Extraordinario el artículo de Eliván Martínez!!!!
La buena tierra
Los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña trazaron un plan para proteger su vecindario. Ahora un proyecto de ley aprobado en el Senado podría invalidar el esfuerzo de justicia social más importante del país.
Por Eliván Martínez Mercado / Fotos Xavier J. AraújoCuando llegue su último día, Ana Delia Otero quiere estar viviendo en la comunidad Israel-Bitumul, a orillas del Caño Martín Peña, cuerpo de agua que conecta a la Bahía de San Juan con la Laguna San José. Esta líder comunitaria de 68 años llegó aquí a los 13, procedente de Naguabo, junto a su padre que había venido a trabajar en la industria de la construcción.
Hoy habla sobre las condiciones del caño en esta parte de la comunidad. Lo que antes era un cuerpo de agua navegable, donde los vecinos pescaban, ahora es un hilo de veneno mezclado con aguas sanitarias, que discurre por un reguero de piezas de carro, neveras, botellas, bolsas plásticas y goma.
De vez en cuando se ven gallaretas y otras aves acuáticas, recuerdo del paraíso natural que era la zona antes de los asentamientos de los que venían del campo durante la primera mitad del siglo XX, y que montaban sus casas en zapatas de basura sobre el humedal, a falta de tierra.
A un lado hay una especie de rancho con dos caballos, mientras que las gallinas andan sueltas como si se viviera en medio del campo, aunque se esté en el medio de la ciudad. Ella cuenta su deseo de permanecer aquí en momentos en que el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley, que ahora está ante la consideración de la Cámara de Representantes, para anular el traspaso de tierras del gobierno -que desde 2005 componen un fideicomiso- para que sean de toda la comunidad. El objetivo del fideicomiso es que desarrolladores que no pertenecen al lugar se apropien del terreno y construyan apartamentos que las familias humildes de aquí no puedan comprar.
“Uno le coge cariño a esta tierra. Me gusta ver los árboles del patio de mi casa, me gusta ver la hojarasca y cómo caen las pomarrosas y los jobos”, añade doña Ana, con un hablar pausado y una mirada profunda detrás de los lentes, al indicar porqué no quiere que se apruebe la enmienda que podría poner en riesgo la integridad del fideicomiso. “Yo recuerdo con alegría cuando en los años 60 empezamos a ver cómo se mejoraba la comunidad, cuando comenzamos a ver cómo aquí se formaban carreteras y se construía la escuelita”.
Todo por la comunidad
Cae la noche. En una calle del vecindario de Las Monjas se abre la entrada al angosto Callejón de los Cuernos, detrás de un letrero que indica “Cristo te ama”. Es un pasadizo oscuro que conduce, entre una casa destartalada y otra de cemento abandonada y planchas de zinc, a la casa de Rafael Polanco, un vendedor de enseres eléctricos que llegó hace 14 años, procedente de la ciudad dominicana de Santiago.
Vive en una casa alquilada de dos pisos, con su esposa y un hijo de trece años. Sus dos hijas ya se fueron a hacer mejor vida: una estudia ingeniería y otra administración de empresas. Por el techo del segundo piso, donde están los dos cuartos, se cuela el agua cuando llueve. El agua continúa bajando por los plafones de cartón prensado del primer piso, donde está la sala, la mesa y la cocina. Más allá del callejón, sorteando los baches del camino, está la casa de él, una estructura de cemento tapada detrás de planchas de zinc, que ha estado remodelando durante siete años, tras invertir más de 35,000 dólares.
Mientras la remodela hay un plan de desarrollo integral de las comunidades, a cargo de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, creada por la misma ley 489, la que establece el fideicomiso de tierras. Y este proyecto mandará a demoler la casa de Polanco, porque cuando se lleve a cabo en los próximos años el dragado del caño, la casa estará dentro de lo que será una franja compuesta por una calle y un espacio peatonal, justo al lado del futuro canal de agua agrandado.
Y Polanco está dispuesto a que su casa desaparezca. “La comunidad está por encima de mí”, sostiene. “Este proyecto no se debe detener, porque nosotros mismos somos parte de este desarrollo. El gobierno, si enmienda la ley, es porque no reconoce todo lo que hemos hecho, y todo nuestra aportación al desarrollo económico y social que podemos hacer”.
Doña Ana, Polanco y residentes de las ocho comunidades que viven a ambos lados del caño, acudieron a un llamado del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tiene la misión de dragar el caño. Esta entidad los había convocado para que ellos mismos fueran los encargados de planificar la manera en que se iba a desarrollar la comunidad durante y después del dragado. Un proyecto que tendrá un importante costo social, al momento de sacar a las familias de los márgenes del cuerpo de agua.
La fuerza del G-8
Desde 2002 a 2004, los líderes de las ocho comunidades, que cuenta con unos 23,000 residentes, hicieron reuniones “calle por calle” para echar adelante el proyecto. “La idea era sacar del juego político de cada cuatro años la planificación de nuestra comunidad”, cuenta Mario Núñez, presidente del G-8, como se conoce a la organización que agrupa a las comunidades de Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, San Ciprián, Barrio Obrero-Marina, Península de Cantera, Buena Vista-Santurce y Buena Vista-Hato Rey.
“Era importante hacer algo diferente que no fuera la planificación que siempre se ha hecho en el país, hecha por cabezas pensantes en una oficina, que luego se dan contra las piedras porque los planes no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Entonces nosotros nos reunimos más de 700 veces, durante las noches, los sábados y los domingos, sacrificando el tiempo de ocio y de nuestras familias, y por primera vez los residentes fuimos actores de nuestro futuro, algo sin precedentes en el país”, añade Nuñez. En las comunidades aledañas al Caño Martín Peña había comenzado otra época.
De aquellas reuniones, que contaron con el apoyo de abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, nació el proyecto que se convirtió en la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial Caño Martín Peña”, la 489, aprobada por unanimidad en el Senado, y con un solo voto en contra en la Cámara de Representantes. “Todo lo que hay en esa ley lo hicimos nosotros y nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice la ley”, asegura Gladys Peña, una líder comunitaria de Las Monjas, mientras camina por la comunidad Buena Vista-Hato Rey.
La maleza se está comiendo una casa de madera a punto de caerse, mientras que adelante otras estructuras abandonadas se han convertido en escondite para los delincuentes. En un boquete en tierra está a la vista un canal de aguas negras, que descargan las casas del vecindario en el mismo caño.
La ley 489 crea una corporación pública, la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que debe encargarse de coordinar un plan de desarrollo del caño, según lo propusieron los residentes en las reuniones vecinales. También reconoce el poder de liderato del G-8, y establece que todas las tierras que pertenecían al gobierno (que estaban ocupadas personas sin título de propiedad y donde se encuentran instalaciones gubernamentales) pasaran a formar un fideicomiso de tierras, algo que ocurrió en 2005.
Esto es importante, según Doña Ana, por que después del dragado del Caño, que debe conectar dos lugares turísticos (la Bahía de San Juan con la Laguna San José), sus tierras adquirirán más valor, sobre todo por su localización céntrica en el área metropolitana, al lado de la Milla de Oro. Justo antes de la aprobación de la ley había un proyecto de desarrollo llamado Los Jardines del Canal, en el que iba a desaparecer la comunidad Barrio Obrero-Marina.
Se supone que el dragado comience en algún momento desde 2013 en adelante, cuando se reciban los fondos federales que ya están asignados, y si la corporación recibe a tiempo las asignaciones para el realojo de familias, entre otros aspectos, según la planificadora Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Por este plan de uso de terrenos y de desarrollo integral, el proyecto ganó en diciembre pasado el prestigioso premio Paul Davidoff para Cambios Sociales y Diversidad, que otorga la American Planning Association, que agrupa a planificadores urbanos en Estados Unidos.
Hasta que el pasado 21 de mayo, el Senado aprobó por descargue -sin vistas públicas y por consiguiente sin la participación de los residentes del caño-, el P. del S. 365, para derogar el artículo 16 de la ley 489, que autorizó la transferencia de las tierras al fideicomiso, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y la senadora Kimmey Raschke Martínez. Si la Cámara de Representantes lo Aprueba y el Gobernador lo firma, invalidaría el fideicomiso, porque este se compone exclusivamente de tierras que pertenecían al gobierno, advierte el líder del G-8.
El fideicomiso se compone de 200 cuerdas de terrenos interconectados en medio de 460 cuerdas, concentradas dentro de un espacio enclavado dentro de las avenidas Ponce de León, Quisqueya, Barbosa y Borínquen. Aquí hay casas en buen estado y casas a punto de caerse, hay carreteras recién asfaltadas y hay callejones con fango o inundados con aguas cloacales. Aquí adentro es como allá afuera: residen profesionales, obreros, receptores de cupones y otros que se ganan la vida en puntos de droga.
“Siempre el gobierno decía que iba a dragar y también iba a mejorar esto, pero no hacía nada, y ahora que por fin está pasando algo, que creemos en algo, nos los quieren quitar”, expresa Carmen L. Febres, líder comunitaria de Barrio Obrero-Marina.
“Si se enmienda la ley es un atropello a nuestra dignidad y al sacrificio que ha hecho este sector”, dice Polanco. También está de acuerdo con los realojos porque la ley dispone que cada persona que pierde su casa se le tiene que entregar una vivienda segura sin tener que pagar un centavo, y dentro de la misma comunidad.
Estas casas se costean con fondos de la corporación, que calcula que se deben realojar a más de 600 familias, como ya comenzó a suceder con María Ramos. Ella vivía junto a dos nietos, su hija y su yerno, hasta marzo pasado, en una casa de madera pelada, cubierta con parchos de tablones, y con algunas adiciones de bloques sin empañetar. Del techo se asomaban los bejucos. Por dentro había espacio para dar unos tres pasos de pared a pared, a lo ancho de la estructura, y a lo largo, tras pasar un la sala, se llevaba a una cocina en la que el moho se estaba comiendo la estufa de gas. “Si el viento le hacía así -dice Ramos, moviendo las manos de un lado a otro como se mueve el cogollo de una palmera ante el viento- se caía. Cuando llovía se mojaba todo y el piso sonaba cuando andabas por la cocina”. Su casa vieja había sido tasada en $1,800, y le entregaron una de tres cuartos, sala, cocina, baño y un patio, valorada en $96,000.
Este es el caso de la familia de Pedro Colón, quien llevaba viviendo 75 años en la comunidad de San Ciprián. Cuando abría la pluma en el primer piso, no les llegaba el agua a su hija y su nieto, que vivían en el segundo nivel. Para acceder a la casa había que entrar por una suerte de pasillo “por donde no cabía ni una camilla en caso de que hubiera que sacar a papi en una emergencia”, según Iris Colón, la hija. Cuando llueve sube el nivel de las aguas del caño e inundan la parte de atrás de su casa vieja. Ahora tienen una de dos niveles, con un techo al que no le entra agua y con acceso a la carretera, a donde puede llegar la ambulancia si hace falta. En una jaula tienen a tres pollos que antes estaban sueltos en el solar antiguo. “Yo de todos modos me doy la vuelta por allí todos los días porque me hace falta aquello”, dice Pedro Colón.
Eso viven algunos miembros de la comunidad, mientras el gobernador, Luis Fortuño, y el alcalde de San Juan, Jorge Santini, quienes nombran a los miembros de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, han expresado públicamente que están de acuerdo con la enmienda. El autor de ésta, el presidente del senado, había prometido en una reunión previa con los líderes del G-8 que iba a ayudarles para mantener su proyecto, según Núñez.
La Revista se comunicó con las oficinas de prensa del presidente del Senado, del Gobernador, del alcalde de San Juan y de la senadora Raschke, para que explicaran cómo el fideicomiso “afecta adversamente los planes y la política pública” de las estructuras que hay en las tierras que pertenecían al gobierno, según la exposición de motivos del P. del S. 365, y qué planes tenían ellos para que la comunidad no sucumba a proyectos de construcción de gente ajena a la comunidad, si es que finalmente se enmienda la ley. Pero los encargados de prensa de Fortuño y de Raschke no respondieron a las llamadas de este medio, mientras que los contactos de prensa de Rivera Schatz y de Santini alegaron que estos no iban a conceder entrevistas por falta de tiempo.
Lo que los líderes comunitarios no entienden es de qué modo el fideicomiso puede afectar las instalaciones gubernamentales en la comunidad, tomando en cuenta que la transferencia es exclusivamente de la tierra, y no de los edificios, ni mucho menos de lo que ocurre dentro de estos. No hay algo así como un interés de privatización por parte de las comunidades del caño. “Aquí hay edificios de gobierno desde que se creó el fideicomiso hace tres años y todo sigue igual, no le ha afectado en nada”, explica la planificadora Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Del mismo modo ocurre con las casas de los residentes que vivían en terrenos del gobierno y ahora son del fideicomiso: las casas le pertenecen a ellos, y pueden remodelarlas o venderla, pero no pueden tocar el terreno.
Canto, pintura y teatro
Todo esto es parte de un proyecto amplio que incluye el plan de desarrollo, el fideicomiso y actividades de desarrollo social que lleva a cabo la corporación. Tiene programas para que los niños no terminen trabajando en los puntos de droga o se conviertan en adictos, y también ofrece programas para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para eso celebran actividades como competencias de cantar reguetón, de pintar murales, de hacer obras de teatro y practicar deportes. En una cancha de baloncesto de la comunidad Barrio Obrero-Marina, se inauguró esta semana el cuarto torneo de baloncesto entre niños de las ocho comunidades. Los juegos se llevan a cabo todas las semanas, durante las tardes, hasta el 30 de junio próximo. “Lo importante es jugar en equipo y no cogerse las cosas a pecho”, dice un flaquito de 12 años que juega en el equipo de Cantera. Y es que antes de cada juego, se le ofrecen a los participantes charlas para que sean mejores ciudadanos, y trabajen temas como manejo de conflicto. “Esto es para aprender a controlarse, no es para enfogonarse y cuando se acabe el juego no ir a pelear”, dice otro niño que juega en el equipo de Las Monjas. En las gradas una algarabía de padres, madres y amigos de los jugadores entonce plenas y otros tocan panderos. Cuando termine el torneo, los muchachos repasarán todo lo que aprendieron para componer, junto a un reguetonero, una canción que interpretarán en un concierto.
De otra parte están los trabajos de murales como los que hicieron los niños en el nuevo puente de la avenida Barbosa. Crearon bocetos de la flora y la fauna del caño, así como temas de la comunidad, y los pintaron en el puente con la ayuda de artistas. Entre los participantes estaba Braulio, de 15 años, hijo de Rafael Polanco. Dibujó la abeja que está pintada en la parte de abajo del puente. Ahí le cogió el gusto al arte. Y le propuso a la trabajadora social de la escuela Pachín Marín, donde estudia, hacer un proyecto similar. Ahora el director de escuela le ha encargado hacer un mural. Ya tiene el boceto: dos nubes con caras tristes, por la contaminación, sostenidas por una nube alegre, que trata de salvar a la naturaleza. “No se puede separar una cosa de la otra, no se puede separar el trabajo social del fideicomiso, no se puede separar el plan del desarrollo integral del dragado del caño, todo está conectado”, concluye Rodríguez. Se refiere a que todo eso está en juego si se enmienda el artículo 16 de la ley 489.
Comentarios a emartinez1@elnuevodia.com
Cuando llegue su último día, Ana Delia Otero quiere estar viviendo en la comunidad Israel-Bitumul, a orillas del Caño Martín Peña, cuerpo de agua que conecta a la Bahía de San Juan con la Laguna San José. Esta líder comunitaria de 68 años llegó aquí a los 13, procedente de Naguabo, junto a su padre que había venido a trabajar en la industria de la construcción.
Hoy habla sobre las condiciones del caño en esta parte de la comunidad. Lo que antes era un cuerpo de agua navegable, donde los vecinos pescaban, ahora es un hilo de veneno mezclado con aguas sanitarias, que discurre por un reguero de piezas de carro, neveras, botellas, bolsas plásticas y goma.
De vez en cuando se ven gallaretas y otras aves acuáticas, recuerdo del paraíso natural que era la zona antes de los asentamientos de los que venían del campo durante la primera mitad del siglo XX, y que montaban sus casas en zapatas de basura sobre el humedal, a falta de tierra.
A un lado hay una especie de rancho con dos caballos, mientras que las gallinas andan sueltas como si se viviera en medio del campo, aunque se esté en el medio de la ciudad. Ella cuenta su deseo de permanecer aquí en momentos en que el Senado acaba de aprobar un proyecto de ley, que ahora está ante la consideración de la Cámara de Representantes, para anular el traspaso de tierras del gobierno -que desde 2005 componen un fideicomiso- para que sean de toda la comunidad. El objetivo del fideicomiso es que desarrolladores que no pertenecen al lugar se apropien del terreno y construyan apartamentos que las familias humildes de aquí no puedan comprar.
“Uno le coge cariño a esta tierra. Me gusta ver los árboles del patio de mi casa, me gusta ver la hojarasca y cómo caen las pomarrosas y los jobos”, añade doña Ana, con un hablar pausado y una mirada profunda detrás de los lentes, al indicar porqué no quiere que se apruebe la enmienda que podría poner en riesgo la integridad del fideicomiso. “Yo recuerdo con alegría cuando en los años 60 empezamos a ver cómo se mejoraba la comunidad, cuando comenzamos a ver cómo aquí se formaban carreteras y se construía la escuelita”.
Todo por la comunidad
Cae la noche. En una calle del vecindario de Las Monjas se abre la entrada al angosto Callejón de los Cuernos, detrás de un letrero que indica “Cristo te ama”. Es un pasadizo oscuro que conduce, entre una casa destartalada y otra de cemento abandonada y planchas de zinc, a la casa de Rafael Polanco, un vendedor de enseres eléctricos que llegó hace 14 años, procedente de la ciudad dominicana de Santiago.
Vive en una casa alquilada de dos pisos, con su esposa y un hijo de trece años. Sus dos hijas ya se fueron a hacer mejor vida: una estudia ingeniería y otra administración de empresas. Por el techo del segundo piso, donde están los dos cuartos, se cuela el agua cuando llueve. El agua continúa bajando por los plafones de cartón prensado del primer piso, donde está la sala, la mesa y la cocina. Más allá del callejón, sorteando los baches del camino, está la casa de él, una estructura de cemento tapada detrás de planchas de zinc, que ha estado remodelando durante siete años, tras invertir más de 35,000 dólares.
Mientras la remodela hay un plan de desarrollo integral de las comunidades, a cargo de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, creada por la misma ley 489, la que establece el fideicomiso de tierras. Y este proyecto mandará a demoler la casa de Polanco, porque cuando se lleve a cabo en los próximos años el dragado del caño, la casa estará dentro de lo que será una franja compuesta por una calle y un espacio peatonal, justo al lado del futuro canal de agua agrandado.
Y Polanco está dispuesto a que su casa desaparezca. “La comunidad está por encima de mí”, sostiene. “Este proyecto no se debe detener, porque nosotros mismos somos parte de este desarrollo. El gobierno, si enmienda la ley, es porque no reconoce todo lo que hemos hecho, y todo nuestra aportación al desarrollo económico y social que podemos hacer”.
Doña Ana, Polanco y residentes de las ocho comunidades que viven a ambos lados del caño, acudieron a un llamado del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tiene la misión de dragar el caño. Esta entidad los había convocado para que ellos mismos fueran los encargados de planificar la manera en que se iba a desarrollar la comunidad durante y después del dragado. Un proyecto que tendrá un importante costo social, al momento de sacar a las familias de los márgenes del cuerpo de agua.
La fuerza del G-8
Desde 2002 a 2004, los líderes de las ocho comunidades, que cuenta con unos 23,000 residentes, hicieron reuniones “calle por calle” para echar adelante el proyecto. “La idea era sacar del juego político de cada cuatro años la planificación de nuestra comunidad”, cuenta Mario Núñez, presidente del G-8, como se conoce a la organización que agrupa a las comunidades de Israel-Bitumul, Parada 27, Las Monjas, Barrio Obrero, San Ciprián, Barrio Obrero-Marina, Península de Cantera, Buena Vista-Santurce y Buena Vista-Hato Rey.
“Era importante hacer algo diferente que no fuera la planificación que siempre se ha hecho en el país, hecha por cabezas pensantes en una oficina, que luego se dan contra las piedras porque los planes no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Entonces nosotros nos reunimos más de 700 veces, durante las noches, los sábados y los domingos, sacrificando el tiempo de ocio y de nuestras familias, y por primera vez los residentes fuimos actores de nuestro futuro, algo sin precedentes en el país”, añade Nuñez. En las comunidades aledañas al Caño Martín Peña había comenzado otra época.
De aquellas reuniones, que contaron con el apoyo de abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, nació el proyecto que se convirtió en la “Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial Caño Martín Peña”, la 489, aprobada por unanimidad en el Senado, y con un solo voto en contra en la Cámara de Representantes. “Todo lo que hay en esa ley lo hicimos nosotros y nosotros estamos de acuerdo con todo lo que dice la ley”, asegura Gladys Peña, una líder comunitaria de Las Monjas, mientras camina por la comunidad Buena Vista-Hato Rey.
La maleza se está comiendo una casa de madera a punto de caerse, mientras que adelante otras estructuras abandonadas se han convertido en escondite para los delincuentes. En un boquete en tierra está a la vista un canal de aguas negras, que descargan las casas del vecindario en el mismo caño.
La ley 489 crea una corporación pública, la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, que debe encargarse de coordinar un plan de desarrollo del caño, según lo propusieron los residentes en las reuniones vecinales. También reconoce el poder de liderato del G-8, y establece que todas las tierras que pertenecían al gobierno (que estaban ocupadas personas sin título de propiedad y donde se encuentran instalaciones gubernamentales) pasaran a formar un fideicomiso de tierras, algo que ocurrió en 2005.
Esto es importante, según Doña Ana, por que después del dragado del Caño, que debe conectar dos lugares turísticos (la Bahía de San Juan con la Laguna San José), sus tierras adquirirán más valor, sobre todo por su localización céntrica en el área metropolitana, al lado de la Milla de Oro. Justo antes de la aprobación de la ley había un proyecto de desarrollo llamado Los Jardines del Canal, en el que iba a desaparecer la comunidad Barrio Obrero-Marina.
Se supone que el dragado comience en algún momento desde 2013 en adelante, cuando se reciban los fondos federales que ya están asignados, y si la corporación recibe a tiempo las asignaciones para el realojo de familias, entre otros aspectos, según la planificadora Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Por este plan de uso de terrenos y de desarrollo integral, el proyecto ganó en diciembre pasado el prestigioso premio Paul Davidoff para Cambios Sociales y Diversidad, que otorga la American Planning Association, que agrupa a planificadores urbanos en Estados Unidos.
Hasta que el pasado 21 de mayo, el Senado aprobó por descargue -sin vistas públicas y por consiguiente sin la participación de los residentes del caño-, el P. del S. 365, para derogar el artículo 16 de la ley 489, que autorizó la transferencia de las tierras al fideicomiso, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz y la senadora Kimmey Raschke Martínez. Si la Cámara de Representantes lo Aprueba y el Gobernador lo firma, invalidaría el fideicomiso, porque este se compone exclusivamente de tierras que pertenecían al gobierno, advierte el líder del G-8.
El fideicomiso se compone de 200 cuerdas de terrenos interconectados en medio de 460 cuerdas, concentradas dentro de un espacio enclavado dentro de las avenidas Ponce de León, Quisqueya, Barbosa y Borínquen. Aquí hay casas en buen estado y casas a punto de caerse, hay carreteras recién asfaltadas y hay callejones con fango o inundados con aguas cloacales. Aquí adentro es como allá afuera: residen profesionales, obreros, receptores de cupones y otros que se ganan la vida en puntos de droga.
“Siempre el gobierno decía que iba a dragar y también iba a mejorar esto, pero no hacía nada, y ahora que por fin está pasando algo, que creemos en algo, nos los quieren quitar”, expresa Carmen L. Febres, líder comunitaria de Barrio Obrero-Marina.
“Si se enmienda la ley es un atropello a nuestra dignidad y al sacrificio que ha hecho este sector”, dice Polanco. También está de acuerdo con los realojos porque la ley dispone que cada persona que pierde su casa se le tiene que entregar una vivienda segura sin tener que pagar un centavo, y dentro de la misma comunidad.
Estas casas se costean con fondos de la corporación, que calcula que se deben realojar a más de 600 familias, como ya comenzó a suceder con María Ramos. Ella vivía junto a dos nietos, su hija y su yerno, hasta marzo pasado, en una casa de madera pelada, cubierta con parchos de tablones, y con algunas adiciones de bloques sin empañetar. Del techo se asomaban los bejucos. Por dentro había espacio para dar unos tres pasos de pared a pared, a lo ancho de la estructura, y a lo largo, tras pasar un la sala, se llevaba a una cocina en la que el moho se estaba comiendo la estufa de gas. “Si el viento le hacía así -dice Ramos, moviendo las manos de un lado a otro como se mueve el cogollo de una palmera ante el viento- se caía. Cuando llovía se mojaba todo y el piso sonaba cuando andabas por la cocina”. Su casa vieja había sido tasada en $1,800, y le entregaron una de tres cuartos, sala, cocina, baño y un patio, valorada en $96,000.
Este es el caso de la familia de Pedro Colón, quien llevaba viviendo 75 años en la comunidad de San Ciprián. Cuando abría la pluma en el primer piso, no les llegaba el agua a su hija y su nieto, que vivían en el segundo nivel. Para acceder a la casa había que entrar por una suerte de pasillo “por donde no cabía ni una camilla en caso de que hubiera que sacar a papi en una emergencia”, según Iris Colón, la hija. Cuando llueve sube el nivel de las aguas del caño e inundan la parte de atrás de su casa vieja. Ahora tienen una de dos niveles, con un techo al que no le entra agua y con acceso a la carretera, a donde puede llegar la ambulancia si hace falta. En una jaula tienen a tres pollos que antes estaban sueltos en el solar antiguo. “Yo de todos modos me doy la vuelta por allí todos los días porque me hace falta aquello”, dice Pedro Colón.
Eso viven algunos miembros de la comunidad, mientras el gobernador, Luis Fortuño, y el alcalde de San Juan, Jorge Santini, quienes nombran a los miembros de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, han expresado públicamente que están de acuerdo con la enmienda. El autor de ésta, el presidente del senado, había prometido en una reunión previa con los líderes del G-8 que iba a ayudarles para mantener su proyecto, según Núñez.
La Revista se comunicó con las oficinas de prensa del presidente del Senado, del Gobernador, del alcalde de San Juan y de la senadora Raschke, para que explicaran cómo el fideicomiso “afecta adversamente los planes y la política pública” de las estructuras que hay en las tierras que pertenecían al gobierno, según la exposición de motivos del P. del S. 365, y qué planes tenían ellos para que la comunidad no sucumba a proyectos de construcción de gente ajena a la comunidad, si es que finalmente se enmienda la ley. Pero los encargados de prensa de Fortuño y de Raschke no respondieron a las llamadas de este medio, mientras que los contactos de prensa de Rivera Schatz y de Santini alegaron que estos no iban a conceder entrevistas por falta de tiempo.
Lo que los líderes comunitarios no entienden es de qué modo el fideicomiso puede afectar las instalaciones gubernamentales en la comunidad, tomando en cuenta que la transferencia es exclusivamente de la tierra, y no de los edificios, ni mucho menos de lo que ocurre dentro de estos. No hay algo así como un interés de privatización por parte de las comunidades del caño. “Aquí hay edificios de gobierno desde que se creó el fideicomiso hace tres años y todo sigue igual, no le ha afectado en nada”, explica la planificadora Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Del mismo modo ocurre con las casas de los residentes que vivían en terrenos del gobierno y ahora son del fideicomiso: las casas le pertenecen a ellos, y pueden remodelarlas o venderla, pero no pueden tocar el terreno.
Canto, pintura y teatro
Todo esto es parte de un proyecto amplio que incluye el plan de desarrollo, el fideicomiso y actividades de desarrollo social que lleva a cabo la corporación. Tiene programas para que los niños no terminen trabajando en los puntos de droga o se conviertan en adictos, y también ofrece programas para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Para eso celebran actividades como competencias de cantar reguetón, de pintar murales, de hacer obras de teatro y practicar deportes. En una cancha de baloncesto de la comunidad Barrio Obrero-Marina, se inauguró esta semana el cuarto torneo de baloncesto entre niños de las ocho comunidades. Los juegos se llevan a cabo todas las semanas, durante las tardes, hasta el 30 de junio próximo. “Lo importante es jugar en equipo y no cogerse las cosas a pecho”, dice un flaquito de 12 años que juega en el equipo de Cantera. Y es que antes de cada juego, se le ofrecen a los participantes charlas para que sean mejores ciudadanos, y trabajen temas como manejo de conflicto. “Esto es para aprender a controlarse, no es para enfogonarse y cuando se acabe el juego no ir a pelear”, dice otro niño que juega en el equipo de Las Monjas. En las gradas una algarabía de padres, madres y amigos de los jugadores entonce plenas y otros tocan panderos. Cuando termine el torneo, los muchachos repasarán todo lo que aprendieron para componer, junto a un reguetonero, una canción que interpretarán en un concierto.
De otra parte están los trabajos de murales como los que hicieron los niños en el nuevo puente de la avenida Barbosa. Crearon bocetos de la flora y la fauna del caño, así como temas de la comunidad, y los pintaron en el puente con la ayuda de artistas. Entre los participantes estaba Braulio, de 15 años, hijo de Rafael Polanco. Dibujó la abeja que está pintada en la parte de abajo del puente. Ahí le cogió el gusto al arte. Y le propuso a la trabajadora social de la escuela Pachín Marín, donde estudia, hacer un proyecto similar. Ahora el director de escuela le ha encargado hacer un mural. Ya tiene el boceto: dos nubes con caras tristes, por la contaminación, sostenidas por una nube alegre, que trata de salvar a la naturaleza. “No se puede separar una cosa de la otra, no se puede separar el trabajo social del fideicomiso, no se puede separar el plan del desarrollo integral del dragado del caño, todo está conectado”, concluye Rodríguez. Se refiere a que todo eso está en juego si se enmienda el artículo 16 de la ley 489.
Comentarios a emartinez1@elnuevodia.com
