lo que tenemos la misma posibilidad que antes de que se paralice esa Ley mientras se ve el caso en su fondo,” explicó la licenciada Judith Berkan, abogada del Fideicomiso de la Tierra.
“En su determinación, el panel deja establecido que confían en que el Juez de Distrito Federal va a citar la vista para el interdicto preliminar pronto,” añadió Berkan.
Al despojar a los residentes del Caño de sus tierras, la Ley 32 promueve el desplazamiento de las comunidades y pone en riesgo el dragado del Caño, el desarrollo de viviendas e infraestructura y otras obras críticas para mejorar la calidad de vida de la comunidad y recuperar este importante cuerpo de agua.
“Al igual que el Circuito de Apelaciones, confiamos en que el Juez Francisco Besosa considere nuestra solicitud con urgencia. El interdicto es crucial para evitar el daño irreparable que ocasiona la Ley 32 al Fideicomiso de la Tierra y a los residentes de las comunidades del Caño,” señaló María E. Hernandez.
El panel de los jueces Michael Boudin, quien preside el Tribunal, Juan R. Torruellas, Keneth F. Ripple hizo su determinación tras escuchar los argumentos orales de las partes en una vista efectuada el pasado lunes.
“Los residentes estamos atentos a este proceso, y seguros de que vamos a prevalecer,” señaló Mario Núñez Mercado, presidente del G-8, Inc., desde Puerto Rico.
Con el interdicto, el Fideicomiso busca paralizar la implantación de la Ley 32 mientras se ve el caso en su fondo, y que se prohíba al Gobierno y al Municipio de San Juan que dispongan de los terrenos propiedad de la comunidad a través del Fideicomiso.
El 23 de junio el Gobernador firmó la Ley 32, que de forma retroactiva pretende arrebatarle las tierras al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, afectando los derechos adquiridos propietarios por los residentes de las comunidades. El Fideicomiso presentó una demanda por violación de derechos civiles, y planteó que dicha Ley es inconstitucional, toda vez que mediante ésta se han incautado las tierras de la comunidad.