Crónicas del derecho de propiedad en Puerto Rico:
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“Mi abuela luchó por Piñones, mi madre luchó y ahora yo estoy en estas. Estamos preparados para lo que sea. Piñones ni se da, ni se regala ni se vende”, expresó Pizarro.
La mujer fue parte de un grupo de residentes de varias comunidades de Loíza que expresaron ayer su rechazo a la posibilidad de que las 1,348 cuerdas en las que se pretendía construir el proyecto Costa Serena regresen a manos de PFZ Properties.
Por esto, la planificadora ambiental Carmen Guerrero anunció que los miembros de la Coalición Piñones-Loíza y residentes de Piñones presentarán un recurso ante el tribunal para expresar sus argumentos a favor de que el gobierno continúe el proceso para expropiar los terrenos, que inició en 2008.
La posibilidad de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desista de la expropiación depende del dinero que el gobierno le tendría que pagar a PFZ Properties como “justa compensación”. En el 2008, el monto era de $4.9 millones, pero la cifra ahora ronda los $32 millones.
El secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, señaló que existen diferentes tasaciones debido a que no todas evalúan la misma cantidad de terreno. De acuerdo con el funcionario, una de las evaluaciones -que comprende la totalidad de las 1,348 cuerdas- establece el precio en $70 millones. Agregó que el acuerdo de los $4.9 millones se basó en una tasación que no tomó en cuenta toda la propiedad.
“El Tribunal (de Expropiaciones) está ahora revisando toda esa información, cuadrando las tasaciones. Tenemos que ultimar muchos detalles y tenemos muchas incongruencias en todo este proceso”, sostuvo Galán Kercadó.
El secretario indicó que si el tribunal avala el pago de los $32 millones, el DRNA no completaría la transacción ya que tiene menos de $10 millones para adquirir esas tierras.
Si el gobierno desiste de expropiar los terrenos, quedarán en manos de PFZ Properties, que podría retomar el proceso para el desarrollo de Costa Serena.
Guerrero tronó contra el DRNA por presuntamente permitir que se inflara el valor de los terrenos y no luchar para lograr la conservación de esos suelos.
“No puedo hacer comentarios”, indicó al ser contactado vía telefónica.
Para los residentes de Loíza, el pago a la firma constructora no debe ser mayor de $4.9 millones, ya que los terrenos son inundables.
“Esos $32 millones, en vez de dárselos a un millonario, deberían dárselos al municipio de Loíza como compensación por los años que llevamos en el abandono y luchando contra los desarrollos que nos quieren desplazar”, dijo la directora ejecutiva de la Corporación Piñones se Integra (Copi) y candidata popular a alcaldesa de ese municipio, Maricruz Rivera.
El propietario de PFZ Properties, Joel Katz, declinó emitir declaraciones sobre la controversia.
“Esa justa compensación que se le quiere dar a Joel Katz es la misma justa compensación que se le debió dar a Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por las fuerzas del gobierno”, añadió Rivera, en referencia a la mujer que en 1980 recibió un disparo de la Policía en momentos en que intentaban desalojarla de su residencia en el sector Tocones de Loíza.
La mujer fue parte de un grupo de residentes de varias comunidades de Loíza que expresaron ayer su rechazo a la posibilidad de que las 1,348 cuerdas en las que se pretendía construir el proyecto Costa Serena regresen a manos de PFZ Properties.
Por esto, la planificadora ambiental Carmen Guerrero anunció que los miembros de la Coalición Piñones-Loíza y residentes de Piñones presentarán un recurso ante el tribunal para expresar sus argumentos a favor de que el gobierno continúe el proceso para expropiar los terrenos, que inició en 2008.
La posibilidad de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desista de la expropiación depende del dinero que el gobierno le tendría que pagar a PFZ Properties como “justa compensación”. En el 2008, el monto era de $4.9 millones, pero la cifra ahora ronda los $32 millones.
El secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, señaló que existen diferentes tasaciones debido a que no todas evalúan la misma cantidad de terreno. De acuerdo con el funcionario, una de las evaluaciones -que comprende la totalidad de las 1,348 cuerdas- establece el precio en $70 millones. Agregó que el acuerdo de los $4.9 millones se basó en una tasación que no tomó en cuenta toda la propiedad.
“El Tribunal (de Expropiaciones) está ahora revisando toda esa información, cuadrando las tasaciones. Tenemos que ultimar muchos detalles y tenemos muchas incongruencias en todo este proceso”, sostuvo Galán Kercadó.
El secretario indicó que si el tribunal avala el pago de los $32 millones, el DRNA no completaría la transacción ya que tiene menos de $10 millones para adquirir esas tierras.
Si el gobierno desiste de expropiar los terrenos, quedarán en manos de PFZ Properties, que podría retomar el proceso para el desarrollo de Costa Serena.
Guerrero tronó contra el DRNA por presuntamente permitir que se inflara el valor de los terrenos y no luchar para lograr la conservación de esos suelos.
“No puedo hacer comentarios”, indicó al ser contactado vía telefónica.
Para los residentes de Loíza, el pago a la firma constructora no debe ser mayor de $4.9 millones, ya que los terrenos son inundables.
“Esos $32 millones, en vez de dárselos a un millonario, deberían dárselos al municipio de Loíza como compensación por los años que llevamos en el abandono y luchando contra los desarrollos que nos quieren desplazar”, dijo la directora ejecutiva de la Corporación Piñones se Integra (Copi) y candidata popular a alcaldesa de ese municipio, Maricruz Rivera.
El propietario de PFZ Properties, Joel Katz, declinó emitir declaraciones sobre la controversia.
“Esa justa compensación que se le quiere dar a Joel Katz es la misma justa compensación que se le debió dar a Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por las fuerzas del gobierno”, añadió Rivera, en referencia a la mujer que en 1980 recibió un disparo de la Policía en momentos en que intentaban desalojarla de su residencia en el sector Tocones de Loíza.
