A ver. Vamos a intentar entender. El gobernador Luis Fortuño en su alocución ayer ante la Asociación de Constratistas de Puerto Rico, parece haber echado a un lado su vena republicana y ha hecho un llamado a lo que entiende son principios federalistas. Para atajar los problemas que enfrenta este país (no se si para fines de esta discusión convenga o no llamarle así), el Gobernador ha dicho lo siguiente (lo resumiremos conforme noticia de El Vocero,
aquí):
1. Para agilizar la economía hoy, 2009, y no en el 2011, es necesario que se siga la reglamentación federal "porque es más estricta y menos burocrática".
"La reglamentación federal es bien estricta… pero si a esa reglamentación también le ponemos requisitos locales entonces, en el 2011 quizás estamos viendo el primer centavo y la idea es que vamos a ceñirnos a la reglamentación federal y tratar de eliminar lo más posible la reglamentación local".
2. Esta evaluación surge luego de corroborar que actualmente existen 936 consultas de ubicación pendientes de la determinación de la Junta de Planificación y unas 48 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) en espera también del visto bueno de la Junta de Calidad Ambiental
3. Todos los lunes el Gobernador verificará que las agencias "estén haciendo su trabajo" (énfasis mío).
4. Sobre el Plan de Uso de Terrenos, Fortuño precisó que se desarrollará por regiones, siguiendo su plan de gobierno.
Vayamos punto por punto. Lo que el Gobernador propone parece ser que en estos renglones, la reglamentación (legislación) local se elimine y nos quedemos con lo que haya de reglamentación federal. Obviamente en cuanto a la aplicación federal se refiere, como sabemos, no tenemos que hacer mucho puesto que nada tenemos que decir aquí sobre si queremos que aplique o no. Pero ese es otro tema. Conviene, como mínimo, recordar los principios básicos del federalismo y luego tratar de entender a qué reglamentación federal y jurisdicción federal se refiere el Gobernador para atender estos asuntos y si en efecto existe campo ocupado federal sobre estos asuntos.
Recordemos que hay dos aspectos medulares que nos competen en esta propuesta o que al menos conviene tenerlos claros. Primero, el federalismo es un arreglo político-institucional de gobierno en que la soberanía está constitucionalmente dividida entre una autoridad o gobierno central y sus unidades políticas, que pueden ser estados o provincias. Las tensiones inescapables del federalismo, por supuesto, giran en torno al poder que esta unidad central tendrá sobre asuntos relativos a sus gobernados y qué poder tendrán las unidades más pequeñas, en este caso, los estados. El principio básico del federalismo norteamericano es que el gobierno federal tendrá aquellos poderes expresos o enumerados y por tanto esa jurisdicción del gobierno federal es de carácter limitado. Se refiere usualmente al poder de imponer impuestos, declarar la guerra, y regular sobre asuntos extranjeros y sobre el comercio interestatal. El Congreso federal con jurisdicción sobre estos asuntos legislará sobre ellos y podrá "ocupar el campo" en estas áreas. En aquellas áreas en que el Congreso no regule, los estados (obvio que tendríamos que decir que en algunos casos los territorios), mantendrán su jurisdicción e incluso sobre las áreas que el Congreso regule pero no limite a los estados, los estados podrán establecer incluso con estándares más estrictos u otorgándo mayores derechos que los que el congreso federal haya establecido.
Los debates, entre las visiones republicanas y demócratas han girado históricamente sobre el reclamo de mayor ingerencia de los estados en sus asuntos (sobre todo en lo que concierne a los individuos) (Republicanos) o el poder del gobierno federal en regular y mantener cohesión y uniformidad del sistema federal (Demócratas). Hasta aquí lo más básico.
Lo que propone el Gobernador, quien se identifica con el Partido Republicano pero en sto parece recetar con principios demócratas, es que en materia de uso del suelo, planificación y medioambiente, eliminemos lo local y 'nos quedemos' con lo federal. Abdiquemos la posibilidad (que conste en en nuestro caso sigue siendo la posibilidad), de establecer estándares más estrictos y más aún, eliminemos la legislación local. Hay dos premisas que habría que analizar: (1) que lo federal regula estos asuntos y (2) que esa regulación, si existiera, es más estricta. *De hecho, si la regulación federal, como alude el Gobernador, fuera más estricta, cómo es que la local prevalece? acaso si así fuera, estaríamos hablando de eliminar la local? qué sentido tendría?
Algo habría que decir sobre esto. Al momento le damos el beneficio de la duda, porque no tenemos porqué pensar o tirar una mácula de sospecha sobre el conocimiento que pueda tener el Gobernador sobre los principios de jurisdicción federal y sobre los aspectos de regulación medioambiental... así que cuando leímos la noticia, nos dijimos, quizás en la noticia no se le hace justicia a lo que él quiso decir o explicó. De pronto y mientras conseguimos más información tendríamos que decir o preguntarnos lo siguiente:
1. La aplicación de regulación federal sobre aspectos de uso de suelo en Puerto Rico es prácticamente nula. El gobierno federal simplemente no tiene jurisdicción sobre estos asuntos. La regulación del uso del suelo, los asuntos urbanos y de planificación (como lo son las consultas de ubicación a las que hace referencia) son un asunto enteramente local, no solo en Puerto Rico, sino que es un asunto que está en manos, no ya de lo estados, sino de sus unidades más pequeñas, sus ciudades y dentro de éstas sus distritos. No vemos como pueda inmiscuirse reglamentación federal, o vamos llamémoslo por su nombre, jurisdicción federal, sobre el asunto del visto bueno o aprobación de la ubicación de proyectos de construcción en nuestro suelo. Lo más cercano tendría que ver con las salvaguardas y factores de planificación del Programa de Manejo de la Zona Costanera para construcción en nuestras costas y trata de un plan que se hizo al amparo de la Ley Federal de Costas pero que es enteramente nuestro, aunque los programas son con fondos federales. Sobre esto no hay legislación federal.
2. El otro asunto que se menciona es el visto bueno a las DIAs (Declaraciones de Impacto Ambiental). En este aspecto también la jurisdicción federal es muy limitada. El gobierno federal no ocupa el campo porque lo único que regula en esta área es por medio de NEPA (National Environmental Policy Act) que atiende solamente aquellas acciones de agencias federales que tengan impacto significativo sobre le medioambiente. Aún así, nuestra Ley sobre Política Pública Ambiental, en gran medida nació de NEPA. No hay vínculo sobre el proceso NEPA y las acciones locales que se atienden bajo la Ley de Política Pública Ambiental. NEPA no las regula. Por lo tanto, en lo que se refiere a las DIAs tampoco estamos ante legislación federal que pueda sustituir o haga más estricto nada.
3. En materia medioambiental la jursidicción federal es limitada. Producto de los movimientos ambientalistas y reclamos de ese tipo en las décadas de los 60 y 70 en EEUU, el gobierno federal adquirió jurisdicción limitada sobre aspectos de CONTAMINACION de agua, aire y suelo y ese es el campo ocupado al que se pudiera referir el Gobernador o los parámetros más estrictos, en tanto Puerto Rico, aún cuando pudo haberlo hecho, no ha dado pasos como los de California, por ejemplo, que haciendo uso de los principios federalistas ha establecido estándares más estrictos (hasta hace poco saboteados por las industrias y el gobierno de Bush y ahora sancionados por el gobierno de Obama). Esta legislación federal, sin embargo, ha sido la que se ha aplicado aquí desde los 70 y no creo que es a la que se refiera el Gobernador cuando alude a la lista de cotejo de los lunes.
4. Lo otro que se me ocurre son los parámetros de relleno y construcción de humedales, regulados por la sección 404 de la Ley Federal de Agua Limpia, ocupada el campo por el gobierno federal por medio del Cuerpo de Ingenieros y la EPA. Los criterios para el relleno de humedales y su construcción en estas áreas también han seguido estos parámetros así que la propuesta del Gobernador de dejar en manos federales el asunto no tiene sentido, en tanto así ha sido.
5. Entonces, la pregunta es, a qué áreas se refiere el Gobernador cuando dice que se dejará en manos de la reglamentación federal estos asuntos? A qué se refiere cuando invoca estándares más estrictos y eliminación de reglamentación local que pueda ser ocupada por la federal? Cuáles son esas áreas, leyes, reglamentos, que se proponen eliminar para lograr desarrollo económico en el hoy, en el 2009?
6. Finalmente, lo de la hoja de cotejo de los lunes no es nuevo. Lo han hecho las administraciones anteriores lunes tras lunes o viernes tras viernes. Lo que nos preocupa de eso es la evidente eliminación de facto de todo el andamiaje del Derecho administrativo y ambiental, en la medida que, cuando "se pasa list
a los lunes", cuando se verifica que los empleados "hagan su trabajo", realmente lo que se pregunta es
cuándo se aprobará el permiso. Nada de criterios reglamentarios, nada de evaluación, es un asunto de tarde o temprano, pero de que va , va. Algún lunes va, al costo que sea. Para qué molestarnos entonces en aparentar contar con reglamentación, estricta o no.
Estaremos más que prestas a escuchar, analizar y comentar estas propuestas, bajo la base de lo que implican para el Derecho ambiental pero también bajo las premisas de lo que implican para nosotros los principios federalistas.
