Nueva herramienta para la ciudadanía: Ayudalegalpr.org

Accede y comparte esta nueva iniciativa, Ayudalegalpr.org, que tiene el propósito de poner en manos de la ciudadanía leyes, reglamentos e información jurídica, todo de vital importancia para que la ciudadanía conozca y haga valer sus derechos. 

La licenciada Ariadna Godreau, encargada del proyecto, explica:

“Para que las personas puedan defender sus derechos el primer paso es conocerlos. La población civil en el país no tiene manera de acceder a las leyes actualizadas, en ningún lugar en Internet ahora mismo usted puede encontrar las leyes según han sido enmendadas. En ningún lugar estaba disponible, ni siquiera en la página del Departamento de Trabajo, algo tan neural como la Ley de discrimen en el empleo con la última enmienda de discrimen por orientación sexual. Ni tampoco estaba en Internet ni en muchas entidades que trabajan con el tema, la Ley 54, según ha sido enmendada en los últimos dos años”

ayudalegalpr.org es un espacio virtual que busca fomentar el acceso a la justicia en Puerto Rico, poniendo al alcance de todas y todos información valiosa sobre la ley, los derechos y los mecanismos disponibles para ejercerlos. El propósito primordial de esta página es lograr que las personas, practiquen o no la abogacía, se apoderen del derecho: que lo conozcan, lo manejen y sepan como utilizarlo cuando así lo necesiten. Desde el derecho de familia hasta los aspectos básicos de los procesos penales, en esta página abarcamos las áreas del derecho que, con mayor frecuencia, se relacionan a aspectos de nuestra vida cotidiana. Además de discutir las leyes y los derechos, incluimos diagramas y materiales audiovisuales que permiten observar con mayor claridad cómo se manejan los distintos procesos legales Los recursos disponibles en esta ayudalegalpr.org son totalmente gratuitos y están a la disposición de quien los quiera utilizar.

Los derechos "Son tuyos. Defiéndelos".

"El Derecho a tener Derechos".

Primero de una serie de 7 videos educativos sobre los derechos. Compártelos.

Los derechos "Son tuyos. Defiéndelos".

Acceda a otros aquí.

Esta semana: en Mayagüez y en el RUM conversando sobre Ambigüedad y Derecho

Esta próxima semana estaré unos días en Mayagüez y en el RUM. Conversaremos sobre Ambigüedad y Derecho y en una actividad auspiciada por los y las estudiantes del Capítulo José Trías Monge de la Phi Alpha Law Fraternity, discutiremos algunos planteamientos en los capítulos del libro que aluden a los temas de justicia ambiental, el Derecho Ambiental y la justicia a partir de los entendidos de lo jurídico y los retos que estos entendidos nos plantean. Esta actividad está abierta al público en general.

Acceso a los tribunales y justicia (sobre conferencia de la Jueza Fiol Matta)

En noviembre pasado la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, visitó a la Universidad de Trinity para dictar una conferencia sobre los tribunales y el acceso a la Justicia. En esta la Jueza Fiol Matta alude a uno de los temas que más nos atañe respecto a la Rama Judicial: el estado de cosas respecto a cómo esta rama y en especial una institución como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, están o no disponibles y accesibles para la ciudadanía cuándo esta busca precisamente hacer valer derechos y palear el resultado de las desigualdades en el proceso tradicionalmente visto como político. 

Sabemos que existe un problema inmenso respecto a ese acceso. No todos los ciudadanos y ciudadanas tienen igual acceso y así, se convierte esta Rama en una instancia más de desigualdad y de falta de oportunidades. ¿Qué debe hacer entonces esta rama de gobierno para atajar ese acceso desigual? Y ¿cómo la forma de decidir de los jueces y juezas y el cómo conciben su función, perpetúa este estado de cosas?

En su conferencia, la Jueza Fiol Matta alude a estas dos preguntas de manera directa y propone respuestas concretas. Comparto el video y un fragmento de la ponencia gracias a Microjuris.  En el blog de Microjuris se reseña y traduce la conferencia y aparecen ambas cosas. 

Foto: Mauricio Pascual, Colección El Mundo.
Desahucio Villa Sin Miedo.

Pienso que el mundo jurídico, pero también la ciudadanía en general, debe tomar estas preguntas en serio (y también las respuestas que la Jueza ofrece), mantener viva esta conversación y exigir -a tono con la importancia que tiene el tema para todos y todas- que no se den por sentado los entendidos que por años nos han arrastrado al estado de cosas en el que nos encontramos. 

Va un fragmento de la ponencia:

"There is another aspect of ―access to justice that questions what happens when people have been able to bring their cases before the courts despite all these problems: once they are there, do they really obtain a just outcome when the judge simply applies the formal norms and procedures of law, or is something else needed to satisfy their cry for justice? 

During all these years serving in the Supreme Court of Puerto Rico, and before that, as a judge in our appellate court, I´ve come to the conclusion that the answer to that question is, simply, no. Experience has taught me that the social and cultural relevance of a specific problem cannot be completely defined and understood when we leave the controversy exclusively in the hands of the law. The possibility that a poor family may have a right to possess a piece of land, even though it has no title; or the adoption of an employment law that guarantees a peaceful working environment by limiting the freedom of speech of its workers, require a broader analysis. Traditional legal reasoning works by applying two basic dichotomies, based on determining what is ―legal, as opposed to ―illegal, and on the idea of ―rights‖ , as opposed to ―duties. 

Legal discourse tries to solve problems of rights and remedies mostly by recurring to a logic based on these dichotomies. In this way the conflict is defined in safe,understandable terms and its limits are clearly described. Unfortunately, this type of reasoning is not enough to obtain just results. When we use it to limit our analysis of a difficult controversy, the social dimension of the problem is inevitably excluded. When we set limits we don´t just describe what is included; we also determine what should be excluded. As a result, the legal process excludes other knowledges, other approaches, other ways of dealing with a problem, and of producing a just or more reasonable outcome." 

En Diálogo UPR: Junta de Calidad Ambiental atenta contra la Constitución de Puerto Rico » Diálogo UPR

Por aquí comentamos sobre la negativa de la empresa Energy Answers y de la JCA de cumplir con el derecho a  la información pública que tienen los y las ciudadanas y mediante la cual mantienen en secreto el lugar en que la incineradora depositará las cenizas y desperdicios.

Diálogo UPR | Junta de Calidad Ambiental atenta contra la Constitución de Puerto Rico » Diálogo UPR

"[n]o es la primera vez que la JCA acoge como excepción a estos derechos fundamentales el mantener en secreto cierta información que se aduce es “secreto de negocios” o afectaría la “libre competencia”.

La licenciada Érika Fontánez, profesora de la Escuela de Derecho de la UPR, denunció la falta de transparencia e ilegalidad en la que incurre la JCA al prohibir a los ciudadanos el acceso a información pública y de relevancia social. (Ricardo Alcaraz)

“Resulta no solo ilegal e ilegítima tal abuso del derecho sino que además es perversa pues ni remotamente se compara el derecho de la ciudadanía en este caso de conocer el lugar, la cercanía, las implicaciones, de este negocio. Cualquier empresa o negocio que asuma como parte de su actividad empresarial una actividad como esta tiene la correspondiente responsabilidad social de divulgar la información que le compete a la sociedad y a la ciudadanía en la que opera”, recalcó la abogada.

La compañía Energy Answers comenzaría la construcción de la planta incineradora este año 2015 y al comienzo de sus operaciones utilizará 2,100 toneladas de desperdicios que, a su vez, generarán 399 toneladas de cenizas, cuyo destino final al momento es un misterio.

“Las empresas operan en estados de derecho, en sociedades cuyos miembros tienen derechos, y se supone que la JCA se creó para velar por ellos. El uso de esta excepción es un escándalo más de la falta de transparencia de nuestras instituciones”, denunció Fontánez.

Dos grandes del Derecho y la Justicia: Nora Vargas y William Ramírez

Son dos grandes del Derecho, pero más allá de eso, son dos grandes para el país. La licenciada Nora Vargas y el licenciado William Ramírez han dedicado su vida a lograr justicia para los más vulnerables: pacientes de HIV, envejecientes, estudiantes, madres discriminadas, la reivindicación de derechos civiles, en otras palabras, el interés público. Y lo hacen siempre con una sonrisa de labio a labio porque están convencidos de su trabajo y de la justicia de sus reclamos. Son admirables, de esos ciudadanos invaluables que andan por ahí, siempre dando. 

Cada vez que converso con ellos me dejan una estela de días pensando en lo mucho que han contribuido a la vida de todos nosotros y nosotras, en el perfil de abogados y abogadas que representan, en su fibra robusta e incólume de moral social comprometida con los demás. A través de su práctica profesional llevan décadas visibilizando la injusticia: a aquellos contra los que el Estado embiste; a aquellas a las que no les reconoce igualdad, como a la hija de madres lesbianas que acudió en búsqueda de igualdad y dignidad en el caso A.A.R., a comunidades que no tienen lugar, como los enfermos de HIV o a envejecientes, a los que nadie quería de vecinos; a la ciudadanía que se empeña en vivir en un mundo común, de convivencia, de respeto a la diferencia, a los derechos civiles y a la integridad física. 

Dejo un reportaje que le hicieran en 1991. Dice tanto. Quisiera pensar que su ejemplo se seguirá multiplicando, que los emulemos más, que colaboremos más con ellos y ese tipo de abogacía. Nora y William han llevado una práctica de la abogacía independiente, con mucho sacrificio y con grandes satisfacciones. Es un privilegio colaborar con ellos, una aprende, entiende mejor el presente y abre los ojos a lo que no ha visto o no se le permite ver. Narran sus historias, las de sus clientes, muy tristes, muy intensas, pero luego una queda llena de esperanzas. Hacen a una feliz. Yo quiero ser como ellos. Salud!

La profesión legal y el Acceso a la justicia

El Pro Bono Canon I: Acceso a la Justicia presentará el próximo 29 de octubre de 2013 los resultados de su estudio La Prestación de Servicios Legales Pro Bono y el Acceso a la Justicia.

El estudio refleja una investigación jurídica de campo, de carácter sociológico, que aspira a observar el desenvolvimiento y desempeño de una muestra aleatoria de abogados y abogadas en servicios legales pro bono. De esta forma, el estudio da cuenta del rendimiento de servicios legales gratuitos por parte de los abogados y las abogadas del País a personas de escasos recursos económicos.

La Prestación de Servicios Legales Pro Bono y el Acceso a la Justicia es un proyecto de investigación dirigido por la profesora Ana Matanzo Vicens, en coordinación con la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, la licenciada María Jiménez. El proyecto se ha podido realizar gracias a la generosa asistencia y colaboración brindada por la Fundación Estudios Técnicos, Inc.

Experiencias carcelarias (Probono UPR invita)

Sobre el Derecho y lo Político en Puerto Crítico

Hoy estuvimos de invitada en el programa 'Puerto Crítico', en Bonita Radio, y conversamos con sus anfitriones, Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera. Dejo por aquí la grabación del programa en el que tocamos temas como los casos de Manning y Snowden, el acceso a la justicia, las limitaciones que pueden suponer activar la racionalidad jurídica en temas que atañen a lo político, las perspectivas sobre lo político de Hannah Arendt y el derecho a tener derechos y la ética en la profesión legal.

Gracias por la invitación. Sigamos pensando el Derecho en voz alta. Salud!

Premian a Efrén Rivera Ramos

Anunciamos con mucho orgullo y alegría que la Northeast People of Color Legal Scholarship Conference ha anunciado a nuestro querido colega, mentor y amigo, Efrén Rivera Ramos, como uno de los galardonados este año del premio Shanara Gilbert-Haywood Burns.

El premio Shanara Gilbert-Haywood Burns, se otorga en memoria de dos excepcionales profesores de CUNY-Law School, cuyo quehacer en la academia jurídica sobresalió por su compromiso, rigor y entrega tanto como profesores así como académicos y activistas. El premio se confiere a profesores de Derecho y abogados que en su trayectoria académica y profesional hayan demostrado lo siguiente:

• (Activist Teacher-Scholar) The recipient shall have demonstrated, through his or her work within the legal academy, a sustained commitment to the advancement of the legal, social, and economic position of People of Color in our society.
• (Activist Lawyer) The recipient shall have demonstrated, through his or her participation in the civic life of the community outside the legal academy, a sustained role of leadership that advances and protects the legal, social, and economic position of People of Color in our Nation.

Los otros dos galardonados fueron Ediberto Román, de la Florida International University College of Law y Catherine E. Smith, Associate Dean of Institutional Diversity and Inclusiveness and Associate Professor of Law, Sturm College of Law at Denver University.

Este premio significa mucho para nosotros. En primer lugar, felicitamos a Efrén porque su quehacer académico e intelectual así como su huella y fruto como profesor y Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ha sido excepcional e invaluable. Su pasión, entrega y sensibilidad en cada uno de los renglones, han hecho de Efrén una inspiración para colegas, profesores jóvenes y estudiantes. Ya antes Efrén ha sido reconocido en otros escenarios fuera del país por su gesta para lograr una educación universitaria más inclusiva y el acceso a la justicia. Su excelencia, alto sentido ético y su compromiso con la Universidad y con el país, lo enmarcan sin duda como uno de nuestros más valiosos intelectuales públicos. 

Asimismo, en sus años como Decano, Efrén tuvo una política clara y transparente dirigida a hacer de la academia jurídica y de la Universidad un espacio de excelencia, justo e igualitario, con medidas específicas dirigidas a atender los serios problemas de desigualdad en el acceso a la educación jurídica y a la justicia, que nos son pocos y son muy complejos. No hay duda de que Efrén es un gran merecedor de este premio y de que en todos estos años, nosotros y el país nos hemos beneficiado de sus cualidades y quehaceres.

Aprovechemos esta ocasión para celebrar. Estos premios están precedidos de mucho amor, sacrificio, de mucho pensamiento y rigor sobre lo que queremos y hacia donde debemos dirigirnos. Corresponde reconocer cuando todo esto da fruto, aunque sepamos que falta mucho por hacer. Celebremos por Efrén y por nuestra Universidad, junto a una reflexión sobre los valores y los principios que han nutrido su quehacer en la Universidad de Puerto Rico y como intelectual público. Y sigamos.

Salud, Efrén!.

Opúsculo: Acceso a la información

El ProBono de la Escuela de Derecho UPR, dedicado al tema de democracia y participación ciudadana, comparte para el público este opúsculo sobre Acceso a la Información. Puedes imprimirlo, copiarlo, repartirlo y compartirlo. Salud!.

Carril expreso al Supremo (Luis José Torres Asencio)

No dejen de leer en la Revista 80grados, el excelente análisis y la maginífica exposición que documenta el acceso desigual a remedios ante el Tribunal Supremo de PR. 

Luis José Torres Asencio nos dice: "se trata de que una vez en el tribunal, el universo de mecanismos procesales efectivamente disponibles para las partes es desigual, no porque ambas partes no puedan hacer uso de ellos, sino porque los tribunales generalmente sólo acuden al llamado de algunas partes o intereses. ¿Será ello compatible con los discursos de ‘ley y orden’ que con tanta firmeza defienden las mal llamadas ‘mayorías políticas’, o será que esos discursos sólo pueden ser articulados adecuadamente por ciertos intereses?".

Disponible en:

80grados.net » Carril expreso al Supremo

columna: Llamado urgente (Efrén Rivera Ramos).

Llamado urgente

EFRÉN RIVERA RAMOS

Los pobres del País acaban de recibir otro duro golpe. El Congreso de Estados Unidos ha decidido disminuir sustancialmente la asignación de fondos a la Corporación de Servicios Legales, organismo que distribuye los dineros disponibles para los programas que prestan dichos servicios a las personas de escasos recursos.



En Puerto Rico eso significa una reducción del 14.8 por ciento del presupuesto del Programa de Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y el Programa Pro-Bono del Colegio de Abogados. El recorte implica una merma de $2.8 millones para esas entidades efectiva desde enero de 2012. A ello se sumarán disminuciones anticipadas para el año 2013 como parte de la negociación sobre el presupuesto entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Servicios Legales de Puerto Rico, la Oficina Legal de la Comunidad y ProBono Inc. son corporaciones privadas sin fines de lucro que por décadas han representado a miles de personas, familias y comunidades de escasos recursos en el ámbito civil del derecho.



Según sus directivos, una reducción de fondos de la magnitud anunciada obligará a una disminución inmediata de los servicios que se ofrecen en áreas tales como derecho de familia, vivienda, salud, educación y derechos de los consumidores. 

Además pone en peligro la seguridad de empleo de abogados, personal de apoyo y empleados gerenciales de los programas en momentos en que el país atraviesa una de sus peores crisis de desempleo.



Para que nos hagamos una idea más precisa, estas organizaciones atienden anualmente cerca de 40,000 casos. En sus cuarenta y cinco años de existencia, el Programa de Servicios Legales de Puerto Rico ha atendido más de 2.8 millones de asuntos de la más diversa índole que han afectado las condiciones de vida y los derechos de individuos, grupos y comunidades en todo el país.

Estos programas constituyen también una oportunidad para que cientos de abogados contribuyan a que la profesión jurídica cumpla, en alguna medida, con su deber de facilitar el acceso a la justicia de los menos favorecidos.



Los recortes que se avecinan tendrán un impacto severo sobre la comunidad indigente. En tiempos de crisis las personas de menos recursos tienden a ser las más afectadas. El desempleo, la congelación de salarios, la reducción de beneficios marginales, el encarecimiento de la vida y la disminución de servicios de todo tipo les afectan más que a nadie. 

Ello les crea necesidades mayores que muchas veces requieren asistencia jurídica de algún tipo. Si encima se les corta el acceso a los servicios legales necesarios para resolver sus asuntos y reivindicar sus derechos, el efecto perjudicial se multiplica. 



La urgencia de la situación ha impelido a los programas mencionados, a los decanos de las escuelas de Derecho, a numerosos abogados y académicos y a portavoces de las comunidades servidas a solicitar al gobernador de Puerto Rico y a los presidentes de las cámaras legislativas que autoricen “la asignación inmediata de los $2.8 millones para detener el efecto devastador de este nuevo recorte”.

Se trata, afirman los peticionarios, “de un servicio que resulta ser la única alternativa que tienen miles de puertorriqueños y puertorriqueñas para reclamar derechos esenciales en protección de su dignidad humana”.

Durante los pasados ocho años las ramas Ejecutiva y Legislativa han asignado dinero para Servicios Legales, la Oficina de la Comunidad y el Programa Pro-Bono. Sin embargo, a la luz de los recortes dispuestos por el Congreso, hoy esas aportaciones resultan insuficientes. 


El País necesita hacerse cargo de esta realidad. No se puede seguir dependiendo de que las necesidades legales de los pobres de nuestro país las resuelva el Congreso de Estados Unidos. 

De hecho, Puerto Rico está entre las jurisdicciones que más dependen de esas asignaciones federales. Si allá merma la voluntad para destinar los recursos disponibles a las poblaciones más necesitadas, acá tenemos que compensar con mayores asignaciones para esos fines.

En lo inmediato se trata de menos de tres millones de dólares.


Un Supremo ante una injusticia ambiental

Ayer sábado culminamos las presentaciones de las investigaciones hechas en el curso-seminario Derecho Constitucional, Democracia y Justicia Ambiental. En este seminario de investigación jurídica los y las estudiantes trabajaron en tres ámbitos: la teoría constitucional, la teoría de la democracia y la teoría de la justicia ambiental. Mediante estos abordajes y problematizaciones teóricas seleccionaron ordenamientos y controversias para dar cuenta de las premisas teóricas, configuraciones y diseños institucionales subyacentes en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Sudáfrica, Argentina, Ecuador, Venezuela y Guatemala.  Todas las presentaciones y temas de investigación resultaron muy buenos y felizmente nos dejaron con interrogantes excelentes para continuar investigaciones más profundas de derecho comparado en los ámbitos ya descritos. 

Hubo varios estudios de casos interesantes de los cuales quiero resaltar hoy el del estudiante Gabriel Quintero, quien llevó a cabo un análisis del ordenamiento constitucional argentino, el concepto de medioambiente en ese texto constitucional y cómo los tribunales lo habían abordado. Utilizó como estudio de caso el famoso caso Mendoza-Riachuelo, un caso que estuvo ante la Corte Suprema y que plantea temas de justicia ambiental, la naturaleza colectiva del Derecho ambiental y su vínculo con el acceso a la justicia, el rol de los jueces y los tribunales Supremos, y asuntos como los remedios disponibles en casos ambientales. 

Se trata de un caso excepcional en el que el tribunal intervino mediante jurisdicción originaria (resumen del caso aquí). El caso comienza con una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas que por años contaminaron la Cuenca Matanza-Riachuelo, en serio detrimento de la salud y la vida de más de 2 millones de habitantes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. Se solicitaban remedios en daños y perjuicios para los residentes, pero además, se reclamaba la vulneración de un derecho colectivo para el cual la Corte, sin titubeos, intervino para monitorear y hacer valer  remedios colectivos, incluso celebrando audiencias. Esto lo hizo reteniendo el caso en cuanto al remedio colectivo, reconociendo lo sui generis del caso por tratarse de la necesidad de las víctimas de obtener acceso a la justicia ambiental y mediante una concepción amplia del rol que juega una Corte Suprema para hacer justicia. 

El caso fue y ha sido ampliamente reseñado en la prensa y discutido en el ámbito académico, dentro y fuera de Argentina. La Corte hizo disponible, además, todos los documentos e información del caso en su página. En esta entrevista al Juez Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, se resume el caso y se puede apreciar su importancia y los temas sobre los cuales nos invita a reflexionar un caso como este. ¿Cuál es el rol de los tribunales? ¿Cómo deben enfrentarse a casos de esta índole? ¿Qué remedios están o deben estar disponibles para ciudadanos que por años han sido olvidados, privados de justicia y de acceso a obtenerla?

Dejo el video corto de la entrevista. Altamente recomendable.

El más famoso constitucionalista se une a la agenda Pro Bono y de acceso a la justicia (Laurence Tribe, Harvard)

El quizá más famoso profesor y practicante de Derecho Constitucional, Laurence Tribe (Harvard Law School), se une al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pone su tiempo, conocimiento y peritaje en Derecho Constitucional para proveer servicios legales a quienes quedan fuera, a los más desaventajados y necesitados de asesoría legal. Tribe se une a la agenda de Pro Bono y de atender el problema del acceso a la justicia.

Parece que no es cosa nuestra nada más... los más famosos, los más prestigiosos y exitosos abogados parecen aceptarlo sin problemas y se unen a la agenda. Sí, en efecto, en el norte esto se celebra y hacia ahí va la tendencia, hacia el lugar correcto. véanlo en el NYT...:

"For Mr. Tribe, volunteering to answer routine legal questions was a show of grass-roots support that grew out of his new role at the Justice Department, where the 68-year-old liberal legal icon — who is also President Obama’s mentor and former teacher — is now the “senior counselor for access to justice.”

In that position, created especially for him, Mr. Tribe has been asked to suggest ways to improve legal services for the poor, find alternatives to court-intensive litigation and strengthen the fairness and independence of domestic courts".

Aquí está nuestro trabajo, al servicio del país: Manual de Derecho para el Ciudadano

El trabajo de los estudiantes del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR y de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR tiene un doble propósito, proveerle a nuestros futuros abogados y abogadas las mejores destrezas para el mejor y más excelente desempeño como profesionales y contribuir a un país en el que todas y todos seamos realmente iguales, y tengamos acceso igual a la justicia, al conocimiento jurídico y a la protección del Derecho. Por eso, es un proyecto vital en la educación jurídica y un proyecto que repercute en el camino para lograr una mejor sociedad, un mejor país en el que cohabitemos.

Esta es una muestra de ese trabajo que tan bien le sirvió a los estudiantes que lo prepararon para ser mejores abogadas y abogados. Invito a que lo den a conocer y a que se unan a este proyecto que tiene como fin la democratización del conocimiento jurídico y un mejor y más igual acceso a la justicia. Envíenlo a los grupos y comunidades y a toda la ciudadanía a lo largo y ancho del país.

Este Manual es una forma de retribuirle al país lo que nos ha dado, una educación jurídica de excelencia en la Universidad de Puerto Rico. No podemos hacer menos. Aquí está el conocimiento al servicio de quienes lo necesitan, disponible a quienes después de darnos tanto, se enfrentan a problemas y buscan y buscan pero no encuentran justicia, para quienes necesitan asesoría legal y no pueden pagarla porque lamentablemente se ha convertido en un artículo de lujo que gran parte de nuestra población no puede pagar. Aquí está este Manual y vendrán más...

Manual para el Ciudadano sobre Conceptos Básicos de Derecho Ambiental

'acceso controlado'

Hoy nos enteramos de la opinión del Tribunal Supremo en el caso Fundación Surfrider v. ARPE, un caso cuya controversia es la legitimación activa (standing) de los ciudadanos y organizaciones para solicitar revisión judicial de las determinaciones de las agencias administrativas ante los tribunales. (Vea la nota en el Primera Hora y de ahí un enlace a las opiniones).Es un caso sumamente importante pues lo resuelto va a la médula del acceso a los tribunales que tiene la ciudadanía, los grupos, organizaciones y entidades para cuestionar las determinaciones del gobierno y fiscalizar el cumplimiento de la legislación y de las funciones delegadas por la legislatura a la rama ejecutiva.

El precedente de este caso atañe directamente a los temas de acceso a la justicia, participación ciudadana, cumplimiento con la legislación medioambiental, urbana y de planificación y fiscalización de las agencias. Por su puesto, desde el punto de vista normativo el caso atañe a las materias de Derecho constitucional, al Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y Urbanismo y Planificación. Tiene, además, mucho para analizar respecto a las teorías constitucionales y de democracia que subyacen y nutren los argumentos expuestos.

Tan pronto recibí noticia de la opinión la leí con mucho detenimiento. No hay duda que la opinión, como nuevo precedente, representa un retroceso significativo en muchos sentidos respecto a los temas que antes destaqué. Más adelante escribiré una entrada con un análisis más detallado sobre este nuevo precedente y sus implicaciones. Por ahora solo reseño los detalles básicos pues tomará una segunda leída y más tiempo el poder comentar rigurosa y críticamente este precedente, pues como expuse, va realmente a la médula de los temas que tratamos en este blog.

El caso fue resuelto 4-3. La opinión mayoritaria fue emitida por el juez asociado Martínez Torres y lo acompañan en la mayoría los jueces asociados Rivera Pérez, Pabón Charneco y Kolthoff. La jueza asociada Fiol Matta emitió una opinión disidente a la cual se unieron el juez presidente Hernández Denton y la jueza asociada Rodríguez Rodríguez. En esencia la opinión mayoritaria le cerró las puertas a una organización ambientalista (Surfrider Foundation) y a uno de sus miembros, para cuestionar una determinación de la ARPE que aprobó un proyecto residencial en Rincón. En el caso se discute el tema de quien es una parte con legitimación activa y cuál es el estándar de daño requerido para contar con ésta. Adelanto que esta nueva opinión restringe de manera significativa la doctrina de legitimación para los grupos de interés organizados y ciudadanos en general. Para la jueza asociada Fiol Matta y los jueces que se unieron a su disidente: "Lo decidido hoy por este Tribunal es un golpe duro a los ciudadanos dedicados a la protección de sus comunidades y comprometidos con el medioambiente, que abogan por un desarrollo urbano ordenado y coherente con nuestra política pública y sus leyes y reglamentos".

Y lo es, ciertamente lo es, y me temo que las implicaciones van mucho más allá de meramente el asunto medioambiental, pues son las premisas las que más preocupan. Como mínimo se da al traste con un desarrollo jurisprudencial previo dirigido a reconocer la importancia de promover una amplia participación y acceso a los tribunales en asuntos de interés público, particularmente en la fiscalización y protección de la política pública ambiental, que, recordemos, tiene rango constitucional. Como diría Dunkan Kennedy, en la adjudicación los jueces construyen con los ladrillos que tienen, pero no olvidemos que con esos ladrillos bien pueden construir una casa amplia y abierta con jardín o un muro de acceso controlado. Ya vemos. Las urbanizaciones no son los únicos espacios de acceso controlado. El espacio se achica. Se cierran las calles. No hay duda, el escenario jurídico ha cambiado.... Seguimos...

'de acuerdo a la orden de un juez'

'El desahucio se completó a cabalidad, de acuerdo a la orden de un juez: la acción violenta comenzó en la mañana; una aplanadora hubo de derribar la vivienda de madera antes de que anocheciera.

La orden legal se produjo a raíz de un caso presentado por el terrateniente Veremundo Quiñones, quien compró los terrenos que el dueño anterior le había cedido al padre de Adolfina y éste, a su vez, permitió que construyera su vivienda el pescador Carrasquillo luego de casarse con su hija'.

Lo que leyeron es parte del relato en el reportaje de hoy sobre uno de los desahucios más trágicos y recordados de nuestra historia, el de Adolfina Villanueva. El desahucio, ordenado por el tribunal y ejecutado de forma violenta, provocó la muerte de Adolfina Villanueva.

Como todos los años, conmemoramos este trágico momento en nuestra historia no sin recalcar que hay un mar de alternativas a considerar para lidiar con situaciones como esta y que la mirada hiper-formalista del Derecho y el esquema patrimonial protector de la propiedad, no permite considerarlas, con resultados horrendos como este.

Decretar un desahucio, en este caso, el de una familia que no tenía alternativas de hogar, sin que se miren las circunstancias que llevan a una familia como la de Adolfina a esa situación, fue errado. Fue un error socialmente, un error por parte del Estado y un error desde el Derecho mismo: lo fue en ese momento y lo sería hoy día. Hay demasiadas malas consecuencias, en este caso, la muerte de una mujer, por mencionar obviamente el saldo más trágico.

Ahora, imaginen una mirada hiper-formalista desde el Derecho, que no sepa atender con sensibilidad, respeto e ingenio -desde una concepción del Derecho más terapéutica, más contextual y menos formalista- que decrete un desahucio similar, que emita una orden de desahucio que como en el caso de Adolfina se deba 'cumplir a cabalidad' pero esta vez sobre 211 familias. Ese no es el Derecho ni el sistema legal que deberíamos tener, se queda trunco.

Yo diría que se espera más de nosotros como sociedad, que se espera más del Estado, y que se espera más, mucho más de los y las operadoras del Derecho, se espera -sobre todo de los jueces y juezas que tienen ante sí controversias como esta de Adolfina- miradas abarcadoras, inteligentes, capaz de darle la mejor de las atenciones a las controversias complejas que tienen ante sí....de lo contrario estamos destinados a repetir el trágico relato del caso de Adolfina, de conformarnos con un sistema legal y una sociedad que a lo máximo que aspira es a poder decir que 'se cumplió la orden del juez'.

¿9?

¿Un aumento a 9 jueces en el Tribunal Supremo? ¿deseable? ¿para quien? ¿para todos? ¿para el país? ¿mejorará el acceso a la justicia? ¿fortalecerá arreglos institucionales más justos, más inclusivos y más igualitarios? desde ya decimos: razones, queremos y esperamos escuchar, discutir y debatir razones y que haya deliberación, mucha deliberación sobre el asunto.

Aquí la nota en El Vocero.

Conversatorio: Acceso a la Justicia en Latinoamérica

El Programa Pro Bono UPR y la Academia Judicial de PR

te invita a

Conversatorio con: Magistrada Anabelle León Feoli*, Presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica

sobre el acceso a la justicia en Latinoamérica y la adopción de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Miércoles 3 de febrero 3pm L-2.

*La Magistrada LeónFeoli es miembra de la Comisión de Seguimiento delas Reglas de Brasilia, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en el 2008

Invita la Academia Judicial y el Programa Pro Bono UPR