poder-derecho-justicia
12.12.07
Opinión del Secretario de Justicia: los terrenos ganados al mar y los sumergidos
Vea aquí la Opinión del Secretario de Justicia sobre el proyecto Paseo Caribe.La opinión tiene 101 páginas de, en esencia, buen derecho y constituye tal vez, el documento jurídico de esa oficina que más se haya leído en lo que va de este año (las citas de cada acápite y el lenguaje utilizado en la introducción son otro cantar que no discutiré aquí). Creo que hace una aportación muy valiosa a nuestro Derecho en lo que concierne al Derecho civil patrimonial, en lo relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público marítimo terrestre. En esencia estoy de acuerdo con la interpretación que hace sobre los terrenos ganados al mar como parte de los bienes de dominio público. La interpretación jurídica que hace de un sinúmero de legislación española, puertorriqueña y norteamericana me parece correcta y las conclusiones jurídicas a las que llega en el caso de Paseo Caribe también lo son. A continuación les resumo los puntos principales de la opinión, al menos las conclusiones. Luego expondré las razones que me llevan a disentir del remedio que expuso el Secretario para el caso, al final de su opinión. En el próximo número del semanario Claridad publicaré una reseña de la opinión y analizaré las alternativas jurídicas para atender el asunto.
1. En su opinión, el Secretario concluye que -al menos parte de los terrenos- donde se construye el proyecto Paseo Caribe y donde está el Hotel Caribe Hilton son terrenos de dominio público.
2. La razón para lo anterior es que a pesar de que por virtud del Tratado de Paris y de otras leyes del gobierno norteamericano, como la Ley Foraker, éste último retuvo el control y titularidad de algnos terrenos, como la Reserva San Jerónimo (donde está parte del proyecto), las reservas que hizo el gobierno norteamericano sobre ciertos terrenos nunca tuvieron el propósito de mantener control ni celebrar negocios jurídicos sobre los terrenos sumergidos (que forman parte del dominio público marítimo-terrestre (bdpmt). Esto es así porque ya desde el 1917 con la aprobación de la Ley Jones y luego con la aprobación en 1929 de una ley que traspasó al gobierno de PR lo que restaba de traspasar en términos de terrenos, el gobierno de Puerto Rico retuvo jurisdicción sobre los terrenos sumergidos y su clasificación como dominio público nunca varió.
3. Los terrenos sumergidos son bajo las leyes españolas aún aplicables (Ley de Aguas y Ley de Puertos) bienes de dominio público marítimo-terrestre. Ahora bien, las dos fincas en controversia (donde está el Caribe Hilton y donde hay parte de Paseo Caribe) fueron terrenos sumergidos que se rellenaron en 1941 y 1950. La pregunta entonces era si esos terrenos -terrenos "ganados al mar" (rellenados)- eran, bajo el estado de derecho cuadno se rellenaron, bienes de dominio público marítimo-terrestre. La respuesta, muy bien fundamentada jurídicamente, incluyendo un análisis de la Ley de Relaciones Federales, es que sí. Aún antes de 1968 (la Ley de Puertos nuestra dispuso expresamente en esa fecha que los terrenos ganados al mar eran bdpmt), ya los terrenos ganados al mar se consideraban bdpmt. Esta conclusión es importantísima para nuestra derecho.
4. Sólo la Legislatura, mediante un acto del soberano, puede desafectar los bdpmt y sacarlos de tal clasificación. (También sumamente importante la aclaración de este punto que ya habíamos avistado en el caso Marriott). No hay evidencia de que esos terrenos estuvieran en algún momento en el régimen patrimonial privado antes del derecho aplicable que los dispone como de dominio público.
5. Los terrenos ganados al mar donde yace parte del proyecto PC y probablemente el Hotel Caribe Hilton, son bdpmt y por lo tanto todo acto de enajenación sobre esos terrenos es nulo.
6. Por lo tanto, se revocan las opiniones de Justicia de 1970 y de 2002 que llegaban a una conclusión contraria.
Ahora, los remedios. El problema con la opinión que esta mañana provocó serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por un lado, y un titular nefasto para el Secretario de Justicia en los periódicos y una avalancha de críticas, por otro, es que luego de una magnífica opinión que validó los argumentos de los ciudadanos que han protestado porque el proyecto no se ha paralizado, el Secretario no llevó a cabo acción alguna. Básicamente, en su opinión expone que las agencias deben evaluar lo que procede a la luz de su legislación y facultades y que le corresponde a la Asamblea Legislativa para atender el asunto sopesando si desea promover la demolición del complejo, validarlo mediante legislación o llegar a cierto punto medio como promover el arrendamiento. Dejar el asunto en manos de la Asamblea Legislativa, produjo una serie de críticas, a mi entender justificadas, sobre la línea del Secretario.
Primero, el Secretario de Justicia es el funcionario por excelencia llamado a hacer cumplir a ley y el estado de derecho. Si el Secretario abdica a ese deber, con qué legitimidad se le pide al ciudadano corriente que cumpla las leyes? Luego de expresar cuál es el estado de derecho, el Secretario hizo un llamado a las agencias a evaluar las alternativas. En segundo lugar, dejó el asunto en manos de la Legislatura.
1. No procede dejar el asunto en manos de la Legislatura. La premisa es que X acción es contraria a derecho, entonces: "Legislatura, cambie usted o evalúe cambiar el estado de derecho para atemperar la ley a lo ocurrido". Ese no puede ser el proceder del Secretario de Justicia. Su actuación debe ir dirigida a hacer valer el estado de derecho vigente o acudir al Tribunal y perseguir la paralización. No hay que interpretar ninguna cláusula constitucional, ni la de recursos naturales ni nunguna otra, ni hay que esperar por que "alguien" determine la política pública. Se trata de puro derecho positivo: Si hay un negocio jurídico que es nulo porque es contrario al derecho civil patrimonial que dispone que los bienes objeto del negocio están fuera del comercio, y resulta además que son bienes de dominio público, por tanto del pueblo dePR (¿quien tiene el deber de velar por éstos?) le corresponde a las agencias, representadas por el Secretario de Justicia, exigir la reivindicación y el saneamiento de esos bienes que como se expuso en la opinión, al menos parte de ellos SON DE DOMINIO PUBLICO, entonces ese es el estado de derecho.
2. La reacción del público en protesta y de insatisfacción ante el remedio es totalmente entendible. El Secretario de Justicia expuso el argumento jurídico, le dio legitimidad a un argumento del pueblo que se amparaba en el discurso legal, pero luego el remedio no fue el esperado. La gente no acpeta eso porque acuden a la solución jurídica como la solución certera y capaz de sanar la controversia. Es ilegal, por lo tanto, dice la gente, ¿cómo es que envian a la policía a darle palos a los que protestan si tienen razón!!? y mientras tanto la institución encargada de hacer valer la ley no actúa. En términos jurídicos dejar el asunto en manos de la legislatura no es un remedio acorde con el estado de derecho y no tiene porqué asumir que el soberano quiera cambiarlo. Mientras no se cambie, el Secretario tiene que hacer valer la ley. Para los juristas eso es inaceptable, pero para el pueblo en general es aún peor, no existe justificación para decretar la ilegalidad y dejarla pasar ante sus ojos.
3. En cuanto a su conlusión, lo que percibí de un entrelíneas es que la opinión parecía querer evitar que lo atacaran por asumir un poder que no le correspondía, pero en derecho, el Secretario podía tirar la línea entre el hecho de emitir la opinión consultiva como le pidieron y luego, conforme a lo concluido, acutar conforme a su responsabilidad de actuar como abogado de las agencias y del pueblo. En ese sentido no estoy de acuerdo con sus conclusiones.
Ahora el Gobernador ha dicho que las agencias se proponen paralizar por 60 días para determinar exactamente mediante una mensura, cuáles de los terrenos son los de dominio público. Habrá que estar atentos a los procedimientos administrativos, que espero no tarden, por el bienestar del país, pues la falta de legitimidad del gobierno se hace cada vez más evidente y la ciudadanía exige acción lo antes posible ante lo que ya oficialmente es un asunto ilegal.
Repudiamos, además, la acción del Superintendente de la Policía en la mañana de hoy de violar los derechos civiles a los manifestantes frente al proyecto, más aún luego de que en efecto, la Opinión del Secretario de Justicia avalara losplanteamientos que llevan haciendo por varios meses. El gobierno sigue operando en una contradicción discursiva: ley y orden para unos y para otros no. Ese es un problema serio.
1. En su opinión, el Secretario concluye que -al menos parte de los terrenos- donde se construye el proyecto Paseo Caribe y donde está el Hotel Caribe Hilton son terrenos de dominio público.
2. La razón para lo anterior es que a pesar de que por virtud del Tratado de Paris y de otras leyes del gobierno norteamericano, como la Ley Foraker, éste último retuvo el control y titularidad de algnos terrenos, como la Reserva San Jerónimo (donde está parte del proyecto), las reservas que hizo el gobierno norteamericano sobre ciertos terrenos nunca tuvieron el propósito de mantener control ni celebrar negocios jurídicos sobre los terrenos sumergidos (que forman parte del dominio público marítimo-terrestre (bdpmt). Esto es así porque ya desde el 1917 con la aprobación de la Ley Jones y luego con la aprobación en 1929 de una ley que traspasó al gobierno de PR lo que restaba de traspasar en términos de terrenos, el gobierno de Puerto Rico retuvo jurisdicción sobre los terrenos sumergidos y su clasificación como dominio público nunca varió.
3. Los terrenos sumergidos son bajo las leyes españolas aún aplicables (Ley de Aguas y Ley de Puertos) bienes de dominio público marítimo-terrestre. Ahora bien, las dos fincas en controversia (donde está el Caribe Hilton y donde hay parte de Paseo Caribe) fueron terrenos sumergidos que se rellenaron en 1941 y 1950. La pregunta entonces era si esos terrenos -terrenos "ganados al mar" (rellenados)- eran, bajo el estado de derecho cuadno se rellenaron, bienes de dominio público marítimo-terrestre. La respuesta, muy bien fundamentada jurídicamente, incluyendo un análisis de la Ley de Relaciones Federales, es que sí. Aún antes de 1968 (la Ley de Puertos nuestra dispuso expresamente en esa fecha que los terrenos ganados al mar eran bdpmt), ya los terrenos ganados al mar se consideraban bdpmt. Esta conclusión es importantísima para nuestra derecho.
4. Sólo la Legislatura, mediante un acto del soberano, puede desafectar los bdpmt y sacarlos de tal clasificación. (También sumamente importante la aclaración de este punto que ya habíamos avistado en el caso Marriott). No hay evidencia de que esos terrenos estuvieran en algún momento en el régimen patrimonial privado antes del derecho aplicable que los dispone como de dominio público.
5. Los terrenos ganados al mar donde yace parte del proyecto PC y probablemente el Hotel Caribe Hilton, son bdpmt y por lo tanto todo acto de enajenación sobre esos terrenos es nulo.
6. Por lo tanto, se revocan las opiniones de Justicia de 1970 y de 2002 que llegaban a una conclusión contraria.
Ahora, los remedios. El problema con la opinión que esta mañana provocó serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por un lado, y un titular nefasto para el Secretario de Justicia en los periódicos y una avalancha de críticas, por otro, es que luego de una magnífica opinión que validó los argumentos de los ciudadanos que han protestado porque el proyecto no se ha paralizado, el Secretario no llevó a cabo acción alguna. Básicamente, en su opinión expone que las agencias deben evaluar lo que procede a la luz de su legislación y facultades y que le corresponde a la Asamblea Legislativa para atender el asunto sopesando si desea promover la demolición del complejo, validarlo mediante legislación o llegar a cierto punto medio como promover el arrendamiento. Dejar el asunto en manos de la Asamblea Legislativa, produjo una serie de críticas, a mi entender justificadas, sobre la línea del Secretario.
Primero, el Secretario de Justicia es el funcionario por excelencia llamado a hacer cumplir a ley y el estado de derecho. Si el Secretario abdica a ese deber, con qué legitimidad se le pide al ciudadano corriente que cumpla las leyes? Luego de expresar cuál es el estado de derecho, el Secretario hizo un llamado a las agencias a evaluar las alternativas. En segundo lugar, dejó el asunto en manos de la Legislatura.
1. No procede dejar el asunto en manos de la Legislatura. La premisa es que X acción es contraria a derecho, entonces: "Legislatura, cambie usted o evalúe cambiar el estado de derecho para atemperar la ley a lo ocurrido". Ese no puede ser el proceder del Secretario de Justicia. Su actuación debe ir dirigida a hacer valer el estado de derecho vigente o acudir al Tribunal y perseguir la paralización. No hay que interpretar ninguna cláusula constitucional, ni la de recursos naturales ni nunguna otra, ni hay que esperar por que "alguien" determine la política pública. Se trata de puro derecho positivo: Si hay un negocio jurídico que es nulo porque es contrario al derecho civil patrimonial que dispone que los bienes objeto del negocio están fuera del comercio, y resulta además que son bienes de dominio público, por tanto del pueblo dePR (¿quien tiene el deber de velar por éstos?) le corresponde a las agencias, representadas por el Secretario de Justicia, exigir la reivindicación y el saneamiento de esos bienes que como se expuso en la opinión, al menos parte de ellos SON DE DOMINIO PUBLICO, entonces ese es el estado de derecho.
2. La reacción del público en protesta y de insatisfacción ante el remedio es totalmente entendible. El Secretario de Justicia expuso el argumento jurídico, le dio legitimidad a un argumento del pueblo que se amparaba en el discurso legal, pero luego el remedio no fue el esperado. La gente no acpeta eso porque acuden a la solución jurídica como la solución certera y capaz de sanar la controversia. Es ilegal, por lo tanto, dice la gente, ¿cómo es que envian a la policía a darle palos a los que protestan si tienen razón!!? y mientras tanto la institución encargada de hacer valer la ley no actúa. En términos jurídicos dejar el asunto en manos de la legislatura no es un remedio acorde con el estado de derecho y no tiene porqué asumir que el soberano quiera cambiarlo. Mientras no se cambie, el Secretario tiene que hacer valer la ley. Para los juristas eso es inaceptable, pero para el pueblo en general es aún peor, no existe justificación para decretar la ilegalidad y dejarla pasar ante sus ojos.
3. En cuanto a su conlusión, lo que percibí de un entrelíneas es que la opinión parecía querer evitar que lo atacaran por asumir un poder que no le correspondía, pero en derecho, el Secretario podía tirar la línea entre el hecho de emitir la opinión consultiva como le pidieron y luego, conforme a lo concluido, acutar conforme a su responsabilidad de actuar como abogado de las agencias y del pueblo. En ese sentido no estoy de acuerdo con sus conclusiones.
Ahora el Gobernador ha dicho que las agencias se proponen paralizar por 60 días para determinar exactamente mediante una mensura, cuáles de los terrenos son los de dominio público. Habrá que estar atentos a los procedimientos administrativos, que espero no tarden, por el bienestar del país, pues la falta de legitimidad del gobierno se hace cada vez más evidente y la ciudadanía exige acción lo antes posible ante lo que ya oficialmente es un asunto ilegal.
Repudiamos, además, la acción del Superintendente de la Policía en la mañana de hoy de violar los derechos civiles a los manifestantes frente al proyecto, más aún luego de que en efecto, la Opinión del Secretario de Justicia avalara losplanteamientos que llevan haciendo por varios meses. El gobierno sigue operando en una contradicción discursiva: ley y orden para unos y para otros no. Ese es un problema serio.
Paralizan
El Gobernador anunció la paralización del proyecto Paseo Caribe: ver noticia aquí . Esto, no sin que esta mañana ocurrieran fuertes abusos policiacos contra ciudadanos que protestaban por la falta de remedio ante la determinación del Secretario de Justicia que les daba la razón a sus planteamientos. ver noticia aquí.
11.12.07
ahora es oficial: son de dominio público
Lo que antes concluyó el Tribunal del Pueblo y la razón que llevó a Tito y a otros a protestar en la entrada de la isleta de San Juan, hoy se confirma. El Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, hizo pública hoy su determinación de que en efecto, parte de los terrenos donde se construye el complejo conocido como Paseo Caribe, son de dominio público. En su opinión de 101 páginas discute el trasfondo histórico y jurídico de estos terrenos, antes terrenos sumergidos y que fueron rellenados. Concluye, que en efecto, parte de éstos no estaban sujetos a enajenación y enmendó el error de una Opinión de 2002 que concluía que esos terrenos nunca entraron al dominio público.
No obstante, el remedio que ofreció el Secretario de Justicia parece no satisfacer a muchos pues dejó en manos de la Legislatura y las agencias el llegar a un acuerdo sobre el futuro del proyecto.
Próximamente les tendré un resumen de la opinión del Secretario de Justicia y mis comentarios. Al momento, atentos y atentas a las acciones ciudadanas.
No obstante, el remedio que ofreció el Secretario de Justicia parece no satisfacer a muchos pues dejó en manos de la Legislatura y las agencias el llegar a un acuerdo sobre el futuro del proyecto.
Próximamente les tendré un resumen de la opinión del Secretario de Justicia y mis comentarios. Al momento, atentos y atentas a las acciones ciudadanas.
Arqueólogos y atletas
Arqueólogos y atletas contra Paseo Caribe
Martes, 11 de Diciembre de 2007
Prensa Asociada
( 08:02 a.m. )
Un grupo de arqueólogos y otro de atletas se apostaron hoy en las entradas que dan acceso a la construcción de Paseo Caribe en Puerta de Tierra para exigir la paralización y demolición del proyecto que mantiene virtualmente privatizado el Fortín San Jerónimo.
"Estamos aquí pidiendo que ya el gobierno tome acción sobre el asunto de Paseo Caribe... Estamos nosotros aquí asumiendo el rol del gobierno de defender nuestro patrimonio", expresó a Prensa Asociada la arqueóloga Virginia Rivera.
Para ella, el gobierno debe dar prioridad a la situación de Paseo Caribe porque "mientras el gobierno sigue demorando la decisión, sigue para arriba el edificio".
Según una investigación legislativa, Paseo Caribe se construyó en terrenos ganados al mar y de dominio público.
El karateca Daniel Díaz, en tanto, pidió la demolición del proyecto residencial, turístico y comercial.
"Exigimos que se demuela y se derrumbe esta edificación que es ilegal, que el gobierno deje de arrastrar los pies y tome acción a favor del pueblo", añadió Díaz, quien obtuvo un tercer lugar en el campeonato mundial de karate celebrado en Texas, Estados Unidos, en el 2005.
En semanas anteriores, grupos de artistas, profesores y abogados realizaron manifestaciones similares frente a la construcción que se desarrolla a la entrada de la Isleta de San Juan.
fuente: Primera Horahttp://www.primerahora.com/noticia/otras/noticias/arqueologos_y_atletas_contra_paseo_caribe/137224
8.12.07
y hablando de viviendas....
Finalmente, el famoso proyecto de ley para incentivar la compra de viviendas se aprobó. Pero como bien dijo el propio Gobernador, el proyecto no busca atender los problemas de altos costos de vivienda y mucho menos el grave asunto de la falta de vivienda de sectores desventajados. Habrá que ver si este tema se convierte dentro de poco en un asunto prioritario para el gobierno. Mientras tanto, vean lo que en Barcelona hizo un grupo de jóvenes en protesta por el problema de la falta de acceso a la vivienda.... muy original.
ahora las abogadas y los abogados
Ayer a las 6am un grupo de abogados y abogadas llevo a cabo el tercer acto de protesta grupal por la inacción del gobierno en el caso Paseo Caribe, donde continúa la construcción de un complejo de apartamentos en terrenos de dominio público y en detrimento del patrimonio cultural puertorriqueño. Ya en otras ocasiones profesores de la UPR y artistas han amanecido en el predio en actos de protesta. Ayer fue el turno de reconocidos abogados y abogadas del país. Entre éstos estaban Don Juan Mari Brás, Noel Colón Martínez, Harry Anduze, Graciany Miranda, Wilma Reverón, Julio Fontanet y Lourdes Muriente. Estuvimos allí también algunos abogados y abogadas quienes además somos profesores de la Escuela de Derecho de la UPR: Pedro Saadé Llorens, María L. Jiménez, Ana Matanzo, Myrta Morales, Aníbal Rosario y yo; dos estudiantes de la Clínica de Derecho Ambiental, Rafael Espasas y Jessabeth Vivas y una estudiante miembro del Taller de Derechos Civiles, Isabel Berrios.
Abajo la cobertura del acto de protesta de los profesores de la UPR hace varias semanas.
Abajo la cobertura del acto de protesta de los profesores de la UPR hace varias semanas.
30.11.07
Certamen de Fotografía: Participación ciudadana en asuntos ambientales
Asociación Nacional de Derecho Ambiental
Comunicado de Prensa
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) invita a fotógrafos aficionados y al público en general a participar de su primer Certamen de Fotografía que será parte de la Tercera Jornada Ambiental: Participar es PODER, es Nuestro Derecho, dedicada al tema de la participación ciudadana. La premiación de este certamen será la actividad de apertura que inicia el 19 de febrero y se extiende hasta marzo. Con esta iniciativa, ANDA convoca a los concursantes a que interpreten, a través de la fotografía, el tema de la Participación Ciudadana en cuestiones ambientales. Los ciudadanos pueden aportar a la discusión mediante imágenes que documenten situaciones, actividades y delitos de índole ambiental. Además, se sugiere capturar la interacción del pueblo, de manera positiva o negativa con su espacio, sus paisajes, y hasta posibles soluciones de amenazas a recursos naturales. Las fotos participantes se evaluarán por edades en dos categorías, en las que se premiará a los tres primeros lugares. Habrá premios en metálico de hasta 250 dólares y productos. De las fotografías participantes, el jurado -que estará compuesto por fotógrafos profesionales y estudiantes de Derecho- hará una selección que se expondrá en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Reglas del Certamen:
-Se aceptará un máximo de 7 fotografías por participante.
-Tendrán que estar impresas en papel fotográfico, con un tamaño mínimo de 4 x 6 pulgadas y un máximo de 13 x 19 pulgadas.
-Deben incluir un papel adherido al dorso de cada fotografía en el que se indique el nombre, dirección y teléfono del participante.
*La fecha límite de entrega será el viernes 8 de febrero, 2008. Las fotos pueden ser enviadas por correo postal a la siguiente dirección:
Comunicado de Prensa
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) invita a fotógrafos aficionados y al público en general a participar de su primer Certamen de Fotografía que será parte de la Tercera Jornada Ambiental: Participar es PODER, es Nuestro Derecho, dedicada al tema de la participación ciudadana. La premiación de este certamen será la actividad de apertura que inicia el 19 de febrero y se extiende hasta marzo. Con esta iniciativa, ANDA convoca a los concursantes a que interpreten, a través de la fotografía, el tema de la Participación Ciudadana en cuestiones ambientales. Los ciudadanos pueden aportar a la discusión mediante imágenes que documenten situaciones, actividades y delitos de índole ambiental. Además, se sugiere capturar la interacción del pueblo, de manera positiva o negativa con su espacio, sus paisajes, y hasta posibles soluciones de amenazas a recursos naturales. Las fotos participantes se evaluarán por edades en dos categorías, en las que se premiará a los tres primeros lugares. Habrá premios en metálico de hasta 250 dólares y productos. De las fotografías participantes, el jurado -que estará compuesto por fotógrafos profesionales y estudiantes de Derecho- hará una selección que se expondrá en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Reglas del Certamen:
-Se aceptará un máximo de 7 fotografías por participante.
-Tendrán que estar impresas en papel fotográfico, con un tamaño mínimo de 4 x 6 pulgadas y un máximo de 13 x 19 pulgadas.
-Deben incluir un papel adherido al dorso de cada fotografía en el que se indique el nombre, dirección y teléfono del participante.
*La fecha límite de entrega será el viernes 8 de febrero, 2008. Las fotos pueden ser enviadas por correo postal a la siguiente dirección:
ANDA
Certamen de Fotografía
PO Box 23103
San Juan PR 00931-3103
También pueden entregar las fotografías personalmente en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. Procure a Tania Centeno Orozco de lunes a viernes entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. De tener cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: (787)504-4695/(787)607-8788
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) es una organización que, mediante talleres, charlas y actividades multidisciplinarias, pretende concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos para generar un cambio en la relación de la comunidad con su entorno natural. Entre otros esfuerzos, la organización realiza anualmente la Jornada Ambiental, una iniciativa en la que se brinda conocimiento legal y práctico a ciudadanos, líderes y grupos comunitarios que defienden el ambiente. Cuenta con una membresía diversa, compuesta de estudiantes de Derecho, líderes comunitarios y representantes de otras profesiones. Actualmente, ANDA cuenta con capítulos estudiantiles en la Escuela de Derecho de la UPR y la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez.
Certamen de Fotografía
PO Box 23103
San Juan PR 00931-3103
También pueden entregar las fotografías personalmente en la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. Procure a Tania Centeno Orozco de lunes a viernes entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. De tener cualquier duda favor de comunicarse a los siguientes teléfonos: (787)504-4695/(787)607-8788
La Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) es una organización que, mediante talleres, charlas y actividades multidisciplinarias, pretende concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos para generar un cambio en la relación de la comunidad con su entorno natural. Entre otros esfuerzos, la organización realiza anualmente la Jornada Ambiental, una iniciativa en la que se brinda conocimiento legal y práctico a ciudadanos, líderes y grupos comunitarios que defienden el ambiente. Cuenta con una membresía diversa, compuesta de estudiantes de Derecho, líderes comunitarios y representantes de otras profesiones. Actualmente, ANDA cuenta con capítulos estudiantiles en la Escuela de Derecho de la UPR y la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez.
27.11.07
"hay que superar el discurso de clases", dijo el Gobernador
No se ni por donde empezar. La foto nada más vale un millón. La noticia de hoy titulada "Gobernador defiende proyecto de vivienda", está como para una tesis. No puedo evitar mi asombro, luego enfado y finalmente admiración por los periodistas que estuvieron allí. Yo no hubiera aguantado. Esto es demasiado. Pero bueno, no tengo mucho tiempo y aunque no comenten en el blog (lo siento por los que lo ven) pero este es mi medio de [des]ahogo. Algunos puntos a analizar de la noticia:
1. la foto. dice el gobernador: "hay que superar el discurso de clase". muy bien. tomemos el de género por un segundo! sólo hay que mirar la foto. res ipsa loquitur.
2. el asunto de clase- respuesta fascinante la del Gobernador. Me tomaría demasiado analizarla. pero, sí, coincido, hay que superarlo!. Superémoslo, pero antes de superar el discurso hay que superar el problema que provoca la alusión a éste, o bien añadimos otros discursos y desenmascaramos de una vez otros problemas y complejidades que estoy segura el Gobernador tampoco querrá enfrentar en su conferencia de prensa. Desgraciadamente, muchos de los problemas del país y los altos níveles de desigualdad caen perfectamente dentro de ese discurso al que el Gobernador por alguna razón teme. Entonces, (1) cómo lo superamos?; (2) ¿a qué se refiere el Gobernador cuando le da esa respuesta de fobia anti-marxista a los periodistas?: ¿a que el problema de clases ya está resuelto y no existe? ¿o a que simplemente está fuera de moda hablar de "clases" y miramos hacia el otro lado ante los serios problemas de desigualdad que existen entre los que no tienen vivienda y los que están sentados alrrededor de su mesa?.
Sí. Esa fue la respuesta del Gobernador a los periodistas, quienes muy correctamente le preguntan porqué la racional del proyecto de ley para dar incentivo para viviendas de alto costo no atiende remotamente el problema de vivienda que afecta a la clase mayoritaria del país. Peor aún, promueve más problemas de desparrame y por ende mayor vulnerabilidad y riesgo a esos sectores.
3. el proyecto de ley- el proyecto persigue darle un crédito contributivo (a través del banco) a las personas que adquieran una residencia de nueva construcción y otro de hasta $25 mil a quienes compren casa por primera vez. La razón detrás del proyecto es que lo desarrolladores que han construído y contribuído al desparrame mediante construcciones unifamiliares en las afueras de la ciudad y en sitios no propicios, no tienen demanda de estas residencias. En lugar de bajar los precios para fomentar la demanda, acudieron a La Fortaleza para que mediante ley se incentive la compra de las residencias que los desarrolladores no han podido vender. Ante la pregunta de los periodistas que cuestionaron la política pública de este proyecto el Gobernador respondió: "esta no es una medida para resolver un problema del costo de vivienda en Puerto Rico". Bien. lo aceptó. ¿Y esa medida, cuándo llegará?
Tendría que invertir demasiadas energías analizando los problemas de este proyecto. Es totalmente equivocado en términos de política pública y contradictorio con otras políticas como las de revitalización de los cascos urbanos, planificación del uso del suelo, promoción de que sectores desventajados económicamente puedan adquirir viviendas a precios razonables (vivienda ascequible) y hasta contrario al libre mercado!.
Pero lo que me parece más preocupante son sus pronunciamientos así no más. Como decía Mayra Montero en su columna el domingo, ¿por quién nos toma? Es increíble.
25.11.07
Animales
No había querido poner nada sobre el tema de los animales... después de todo lo que ha pasado en el país sobre este tema.... Pero el "humor" de Mayra Montero recoge muchas cosas. Aquí va su columna de hoy en La Revista.
Guineas
En momentos en que este país se horroriza con las revelaciones que surgen sobre matanzas de animales y la falta de sensibilidad que denotan esos cementerios clandestinos, con las osamentas a la intemperie, en un residencial público tres candidatos políticos participan en una llamada “carrera de guineas”. Ellos, los candidatos, se ven muy naturales y muy de pueblo con las guineas en los brazos.
A la voz de “listos”, o a la voz de “en sus marcas”, sueltan a las aves en una cancha cerrada o algo así, para que unos niños y mozalbetes las agarren como mejor puedan: por las patas, por el pescuezo, o cayéndoles encima y atontándolas un poco.
A la voz de “listos”, o a la voz de “en sus marcas”, sueltan a las aves en una cancha cerrada o algo así, para que unos niños y mozalbetes las agarren como mejor puedan: por las patas, por el pescuezo, o cayéndoles encima y atontándolas un poco.
¿Cuál es la gracia? ¿No es mejor regalarles libros, instrumentos musicales, acuarelas, objetos de esa índole, en vez de organizar un evento para capturar animales aterrorizados y en evidente desventaja?
Ya sé que una guinea no es nada. Una guinea es un fricasé. Pero es que, bajo el mismo principio, un perro tampoco sería gran cosa. Ni un gato, que hay miles por la calle y hasta los tiran muertos a las puertas del Cuartel General. Una tropa de niños y jovencitos corriendo detrás de tres animales indefensos y agarrándolos de cualquier forma, como parte de un juego, es crueldad. Eso ni los hace más sensibles, ni les aporta nada, ni refuerza ninguna tradición. Al contrario, el concepto es patético: tres tristes tigres soltando la guinea. Si se va a defender ese espectáculo, pues que nadie se rasgue las vestiduras cuando aparezcan ochenta animales despeñados debajo de un puente. Ni nadie se las rasgue tampoco cuando leamos que en Hawai les dan premios a los niños que llevan coquíes despanzurrados.
Según la nota de prensa, al final de la carrera se regalaron pavos (congelados) y también se regalaron las guineas (vivas, o ya medio muertas) a los niños que tuvieron la suerte de atraparlas. El destino presumible de las guineas, según informó un reportero, era la cazuela. Lo que significa que la lección completa es la siguiente: se agarra a la guinea, se le retuerce el pescuezo, o se le rebana con el afilado cuchillo, y se mete en agua hirviendo para desplumarla. Y así esos muchachos se nos hacen duros, que están blanditos, viven en una burbuja y casi no están expuestos a la violencia. ¿Esa es la lógica?
Hay que leer, candidatos, hay que volver a Horacio Quiroga y a ‘La gallina degollada’. Hace poco, por ejemplo, apareció una tortuga cosida a puñaladas, no sé si era un tinglar u otra especie. Entonces, no es que las tortugas sean como las guineas, porque las guineas no se extinguen y las tortugas sí. Pero el caso es que son seres vivos y no hay derecho a torturarlos. Una cosa es que regalen pavos congelados, que me parece algo trillado y condescendiente, pero puede pasar, y otra muy distinta organizar carreritas con animales que tienen sesos, terminaciones nerviosas y un sistema que puede llegar a producirles pánico.
¿Cuál es la diferencia entre una guinea y el perro de competencia que murió asfixiado? El perro era más inteligente, sin duda, más grande y bonito, y además no se come. Pero para el tipo que se llevó el carro y que nunca se puso en el lugar del animal, del sufrimiento a que lo condenaba, pues miren: no hay absolutamente ninguna diferencia. Animales son todos, menos nosotros que celebramos Thanksgiving.
Ahora que, si insisten, yo puedo asesorar a los candidatos para que organicen otros juegos a tono con la perspectiva que tienen ellos de lo que es el país y lo que necesita la gente. Y esto lo subrayo porque la carrerita de guineas tiene muchas lecturas: ¿cómo nos ven los políticos? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Por quiénes nos toman?
En algún pueblo de España se celebra (o se celebraba, hubo muchas críticas a la barbarie) un juego que consistía en colgar a un ganso por las patas, por supuesto vivo, y hacer que los competidores pasaran por debajo, halándolo. El trofeo se lo llevaba el primero que le arrancara la cabeza. Ahí tienen una buena idea. No se olviden, por Pascua Florida, llevar a los residenciales camiones repletos de pollitos y conejos, y por favor se me retratan (con esa naturalidad que tienen, insisto, esa vocación de marginalidad y de tierra), tirando los conejos al aire como caramelos. Claro que, después de ver lo de las guineas, una piensa que por qué mejor no hacen otra carrera, pero con los candidatos. Los soltamos para que corran por Cantera y el que los agarre que se los lleve a la casa una temporadita. Los alimentan bien: si no hay caviar, purina. O bacalaítos de los que come Obama.
Como son tan de pueblo, seguro que agradecen.
22.11.07
cláusula de privacidad...
Para aquellos de ustedes que están conmigo en la discusión de las relaciones de poder en la práctica de la contratación y los contratos de adhesión... ah y para aquellos del facebook...:
La cláusula de privacidad de Facebook estipula lo siguiente: “Nosotros podemos usar información tuya que recopilamos de otras fuentes como periódicos y fuentes de Internet como blogs, servicios de mensajería instantánea, desarrolladores de la plataforma de Facebook y de otros usuarios de Facebook para complementar tu perfil. Al usar Facebook, das la autorización para que tus datos personales sean transferidos y procesados en Estados Unidos”.
:-)
21.11.07
Los artistas sacan la cara una vez más
Andy Montañez, Cristina Soler, Pedro Muñiz, René Monclova, Ineabelle Colón, Efraín López Neri y Luis Enrique Romero, entre otros artistas puertorriqueños, se apostan desde esta mañana en la entrada del proyecto Paseo Caribe para llamar la atención sobre su ilegalidad y sobre lo que significa que el estado no haya actuado en este caso. Estarán allí, según dijeron "el tiempo que sea necesario". Los artistas fueron pieza clave en denunciar la injusticia en Vieques. Aquí lo hacen una vez más. Bravo por ellas y ellos!.
20.11.07
Decisión importante: los informes técnicos de las agencias SON DOCUMENTOS PÚBLICOS
El juez superior de San Juan, Oscar Dávila Suliveres, acaba de emitir una decisión sumamente importante para la participación ciudadana, el Derecho administrativo y el Derecho ambiental. En un caso en que el Procurador del Ciudadano solicitó a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) copia de un memorando sobre las recomendaciones y evaluación del técnico de la agencia en el caso donde se impugnaba la Declaración de impacto ambiental del proyecto Costa Serena en Piñones, la JCA denegó copia del memorando bajo la premisa de que era un documento "interno". Se trata de una práctica que viene haciendo esta agencia y en ocasiones el Departamento de Recursos Naturales, para evadir que los ciudadanos vean las evaluaciones que hacen sus técnicos sobre los proyectos y que luego resultan distintas a la determinación final del jefe de agencia que le da el visto bueno a los proyectos aún contra la recomendación de "los expertos".
En este caso, el Juez ordenó que la JCA entregara copia del memorando al Procurador de Ciudadano y resolvió que el informe es un documento público y no es confidencial: “Dicho informe debe ser considerado como parte del expediente de la Declaración de Impacto Ambiental junto con las otras determinaciones de las demás agencias gubernamentales y estar disponible para el público y para la entidad demandante”.
Y es que así debe ser, en tanto no existe razón válida en Derecho para clasificar ese documento como un documento confidencial y en tanto dicha interpretación restrictiva que hacen las agencias priva a la ciudadanía de tener acceso a la forma en que se toman las decisiones por parte del ejecutivo. El fundamento de que esos memorandos son de carácter interno es totalmente viciado y no se justifica ni bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme ni bajo la Ley de Política Pública Ambiental. Todo lo contrario. Ya antes hemos analizado que el derecho de participación ciudadana se ve seriamente afectado por la práctica de las agencias de privarles del acceso a los documentos de los expedientes. Más aún, el derecho de revisión judicial se ve lacerado puesto que de interpretarse que los memorandos de los biólogos y otros técnicos son documentos confidenciales, resultaría prácticamente imposible impugnar las determinaciones de las agencias puesto que los tribunales revisan bajo la doctrina de deferencia a la determinación de la agencia y sólo si su determinación resulta en un claro abuso de discresión y no está basada en el expediente administrativo, el tribunal intervendrá con la determinación de la agencia. Si los ciudadanos que impugnan las determinaciones de las agencias no tienen acceso a los memorandos preparados por quienes el derecho considera "expertos", ¿cómo entonces se presenta prueba de que la determinación de la agencia fue arbitraria y caprichosa? Ese razonamiento nos llevó a criticar fuertemente la decisión del Tribunal Supremo en Hérnandez v. Centro Unido de Detallistas (2006; ya antes puse un post sobre este caso) donde si bien el Tribunal Supremo no dice que el memorando de unos biólogos no era un documento público, consideró que en ese caso, el memorando no era parte del expediente administrativo y no pasó juicio sobre la discrepancia entre lo reflejado en el memo y la determinación del jefe de agencia.
En fin, considero correcta la decisión del Juez Dávila Suliveres en este caso y me parece que debe darse a conocer para evitar la práctica de las agencias de privar a los ciudadanos de documentos que son públicos.
19.11.07
18.11.07
¿Hasta dónde es permitida la protesta?
Me parece muy interesante y propicio analizar una serie de eventos en los últimos dos años en términos de las reacciones que han provocado sobre el debate de la libertad de expresión en cuanto a los actos de protesta se refieren. Le he seguido la pista al menos a cinco eventos recientes que han provocado en el debate público directa o indirectamente (creo que más indirectamente), la discusión de si los actos de protesta X se pasan del límite permitido (de la raya). El viernes en la columna de El Nuevo Día, Mari Mari Narváez utilizaba la ironía para atraer la atención sobre los argumentos de quienes criticaron el acto de protesta de Tito Kayak porque intervenía con el derecho de ocho trabajadores (que fueron al tribunal y se unieron a la protesta de la Asociación de Constructores de Hogares, esto es, los desarrolladores) a "ganarse sus habichuelas". ¿Hasta donde van a llegar los actos de protesta de Tito?, dicen algunos. Hoy, el Nuevo Día lanza una serie de tres artículos donde analiza los actos de protesta de Tito en asuntos que para él tratan de justicia social y entrevista a varios ciudadanos que dan su opinión sobre lo apropiado o no de este tipo de protesta.
Creo que sería interesante abordar al menos algunos eventos, las reacciones del público y el tradicional debate de "hasta donde "el uso de la libertad de expresión y el derecho a la protesta y contra qué se contrapone en determinados eventos. Aquí les recuerdo algunos de los últimos debates y sucesos en Puerto Rico que giraron sobre este punto.
1. Vieques- el uso consistente de la desobediencia civil donde en un periodo de dos años miles de personas fueron entrando consistentemente al campo de tiro hasta que la Marina se fue. Se debatían muchas cosas (aunque había un tipo de concenso sobre el uso de la desobediencia), entre éstas el uso de "la violencia" como cortar las verjas y eventualmente el acto de protesta cuando se destruyó el puesto de observación de la entrada del Navy.
2. Camioneros- las protestas de los camioneros en la entrada de la isleta de San Juan y otras avenidas que paralizaron el tránsito provocaron un rechazo casi masivo a esa estrategia sindical. La gente llamaba a la radio furiosa por el tapón y hasta se presentaron proyectos de ley para limitar las horas y días de protestas de este tipo.
3. la huelga de estudiantes en la UPR- aparte de los conflictos de legitimidad de cierto grupo de estudiantes como representativos o no, el debate incluyó si el derecho de los estudiantes a protestar (fueran 5 o fueran 20,000) podía incluir el cierre del Recinto como mecanismo de protesta y de presión ante la administración universitaria. La discusión llegó al punto de que un ex presidente y otros miembros de la comunidad universitaria aludían a que "los estudiantes vienen a la universidad a estudiar" y no deben interferir con "el derecho de otros a hacerlo".
4. La protesta de los estudiantes de la UPR cuando impidieron la entrada al teatro del Recinto- nuevamente el debate giró en torno a si el acto de protesta era válido o si se limitaba a dar rondas y piquetear frente al Recinto contra la privatización del teatro. Según muchos, no debía ni podía incluir el impedir que se llevara a cabo la actividad organizada por la presidencia para un sector exclusivo. Todavía se debaten las sanciones a estudiantes por impedir la actividad. http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/universitarios_denuncian_persecucion/317203#comentarios
5. La protesta de Tito Kayak contra el proyecto Paseo Caribe-de esa se ha incluído bastante en este blog, pero vean la opinión de la gente entrevistada hoy en El Nuevo Día: http://www.elnuevodia.com/diario/noticia/puertoricohoy/noticias/hiel_y_miel_para_tito_kayak/316517
6. Rumores de huelga en la UPR (Hermandad de Empleados)- Más allá del debate de si existe para estos empleados un derecho constitucional a la huelga, me parece interesante que para ciertos sectores sea incuestionable que el ejercerla no incluya la posibilidad de ejercer presión al patrono deteniendo las labores mediante el cierre a la entrada a los lugares de trabajo (en este caso, el Recinto). Sin pasar juicio sobre esto, lo que me interesa es el análisis de la reacción a lo que es admisible o no y porqué se piensa así. (en el último episodio no hubo discusión sobre este punto, sino más bien cierto concenso de que eso era inconcebible a raiz del número de veces que se ha hecho en el pasado)
7. Protesta y derrumbe del portón de Ocean Park- Algunos lo justificaron ante la inacción del gobierno debido a lo evidente de la ilegalidad de los portones que limitaban al público el acceso a la playa. Otros, en la radio y en el discurso oficial, hablaron de que eso era tomarse la justicia en sus manos, algo intolerabe en un país de "ley y orden".
En fin, Mari Mari ironiza a quienes pretenden que el derecho a la libertad de expresión y a ejercer la democracia en forma de protesta sea cierta ilusión de "democracia light" (ver enlace a su columna en un post abajo): aquellos que plantean que la protesta sea exclusivamente en el perímetro designado por el Superintendente de la policía y mediante actos que de ninguna forma intervengan con la "normalidad" de los eventos diarios del país. Para otros, eso es inconcebible: Hablar de "tu derecho llega hasta donde empieza el mío", simplifica demasiado, por no decir, trivializa el debate. Mucho se ha escrito sobre eso en términos teóricos y normativos, pero invito a reflexionar más allá de esto, sobre los supuestos de las reacciones a estas protestas, las opiniones y disgresiones sobre estos puntos en nuestro país en contextos como los reseñados, y si se puede, a trazar una línea conductora que busque explicar la tolerancia o intolerancia a este tipo de actos. ¿Existe en Puerto Rico a este punto de forma generalizada, como sugiere Mari Mari, cierta premisa inarticulada y hasta irreflexiva, que pretende trivializar/homogeneizar o encapsular lo que son los actos de protesta y limitarlos a aquello que no implica disrupción de la "normalidad"? Si es así, ¿en qué contextos y porqué? ¿Porqué el discurso de que este país es uno de "ley o orden" aparece en contextos condenatorios de estos actos de protesta y no en otros?
16.11.07
15.11.07
El Fideicomiso de la Tierra: una nueva figura jurídica para mejorar la calidad de vida
Comparto con ustedes el artículo que escribió Mariana Muñiz Lara, estudiante de primer año de la Escuela de Derecho, luego de la visita que hiciéramos el Programa Pro Bono a las comunidades del Caño Martin Peña. Estudiantes de primero a tercer año de la Escuela ofrecen asesoría legal, con mentoría académica, a las comunidades en la creación e implantación del Fideicomiso de la Tierra, una nueva herramienta que busca contribuir a la superación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida y a evitar el desplazamiento de estas 8 comunidades alrededor del Caño por medio de un mecanismo de titularidad colectiva. El artículo de Mariana se publicó en el semanario Claridad.Fideicomiso para mejorar calidad de vida
Se organizan vecinos del Caño de Martín Peña
Se organizan vecinos del Caño de Martín Peña
Marina Muñiz Lara* Especial para Claridad
“No me molesta. Yo lo que espero es que, cuando terminemos el proyecto, la parte de nosotros quede tan bonita como la de ellos”, dijo el pescador que llevaba a un grupo de jóvenes y profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en una travesía en bote desde Piñones hasta el Caño Martín Peña, cuando se le preguntó su opinión acerca de la lujosa urbanización sobre el agua Vistamar Marina, en Carolina.La inequidad que se palpa al ver estas mansiones con “jet skies” estacionados en sus patios a poca distancia de las casitas apiñadas y entrelazadas por caminos inundados de aguas usadas de las comunidades que circundan el Caño Martín Peña, en Santurce, es una de las razones para que el Programa de Servicios Pro Bono de la Escuela de Derecho se haya unido a la Corporación ENLACE para ayudar a los residentes del Caño a crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña y a implantar la política pública de la Ley 489 de 2004 para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño.Los participantes de este proyecto, quienes proveerán asesoría en áreas de Derechos Reales, Hipotecario, Corporativo y Ambiental, se apartaron de las discusiones teóricas por un día para conocer, en una visita junto a un grupo de pescadores, las áreas naturales de la principal arteria del Estuario de la Bahía de San Juan que se pretenden rescatar para el disfrute de quienes, por décadas, han vivido junto a ellas en condiciones cada vez menos admisibles. “No sabía que la situación estaba tan mal. Fue muy poco tiempo el que estuvimos y muy poco el intercambio con los residentes, pero lo que vimos fue impactante, sobre todo en contraste con la Milla de Oro que tienen al lado”, dijo la estudiante Yara Goenaga Vázquez, luego de la visita. Mientras, su compañera Ninoshka Picart Pérez opinó que “ésta es una idea súperbuena para evitar que se venda el barrio, que tiene una ubicación ideal, y también tiene gente que realmente quiere vivir ahí, y, porque les importa, están muy activos como representantes de sus comunidades”.
Muchos barrios en Puerto Rico han sido y son objeto de expropiaciones forzosas, bajo el pretexto de la revitalización urbana, para que personas de altos recursos económicos se beneficien de los desarrollos que se pueden hacer en esas zonas estratégicamente localizadas. Con el Fideicomiso del Caño, se pretende que los aproximadamente 30,000 residentes de las comunidades Barrio Obrero, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Santurce, Buena Vista Hato Rey, Parada 27, Las Monjas, Israel-Bitumul y Cantera continúen viviendo en ellas, con una mejor calidad de vida. El proyecto, basado en la titularidad colectiva, atenderá los problemas de propiedad de los terrenos, rehabilitará y desarrollará viviendas, corregirá la infraestructura eléctrica y de alcantarillado, creará espacios públicos y proveerá herramientas para el desarrollo económico comunitario.Para comenzar el trabajo, estos barrios cuentan con líderes que los representan en el proceso de establecer mecanismos para la administración de sus terrenos en beneficio de sus habitantes. Los voluntarios y voluntarias del Programa Pro Bono compartieron, además, con estas personas en un recorrido por áreas residenciales de Israel-Bitumul y la Parada 27, en el que pudieron notar las condiciones de vida en estos barrios, las situaciones que aquejan a sus residentes y escuchar cómo se ha trabajado para solucionar estos problemas y lo que queda por hacer. Así, los clientes dejaron de ser meros estudios de título y memorandos de derecho para convertirse en personas con necesidades, ideas y un alto sentido de responsabilidad ciudadana.
*La autora es estudiante de primer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto
Rico.
las instituciones están en jaque: llamado a la desobediencia civil
Ayer, en el Ateneo Puertorriqueño, el Tribunal del Pueblo, constituido para pasar juicio sobre la legalidad del proyecto Paseo Caribe, emitió su laudo final: el proyecto es ilegal, los terrenos donde ubican son de dominio público, por lo tanto, las transacciones gubernamentales sobre el predio son nulas y hubo serias irregularidades en la emisión de permisos en violación a leyes de planificación, ambientales y de protección arqueológica.
También, allí, mientras el Tribunal del Pueblo emitía su laudo, Tito Kayak compareció y se entregó a la policía tras el Juez haber emitido una orden de arresto en su contra por desacato. Posteriormente, Tito prestó fianza y la vista se señaló para el 28 de noviembre. Tito hizo un llamado a la desobediencia civil: “El proyecto hay que tumbarlo. Se tiene que detener, se tiene que derrumbar”, dijo enfáticamente. “Vamos a hacer lo que el gobierno no querido hacer. El pueblo, a través del Tribunal del Pueblo, llegó a una decisión y el gobierno tiene que respetar esa decisión”.
Los detalles son detalles, pero son importantes para ver lo que hay detrás. Lo importante, desde mi punto de vista, es que los sucesos han servido para traer a la atención pública, una vez más, el reclamo de la ciudadanía hacia el gobierno, de actuar verdaderamente en protección del interés público, de hacer cumplir las leyes y no hacerse de la vista larga cuando las violaciones de ley son de los más poderosos. La inacción del gobierno en este tipo de casos ha hecho que cada vez -de manera más frecuente- se haga un llamado a "tomar la justicia en las manos", a la desobediencia civil y a acciones que ponen en jaque a nuestras instituciones, desprestigiadas ante los ojos de la ciudadanía.
Casos de contaminación con DDT
En un caso similar a la contaminación sufrida por los vecinos de Ciudad Cristiana en Humacao, PR, hace dos décadas y similar al conocido caso del Love Canal en Nueva York, hace tres (que dio lugar a la aprobación de CERCLA), en Cordoba, Argentina, vecinos de la comunidad de Alta Cordoba han dado la voz de alerta por la contaminación que sufren a raíz de un depósito de DDT en sus inmediaciones. Se encontró que los vecinos tienen alojado ese veneno en su organismo, producto del almacenamiento de DDT y otros plaguicidas de uso no permitido durante más de 30 años en un depósito regional gubernamental (SENASA).
A raíz del problema ambiental y social suscitado por la disposición ilegal de estos residuos peligrosos, la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) inició dos acciones judiciales, una de carácter penal donde se investiga la comisión del delito de contaminación y otra civil donde exigen la remediación del depósito y la instauración de un plan sanitario de monitoreo de la salud de la población.
Se trata de demandas similares a aquellas que se presentan bajo la legislación federal del Superfondo (CERCLA) en nuestra jurisdicción.
Vea más detalles en la página del CEDHA y en los siguientes enlaces:
14.11.07
13.11.07
Al día..
Lo más reciente:
1. Ni Tito Kayak ni sus abogados(as) acudirán a la vista señalada para hoy en el Tribunal de San Juan. Tito no ha sido emplazado, según planteó el licenciado Salvador Tió.
2. Bird Construction, operador de la grúa contratada por el dueño del proyecto, acudió al tribunal federal a solicitar un TRO contra el Superintendente de la Policía para que la policía removiera a Tito. El Juez Gelpí denegó la solicitud de entredicho provisional.
3. Las monjas y el Padre Álvaro, de la Iglesia Jesus Mediador de la Comunidad El Volcán en Bayamón, fueron al lugar de la protesta a bendecir a Tito y a apoyarlo en su defensa del patrimonio público.
4. La organización ambientalista Amigos del Mar convocó a una conferencia de prensa hoy a las 11am. Se prevé que presentarán una oferta de acuerdo con el gobierno para que Tito baje de la grúa.
1. Ni Tito Kayak ni sus abogados(as) acudirán a la vista señalada para hoy en el Tribunal de San Juan. Tito no ha sido emplazado, según planteó el licenciado Salvador Tió.
2. Bird Construction, operador de la grúa contratada por el dueño del proyecto, acudió al tribunal federal a solicitar un TRO contra el Superintendente de la Policía para que la policía removiera a Tito. El Juez Gelpí denegó la solicitud de entredicho provisional.
3. Las monjas y el Padre Álvaro, de la Iglesia Jesus Mediador de la Comunidad El Volcán en Bayamón, fueron al lugar de la protesta a bendecir a Tito y a apoyarlo en su defensa del patrimonio público.
4. La organización ambientalista Amigos del Mar convocó a una conferencia de prensa hoy a las 11am. Se prevé que presentarán una oferta de acuerdo con el gobierno para que Tito baje de la grúa.
11.11.07
Manifestación contra proyecto Paseo Caribe y en apoyo a Tito Kayak
María Cruz, activista ambientalista, se dirige a los presentes y
convoca al público a defender los terrenos de dominio público.
Tito Kayak se comunicó con los manifestantes por vía de celular.
Dedicó su acto a las mujeres luchadoras y a Doña Isabelita Rosado.
En la foto sostienen el celular y el micrófono en momentos en
que Tito hablaba al público, Tato Rivera Santana, planificador y
miembro del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano,
organización que convocó a la manifestación, y Wanda Colón Cortés,
activista comunitaria y portavoz del Proyecto Caribeño de Justicia y Paz.
En la actividad se cantaron consignas y una de ellas
aludía a que "no hace falta un tribunal cuando
esto es ilegal". También se aludió, como en este cartel,
a la inacción del gobierno mientras el proyecto
Paseo Caribe sigue en lo que se denominan terrenos de
dominio público.
A la actividad se unieron puertorriqueños del Bronx.
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