Strategic lawsuits against public participation (SLAPP´s ) son moda en los EEUU hace un tiempo y se conviertieron en otra de las respuestas de sectores que en una sociedad altamente litigiosa aprovecha ese contexto para demandar por libelo y calumnia a comunidades y activistas que denuncian actos contrarios al interés público y posibles actos de corrupción como la otorgación de permisos contrarios a los reglamentos y legislación. En la mayoría de los casos se trata de proyectos costosos que inciden negativamente sobre las comunidades de pocos recursos económicos. En varios estados como en California han logrado legislación para evitar estas demandas frívolas que buscan amedrentar a los ciudadanos que ejercen sus derechos de libertad de expresión y de participación ciudadana. El asunto no es tanto si las demandas presentadas prosperan en los tribunales o no, sino que mediante la presentación de la demanda hacen que los ciudadanos tengan que incurrir en gastos de abogados, tiempo y recursos en defenderse de estas demandas y logran que otros ciudadanos por temor a lo mismo no ejerzan sus derechos de participación.
En Puerto Rico ya ha habido varios casos en los que se demandan a líderes comunitarios (as) efectivos (as) por supuesto libelo y calumnia. Hay casos en Caimito y Cataño y amenazas de ese tipo en Ponce y en procesos administrativos donde los abogados de los proyectistas piden en las agencias la supresión de ponencias de los ciudadanos aludiendo a que la ponencia es supuestamente libelosa. Vea el artículo de hoy sobre el tema aquí.
foto cortesía de Anibal Rosario.
foto cortesía de Anibal Rosario.
