Con mucho pesar recibimos hoy la noticia de que la líder comunitaria Haydeé Colón falleció anoche. Desde aquí celebramos su vida, su gesta y su voz. Haydee ha sido una de las voces más valiosas que sin ambages siempre denunció las injusticias ambientales, las fallas del derecho y de los procesos administrativos, la política en contra de la participación ciudadana, las componendas de los sectores poderosos en contra de comunidades y grupos más vulnerables y las desigualdades en el acceso de la ciudadanía para hacer valer sus derechos.
Su acción ciudadana fue incansable, siempre dispuesta a representar a su comunidad y a la de otros y otras, dando apoyo, denunciando, exigiendo el mejor derecho y acceso a la educación -defendiendo las escuelas-, compareciendo a vistas públicas y siempre dispuesta a compartir sus experiencias para que otros y otras se activaran en la exigencia de una democracia participativa. Haydee fue una guerrera en defensa de la participación ciudadana amplia y a ella le debemos en el mundo del derecho buenos precedentes y excelentes huellas en el proceso de abrir puertas para la ciudadanía en los procesos de intervención a favor del interés público.
Tuve el privilegio de conocer a Haydee, de compartir con ella y de contar con su presencia en diversas actividades, su generosidad me permitió entrevistarla para dejar para la posteridad sus perspectivas sobre el derecho, sobre el sistema judicial y sobre el Derecho Administrativo. Su quehacer dejó jurisprudencia tanto en el Tribunal Supremo como en las salas de recursos extraordinarios y, sobre todo, abrió puertas en las agencias como el Departamento de Recursos Naturales y la Junta de Planificación. Su día a día de activismo nos permitía acercarnos a lo que yo llamo el Derecho en Contexto, así que fue un gran ejemplo visible para aquellos y aquellas que buscamos que el derecho sirva de instrumento para lograr mayores instancias de justicia.
Haydee nunca dijo que no a una invitación a la Universidad de Puerto Rico para compartir con los y las estudiantes y con la comunidad universitaria lo que es poner el Derecho en contexto y pudimos visitarla varias veces a Caimito y a otros escenarios para conocer de primera mano cómo el sistema jurídico pone trabas a un desarrollo y una calidad de vida digna para su comunidad.
Desde aquí le rindo homenaje a esta mujer tan valiosa para el país, a esa voz que no solo nos deja su gesta y su ímpetu, sino también el convencimiento de que la justicia hay que buscarla y crearla día a día y con tesón. Ella fue ejemplo. Sigamos en su nombre.
Comparto varios fragmentos de entrevistas y conversaciones que tuve con Haydee en diferentes momentos y sobre procesos administrativos en los que participó en defensa del medioambiente. Haydee, firme como siempre, decía lo que tenía que decir.
Incluyo un fragmento de un artículo publicado en la Revista Jurídica en el 2006 en el que expongo parte de una entrevista que le hicimos a Haydee, entre otros líderes comunitarios, para que nos narraran sus perspectivas sobre el derecho, lo jurídico, los procesos administrativos y judiciales y los jueces y juezas; y otro en que la entrevista giró en torno al tema de la participación ciudadana y que se publicó en la Revista del Colegio de Abogados y Abogadas. También comparto un fragmento de Ambigüedad y Derecho, que recoge la lucha de Haydee Colón y la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito para salvaguardar la Quebrada Chiclana. Por ambas entrevistas le estaré siempre agradecida, por todo lo que aprendí de ella.
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En Primera Jornada Ambiental 2006: Una experiencia Académica y de Acceso a la Justicia, 75 Rev. Jur. UPR 465 (2006).
"Sobre el sistema legal, la líder comunitaria Haydeé Colón no dejó dudas de que percibe una carencia absoluta de legitimidad que inclina la balanza a favor de ciertos sectores. Ésta se refirió a dos sistemas constitucionales “paralelos”: una "constitución paralela", exclusiva para los “poderosos y los adinerados”, titulada "Sálvese quien pueda".
Señaló: "Es como si de momento alguien dijera, quítale la alfombra a esa comunidad porque quiero las tierras donde están. El marco legal te protege contra eso, pero esa otra constitución no". Haydée Colón mencionó que es muy difícil para las agencias gubernamentales como el Departamento de la Familia, Educación y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, encargadas del desarrollo social del país, enfrentarse a otras agencias a las cuales llamó “pulpos” , tales como la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). Según dijo “en una comunidad valoran las cuerdas, no la gente. Si se valorara la gente, se les otorgaba salud, educación, servicios a la comunidad”.
En cuanto al mismo tema abordado por Haydée Colón, sobre la legitimidad de las agencias de gobierno y la rama judicial, el ingeniero Figueroa coincidió con ella y señaló como ejemplo que “desarrolladores poderosos” tienen acceso fácil al poder gubernamental y son donantes políticos:
Ahora mismo hay desarrolladores en la comisión que evalúa el desempeño de los jueces. Los jueces los nombran y los confirman políticos cuyas campañas son pagadas por los desarrolladores, porque la única industria local que hay es la de la construcción- destrucción, y ésa le paga a los políticos. Por lo tanto, tú no puedes desconectar el sistema judicial de los políticos porque nacen de ahí."
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En El derecho a participar: normas, estudios de caso y notas para una concreción, 68 Rev. Col. Abog. 631-680 (Número 4) :
"La Comisión presentó nuevos argumentos ante el Oficial Examinador para que se descartaran las guías debido a que éstas permitían entubar la quebrada. En cuanto al remedio técnico más apropiado, como veremos, el sistema, no empece los principios que garantizan la participación ciudadana, descansa en la figura mítica del experto. Vale reproducir una cita de Haydeé Colón en las vistas públicas en la que explica las razones que la llevan a participar aún cuando no tiene acceso a “los técnicos”:
Y a cuenta de qué los ciudadanos, posiblemente no tenemos acceso a los foros y a los técnicos que ellos [tienen], pero tenemos acceso a la lógica y tenemos acceso a ver el comportamiento de las aguas y de la naturaleza. Por eso entendemos que estas guías no cumplen con los deberes ministeriales que le corresponde dirigir al Departamento de Recursos Naturales.
Finalmente, el 10 de julio de 2002, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia en la que ordenaron al DRNA un asunto fundamental: darle audiencia pública a la Comisión para evaluar las Guías y presentar sus defensas contra cualquier irregularidad en el proceso. El Tribunal expidió el mandamus para que el DRNA resolviera de “manera final el asunto de la quebrada” y advirtió que el DRNA debía “darle la oportunidad a la Comisión de Ciudadanos a evaluar las Guías y presentar sus comentarios” y que “cualquier procedimiento que se realice sin la participación de la Comisión de Ciudadanos no prevalecerá” (énfasis suplido). La vista se celebró el 31 de octubre de 2002. Comparecieron a la vista la Comisión, AH, el abogado representante del interés público y dos interventores adicionales (aquí identificados como HA y CP) y varios peritos ingenieros y geólogos. Sobre el proceso de las vistas Haydeé Colón nos señaló:
Hay momentos en el país donde el representante político tiene poder. Ya no. Ya no. Ya estos intereses se han insertado en las agencias de tal manera que, que neutralizan toda la participación de la ciudadanía. ...Yo me acuerdo siempre una vez que yo llegué al Departamento de Recursos Naturales, saliendo de una vista. Éramos como diez o doce, eh, este nos avisan que tenemos esa vista y vamos para allá y cuando llegamos allá, estaba el Departamento de Recursos Naturales como con tres o cuatro abogados y estaba AH Development con los abogados de Fiddler[2] y ellos eran como, entre todos eran como diez. Y nosotros éramos más, pero entonces me dijeron que yo podía entrar y ellos se tenían que quedar afuera.
…
Indagamos en los fundamentos que le dieron para excluirlos del proceso y se nos contestó que los abogados de la otra parte habían expresado que a ellos no se les podía dar participación porque “están emocionales”. Sobre las vistas públicas, Haydeé Colón también señala:
Entonces empezaron las vistas públicas. En las vistas públicas, ya la licenciada Jéssica Rodríguez, habíamos quedado en que nosotros íbamos a participar como ciudadanos porque también el proceso nos ayudaba a crecer. Este no es el caso donde tú se lo dejas al abogado y que el abogado se encargue y no me digas nada y tráeme la solución. No, no, no, no, no. Este es el caso donde, abogado tu escenario es el, el Tribunal Supremo, nosotros nos dedicamos a la opinión pública. Y pues, tuvimos esa oportunidad de participar en lo de la opinión pública. Cada vez que íbamos a las vistas, ese proceso de participación ciudadano, ciudadana, era una burla.
Le preguntamos sobre el proceso de vistas públicas previo a la construcción de la urbanización Montehiedra, sobre lo que Haydeé detalla:
Se las ingeniaron para hacer unas vistas públicas donde, cuando uno las lee se da cuenta de cuán falta fue la participación de la ciudadanía. Ahí ellos están hablando de los impactos. Y el oficial examinador lo que le dice al, a esas personas es que dejen las manos del desarrollador resolver las inquietudes que trajeron. Cuando en la posición de la Junta debió haber sido, si hay participación ciudadana es, cómo usted responde, y esos impactos que ellos están diciendo, ustedes se tienen que asegurar de que no, no estén. "
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En Ambigüedad y Derecho: Ensayos de Crítica Jurídica (2014); sobre la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito y el proceso de la restauración de la quebrada Chiclana:
"Como parte del proceso de expansión urbana en Puerto Rico, en la década del 70, se inició un rápido proceso de construcción de complejos de vivienda, urbanizaciones y edificios de apartamentos en el área rural de Caimito, un barrio al Sur de San Juan, capital del país. Uno de los procesos más notables en el Barrio Caimito durante la década del 90, fue la construcción de un proyecto de vivienda de alto costo llamado Montehiedra. El proyecto conocido como “Comunidad Montehiedra” incluyó unidades de vivienda de alto costo (aproximadamente $300,000 en adelante), un centro comercial de carácter regional, oficinas, entre otras construcciones. Montehiedra fue desarrollada por la compañía AH Development Inc. (en adelante, AH o AH Development). Este nuevo desarrollo creó un espacio ocupado por personas de altos ingresos económicos con realidades económicas, sociales y culturales distintas a las de los residentes del Barrio Caimito, en San Juan. El proceso de urbanización fue adentrándose más a los espacios de los ya residentes de Caimito, lo que provocó que éstos se sintieran excluidos de su barrio, particularmente debido a que, dado el costo de las nuevas viviendas, éstos no contarían con la oportunidad de continuar viviendo allí.[1] Los vecinos veían cómo iban desapareciendo los bosques, ríos, montes y quebradas del área rural de Caimito y cada vez se acercaban más los efectos de este desarrollo sobre sus residencias.[2]
A raíz de los eventos urbanizadores, los residentes crearon la Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito (CCRC). La CCRC surgió en respuesta a lo que ya para algunos residentes del barrio Caimito era evidente: el proceso de urbanización no planificada no los tomaba en cuenta, los excluía y tenía efectos detrimentales sobre su calidad de vida. Esto provocó que se organizaran con el objetivo de promover una mejor calidad de vida, evitar las decisiones unilaterales sobre su entorno y “rescatar” a Caimito del proceso que estaba ocurriendo.
En el 2000, surgió un incidente que acaparó la atención de muchos de los residentes de Caimito. AH Development, en el proceso de construir una de las secciones de Montehiedra, había sepultado una quebrada con toneladas de terreno. Curiosamente, la quebrada no tenía nombre en los mapas topográficos pero los residentes de Caimito la habían nombrado hacía muchos años. Se trataba de la Quebrada Chiclana. La “desaparición”[3] de la quebrada causó consternación en el barrio, lo que llevó a la CCRC a organizarse en diferentes escenarios para denunciar lo ocurrido y conseguir su restauración. Fue la CCRC la que alertó a las agencias reguladoras sobre lo ocurrido. Producto de su denuncia se hizo una querella formal contra la compañía por el relleno ilegal de una quebrada y la remoción de material de la corteza terrestre sin los permisos de las agencias.
El relleno de la quebrada por parte de AH, ocasionó la destrucción de su entorno y de los recursos naturales e inundaciones a residencias de algunos residentes, poniendo en riesgo sus vidas y propiedades.[4] Denunciaron el relleno como parte de un “desarrollo irresponsable en Caimito”.[5] La CCRC le requirió al gobierno y a la compañía, la restauración de la quebrada a su “estado natural” y exigieron participación en el proceso administrativo.
La controversia tuvo presencia en la esfera pública,[6] en la Legislatura, en las agencias administrativas del Ejecutivo y en los tribunales. Varios actores fueron protagonistas de los eventos alrededor de esta controversia: residentes, académicos, científicos, abogados y abogadas, ingenieros, políticos, proyectistas, periodistas, entre otros. El reclamo de la CCRC para participar del proceso y asegurarse que la quebrada fuera restaurada y AH multado, acaparó la atención pública, provocó la atención de los partidos políticos y tocó las puertas del sistema legal. En el transcurrir del proceso administrativo, a la CCRC se les excluyó de la toma de decisiones sobre la selección de un remedio para la restauración de la quebrada, bajo el fundamento de que se trataba de asuntos propios al peritaje de la agencia. La inacción de la agencia en determinar un remedio para la quebrada llevó el caso hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico en busca de un remedio. El Tribunal Supremo ordenó al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) a llevar a cabo una vista para darle participación a la CCRC y el DRNA llevó a cabo la vista para cumplir con el requisito de participación.[7] Pero los abogados de la agencia, así como los ingenieros y los de la empresa respectivamente, llegaron a unos acuerdos para que sólo se restaurara la quebrada ‘parcialmente’. Se aprobaron unas guías para ese propósito, a lo que la CCRC se opuso, lo que dio lugar al caso administrativo y a lo que aquí se reseña. Años más tarde y a insistencia de la CCRC, finalmente se emitió una resolución que ordenó a AH restaurar la quebrada a su “estado natural”. La CCRC fue actora partícipe en los procesos de restauración."
