El montaje de un asalto
La aprobación senatorial por descargue, sin vistas públicas, de un proyecto de ley que busca detener la transferencia de terrenos públicos a las comunidades en el Caño Martín Peña es un asalto a la autogestión y apoderamiento comunitario.
No es difícil pensar que detrás de la aprobación del PS 365 mediante un mecanismo tan atropellante y antidemocrático como el descargue, donde el mollero de la mayoría aplasta y excluye toda participación ciudadana del proceso legislativo, hay un fin ulterior que no es el interés público.
El proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la senadora por San Juan, Kimmey Raschke, y su contraparte en la Cámara (PC 1403), busca detener la trasferencia voluntaria de los terrenos públicos aledaños al Caño, lo que desarticularía el Fideicomiso de la Tierra, corazón de la Corporación Proyecto Enlace, dirigido a rehabilitar el Caño Martín Peña y sus ocho comunidades.
Las comunidades, conocidas como “G-8”, han defendido el traspaso obligatorio, como lo dispone la Ley 489, para atender el problema de la tenencia de la tierra en el área y evitar el desplazamiento de las comunidades.
Sin la transferencia de los terrenos, se desestabiliza la principal herramienta que tienen estas comunidades que constituyen una pieza vital en el tejido cultural, económico y social de San Juan y de toda la Isla, para evitar ser desplazadas del lugar que ha sido su hogar por más de medio siglo y garantizar la titularidad de sus residencias.
¿Por qué tanto interés en detener el traspaso de esos terrenos?
¿Acaso hay un interés oculto de utilizar la situación fiscal como excusa para poder especular con ellos?
Esta es la única conclusión plausible cuando ninguno de los proyectos especifica cuál es el problema concreto que plantea la transferencia de terrenos a la Corporación ni menciona a qué agencia pública impacta, de modo que justifique las enmiendas propuestas.
En suma a la suspicacia que levanta el proceder de la mayoría legislativa, el mensaje que envían a los 30,000 residentes en los terrenos aledaños al Caño y a toda la comunidad que trabaja en proteger su permanencia y su derecho a superar la pobreza, es desmoralizante: no reconocen la participación como un derecho ni reconocen los méritos de los proyectos de desarrollo socioeconómico basados en la autogestión.
Este mensaje es contradictorio a las expresiones públicas que ha hecho el gobernador Luis Fortuño, de que su gobierno busca fortalecer las alianzas intersectoriales para fortalecer la estructura económica y administrativa de las organizaciones no gubernamentales.
Hacemos memoria, también, de que como candidato a la gobernación, Fortuño se comprometió con todos los líderes comunitarios con que si llegaba a la gobernación apoyaría el Fideicomiso tal y como estaba diseñado.
El Senado cree haberse apuntado una victoria legislativa, pero lo que ha hecho es desenmascarar su atropello y asalto a un sector guiado por principios comunitarios y que ha hecho una encomiable labor de promover la autogestión y el desarrollo socioeconómico de forma ágil, transparente y, hasta ahora, libre de interferencias partidistas.
La Cámara de Representantes está a tiempo para rectificar este error y esperamos que así lo haga. Si los representantes deciden seguir los errados pasos del Senado, insistimos en que el gobernador Fortuño haga buena su promesa de respetar y proteger los esfuerzos de las comunidades del Caño Martín Peña y vete una legislación que, de su faz, es un desafuero contra comunidades que no merecen ser condenadas a una perpetua marginación.
