Hay una lucha ambiental... Artículo de nuestra querida Jessabeth Vivas Capó, abogada de ANDA Inc. y exalumna maravillosa de la Escuela de Derecho de la UPR. Jessa reseña la excepcional iniciativa de las ocho comunidades del Caño Martin Peña y nos recuerda que su día a día continúa, contra viento y marea!. (Original publicado en Prensa Comunitaria).
salud!
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En el fondo del Caño hay una lucha ambiental
“Luego miró hacia arriba, hacia el puente y la carretera. Automóviles, guaguas y camiones pasaban en un desfile interminable. El hombre observó cómo desde casi todos los vehículos alguien miraba con extrañeza hacia la casucha enclavada en medio de aquel brazo de mar: el “caño” sobre cuyas márgenes pantanosas había ido creciendo hacía años el arrabal”.
-En el fondo del caño hay un negrito
de José Luis González
Hace apenas 7 años, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de modo unánime aprobó una ley cuya Exposición de Motivos declaraba la importancia social, cultural y laboral de ciertas comunidades de escasos recursos económicos para el quehacer cotidiano del País. En dicha ley, se establecía que la política pública del Estado Libre Asociado hacia estas comunidades giraría en torno a “fomentar una relación saludable entre el ambiente natural y la ciudad y las comunidades que le rodean, con una visión integral del desarrollo y sobre la base del apoderamiento comunitario”. Asimismo, la ley en cuestión reconocía que si bien “[d]urante más de 40 años, ha desfilado un sinnúmero de propuestas dirigidas a desplazar a estas comunidades de su ubicación estratégica”, basadas en gran medida en argumentos de índole ambiental y salubrista, ahora el modelo de intervención del Estado con las comunidades aludidas descansaría en un “enfoque integral al problema de la pobreza propiciando procesos de desarrollo […] en conjunto con los procesos de rehabilitación física y ambiental”.
El nombre de la ley citada es “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña”, Ley Núm. 489 del 24 de septiembre de 2004 (en adelante “Ley 489”). La Ley 489 creó la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, el Fideicomiso de la Tierra y le ordenó al Estado, las agencias y al Municipio de San Juan traspasarle a la Corporación ENLACE la titularidad de los terrenos que estuviesen dentro de lo que había sido designado por la Junta de Planificación como Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña. Ambos entes, la Corporación y el Fideicomiso, fueron creados con el propósito de fomentar la autogestión y el desarrollo integral de las comunidades del Caño y asegurar la permanencia de las aproximadamente 27,000 personas que componen sus comunidades en el espacio que les ha servido de hogar, todo esto “de forma ágil, transparente y libre de interferencias de índole político partidistas”. Tanto las disposiciones de la ley, como la creación de la Corporación y del Fideicomiso de la Tierra fueron fruto de años de trabajo organizativo y de cabildeo por parte de miembros de las 8 comunidades que componen el Caño Martín Peña (Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista-Santurce, Parada 27, Las Monjas, Buena Vista Hato Rey, Israel-Bitumul y Cantera). Incluso, personas no vecinas de las comunidades solidariamente ofrecieron sus conocimientos y colaboraron en la gesta con enorme respeto por la participación ciudadana y la ecología de saberes.
La decisión de los miembros de las ocho comunidades del Caño Martín Peña de crear el Fideicomiso de la Tierra como herramienta para asegurar la propiedad colectiva de la vivienda y la permanencia de sus comunidades, fue producto de la discusión extensa y profunda que en sobre 700 asambleas y reuniones comunitarias se dieron sobre la gama de modelos jurídicos disponibles para organizar la propiedad. Así pues, la decisión de establecer un fideicomiso como herramienta para asegurar una vivienda digna y la continuidad de las comunidades existentes, surgió de las comunidades afectadas y no de personas o entidades externas que impusieron su criterio sobre qué tipo de propiedad, u organización de la propiedad, es mejor. Por otro lado, además de la comúnmente presente amenaza de desplazamiento y del dragado del Caño, las comunidades discutieron en sus asambleas y reuniones estrategias para hacer frente y superar problemas ambientales, de educación, drogas, violencia, seguridad, salud, planificación urbana, infraestructura, economía, ausencia de iniciativas culturales y de esparcimiento, entre otras. La amplitud de iniciativas deportivas, recreativas, educativas, de preservación ambiental urbana, salubridad, de habitabilidad de la ciudad y microempresarismo, entre otras, son muestra del grado de compromiso y seriedad con que las comunidades del Caño Martín Peña han asumido los retos para superar la pobreza y trabajar en el desarrollo integral de sus personas y sus espacios.
Las estrategias que la Corporación del Proyecto ENLACE y las comunidades que lo componen han estado implantando son obras totalmente cónsonas con las ideas de modernización, crecimiento empresarial, desarrollo tecnológico e independencia del aparato gubernamental que impregnan los discursos de la administración de turno, además de que el ente en sí es un ejemplo idóneo de los modelos de alianza público-privada que tanto promueven. No obstante, el 23 de junio de 2009 la Asamblea Legislativa que anteriormente se había desbordado en elogios a la capacidad de las comunidades para atender y solucionar sus problemas ante la marginación, aprobó mediante descargue y sin celebrar ni una vista pública la Ley Núm. 32 que le arrebata a la Corporación la titularidad de los terrenos que el Estado y sus instrumentalidades le habían traspasado. Esta acción por parte de la rama legislativa y la ejecutiva, tiene como fin el desmantelamiento del modelo de fideicomiso que las comunidades eligieron en procesos participativos y verdaderamente democráticos. Asimismo, la imposición de criterios individualistas y conservadores sobre la propiedad y lo que es “justo” por parte del Gobierno a las comunidades del Caño Martín Peña implica un desprecio total ante la capacidad deliberativa de las comunidades y de su creatividad a la hora de buscar mecanismos jurídicos que realmente las proteja y las haga dueñas de su presente y futuro.
La razón para escoger la situación de las ocho comunidades del Caño Martín Peña para hablar sobre la relación ambiente-comunidad, es que éstas ejemplifican la injusticia social que continuamente atraviesan las comunidades al ser desplazadas mediante la expropiación o el desahucio. Ocurriendo que en muchas instancias, estos desplazamientos los fundamentan en argumentos medioambientales sea ya para proteger un recurso cercano a la comunidad o para supuestamente proteger a la comunidad de las consecuencias que puede tener el vivir cerca del recurso. Sin embargo, la realidad es que los espacios que habitan y en los que formaron una comunidad que les brinda apoyo en medio de la marginación y la desigualdad, eran áreas anteriormente ignoradas y no valoradas por aquellos que están en el poder pero ahora que dichos terrenos han adquirido valor en el mercado, si les importa lo que allí acontece. Así también, el descaro con que el Gobierno está desmantelando el Fideicomiso de la Tierra es un claro ejemplo de cómo los políticos continuamente faltan a su palabra y a su compromiso con el pueblo para dar paso al amiguismo y al interés puramente económico.
Por todo esto es que como parte de las iniciativas para la protección de los recursos naturales tenemos que incluir la protección de las comunidades que habitan el ambiente que defendemos y no podemos callar ante el uso por parte del Estado de argumentos conservacionistas para despojar a las personas pobres de sus comunidades. Las comunidades del Caño Martín Peña, así como tantas otras comunidades en situaciones similares de desplazamiento, han demostrado estar capacitadas e interesadas en trabajar por la protección ambiental del espacio que les ofrece una vivienda. La gente del Caño no sólo trabaja en impulsar su dragado y buscar mecanismos de financiamiento para el mismo, sino que además han creado un sinnúmero de programas culturales para educar sobre la importancia ambiental de su hábitat comunitario. Los esfuerzos que han realizado y los planes de trabajo pendientes, demuestran que estas comunidades están preparadas y sensibilizadas para luchar contra la contaminación y el deterioro ambiental a la vez que aseguran su permanencia en un espacio que les brinda felicidad y sentimiento de pertenencia. El movimiento ambiental tiene que solidarizarse con el movimiento comunitario porque al final, ambos deseamos lo mismo: vivir en un País digno y con calidad de vida para TODOS sus habitantes.
* Abogada, miembro fundadora de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc. y gestora cultural.
