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21.5.15

Historias de Padres e Hijos (Guillermo Rebollo-Gil)

Ricardo Alcaraz-Diálogo Digital
(Publicado originalmente en Diálogo Digital)
Historias de Padres e Hijos-Guillermo Rebollo-Gil

Para las y los amigos

“Tuve que esperar a caer preso para que mi papá me dijera te amo”. El relato continúa años antes en la sala de la casa, con la visita de los reclutadores del equipo de baloncesto de una universidad americana. Según la historia, el papá le cuestionó a los visitantes la confianza que tenían en el talento y la dedicación de su hijo. Luego hay un salto a un escenario de guerra en el otro lado del mundo. El hijo llama a su papá para contarle que mató a un burro.

La historia no es mía. Me la hizo un joven escritor en prisión. Recientemente obtuvo el tercer lugar en un certamen literario de la Universidad de Puerto Rico. Se ganó 75 pesos. Los gastó en mantequilla de maní y Nutella en la comisaría. Su viejo le dijo que “quizás ahora te puedes ganar la vida como escritor”.

Como escritor, pasa 22 horas del día en una celda. Como él, hay 16 hombres más, vestidos de azul, que nos reciben en el salón. Son las nueve de la mañana de un viernes. Mi amigo Eddie y yo nos identificamos en el portón de entrada como escritores visitantes. Luego esperamos una hora junto a dos amigas y otro amigo, que semanalmente ofrecen un curso de español en la cárcel. Cada uno de los 16 hombres nos extendió la mano, nos miró a los ojos y nos dijo “buenos días, bienvenido”, como si cada uno hubiera pasado las 22 horas previas encerrado a solas en una celda y aun así, confiara en su capacidad de sonreír, ofrecer amor a un desconocido y recibir amor de vuelta.

Todas las historias de los presos parecerían comenzar con un padre que huyó, o que los golpeó a ellos o a su mamá, o que murió violentamente. Algunas continúan desarrollándose a lo largo de años largos en instituciones de máxima seguridad, con padres que acuden fielmente los días de visita y finalmente se atreven a decirle a sus hijos que los aman.

Mi amigo Eddie y yo los visitamos para hablarles acerca de cómo escribir estas historias. Eso hacen los escritores cuando los invitan a dar charlas en lugares varios. Yo le dije que esa era una excelente oración introductoria: “Tuve que esperar a caer preso para que mi papá me dijera te amo”. Fue, sin duda, una cosa pendejísima para decir. Pero el sonido de la cadena rosando el piso cada vez que alguno se paraba y caminaba hacia el baño con el guardia siguiéndole los pasos, no me dejaba pensar. ¿O acaso fue la bienvenida?

Los presos de máxima, con condenas de 166 años, con hijos y hermanitos afuera, que nacieron cuando ellos ya estaban adentro, son los custodios de nuestros saludos; de esa dura e hiperbólica bondad humana que persiste a fuerza de 22 horas a solas, luego de más de la mitad de una vida tras las rejas, con la esperanza de aun habiéndolo perdido todo, jamás dejar perder la oportunidad de recibir a alguien, quién quiera que sea, con amor y contarle su historia. Yo no sabría cómo escribir acerca de ese saludo. Pero siento que es preciso aprender. A escribir así. A saludar así.

Lo que no funcione como literatura en prisión no vale la pena escribirse. Esa también es una buena línea introductoria. Solo que no deben haber prisiones. Al menos no para esos 16 hombres, con condenas de cien y doscientos años —los tipos más peligrosos del país— que tuvieron que esperar a caer presos para que sus papás les dijeran te amo. Suficiente, entonces. Ya basta. Que los saquen. Acá afuera hacen falta escritores, amigos.

17.4.14

La Fe Plural (columna Miguel Rodríguez Casellas)

“En oposición al inoperante punto medio, propongo un centro de causas comunes alrededor de conceptos de equidad, democracia viva y redundantemente participativa (no préstamos de la voluntad a 4 años), así como el vuelco generoso y desinteresado al bien común. Si fuéramos a las fuentes originales del cristianismo, y muchas otras tradiciones religiosas, donde hoy percibimos antagonismo, habría comunidad y acuerdo.

El problema de fondo aquí no es la hegemonía de Cristo, es la hegemonía del capital que pretende reproducirse en un cuerpo altamente regulado desde el pretexto de la fe….”


...

Imperdible la columna de hoy de Miguel Rodríguez Casellas.



4.7.13

Columna: Legal (Miguel Rodríguez Casellas)

Columna de Miguel Rodríguez Casellas, publicada hoy 4 de julio de 2013 en El Nuevo Día. Muy relevante a nuestros temas y a esa autoridad del discurso jurídico que, aunque casi herida de muerte en estos tiempos, aún empaña suficiente las instancias del poder. 


Legal
Miguel Rodríguez Casellas

Entre los antiguos sumerios, “lugal” era el término que designaba al rey o al supremo jefe de estado. Nuestro “legal” viene del antiguo “lugal”, según algunos estudiosos de la etimología del término. Otros dicen que “legal” viene directamente del latín, sin reconocer el vínculo aún más arcaico a Mesopotamia.

Esta distinción de términos tiene claros elementos ideológicos. Mientras el latín “legere” denomina el acto pasivo de lectura y recopilación, acciones muy vinculadas al Derecho, el término sumerio alude a una fuente de autoridad suprema, un principio universal de orden, personificado en la figura del rey.

Sobrevive en la concepción contemporánea del Derecho la pretensión supremacista de una verdad universal, de un principio positivo que ordena desde la justicia, y contra ella también.

Entregar toda la justicia al principio legal ha sido, desde mi perspectiva, el mayor fracaso de la cultura occidental, y son muchas las voces de intelectuales y filósofos, pero más inquietante aún, de abogados, las que nos lo están advirtiendo.

Los abusos del Estado contra los ciudadanos, amparado en su autoridad legal, dejan de ser cuentos de anarquista paranoico frente a las revelaciones de espionaje ciudadano que amigos de la justicia, como es el “soplón” Edward Snowden, han traído a la palestra pública. La cuestionable legalidad, y absoluta inmoralidad, con la que la autoridad imperial norteamericana persigue a este Prometeo moderno violenta la propia ficción democrática con la que pretendían mantener el orden.

Lo que antes podía ser visto como retórica marxista panfletera, ya es diagnóstico cotidiano al hablar de nuestro ordenamiento jurídico: que la legalidad no es un “pasivo” acto de recopilación y lectura de disposiciones, sino la imposición de un poder supremo contra toda ética y respeto moral.

Entre la criminalización de Snowden, la mucama dominicana fungiendo de chivo expiatorio para proteger a sabrá Dios quien, y el sometimiento de las cortes a los intereses de los bonistas antes que a los retirados querellantes, es difícil contemplar a los sumerios sin pensar que al menos ellos eran más honestos en vender la autoridad arbitraria del gobierno como un principio natural e inapelable.

20.6.13

La Justicia, para resguardar a los más débiles (Roberto Gargarella)

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Foto por Roberto Gargarella
Columna de Roberto Gargarella sobre el Poder judicial: La Justicia, para resguardar a los más débiles. (Página 12).

20/06/13
En estos días se discute mucho acerca del Poder Judicial como poder “contramayoritario”. Sin embargo, ¿qué quiere decir que la Justicia sea un poder contramayoritario?
¿Y es eso bueno o malo?
Ante todo, el Poder Judicial fue pensado como uno capaz de resistir las decisiones mayoritarias. Dicha posibilidad no fue vista como negativa –una amenaza capaz de poner en riesgo a la democracia constitucional- sino como una de las principales razones que justificaban su existencia. La idea era la siguiente. La democracia constitucional (que no es lo mismo que una democracia a secas) se propone asegurar dos objetivos cruciales: garantizar el respeto tanto de los derechos de las mayorías como los de las minorías. Por ello mismo se crearon dos ramas políticas del Poder (el Ejecutivo y el Legislativo) destinadas primordialmente a asegurar la representación y defensa de los intereses de las mayorías, a la vez que se diseñó una tercera rama, más alejada de la política (el Poder Judicial), con el objeto fundamental de resguardar los derechos de las minorías.
Para conseguir ambos fines, los medios a emplear no eran obvios. Buscándolos, se imaginó que la forma de elección (directa desde el pueblo, o apenas indirecta), la permanencia relativamente breve en los cargos, y la posibilidad de reelección inmediata eran herramientas que podían facilitar que las ramas políticas estuvieran más cerca de la ciudadanía general y más pendientes de satisfacer sus demandas. En cambio, la elección muy indirecta de los jueces superiores, así como la estabilidad de sus miembros en sus cargos (estabilidad de por vida) iban a “separar” a la justicia del pueblo (un objetivo por tanto deseado) y facilitar así que ellos estuvieran menos pendientes de la próxima elección y más dispuestos a proteger a las minorías.
La lógica de dicho esquema no era nada absurda. Por un lado, parece acertado favorecer que las ramas políticas estén pendientes de las elecciones. Idealmente, ello llevará a sus miembros a tomar medidas para satisfacer a la mayoría de los votantes, logrando así uno de los dos objetivos de la democracia constitucional.
Lo mismo ocurre, en principio, con el Poder Judicial y el modo (contramayoritario) con que fue organizado: dicho diseño puede ayudar a la defensa de las minorías, y así a lograr el segundo objetivo constitucional. Por ejemplo, en un momento de crisis económica y pérdida de empleo, la mayoría de la ciudadanía puede desarrollar ánimos hostiles contra los inmigrantes que “amenazan con ocupar los pocos lugares de trabajo que existen”. Puede ocurrir, entonces, que muchos representantes políticos que ambicionan ser reelectos comiencen a tomar medidas contra esos inmigrantes. Frente a una situación como la citada, parece óptimo que los jueces no dependan de la próxima elección para mantenerse en sus cargos. Ello les permitirá decidir de acuerdo a la Constitución (que está comprometida con la defensa de los derechos de cada uno) y así proteger a las minorías amenazadas, frente al riesgo de opresiones mayoritarias.
Por supuesto, este diseño institucional –interesante en muchos aspectos– entraña obvios y gravísimos riesgos.
Un riesgo es que, por esa buscada separación entre la Justicia y la ciudadanía, la Justicia comience a tomar decisiones contra las mayorías y no necesariamente a favor de las minorías desaventajadas. Peor aún, puede ocurrir que algunos jueces tiendan a favorecer con su accionar a las minorías más poderosas, y no a las más vulnerables. Este riesgo ha llevado a algunos a proponer que la Justicia se convierta, también, en un poder mayoritario. Sin embargo, de ese modo echan por la borda lo mejor que promete el diseño hoy existente: que la Justicia proteja a los críticos del gobierno de turno. Es decir, se propone un remedio que puede ser peor que la enfermedad.
Lo peor de todo es que los críticos del carácter contramayoritario de la Justicia suelen olvidarse de un riesgo paralelo al que les preocupa: que los poderes políticos pretendidamente mayoritarios comiencen a tomar medidas en su propio favor y a favor de sus amigos, y no a favor de las mayorías que dicen proteger.
La pintura completa, entonces, resulta aterradora. Puede ocurrir que algunos jueces –actuando en nombre de las minorías– se inclinen a favorecer a las minorías más poderosas, mientras que los políticos oficialistas –actuando en nombre de las mayorías– se inclinen por impulsar medidas destinadas a favorecerse a sí mismos y a los empresarios cercanos. En ese contexto, reformar la Justicia para convertirla en un poder decididamente mayoritario promete dejarnos con el peor de los mundos posibles: disidentes sin protección y el poder político más corrupto de la historia democrática contemporánea, bien protegido.


29.6.12

columna: La pregunta equivocada (Érika Fontánez Torres)

Comparto mi columna de hoy en:
La pregunta equivocada - El Nuevo Día

29 de junio de 2012

La pregunta equivocada

ÉRIKA FONTÁNEZ TORRES
Apunta Slavoj Zizek, famoso filósofo contemporáneo que “no sólo hay respuestas equivocadas, sino que también hay preguntas equivocadas”. Y es que para problemas complejos no sólo hay que analizar las alternativas, sino que también hay que fijarse en cómo definimos el problema. Los problemas que enfrenta el país son caricaturizados por los políticos y candidatos a la gobernación a su conveniencia, con el resultado perverso de nunca llegar a la discusión y adopción de las políticas públicas que necesitamos.

Éste es el caso del referéndum que propone socavar nuestro derecho a la fianza. Los candidatos principales, faltos de ideas, llanos en sus propuestas, fracasados en sus quehaceres, nos piden sin más que aceptemos renunciar a un derecho que tiene en sus entrañas el “todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario”. La pregunta será: ¿favorece la enmienda a la Constitución de Puerto Rico sobre la fianza? Habría que preguntarse si es esa la pregunta que necesitamos contestar y cuáles otras quedan opacadas.

A esta altura podemos afirmar que el derecho a la fianza no tiene implicaciones sobre los niveles de criminalidad y violencia que vivimos. Entonces, ¿por qué los candidatos a la gobernación que apoyan esa enmienda concentran ahí el problema? ¿Por qué nos piden que renunciemos a la garantía de que no se nos encarcele antes del juicio sin derecho a la fianza? Y esto precisamente en un estado de corrupción en la fuerza policial, sin unidades de investigación eficaces ni confiables y sin propuestas serias sobre cómo atajar la violencia y el narcotráfico que nos acecha. Se trata pues de una pregunta falaz, chantajista y prejuiciada contra gran parte de la población.

Peor, se trata de una forma de evitar dar cuenta del descalabro y de explicitar -en año eleccionario- propuestas para atender los problemas de raíz: la desigualdad y la criminalidad, la violencia entendida ampliamente, la desigualdad en el acceso y calidad de la educación, el desempleo, un sistema de justicia criminal pésimo bajo la premisa fallida de “mano dura”, la corrupción de los políticos y de la Policía, y el egoísmo burdo de individuos y familias que se benefician a costa de la miseria y bancarrota del país.

Luego de décadas con la misma receta ante el alza en la criminalidad y el tráfico de drogas, seguimos con el mismo tratamiento fallido, vivimos un deterioro vertiginoso en nuestra calidad de vida y aumenta la criminalización y discriminación de los mismos sectores sociales. Se echan a pérdida generaciones de jóvenes que cuentan con pocas opciones de vida, mientras se le da un tratamiento privilegiado a quienes tienen suficiente poder.

En ciudades con altísimos niveles de violencia en el pasado, como en Medellín, han atendido exitosamente el tema mediante políticas innovadoras reconocidas internacionalmente: participación ciudadana, políticas educativas incisivas, presupuestos participativos, entre otras. En eventos traumáticos como el año pasado en Noruega, el primer ministro reaccionó al asesinato de 77 jóvenes afirmando que ante esa atrocidad la respuesta sería aún más democracia y mayor participación, no menos derechos o estados de excepción. Hay ejemplos que demuestran que hay otras formas de hacer las cosas.

El diseño constitucional debe atender la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al Estado, debe ser un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que todos podemos ser víctimas de la violencia estatal. Es en la crisis cuando más celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos antes de renunciarlos. En el colapso, sólo nos queda el derecho a tener derechos. Un gobierno fallido es precisamente ese del cual deberíamos protegernos y tener la más aguda sospecha.

A los políticos, devolvámosle su pregunta. A la pregunta de si le daremos a un gobierno en ruinas -o a un partido opositor igualmente fracasado y falto de propuestas- otra carta en blanco que incide sobre nuestra libertad y presunción de inocencia, respondamos “no”. Que no nos subestimen, que contesten ellos las preguntas.

22.3.12

columna: 48 horas (Hiram Meléndez Juarbe)

48 horas
HIRAM MELÉNDEZ JUARBE 

A estas alturas parece tonto enfatizar que deliberar sobre asuntos de interés público es importante para una democracia. Pero, resulta que una de las transformaciones constitucionales más trascendentales de los últimos años en Puerto Rico, la recomposición del Tribunal Supremo, no ha sido objeto de la discusión pública mínima que es de esperar.

No hablo exclusivamente del aumento en composición de 7 a 9 jueces, aunque lo incluye. La transformación constitucional que indico no tiene nada que ver con que el partido azul logró nombrar la mayoría de jueces (ello puede ser bueno si son competentes). Me refiero a la transformación radical en torno al lugar del Tribunal Supremo en el imaginario social puertorriqueño.

En sólo un par de años, se ha desmoronado lo que tomó generaciones construir: la confianza pública en que las controversias del País serán dirimidas por personas que, como mínimo, harán un esfuerzo por resolverlas conforme al derecho. Digan lo que digan del Tribunal antes del 2008, de sus jueces o de su afiliación política, esta percepción existía. Pero ya no. La percepción es decididamente otra y es producto de procesos atropellados de confirmación, del agrandamiento goloso de la institución sin justificación, de reconocerle un “derecho adquirido” a exgobernadores pero negándoselo a empleados públicos sin explicar, y de la complacencia interna en una marea política, entre otras cosas.

Entonces, la pregunta huelga: ¿qué discusión hemos tenido sobre este cambio? Las esferas institucionales que encausan esta transformación tienen la responsabilidad de plantearse las consecuencias de sus actos explícitamente; ¿qué significa esta revolución en el Tribunal, ahora, y para su estabilidad futura? ¿Qué respeto derivarán las opiniones del Tribunal por parte de ciudadanos, o por parte de administraciones futuras que claramente le visualicen como retrancas políticas?

La discusión no existe pues el espacio discursivo institucional está restringido; es decir, el contexto material y temporal donde la reflexión ha de ocurrir, está clausurado. Los eventos recientes son elocuentes.

El 5 de noviembre de 2010 la mayoría del Tribunal solicitó un aumento de dos jueces. Cinco meses después, el lunes 9 de mayo de 2011, el gobernador anunció los dos nuevos nombramientos. Dos días después, el Senado celebró una “vista pública” para “considerar” a los nominados, e inmediatamente les confirmó. 48 horas para debatir el futuro de la Rama Judicial. 48 horas para considerar y deliberar la magnitud del momento constitucional en que nos encontramos. 48 horas para discutir la idoneidad de estas personas. Y eso es en el caso de los dos más recientes; pero similar es la experiencia con los cuatro jueces anteriores nombrados.

Para tomar perspectiva, consideremos el proceso de confirmación en Estados Unidos: entre los años 1981 y 2009, la mediana del término entre el nombramiento por el presidente y la confirmación por el Senado fue de 80.5 días. En Puerto Rico sólo son necesarias 48 horas. A la vez, la mediana del término entre el momento en que el presidente conoció de la vacante en el Tribunal y el día en que presentó el nombramiento fue 18 días. En Puerto Rico, en el caso más reciente, fue de 185 días.

Nótese la relación invertida. Mientras que el proceso interno y secreto del presidente es corto, el proceso público de escrutinio severo es extenso y permite que reflexionemos sobre el rumbo de la institución. Pero en Puerto Rico es al revés: el proceso secreto e interno del Ejecutivo gozó de espacio, pero el proceso público tomó 2.7% del tiempo que tomó confirmar a Sotomayor en el Senado federal.

Ahí tenemos a la democracia boricua. No cuenta decir que porque los votos están todo vale. Los actos públicos deben estar respaldados por razones, argumentos y discusión para que los aceptemos como legítimos aunque no estemos de acuerdo. Es lo que distingue a una “decisión de la mayoría” de la “tiranía de la mayoría”.

11.3.12

De memorias selectivas e injusticias

Porque la ingratitud y la memoria corta y acomodaticia del país indigna, reproduzco esta columna publicada hace un tiempo por el colega Pedro Reina, en El Nuevo Día. La columna de Reina nos recuerda la injusticia que se cometió hace unos pocos años contra una compañera universitaria de excelencia que desde la Escuela de Derecho propuso y fundó la Clínica de Desarrollo Comunitario, impartió y dejó establecida una línea académica en el tema del Derecho y la Pobreza y representó con arrojo y nuevos abordajes a muchas comunidades pobres en el país. 

A cinco años de ser despedida, todavía ella espera por un remedio administrativo (en la UPR) y judicial que le haga justicia. Incluso, recientemente tuvo que argumentar por derecho propio su caso ante el Tribunal de Circuito Federal en Boston. Ha sido muy dificil que las instituciones la escuchen y que atiendan y entiendan su reclamo, muy dificil que se entienda la discriminación y el trato impresentable por razón de género que recibió. Pero esa es otra arista de esta tragedia que hay que seguir mencionando para que no se borre. 

La tragedia más inmediata es que -sin entrar en los méritos de otros colegas que hoy día hacen trabajo similar-  su quehacer universitario innovador y el resultado de su trabajo quede (o pretenda quedar) invisibilizado, borrado, y en su lugar se presente una 'nueva historia' que no da cuenta alguna de su zapata. 

A ti, MMC que gestaste tanto en la UPR, con tanto aplomo y dedicación, que nos diste conocimiento, nuevas perspectivas, energía e inspiración -tanto a estudiantes como a tus colegas profesores- y que al día de hoy todavía te defiendes prácticamente sola de esa gran injusticia: vaya mi reconocimiento y admiración por lo hecho y por tu tesón. Estoy segura que ni tus estudiantes, ni las comunidades, ni los colegas que vimos de cerca tu trabajo y dedicación, olvidamos. Más aún, te seguimos apoyando. Continúa.

Desde aquí, además, exigimos que se atienda tu reclamo y que regreses pronto a la UPR.

--
Desgarrando la Toga
Pedro Reina Pérez
El Nuevo Día
14 de noviembre de 2008.

Quisiera discutirle a José Martí esa máxima alguna vez declarada de que “raro don, don excelso es la justicia”. Por eso, cuando las autoridades de la junta administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico concurran hoy viernes en la mañana a una impostergable cita con su conciencia, espero que sepan rectificar y extender el contrato probatorio de la profesora Myrta Morales Cruz de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho.
 
Digo que quisiera discutirle al insigne pensador antillano porque, en lugares como la Universidad, que reclama en nombre de la razón ser un espacio donde la reflexión se imponga al capricho, la justicia vive con frecuencia días de sequía.
 
Desde las páginas de este periódico supo el país de la destitución que la profesora Morales Cruz sufrió un proceso de evaluación cuestionable y confuso, cuya tramitación burocrática, además de accidentada, amenaza con teñir más de una reputación en los pasillos de nuestro primer centro docente.
 
La destitución ocurrió a pesar de contar ella con extraordinarias credenciales académicas, una hoja de haberes premiada a nivel internacional, y de que la evaluación de su desempeño hecha por sus pares evidenciaba una valoración positiva del trabajo realizado para los estudiantes de la clínica y para las comunidades que servía.
 
La profesora Morales Cruz era la representante legal, junto a sus estudiantes de derecho, de comunidades como Las Gladiolas, Los Filtros y Cantera, entre otras, que luchan a diario contra poderosos intereses. Pero, para mayor preocupación, es la falta de transparencia respecto a las circunstancias de la evaluación lo que amenaza con impugnar la credibilidad de la gerencia universitaria a todos los niveles.
 
El mérito académico es el principio rector de toda evaluación de desempeño en la Universidad. Desglosado objetivamente en diferentes criterios, sirve para aquilatar de manera imparcial la valía y las aportaciones de los docentes a la comunidad universitaria. Pero cuando el mérito empieza a tropezar con el trámite administrativo, el resultado puede ser que se pierda de vista el mérito como elemento primordial.
 
Bajo ninguna circunstancia puede ese proceso administrativo reflejar el más mínimo asomo de sexismo o discriminación porque se vulnera el proceso y se compromete la credibilidad de las autoridades concernidas. Y en ningún otro lugar debe ser el proceso más pulcro que en la mismísima Facultad de Derecho.
 
Esta es la Universidad que ha confesado ante el país que su proyecto para la próxima década incluye “participar de la búsqueda de alternativas a los problemas de urgencia social” y “alentar de manera sostenida y sin menoscabos administrativos formas alternativas de docencia, entre ellas el aprendizaje presencial, la enseñanza en línea y la enseñanza en equipo”. Y sin embargo, esa misma universidad es incapaz de cuestionar sus propias contradicciones cuando ignora los méritos de una docente que ha verificado en su práctica educativa esos mismos valores.
 
Cuando son las palabras vigorosas y elocuentes de estudiantes pasados y presentes las que atestiguan el trabajo de una profesora, y las voces de los residentes de las comunidades pobres mencionadas las que denuncian su ausencia, una fina grieta amenaza los muros de marfil de esa universidad incongruente. Si se ignoran esas voces y desprecia su significado, la Universidad derrota sus aspiraciones. Pero tal cosa, insistimos en pensar, no debe ser posible.
 
Por eso confiamos en la sabiduría de la rectora Gladys Escalona de Mota, pues la resolución de este caso matizará el legado que deje al Recinto de Río Piedras. Sabemos que es una mujer recta y dedicada, cuyo compromiso con la Universidad se levanta por encima de cualquier pequeñez. 

Por eso esperaremos que se verifique un acto de justicia, raro pero excelso, como decía Martí.

12.2.12

columna: Ácida (Mayra Montero)

12 de febrero de 2012

Ácida
MAYRA MONTERO
ESCRITORA
(en endi.com)

Suena muy fino lo de “crisis constitucional” cuando se habla del bajón bochornoso, de la riña grosera, del chisme impúdico y del reperpero colosal en que se ha hundido la más alta instancia judicial del País. Cualquier garata de cafetín tendría más decoro (y mucha más elegancia) que el espectáculo que están dando los nuevos jueces del Tribunal Supremo. Han entrado como elefantes a una cristalería. No ha habido momento más decadente en la historia de ese tribunal que el que atraviesa ahora. Por otro lado, todo el mundo especula, pero nadie en el País tiene muy claro lo que pasará, porque durante décadas los jueces del Tribunal Supremo se han comido lo que se han guisado. Crearon un mundo aparte dentro del universo judicial. En cierto sentido, han estado construyendo un primoroso Frankenstein que ahora rompe las correas, levanta la cabeza y destroza el laboratorio.

La perplejidad se debe a eso. La impotencia también. Y hasta la tibieza con que se pronuncian (cuando se pronuncian) las personas que tienen autoridad y sabiduría, pero que no son enérgicas porque arrastran alianzas, extraños compromisos, miedos profesionales y hasta una convicción insostenible de que las aguas volverán a su nivel.

Sin ánimo de desviarnos del eje central de la confrontación, que es el ignominioso acoso al juez presidente, sin intención de diluir el debate y mucho menos distraer la atención de los señalamientos políticos rotundos, -muy al contrario, para fortalecerlos-, hay que mirar atrás.

El Tribunal Supremo no ha sido precisamente una tacita de buenos propósitos y ética intachable. Demasiadas veces se ha impuesto la prepotencia y el silencio cómplice. Ni autocrítica ni valoraciones exhaustivas. En períodos muy puntuales de su trayectoria pecó por omisión, por inercia o por frivolidad.

Aquí debió levantarse el escándalo padre -o la madre de todos los escándalos- cuando los jueces de ese tribunal, con el apoyo de sus amigos en la Legislatura, empujaron la ley que les permite cobrar el cien por ciento del salario a la hora del retiro. Ellos mismos gestionaron ese premio, sin que nadie interviniera ni los cuestionara. Pero no sólo eso, sino que tomaron previsiones para que, en el caso de que se les aumentara el sueldo a los jueces en activo, también se les diera el aumento a los retirados.

¿Qué más se les antojó a sus señorías? Ah, sí: procuraron que, si fallecían, la pensión del cien por ciento le fuera transferida a la viuda o al viudo. Millones para el cónyuge sobreviviente. ¿Pueden estar los ciudadanos del País contentos con semejante tiburonería?

Pero hay más. Aun recibiendo esa más que generosa pensión que les paga el Estado con dinero de los contribuyentes, los jueces retirados del Supremo pueden salir de su torre de marfil cuando les da la gana y litigar en los tribunales como cualquier otro abogado. Si les conviene incluso llevan casos contra el mismo pueblo que les está pagando la pensión. Y tengo entendido que hasta el año 69 eso no podía hacerse. Pero de ahí adelante abrieron las compuertas, y como eran los reyes del mambo, nadie se atrevió a impedir esa inmoralidad.

Algunas de las conductas más arrogantes y antiéticas que se han dado en la historia de ese tribunal, no han partido de los jueces que actualmente componen ese foro. Hubo individuos tenebrosos y resbaladizos, nombrados por gobernadores del partido que ahora está en la oposición.

Las responsabilidades históricas hay que asumirlas, pues de nada sirve reaccionar a un evento si no se mira la cadena de hechos que lo hicieron posible. De haber nombrado un FEI hace unos años, y escarbado en los privilegios, las prebendas, los convites y las etílicas juntillas entre un juez y un abogado que tenía pendiente un caso decisivo en el más alto foro, el País en peso se hubiera ido de espaldas.

¿Dónde están los defensores del Tribunal Supremo, los grandes pensadores y exjueces, que se supone estén dedicados a dictar conferencias magistrales, escribir artículos o profundizar en los aspectos jurídicos y constitucionales del estado de Derecho?

No están. Unos se murieron y a otros les importa un cuerno. Con una pensión del cien por ciento y la oportunidad de que les caiga un aumento, más la ventaja de litigar con aires de grandeza en las pequeñas salas de los jueces de primera instancia, donde llegan mirando por encima del hombro y alzando la voz para intimidar al abogado de la otra parte, la verdad es que no tienen tiempo para reflexionar en el desbarajuste.

Dios ciega lo que quiere perder, decía un buen amigo ateo. En este caso, bastó que llegara una aplanadora con intereses económicos tajantes, muy urgentes, algunos vinculados a desmesuras ambientales como la del Corredor Ecológico, para que el Tribunal Supremo se convirtiera en tierra de sopapos, chismes y bravuconerías.

Lo habían debilitado con anterioridad un puñado de aprovechados que ya no están allí. Ahora llegan los nuevos y pisotean en el suelo húmedo.

La dialéctica no es color de azufre, pero sin ella es muy difícil comprender el rastro de la lluvia ácida.

17.1.12

columna: Universidad y Mercado (Efrén Rivera Ramos).

17 Enero 2012

Universidad y mercado

EFRÉN RIVERA RAMOS

En una conferencia reciente sobre el futuro de la educación universitaria en Gran Bretaña, uno de los ponentes recordó una anécdota sobre Margaret Thatcher muy comentada durante sus días como primera ministra.

Se dice que en una visita a la prestigiosa Universidad de Oxford, la dirigente británica le preguntó a una estudiante qué estudiaba. “Historia”, le contestó ésta. “¡Qué lujo!”, exclamó la gobernante.Aquella reacción de una de las promotoras más fervientes del llamado neoliberalismo económico se tomó como ejemplo de un nuevo enfoque del gobierno británico que privilegiaba la concepción de la educación universitaria como objeto de consumo sujeto, por fuerza, a los criterios del mercado.Desde entonces el debate se ha recrudecido, como lo atestiguan dos artículos publicados en el número más reciente del London Review of Books. 

Uno de ellos, de la pluma de Keith Thomas, profesor retirado de aquella misma universidad y expresidente de la British Academy, cuestiona severamente la visión mercantilista de la universidad que se ha propagado en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. La búsqueda del saber, propia de las universidades de más alto calibre, dice Thomas, no puede estar sometida a evaluaciones basadas en análisis económicos estrechos. 

Vale la pena citar sus palabras: “El estudio y la investigación avanzados son atributos esenciales de una universidad y algo de esa investigación tendrá aplicaciones sociales e industriales vitales. Pero eso no es su propósito primario, que es el de aumentar nuestro conocimiento y comprensión ya sea del mundo físico o de la naturaleza humana y todas las formas de actividad humana presentes y pasadas. Por siglos, las universidades han existido para transmitir y reinterpretar el legado cultural e intelectual y para proveer un espacio en el que pueda cultivarse libremente el pensamiento especulativo sin consideraciones sobre su valor financiero. En una sociedad libre y democrática es esencial que ese espacio se preserve”.

Similar postura asume el profesor Michael Wood, de la Universidad de Princeton, quien sentencia: “Aquéllos que piensan que los aspectos supuestamente imprácticos de la educación superior son un lujo por los que el estado no debe asumir responsabilidad tienen razón en un sentido perverso. No tendrán que pagar por ellos. Pero sus hijos e hijas sí pagarán, -como lo harán los nuestros– y no con dinero”.

Son numerosas las voces que repiten esta advertencia. En un artículo publicado en The New York Times en el 2009, la presidenta de la Universidad de Harvard aseveró: “Debemos recordar que los colegios y universidades tienen que ver con mucho más que la utilidad medible. De forma distinta quizás a otras instituciones en el mundo, las universidades adoptan una visión de largo plazo y cultivan el tipo de perspectivas críticas que miran mucho más allá del presente. La educación superior no tiene que ver con resultados en el próximo trimestre sino con descubrimientos que pueden tomar –y durar– décadas y aun siglos. Ni las preguntas persistentes de la indagación humanística ni el camino ondulante de la investigación científica que conduce en última instancia a la innovación y el descubrimiento pueden encuadrarse nítidamente en un presupuesto y un itinerario predecibles”.

Los vientos que soplan en Puerto Rico sobre este asunto parecen querernos llevar más en la dirección señalada por Margaret Thatcher, que hacia el horizonte de una universidad dedicada a la promoción del saber y la cultura, independientemente de su valor medible inmediato.La cuestión es de medular importancia en el caso de la Universidad de Puerto Rico. El recorte sustancial de su presupuesto ha obligado a repensar prioridades. Aunque la reestructuración y reorientación de metas y objetivos debe ser parte de un proceso saludable de crecimiento en cualquier institución, lo que puede resultar ominoso son los criterios que se utilicen para tales determinaciones. 

Si prevalecen los del mercado y no los de la misión muchas veces centenaria de las universidades de mayor valía, terminarán el país y las generaciones futuras pagando un costo demasiado alto.

29.12.11

columna: Profesora Mafalda: persona del año (Esther Vicente)

Diciembre 2011

Profesora Mafalda: persona del año

ESTHER VICENTE
Debo agradecer al grupo de tres jueces del Tribunal Supremo que publicó un voto de conformidad en el que se refieren a mi trabajo jurídico en torno al tema de la violencia doméstica de manera tal que me ha catapultado al espacio cibernético de las cibernautas protestantes y disidentes reconocidas por la revista Time como personas del año. 

En medio de la preparación de los alimentos, postres y bebidas para el encuentro familiar con los dieciocho parientes de mi familia extendida, recibí infinidad de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, flores, botellas de champagne y regalos múltiples de parte de mis fans y colegas cibernautas en señal de apoyo ante tan inesperado evento. He debido esperar al Día de Navidad para leer con cuidado y paz la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Pérez Feliciano, 2011 TSPR 199, la opinión concurrente de los jueces Hernández Denton y Fiol Matta, la concurrente en parte y disidente en parte de la jueza Anabelle Rodríguez y el voto de conformidad de los jueces Martínez, Pabón Charneco y Kolthoff. El número de opiniones judiciales revela de por sí lo crítico del asunto.

En mis treinta y cinco años en la profesión jurídica he escrito una tesis doctoral sobre el tema de la violencia doméstica, he publicado 14 artículos de revista jurídica, 8 capítulos en libros jurídicos y 4 obras colectivas de temas jurídico-sociales, así como decenas de columnas en periódicos y revistas de todo tipo. Sin embargo, el escrito que me ha dado el reconocimiento que hoy recibo es un trabajo de diez párrafos publicado en el blog derechoalderecho. Fascinante. 

Ello atestigua la importancia que ha adquirido la comunicación cibernética en el mundo contemporáneo. Si quiere usted llamar la atención sobre algún abuso o sobre un sistema político dictatorial, si quiere usted convocar a una manifestación masiva, si quiere usted comunicarse con la gente joven, entenderla, compartirle y recibir conocimiento, le aseguro que un corto y contundente mensaje cibernético será más efectivo que mil escritos enjundiosos. Ello ha quedado evidenciado por la llamada Primavera Árabe, el Movimiento Ocupa, las luchas de Ai Weiwei en la China, el éxito de la bloguera cubana Yoani Sánchez y muchos otros ejemplos.Resulta que la jueza suprema Anabelle Rodríguez reconoció este asunto y optó por citar el mencionado artículo publicado por esta servidora. Osadía tal generó batallas desconocidas, pues los debates del Tribunal Supremo son secretos. Pero tarde o temprano tenían que salir a la luz las opiniones de los jueces. La prensa del país no tardó en identificar el conflicto supremo en torno a la validez de las ideas expresadas en el ciberespacio y el alcance de la protección provista por la Ley 54. Como resultado mi nombre y el de la colega Érika Fontánez pronto adquirirán la fama de la sabia Mafalda.

Este giro, importante por demás, ha invisibilizado tres aportes fundamentales de la opinión expresada por la jueza Rodríguez. Primero, la jueza suprema resalta claramente que el objetivo principal y el bien protegido por la Ley 54 sobre violencia doméstica es la integridad física y sicológica de las personas sobrevivientes de violencia por parte de su pareja, en su mayoría mujeres, y no la protección de la familia o de la unidad familiar.

Segundo, cuestiona que una mayoría de jueces del Tribunal Supremo cite el caso Pérez v. Flores Flores, cuando se trata de una sentencia emitida por un tribunal dividido tres a tres que no sienta precedente alguno en torno al alcance de la protección provista por la Ley 54. 

Tercero, explica y resalta la importancia de la disidencia en tanto herramienta protectora de la democracia y en su caso evidencia de un robusto e independiente poder judicial. Denuncia que acallar la disidencia es una forma de violencia simbólica inaceptable. A la jueza Anabelle Rodríguez nuestro agradecimiento por denunciar la violencia de género, machista, contra las mujeres y por defender el derecho a disentir.

20.12.11

columna: Llamado urgente (Efrén Rivera Ramos).


EFRÉN RIVERA RAMOS

Los pobres del País acaban de recibir otro duro golpe. El Congreso de Estados Unidos ha decidido disminuir sustancialmente la asignación de fondos a la Corporación de Servicios Legales, organismo que distribuye los dineros disponibles para los programas que prestan dichos servicios a las personas de escasos recursos.



En Puerto Rico eso significa una reducción del 14.8 por ciento del presupuesto del Programa de Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y el Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados. El recorte implica una merma de $2.8 millones para esas entidades efectiva desde enero de 2012. A ello se sumarán disminuciones anticipadas para el año 2013 como parte de la negociación sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y ProBono Inc. son corporaciones privadas sin fines de lucro que por décadas han representado a miles de personas, familias y comunidades de escasos recursos en el ámbito civil del derecho.



Según sus directivos, una reducción de fondos de la magnitud anunciada obligará a una disminución inmediata de los servicios que se ofrecen en áreas tales como derecho de familia, vivienda, salud, educación y derechos de los consumidores. 

Además pone en peligro la seguridad de empleo de abogados, personal de apoyo y empleados gerenciales de los programas en momentos en que el país atraviesa una de sus peores crisis de desempleo.



Para que nos hagamos una idea más precisa, estas organizaciones atienden anualmente cerca de 40,000 casos. En sus cuarenta y cinco años de existencia, el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico ha atendido más de 2.8 millones de asuntos de la más diversa índole que han afectado las condiciones de vida y los derechos de individuos, grupos y comunidades en todo el país.

Estos programas constituyen también una oportunidad para que cientos de abogados contribuyan a que la profesión jurídica cumpla, en alguna medida, con su deber de facilitar el acceso a la justicia de los menos favorecidos.



Los recortes que se avecinan tendrán un impacto severo sobre la comunidad indigente. En tiempos de crisis las personas de menos recursos tienden a ser las más afectadas. El desempleo, la congelación de salarios, la reducción de beneficios marginales, el encarecimiento de la vida y la disminución de servicios de todo tipo les afectan más que a nadie. 

Ello les crea necesidades mayores que muchas veces requieren asistencia jurídica de algún tipo. Si encima se les corta el acceso a los servicios legales necesarios para resolver sus asuntos y reivindicar sus derechos, el efecto perjudicial se multiplica. 



La urgencia de la situación ha impelido a los programas mencionados, a los decanos de las escuelas de Derecho, a numerosos abogados y académicos y a portavoces de las comunidades servidas a solicitar al gobernador de Puerto Rico y a los presidentes de las cámaras legislativas que autoricen “la asignación inmediata de los $2.8 millones para detener el efecto devastador de este nuevo recorte”.

Se trata, afirman los peticionarios, “de un servicio que resulta ser la única alternativa que tienen miles de puertorriqueños y puertorriqueñas para reclamar derechos esenciales en protección de su dignidad humana”.

Durante los pasados ocho años las ramas Ejecutiva y Legislativa han asignado dinero para Servicios Legales, la Oficina de la Comunidad y el Programa Pro-Bono. Sin embargo, a la luz de los recortes dispuestos por el Congreso, hoy esas aportaciones resultan insuficientes. 


El País necesita hacerse cargo de esta realidad. No se puede seguir dependiendo de que las necesidades legales de los pobres de nuestro país las resuelva el Congreso de Estados Unidos. 

De hecho, Puerto Rico está entre las jurisdicciones que más dependen de esas asignaciones federales. Si allá merma la voluntad para destinar los recursos disponibles a las poblaciones más necesitadas, acá tenemos que compensar con mayores asignaciones para esos fines.

En lo inmediato se trata de menos de tres millones de dólares.


24.11.11

columna: Divino (Miguel Rodríguez Casellas).

Divino

Miguel Rodríguez Casellas
Cristo era todo un político. Separó al César de Dios sin indisponer a ninguno de los dos. Se proclamó rey de “otro mundo” con tal de evitarse contiendas jurisdiccionales. Le sacó igual provecho a leales (Pedro), como a traidores (Judas). Talento indudablemente tenía, por eso aún administra una de las mayores audiencias del universo: las almas que creen, creyeron y creerán en él, hasta el día del Juicio Final.

Ejercer la sabiduría divina sobre una humanidad de patrones cambiantes y extendido relativismo secular es un reto. Un “focus group” celestial tendría que haber anticipado el escepticismo que los fieles mostrarían siglos después, cuando cansados de la misma marca comenzarían a mirar los escaparates de otras tiendas compitiendo libremente en el mercado de la fe.

Aseveran que Cristo, como la Mirta de los pelos difíciles, siempre tiene la respuesta. Son sus seguidores los confundidos, guardando silencio o hablando de más, cual políticos sin “media training”, a lo Cox Alomar.

Han sido semanas de tiraera santa, con una interesantísima cartelera encabezada por el arzobispo “puertorriqueñista”, los inquisidores del Opus Dei, y la pléyade de honorables, reverendos y analistas, que hablan como si la fe aún moviera montañas, como si importara.

Todo es muy sospechoso. Para empezar, habría que desconfiar del altar catedralicio dedicado a una patria concebida en singular, sin matices ni plurales inclusivos. Luego está el Opus Dei, que son abejitas adheridas al panal de las clases afluentes. El arzobispo tampoco es distinto a otros, que son aliados de una misma cruzada fundamentalista. Los analistas, por otro lado, son vendedores también. Es decir, que en todo esto hay un resabio de falso antagonismo que se suma a la mentira histórica de justos versus impíos, ángeles o demonios.

Triste es ver a todo un país, con cordilleras enteras que mover, entretenerse pensando que la fe hará el trabajo que a ellos toca hacer. Esa fe, irresponsable y acomodaticia, es otra manifestación de la vagancia boricua. Su Divina Providencia les subsidia la inacción.

“Ayúdate, que yo te ayudaré”, dijo un político famoso. Cristo no fue, aunque debió haberlo dicho.
-El autor es profesor de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica.

20.5.11

columna: 48 horas (Hiram Meléndez Juarbe)

19 Mayo 2011

48 horas

HIRAM MELÉNDEZ JUARBE
Aestas alturas parece tonto enfatizar que deliberar sobre asuntos de interés público es importante para una democracia. Pero resulta que una de las transformaciones constitucionales más trascendentales de los últimos años en Puerto Rico, la recomposición del Tribunal Supremo, no ha sido objeto de la discusión pública mínima que es de esperar.

No hablo exclusivamente del aumento en composición de 7 a 9 jueces, aunque lo incluye. La transformación constitucional que indico no tiene nada que ver con que el partido azul logró nombrar la mayoría de jueces en ese foro (ello puede ser bueno si son competentes). Me refiero a la transformación radical en torno al lugar del Tribunal Supremo en el imaginario social puertorriqueño.

En sólo un par de años, se ha desmoronado lo que tomó generaciones construir: la confianza pública en que las controversias del país serán dirimidas por personas que, como mínimo, harán un esfuerzo por resolverlas conforme al derecho. 

Digan lo que digan del Tribunal antes del 2008, de sus jueces o de su afiliación política, esta percepción existía. Pero ya no. La percepción es decididamente otra y es producto de procesos atropellados de confirmación, del agrandamiento goloso de la institución sin justificación, de reconocerle un “derecho adquirido” a exgobernadores pero negándoselo a empleados públicos sin explicar y de la complacencia interna en una marea política, entre otras cosas.

Entonces, la pregunta que huelga es ¿qué discusión hemos tenido sobre este cambio? Las esferas institucionales que encauzan esta transformación tienen la responsabilidad de plantearse las consecuencias de sus actos explícitamente. De modo que ¿qué significa esta revolución en el Tribunal, ahora, y para su estabilidad futura? ¿Qué respeto derivarán las opiniones del Tribunal por parte de ciudadanos o por parte de administraciones futuras que claramente le visualicen como retrancas políticas? 

La discusión no existe pues el espacio discursivo institucional está restringido; es decir, el contexto material y temporal donde la reflexión ha de ocurrir, está clausurado. 

Los eventos recientes son elocuentes. El 5 de noviembre de 2010 la mayoría del Tribunal solicitó un aumento de dos jueces. Seis meses después, el lunes, 9 de mayo de 2011, el gobernador anunció los dos nuevos nombramientos. Dos días después, el Senado celebró una “vista pública” para “considerar” a los nominados e inmediatamente les confirmó. Cuarenta y ocho horas para debatir el futuro de la Rama Judicial. Cuarenta y ocho horas para considerar y deliberar la magnitud del momento constitucional en que nos encontramos. Cuarenta y ocho horas para discutir la idoneidad de estas personas. Y eso es en el caso de los dos más recientes, pero similar es la experiencia con los cuatro jueces anteriores nombrados.

Para tomar perspectiva, consideremos el proceso de confirmación en Estados Unidos: entre los años 1981 y 2009, la mediana del término entre el nombramiento por el presidente y la confirmación por el Senado fue de 80.5 días. En Puerto Rico sólo son necesarias 48 horas. 

A la vez, la mediana del término entre el momento en que el presidente conoció de la vacante en el Tribunal y el día en que presentó el nombramiento fue 18 días. En Puerto Rico, en el caso más reciente, fue de 185 días.

Nótese la relación invertida. Mientras que el proceso interno y secreto del presidente es corto, el proceso público de escrutinio severo es extenso y permite que reflexionemos sobre el rumbo de la institución. 

Pero en Puerto Rico es al revés: el proceso secreto e interno del Ejecutivo gozó de espacio, pero el proceso público tomó 2.7% del tiempo que tomó confirmar a Sotomayor en el Senado federal.

Ahí tenemos a la democracia boricua. No cuenta decir que porque los votos están, todo vale. Los actos públicos deben estar respaldados por razones, argumentos y discusión para que los aceptemos como legítimos aunque no estemos de acuerdo. Es lo que distingue a una “decisión de la mayoría” de la “tiranía de la mayoría”. 


http://www.elnuevodia.com/columna-48horas-969778.html

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