"Los estudios están por caducar, y también la justicia" (Protestan por trabas del Cuerpo de Ingenieros al dragado)

"Pero los estudios están por caducar, y también la justicia"-Efrén Arroyo, Noticentro 4.

Comparto el reportaje especial de Efrén Arroyo sobre la protesta que ayer hicieron residentes de las comunidades del Caño Martín Peña quienes exigen del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos el cese de poner escollos en la aprobación del Dragado.

Es un asunto de justicia ambiental y debe atenderse con prioridad. La gente ha hecho su parte, le corresponde al gobierno y a las autoridades hacer la suya.

10 años del Proyecto ENLACE- Caño Martín Peña

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10 años de ENLACE: Modelo de transformación social, ambiental y económica para el país

San Juan – Hace diez años, las comunidades del Caño Martín Peña impulsaron la firma de la Ley 489-2004, creando la Corporación del Proyecto ENLACE y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, instrumentos cruciales para  rehabilitar el cuerpo de agua y transformar el Área Metropolitana de San Juan.

“La ley es un modelo para atajar la crisis que se vive en Puerto Rico.  Ha servido para aglutinar la comunidad y sus más de 100 aliados del sector público, privado y universitario en un proyecto común, participativo y de justicia social que tiene beneficios para el desarrollo económico de la Isla.  La implantación del Plan de Desarrollo Integral ha atraído incontables recursos de Puerto Rico y de fuera, y ha incluido el desarrollo de mecanismos innovadores, como el primer Fideicomiso de la Tierra en la Isla”, dijo José A. Barea, presidente de la junta de directores de la Corporación para el Proyecto ENLACE

La ley, resultado de dos años de participación ciudadana, se firmó el 24 de septiembre de 2004 y logró el apoyo de legisladores de los tres partidos puertorriqueños, muestra de un trascendental esfuerzo en conjunto para un proyecto que beneficia al país.

“Los logros de nuestro proyecto se ven en la comunidad y se viven.  A través de esta ley, se están cumpliendo los sueños de muchos en vivienda y desarrollo socioeconómico.  Tenemos un Fideicomiso para desarrollar estas tierras para beneficio de todos.,” dijo Evelyn Quiñones Ortiz, presidenta del G-8, Inc., la organización que une al liderato de las comunidades aledañas al Caño.  

Quiñones agradeció a quienes han creído en la comunidad y les han acompañado en el proceso.  Recalcó, además, que aún queda trabajo por delante, y que el dragado del Caño sólo se logrará con el apoyo de todos los sectores del País.  “Ahora nos toca obtener los fondos necesarios para dragar el Caño y convertir esta área en un lugar de oportunidad para nuestra comunidad, para San Juan, Puerto Rico y el Caribe”, sentenció.

El trabajo del Proyecto ENLACE ha sido premiado y reconocido por la Asociación Americana de Planificación, la Agencia Federal de Protección Ambiental, la Universidad de Harvard, entre otros.

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ALGUNOS LOGROS

Salud y ambiente

El Caño es el conducto que conecta una de las grandes maravillas naturales del área metropolitana, el Estuario de la Bahía de San Juan, un tesoro natural que tiene un alto potencial recreativo, educativo, pesquero, turístico y para deportes acuáticos.  Los logros incluyen:

·         Estudio de viabilidad y declaración de impacto ambiental del dragado, que está en la quinta de siete etapas de revisión por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.

·         Documentación de como la degradación del Caño afecta la salud: estudios de la Escuela de Medicina de Ponce y la Universidad de Puerto Rico han encontrado que la degradación ambiental del caño y las frecuentes inundaciones son la causa principal para elevadas cifras de condiciones respiratorias, gastrointestinales y dermatológicas entre los 26,000 habitantes del área.  Además, la Icahn School of Medicine de Mount Sinai de Nueva York realizó la primera Evaluación sobre el Impacto de la Salud en la isla.

·         Proyectos de concienciación ambiental: miles de niños y jóvenes de las comunidades del Caño han participado de las iniciativas de concienciación ambiental, y muchos son líderes de esfuerzos en pro del ambiente. El Caño Reggaeton Contest, De Teatro por el Caño, la red de huertos escolares y comunitarios, Patrulleros del Ambiente,  Estudiantes Dispuestos a la Rehabilitación Ambiental, entre otros.

Urbanismo e Infraestructura

·         Mejoras a la Troncal San José, proyecto crítico para el dragado (AAA).

·         Sistema sanitario en Barrio Obrero Marina (ACT) y, además, se han trabajado talleres para desarrollar una vivienda multifamiliar.

·         Diseño, adquisición y realojo para la realineación

·         Diseño del Paseo del Caño (calle que bordeará el Caño en el futuro).

·         Rescate de espacios públicos mediante el arte, huertos, y procesos de organización comunitaria.

Vivienda y Realojo

·         ENLACE ha adquirido 133 inmuebles y ha realojado a 99 familias en viviendas seguras, la mayoría en su comunidad.  Junto a los esfuerzos de otras entidades (Proyecto Península de Cantera, CHDO Israel Bitumul, ACT), se han hecho 500 realojos.  El proyecto hizo los primeros realojos bajo un Fideicomiso de Tierras, en EEUU y sus territorios.   

·         Se han rehabilitado 20 estructuras para vivienda, muchas por empresas comunitarias.

·         El Comité de Realojo, compuesto por líderes comunitarios, ha garantizado que los realojos sean justos y sensibles a las necesidades de las familias.

Social  y económico

ENLACE apoya al G-8, Inc, que es la organización que representa a las ocho comunidades que conforman el Caño. En adición, miles participan de los programas escolares y  de desarrollo social, que abarcan temas como la prevención de violencia,  educación, desarrollo de microempresas, vivienda, artes y deportes.

Algunos de estos programas son:

·         Programa de Alfabetización de Adultos del Caño Martín Peña

·         Proyectos de prevención de la violencia: Técnicos Deportivos, junto al Municipio de San Juan, ocho jóvenes de la comunidad son contratados para trabajar un deporte con treinta niños de lunes a jueves en cada una de las canchas de las comunidades.

·         Torneos de voleibol, baloncesto y balonmano incluyen talleres sobre temas pertinentes a los participantes antes de cada partido.

·         Guardianes de la Prevención en las escuelas de nivel elemental, con 32 niños en 8 escuelas que facilitan talleres con sus pares para discutir temas que son de su interés.

·         Curso Clemente de las Humanidades, auspiciado por Chocolates Cortés y la Universidad Interamericana,  provee créditos universitarios a sus participantes.

·         Universidad del Barrio

·         Líderes Jóvenes en Acción, organización juvenil que refuerza las destrezas de liderazgo de 60 jóvenes.  Los participantes reciben apoyo educativo, con miras a entrar a las universidades del País.

·         Renovando mi Entorno: Proyecto de organización comunitaria para el rescate de los espacios públicos.

Fideicomiso de las Tierras

Las comunidades junto a ENLACE, sentaron un precedente, al lograr establecer el Fideicomiso de las Tierras del Caño Martín Peña, primero en la historia del país. Esto permite la tenencia colectiva de las tierras, asegura la permanencia de las comunidades, aumenta el valor de las tierras y ayuda a reducir los costos de redesarrollo de toda la zona.   El Fideicomiso ha enfrentado muchos retos.  Quizás su logro principal es estar, finalmente, en la etapa de ejecución.    

Nuevo libro: Ambiguedad y Derecho: ensayos de crítica jurídica (Érika Fontánez Torres)

Ya puedes pedir tu ejemplar de "Ambigüedad y Derecho: Ensayos de Crítica Jurídica" de Érika Fontánez Torres en la librería de tu preferencia. Ya está disponible para la venta. (Editora Educación Emergente; Edición de Beatriz Llenín Figueroa). 

Además, el próximo jueves 18 a las 12pm, en la Escuela de Derecho de la UPR, tendremos un conversatorio informal sobre los temas del libro. Para más información de esta actividad presione aquí.

El Catedrático Efrén Rivera Ramos, expone lo siguiente sobre el libro: 

"La profesora Érika Fontánez Torres recoge en este libro un conjunto de valiosas reflexiones críticas sobre el quehacer jurídico en general y sobre su propio quehacer como operadora, académica e intelectual del Derecho.  Se plantea pensar el Derecho a través del lente de las diversas perspectivas desde las cuales se ha enfrentado al fenómeno jurídico durante más de una década.  A cada paso muestra las conexiones entre el análisis teórico, que domina con destreza, y las múltiples experiencias históricas que le sirven de sustento:  la lucha contra la presencia de la Marina en Vieques, los rescates de terreno, las huelgas estudiantiles, las controversias ambientales y muchas otras.  La reflexión se desenvuelve acompañada de un andamiaje teórico sólido que no solo le sirve de sostén, sino que se va transformando a cada paso hasta adquirir perfiles propios.  La autora se nutre de las principales corrientes de la teoría social contemporánea así como de los planteamientos del movimiento de Estudios Jurídicos Críticos y las perspectivas feministas sobre el derecho.  En todo momento aflora el convencimiento de que el derecho está atravesado por  paradojas, contradicciones y ambigüedades que exigen una continua  reflexión crítica sobre sus posibilidades y limitaciones.  La autora, pues, se sitúa con plena conciencia ante el quehacer académico y profesional en el que ha empeñado su vida e invita a sus lectores a realizar similar ejercicio.  Su libro constituye una contribución sustancial a la literatura jurídica puertorriqueña que habrá de conversar con soltura en ámbitos más extendidos."

Recuperemos lo que nos conecta (Únete a la campaña por el dragado del Caño)

Beneficios del Proyecto ENLACE y dragado del Caño

Reducción en el gasto público: Generará ahorros estimados en $38M en 50 años en la atención de algunos problemas de salud que resultan de las inundaciones con aguas contaminadas.  Reducirá los costos asociados a pérdidas y al manejo de emergencias y seguros que paga el gobierno, estimados en $5.3M por evento.  El Fideicomiso de la Tierra reduce el costo de cada realojo en $20,000 a $30,000 al no requerir la compra de la tierra.

Mejoras a las condiciones de salud pública: Al atender la degradación ambiental y evitar las inundaciones con aguas contaminadas, se elimina una de las principales causas de enfermedades gastrointestinales, alérgicas y de la piel entre los residentes del Caño. 

Recuperación ambiental: Mejorará significativamente la calidad de agua y aumenta la biodiversidad en el Estuario de la Bahía de San Juan, mejorando 6,600 cuerdas del único estuario tropical en el Programa Nacional de Estuarios de la EPA al restaurar la conexión hidráulica del sistema.  Se protegerán especies amenazadas, y mejorará el hábitat de mangle como vivero, lo que enriquecerá los corales al norte de Puerto Rico y potenciará la pesca en el Caribe.

Reducción del riesgo a inundaciones: Reducirá inundaciones en las comunidades aledañas, que llega al 70% de calles y casas, y en sectores de Carolina y contribuirá a manejar el aumento en nivel del mar por cambio climático.  Ayudará a proteger las instalaciones del aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Nuevo ofrecimiento de recreación y turismo: Permitirá la navegación de bajo impacto conectando Piñones, el aeropuerto, las comunidades del Caño, la Milla de Oro, las zonas turísticas del Condado, el Viejo San Juan, Cataño, Guaynabo, Isla Verde y el Distrito del Centro de Convenciones, así como centros comerciales.

Generación de riqueza: Promoverá la revalorización de los terrenos urbanos en la zona, capturada parcialmente por el Fideicomiso de la Tierra como mecanismo de superación de la pobreza, y generará oportunidades de desarrollo económico comunitario, pesca, recreación y turismo. 

Creación de empleos: Estimados indican la creación de un promedio de 1,400 empleos directos e indirectos al año. 

Urbanismo: Creará un nueva forma de disfrutar la ciudad desde el agua, un sistema de plazas y espacios públicos en las comunidades del Caño, e infraestructura adecuada. 

Vivienda: Se desarrollarán más de 900 unidades de vivienda asequible y adecuada, se rehabilitarán viviendas existentes y se garantizará la permanencia de la comunidad con realojos in situ y mediante el Fideicomiso de la Tierra.

Transformación social: ENLACE fomenta nuevos estilos de liderazgo y participación ciudadana.  Pone la toma de decisiones en manos de la comunidad, quienes ejercen su responsabilidad ciudadana mediante acciones concretas.  Fortalece las alianzas entre la ciudadanía, el gobierno, la empresa privada y las universidades.  Cada aporte al proyecto es magnificado por medio de una red de 400 voluntarios y 100 empresas y organizaciones aliadas.  Se han desarrollado más de 30 programas, abordando la alfabetización de adultos, la prevención de la violencia, fomentar el pensamiento crítico, la concienciación ambiental, el rescate de espacios públicos, el liderazgo juvenil, los huertos comunitarios y escolares.

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com

13 de mayo de 2012.

La justicia ambiental en Puerto Rico está minada por el excesivo poder del que gozan algunos sectores del Gobierno, que viven de espaldas a las necesidades y los deseos del ciudadano de escasos recursos económicos.

Para cambiar este escenario, que históricamente ha forzado a sectores con menos poder a luchar por los recursos y por el ambiente, las comunidades tienen que ampliar y fortalecer sus alianzas de modo que puedan reclamar contundentemente al Gobierno hacer lo que le toca y distribuir mejor el poder.

Estas ideas fueron la constante ayer durante las presentaciones y los diálogos de la conferencia “Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”. El evento, organizado por la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.

“Veo esto hoy como una nueva era de colaboración y de más agresividad. El Gobierno está ahí para ayudarnos, está ahí por nosotros, lo que hay es que ser más agresivo con el Gobierno, exigirle al Gobierno, y estas alianzas de las que estamos hablando es la forma de hacerlo”, declaró el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.

Lugo participó junto a Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, al planificador José Rivera Santana y a Josen Rossi, presidente de la empresa de servicios de construcción Aireko, en un panel intersectorial moderado por el periodista José Javier Pérez, editor de El Nuevo Día.

“Tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función en rigor de lo que a nuestro juicio debe ser una agenda y un proyecto de país que responda a los intereses de la mayoría del país”, coincidió Rivera Santana.

“Pero por otro lado, tenemos que fortalecer la capacidad de los ciudadanos y de las comunidades para poder tener el poder y los instrumentos políticos para hacer ese reclamo. Sin fuerza política y ciudadana organizada, es cuesta arriba lograr esas transformaciones”, agregó el planificador.

Se considera justicia ambiental la distribución equitativa de las cargas y los beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, tomando en cuenta las situaciones de cada comunidad, las capacidades de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones que les afecten.

De acuerdo con una catedrática en planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el concepto de justicia ambiental aún no se ha adoptado del todo en la Isla. “Aquí la gente no le reclama al Gobierno de Puerto Rico que el desarrollo de tal proyecto constituye un problema de injusticia ambiental para unas comunidades. Sin embargo van al Gobierno federal, a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)”, afirmó la profesora Carmen Concepción.

No obstante, esto no deslegitimiza las luchas de justicia ambiental que se han dado en Puerto Rico. Lo que ocurre, según Concepción, es que muchas se han dado en el marco de luchas sociales, como las del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño (G-8).

El caso del caño
La desigualdad social que amenaza, margina o provoca el desplazamiento de comunidades (sobre todo pobres) y que ha generado esas luchas, fue un factor que muchos de los deponentes coincidieron en destacar durante la conferencia de justicia ambiental. También hubo consenso sobre la necesidad de que las comunidades se organicen, se fortalezcan y compitan con las actuales estructuras de poder.

“Solo el que accede a la riqueza será respetado en la propiedad (el pobre suele ser el desplazado)... La clave en el caso del Caño Martín Peña ha sido esa nueva relación de poder”, destacó la abogada Erika Fontánez, catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la UPR. Se refirió al modo cómo se organizaron las comunidades del G-8, colindantes con el centro económico de la zona metropolitana, la Milla de Oro, hasta crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

Explicó que este esquema hace que el suelo y las propiedades estén en manos del colectivo, lo que les da poder para usarlas como garantía en préstamos o inversiones que también sean para el bien colectivo. El actual gobierno estatal, tanto como el municipal, han atentado contra este sistema, que se ha distinguido por ser democrático en la medida en que los residentes han participado en la toma de decisiones desde el principio.

“Exigimos que nos dejen trabajar y defender nuestros derechos, que el Gobierno se una a nuestros intereses y no que los quiera acomodar a los intereses privados. Exigimos, en fin, que nos devuelvan nuestras tierras y que vean como estas comunidades pueden establecer un precedente de la verdadera autogestión comunitaria en pro de la verdadera justicia ambiental”, reclamó Melba Ayala, líder comunitaria en el G-8, empresaria y presidenta de Excursiones ECO.

Durante la jornada, Judith Enck, administradora de la Región 2 de la EPA, reclamó solucionar el problema de inundaciones en comunidades del Caño.

“Estamos muy preocupados porque el agua de inundaciones suele estar contaminada con desperdicios y químicos, y absolutamente tenemos que detener eso”, afirmó.

“Nunca había visto comunidades urbanas tan densamente pobladas carentes de un sistema de alcantarillado moderno funcional”, destacó Enck.

El jueves: Justicia ambiental y derecho a la tierra

5 historias puertorriqueñas: propiedad, medioambiente y justicia

Hace unos años publiqué un artículo presentado en Argentina en ocasión del Seminario Latinoamericano en Teoría Política y Constitucional (SELA), auspiciado entre otras universidades, por uno de los programas intelectuales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. El ensayo presentado y publicado en el libro Derecho y Propiedad (Libraria; ver carátula al lado), se convirtió en el artículo de título La contingencia de las políticas propietarias: un examen de los supuestos de la teoría política propietaria en los contextos de justicia social y medioambientales puertorriqueños. 
 

Mediante cinco historias de controversias propietarias y de justicia ambiental, intenté ejemplificar cómo la atención a los problemas de propiedad, justicia ambiental y justicia social deben atenderse holísticamente y cómo los supuestos teórico-políticos y filosófico-políticos que subyacen muchos de los problemas, hay que develarlos para proponer premisas y diseños institucionales más justos y con mayor atención a las relaciones de poder que casos como estos encierran. Aquí reproduzco la introducción al artículo que seguirá con una mirada a la línea del tiempo filosófico-política propietaria en Puerto Rico, una discusión sobre las alternativas filosófico-políticas que existen y cómo muchas de estas premisas convergen en la quinta y reciente historia: el proyecto del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martin Peña. 

De esto estaré hablando en la actividad del 12 de abril cuyos detalles puede encontrar en esta entrada.

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I.         Introducción: Cuatro historias contemporáneas de propiedad, justicia social y medioambiente[1]

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piñones/loíza

Doña Demetria Escalera pertenecía a una de las muchas familias descendientes de esclavos libertos en Piñones-Loíza, costa norte de Puerto Rico y una de las áreas de mayor valor ecológico y cultural afro-puertorriqueño en el país. Para principios de los años ochenta, el Derecho no las reconocía como propietarias, a pesar de que su familia llevaba allí casi un siglo, trabajando la tierra y haciéndose cargo de ésta. A principios de esa década, la familia Katz, compradores sucesivos de las tierras, pidieron su desahucio para construir lo que sería el proyecto turístico-hotelero más grande del país. En 1990, Doña Demetria logró el pronunciamiento oficial que la mantuvo en el lugar: el tiempo la hizo propietaria de ese pedazo de tierra. Pero el señor Katz mantuvo el resto de las tierras y en el 2006 logró que el gobierno le aprobara el proyecto hotelero, aún con las restricciones legales de protección medioambiental. Yolanda, nieta de Doña Demetria, pese a ser propietaria heredera, estaba en riesgo de que una carretera para viabilizar el hotel la desplazara. La prerrogativa propietaria de Katz, a su vez, significaría el desplazamiento del resto de la comunidad centenaria de Piñones. La cultura afro- puertorriqueña quedaría desplazada para dar paso al hotel cinco estrellas, y a su vez, el bosque de mangle más importante de Puerto Rico sería sólo un recuerdo. Los piñoneros exigieron del gobierno la revocación del proyecto y la expropiación de las tierras de Katz, lo que al día de hoy se discute con timidez gubernamental. Hay quienes señalan que si el área es ecológicamente importante, ni Katz ni los piñoneros deberían permanecer ahí.

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cangrejos

A pocos kilómetros, el gobierno implanta la “revitalización” del barrio Cangrejos, conocido también por Santurce. Para revitalizar la ciudad, dice el Departamento de Vivienda, hay que expropiar a los residentes de barrios populares legendarios como el de “Alto del Cabro”. Las costosas modificaciones y las nuevas viviendas millonarias que se planifican requieren que los propietarios actuales cedan su interés propietario a favor del “interés público”. Así, Mary Ann perdió su casita en el barrio Cangrejos.  Lo compensado no le permitió un espacio en la ciudad. A pocas calles hay otros propietarios, éstos con residencias de millones de dólares que colindan con la playa, pero el bullicio y el paso de otros para acceder a la playa, los motivaron a poner portones para cerrar su urbanización. La Coalición Playas Pal Pueblo denunció el cierre y reclama el acceso a la playa. Los propietarios aluden a su derecho a salvaguardar su propiedad. 

-3-

san isidro

Janet, residente del barrio San Isidro en el municipio de Canóvanas, recibió una carta de la agencia federal de protección ambiental indicándole que sería multada por haber rellenado un humedal sin permiso. La ley federal protege los humedales. Janet y los residentes de San Isidro están ahí pese a que es una zona inundable pues no tenían otro lugar para hacer sus viviendas. Ahora, por violación a leyes ambientales están en riesgo de ser multados y desalojados. A pasos de San Isidro, otro propietario, esta vez Walmart, solicita permisos para rellenar parte del mismo humedal para construir la famosa megatienda. Walmart consiguió los permisos para el proyecto. Janet busca asesoría.

-4-

adjuntas

En 1942, mientras se llevaba a cabo la reforma agraria y se repartían parcelas a los campesinos agregados, se designaban ciertas tierras en el centro de la isla como reserva forestal: esto pasó a ser el Bosque Guilarte. La designación no tomó en cuenta a las familias de agregados que vivían en esas tierras. A 2008, Don Adrián, descendiente de los campesinos agregados recibió una carta para que en seis meses desalojara el pedazo de tierra donde vive. El gobierno reclama hacer valer la Ley de Bosques. Don Adrián se aferra a su tierra y dice que lleva casi medio siglo cultivándola. El bosque, dice, no le arrebatará lo único que tiene.

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Estas historias ilustran el escenario y la complejidad de controversias en Puerto Rico que tienen elementos de justicia social, propietarios, y medioambientales. En cada controversia, estos tres conceptos se escenifican de diversas formas, es decir, contingentemente. No es lo mismo el bosque de mangle que está bajo acecho de un propietario millonario en Piñones, que el bosque que justifica el desalojo de Don Adrián en Adjuntas. Tampoco es lo mismo el propietario Katz al que no se le quiere expropiar, que  la propietaria Mary Ann que vivía en Santurce pero fue expropiada. La contingencia de estos conceptos hace necesario analizar las políticas y sus presupuestos teóricos para buscar respuestas y remedios.

Todas estas historias tienen como antecedentes -directos y fácilmente palpables- las políticas públicas adoptadas en Puerto Rico en momentos clave de nuestra historia. Sus protagonistas también parecen ser los mismos a través de décadas. También, las historias están hilvanadas, de manera diversa y contingente por concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medioambiente. En la mayoría de los casos sobresalen políticas utilitaristas o liberales conservadoras, en lo que a los elementos de justicia y propiedad se refiere, y una noción conservacionista o ecologista en lo que a lo medioambiental concierne. Tampoco las alternativas parecen integrar estos elementos. De manera que, urge develar los supuestos teóricos de lo que antecede y analizarlos a la luz de cada uno de estos conceptos en el contexto puertorriqueño, para de esta forma, atajar mejor estos problemas.

En tanto la mayoría de las controversias medioambientales, como las ejemplificadas en las historias introductorias, tienen como protagonistas más afectados a quienes ya tienen serias desventajas socio-económicas, ya es muy difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social. Se habla de la posibilidad de aludir a derechos medioambientales para atender a las inequidades en la distribución de los recursos, pero a su vez, cualquier propuesta en esta dirección tendrá además que enfrentarse a la teoría y la aplicación de la justicia en relación con los derechos propietarios. Por lo tanto, la atención sobre los asuntos medioambientales tiene que incluir el tema y el debate de la distribución de los recursos y el tema de la propiedad.[2]

Las premisas y los abordajes filosóficos sobre las cuales analizaré críticamente estos temas en el contexto puertorriqueño son: (1) la convicción de que para que estas controversias encuentren remedios cónsonos con la justicia sólo pueden ser atendidas mediante supuestos igualitarios; (2) las políticas de justicia distributiva del igualitarismo rawlsiano deben ser capaces de incorporar los elementos medioambientales en los valores de distribución; (3) los reclamos a favor del medioambiente deben inexorablemente incluir los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medioambiente (de lo contrario están abocados al fracaso); (4) las normas y concepciones propietarias deben reflejar una función social y no deben concebir derechos propietarios originales que se interpreten de formas tan amplias y abarcadoras como lo plantea el liberalismo conservador (5) las medidas de justicia distributiva no deben circunscribirse a remediar la falta de acceso a los recursos materiales y naturales sino que deben ser capaces de propiciar nuevas relaciones sociales de poder.

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[1] Las historias que aquí se reseñan son casos atendidos por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, secciones de Derecho ambiental y Desarrollo comunitario y el Programa Pro-Bono de la Escuela.

[2] Justice, Property and the Environment: Social and Legal Perspectives  (Tim Hayward & John O’Neill eds., 1997).

Justicia Ambiental y Derecho a la Tierra (Separa la fecha!).

Reclaman su derecho a la salud (Caño Martín Peña)

Manifestación de residentes del Caño por falta de respuesta a su reclamo de acción por su derecho a la salud

San Juan- Un grupo de líderes comunitarios del G-8 vestidos de blanco y con máscaras de calaveras simbolizando las enfermedades que les afectan por la contaminación, ocupó el puente Martín Peña en la avenida Ponce de León para exigir una respuesta del gobierno a su reclamo de financiación del dragado del Caño, en apoyo al Proyecto ENLACE.

“Nosotros llevamos 10 años trabajando con otros sectores para solucionar la crisis ambiental en el Caño.  No podemos resolver el problema solos. Urge una acción contundente del Gobierno, pero la respuesta que hemos recibido del gobierno ha sido el silencio, “señaló Lucy Cruz, presidenta del G-8, al referirse a la falta de respuesta al siguiente emplazamiento realizado en enero por una muestra de 1,112 residentes.

NOSOTROS/AS, los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña, expresamos nuestro enojo y desilusión con los políticos/as en quienes hemos depositado nuestra confianza mediante nuestro voto.  Nuestros hijos e hijas se siguen enfermando, nuestras calles se inundan con aguas contaminadas, el olor del Caño se siente cada día más.  Pónganse en nuestro lugar.  Imaginen tener que mojarse hasta las rodillas con aguas llenas de heces fecales para ir a la escuela o entrar a su casa.  Estamos cansados/as de promesas.  Por ello, les exigimos acción. 

EXIGIMOS que al 1 de marzo de 2012 nos comuniquen a los residentes, a través de nuestro liderato del G-8, el mecanismo de financiación para asegurar que se asignen $100 millones anuales por los próximos seis años para que nuestro dragado se pueda efectuar, a través del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y las instituciones que hemos diseñado  que garantizan nuestra participación democrática en el proceso.

“Estamos invitando al pueblo de Puerto Rico a unirse a este reclamo, para lograr que nuestro proyecto se convierta en una verdadera prioridad.  No basta con que el dragado esté en los programas de gobierno de los distintos partidos.  Urge la acción.  Es un asunto de salud,” sentenció Cruz. 

El 18 de enero de 2012, los residentes de las comunidades del Caño Martín Peña entregaron al Gobernador, al Comisionado Residente, al Alcalde de San Juan y a los legisladores/as, el manifiesto junto a una botella con agua del Caño etiquetada con los datos de contaminación.  Posteriormente, un diverso grupo de empresarios, universitarios, desarrollistas, entre otros miembros de la junta asesora de ENLACE hicieron lo propio.

Sobre el G-8, Inc

El G-8, Inc. es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato de las doce organizaciones de base comunitaria que representan a los residentes de las ocho comunidades aledañas al Caño Martín Peña. Estas son Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero San Ciprián y Oeste, Barrio Obrero Marina, Península de Cantera, Buena Vista Santurce y Buena Vista Hato Rey.  Persigue la rehabilitación en sitio de estas comunidades, evitar su desplazamiento mediante el Fideicomiso de la Tierra y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Oportunidad de voluntariado!

El Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña busca voluntarios(as) para participar como recursos en las clases de alfabetización de adultos.  

Se trata de un proyecto creado el Comité ENLACE Dominicano, en el que participan, además del Proyecto ENLACE, el Grupo de las Ocho Comunidades aledañas al Caño Martín Peña, Inc. (G-8), la Junta de Residentes de Buena Vista Santurce y residentes de las comunidades del Caño de origen dominicano. El programa cuenta con el apoyo del Consulado General de República Dominicana, AmeriCorps VISTA, The Big Think Group y CAUCE.  Para este semestre ya tenemos 23 participantes, y la matrícula continua en aumento.  Puesto que necesitamos mantener la proporción de un profesor(a) por cada estudiante, requerimos un mínimo de 15 voluntarios(as) adicionales. 

Buscamos personas que tengan el siguiente perfil:

 1. Posibilidad de ofrecer su tiempo de forma consistente todos los martes entre 6:00 pm y 8:00 pm., durante los meses enero a mayo.

 2. Deseo de enseñar, entusiasmo, paciencia, sensibilidad, empatía y compromiso.

3. Saber leer y escribir con corrección.

4. Transportación para llegar al Centro Comunitario de Buena Vista Santurce, donde se ofrecen las clases. Para llegar al Centro de Usos Múltiples de Buena Vista Santurce está ubicado en la Calle B Esquina Calle 4 en la comunidad de Buena Vista Santurce. Toma la Ave. Ponce de León hacia San Juan, luego de pasar el Puente Martin Peña dobla en la siguiente luz a la derecha (Ave Rexach). Lo sigues directo y cuando veas la calle Valparaíso dobla a la derecha. Cuando veas la escuela dobla a la izquierda. Veras el centro a mano derecha. Puedes estacionar en alguna de las calles aledañas.

5. Asistir al taller para voluntarios que se llevara a cabo el 4 de febrero de 2012, en las oficinas del Proyecto ENLACE del Caño Martin Peña ubicadas en la Ave. Ponce de León 1957 frente a la estación Sagrado Corazón del Tren Urbano.

La mayor parte de los participantes son mujeres inmigrantes, que tienen mucho deseo de aprender y que están sumamente entusiasmadas con las clases.  Los/as interesados/as pueden comunicarse con Lyzaida Rodríguez al (787)729-1594, lrodriguez.vista@martinpena.org o iorrusti@martinpena.org .  Favor de indicarnos su nombre completo, número de teléfono, correo-e, una breve explicación de su interés por formar parte de nuestro cuerpo de voluntarios y área en la cual trabaja. 

Los candidatos seleccionados serán notificados a través de correo-e y se les llamará personalmente.

En el fondo del Caño...

Hay una lucha ambiental... Artículo de nuestra querida Jessabeth Vivas Capó, abogada de ANDA Inc. y exalumna maravillosa de la Escuela de Derecho de la UPR. Jessa reseña la excepcional iniciativa de las ocho comunidades del Caño Martin Peña y nos recuerda que su día a día continúa, contra viento y marea!. (Original publicado en Prensa Comunitaria).

salud!
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En el fondo del Caño hay una lucha ambiental

MIÉRCOLES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 22:32 JESSABET VIVAS CAPÓ*

“Luego miró hacia arriba, hacia el puente y la carretera. Automóviles, guaguas y camiones pasaban en un desfile interminable. El hombre observó cómo desde casi todos los vehículos alguien miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo de mar: el “caño” sobre cuyas márgenes pantanosas había ido creciendo hacía años el arrabal”.

-En el fondo del caño hay un negrito

de José Luis González

Las imágenes del Caño Martín Peña abundan en la literatura, la música y la plástica puertorriqueña. Pero estas imágenes no son las de un Caño solitario y natural, sino las de uno poblado por gente pobre que en sus márgenes y en la superficie de sus aguas construyeron viviendas de las que nacieron comunidades. Este escrito atiende la relación entre el ambiente y la comunidad, tomando como referencia la lucha comunitaria que en los últimos años ha intentado reconciliar su permanencia en los márgenes del Caño con la recuperación ambiental del mismo y las contrastantes respuestas del Gobierno a esta lucha.

Hace apenas 7 años, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de modo unánime aprobó una ley cuya Exposición de Motivos declaraba la importancia social, cultural y laboral de ciertas comunidades de escasos recursos económicos para el quehacer cotidiano del País. En dicha ley, se establecía que la política pública del Estado Libre Asociado hacia estas comunidades giraría en torno a “fomentar una relación saludable entre el ambiente natural y la ciudad y las comunidades que le rodean, con una visión integral del desarrollo y sobre la base del apoderamiento comunitario”. Asimismo, la ley en cuestión reconocía que si bien “[d]urante más de 40 años, ha desfilado un sinnúmero de propuestas dirigidas a desplazar a estas comunidades de su ubicación estratégica”, basadas en gran medida en argumentos de índole ambiental y salubrista, ahora el modelo de intervención del Estado con las comunidades aludidas descansaría en un “enfoque integral al problema de la pobreza propiciando procesos de desarrollo […] en conjunto con los procesos de rehabilitación física y ambiental”.

El nombre de la ley citada es “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña”, Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004 (en adelante “Ley 489”). La Ley 489 creó la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el Fideicomiso de la Tierra y le ordenó al Estado, las agencias y al Municipio de San Juan traspasarle a la Corporación ENLACE la titularidad de los terrenos que estuviesen dentro de lo que había sido designado por la Junta de Planificación como Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. Ambos entes, la Corporación y el Fideicomiso, fueron creados con el propósito de fomentar la autogestión y el desarrollo integral de las comunidades del Caño y asegurar la permanencia de las aproximadamente 27,000 personas que componen sus comunidades en el espacio que les ha servido de hogar, todo esto “de forma ágil, transparente y libre de interferencias de índole político partidistas”. Tanto las disposiciones de la ley, como la creación de la Corporación y del Fideicomiso de la Tierra fueron fruto de años de trabajo organizativo y de cabildeo por parte de miembros de las 8 comunidades que componen el Caño Martín Peña (Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista Hato Rey, Israel-Bitumul y Cantera). Incluso, personas no vecinas de las comunidades solidariamente ofrecieron sus conocimientos y colaboraron en la gesta con enorme respeto por la participación ciudadana y la ecología de saberes.

La decisión de los miembros de las ocho comunidades del Caño Martín Peña de crear el Fideicomiso de la Tierra como herramienta para asegurar la propiedad colectiva de la vivienda y la permanencia de sus comunidades, fue producto de la discusión extensa y profunda que en sobre 700 asambleas y reuniones comunitarias se dieron sobre la gama de modelos jurídicos disponibles para organizar la propiedad. Así pues, la decisión de establecer un fideicomiso como herramienta para asegurar una vivienda digna y la continuidad de las comunidades existentes, surgió de las comunidades afectadas y no de personas o entidades externas que impusieron su criterio sobre qué tipo de propiedad, u organización de la propiedad, es mejor. Por otro lado, además de la comúnmente presente amenaza de desplazamiento y del dragado del Caño, las comunidades discutieron en sus asambleas y reuniones estrategias para hacer frente y superar problemas ambientales, de educación, drogas, violencia, seguridad, salud, planificación urbana, infraestructura, economía, ausencia de iniciativas culturales y de esparcimiento, entre otras. La amplitud de iniciativas deportivas, recreativas, educativas, de preservación ambiental urbana, salubridad, de habitabilidad de la ciudad y microempresarismo, entre otras, son muestra del grado de compromiso y seriedad con que las comunidades del Caño Martín Peña han asumido los retos para superar la pobreza y trabajar en el desarrollo integral de sus personas y sus espacios.

Las estrategias que la Corporación del Proyecto ENLACE y las comunidades que lo componen han estado implantando son obras totalmente cónsonas con las ideas de modernización, crecimiento empresarial, desarrollo tecnológico e independencia del aparato gubernamental que impregnan los discursos de la administración de turno, además de que el ente en sí es un ejemplo idóneo de los modelos de alianza público-privada que tanto promueven. No obstante, el 23 de junio de 2009 la Asamblea Legislativa que anteriormente se había desbordado en elogios a la capacidad de las comunidades para atender y solucionar sus problemas ante la marginación, aprobó mediante descargue y sin celebrar ni una vista pública la Ley Núm. 32 que le arrebata a la Corporación la titularidad de los terrenos que el Estado y sus instrumentalidades le habían traspasado. Esta acción por parte de la rama legislativa y la ejecutiva, tiene como fin el desmantelamiento del modelo de fideicomiso que las comunidades eligieron en procesos participativos y verdaderamente democráticos. Asimismo, la imposición de criterios individualistas y conservadores sobre la propiedad y lo que es “justo” por parte del Gobierno a las comunidades del Caño Martín Peña implica un desprecio total ante la capacidad deliberativa de las comunidades y de su creatividad a la hora de buscar mecanismos jurídicos que realmente las proteja y las haga dueñas de su presente y futuro.

La razón para escoger la situación de las ocho comunidades del Caño Martín Peña para hablar sobre la relación ambiente-comunidad, es que éstas ejemplifican la injusticia social que continuamente atraviesan las comunidades al ser desplazadas mediante la expropiación o el desahucio. Ocurriendo que en muchas instancias, estos desplazamientos los fundamentan en argumentos medioambientales sea ya para proteger un recurso cercano a la comunidad o para supuestamente proteger a la comunidad de las consecuencias que puede tener el vivir cerca del recurso. Sin embargo, la realidad es que los espacios que habitan y en los que formaron una comunidad que les brinda apoyo en medio de la marginación y la desigualdad, eran áreas anteriormente ignoradas y no valoradas por aquellos que están en el poder pero ahora que dichos terrenos han adquirido valor en el mercado, si les importa lo que allí acontece. Así también, el descaro con que el Gobierno está desmantelando el Fideicomiso de la Tierra es un claro ejemplo de cómo los políticos continuamente faltan a su palabra y a su compromiso con el pueblo para dar paso al amiguismo y al interés puramente económico.

Por todo esto es que como parte de las iniciativas para la protección de los recursos naturales tenemos que incluir la protección de las comunidades que habitan el ambiente que defendemos y no podemos callar ante el uso por parte del Estado de argumentos conservacionistas para despojar a las personas pobres de sus comunidades. Las comunidades del Caño Martín Peña, así como tantas otras comunidades en situaciones similares de desplazamiento, han demostrado estar capacitadas e interesadas en trabajar por la protección ambiental del espacio que les ofrece una vivienda. La gente del Caño no sólo trabaja en impulsar su dragado y buscar mecanismos de financiamiento para el mismo, sino que además han creado un sinnúmero de programas culturales para educar sobre la importancia ambiental de su hábitat comunitario. Los esfuerzos que han realizado y los planes de trabajo pendientes, demuestran que estas comunidades están preparadas y sensibilizadas para luchar contra la contaminación y el deterioro ambiental a la vez que aseguran su permanencia en un espacio que les brinda felicidad y sentimiento de pertenencia. El movimiento ambiental tiene que solidarizarse con el movimiento comunitario porque al final, ambos deseamos lo mismo: vivir en un País digno y con calidad de vida para TODOS sus habitantes.

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* Abogada, miembro fundadora de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc. y gestora cultural.