HOY

A marchar por la Universidad.
1pm
Desde el Capitolio a la Fortaleza.
(lado Sur del Capitolio).

Eliminar la izquierda y Sacarlos a patadas

Este es el curso de acción que abiertamente han propuesto el Gobernador de Puerto Rico y el Secretario de la Gobernación para la Universidad de Puerto Rico: eliminar la izquierda y sacarlos a patadas.

La American Civil Liberties Union hace un informe: Summary of Current State of 1st Amendment-Rights-in-PR

Carta Abierta (Ariadna Godreau-Aubert)

11 de diciembre de 2010

Carta Abierta a la Profesora Vivian Neptune, Decana Asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico

Con el mayor respeto y consideración, entiendo que la Escuela de Derecho no está preparada para continuar los procesos académicos con normalidad.  No es posible afirmar que la entrada al campus por parte de la policía, la subsecuente ocupación y el aviso de permanencia indefinida que la acompaña es normal. La normalidad no se alcanza mediante la costumbre o mediante un mero posicionarse en el hábito. Menos aún cuando se nos exige como estudiantes que asumamos la presencia de un contingente de policías, vehículos todo terreno,  macanas, chalecos antibalas y armas de fuego como parte de nuestra cotidianidad estudiantil. Al igual que usted lo hiciera meses atrás, yo repudio cualquier intento de violentar o eliminar la Política de No Confrontación y me distancio de cualquier compañera o compañero administrador, docente o estudiante que así lo haga. Una mirada a la historia bastará para entender que, en este contexto, no estamos seguras ni seguros en el recinto. No están seguros nuestros cuerpos, nuestras mentes; no lo está el pensar que motiva la existencia misma de lo que concebimos como Universidad.

Al inventario de abusos y atropellos históricos que se dieron hace décadas en nuestro campus se suma la memoria cercana de los empujones, golpes, gas pimienta, macanazos que recibimos muchas y muchos hace apenas unos meses. Todavía tenemos miedo cuando atravesamos un contingente de policías; aun temblamos cuando escuchamos que la Fuerza de Choque está activada; aún miramos nuestros cuerpos y el de las compañeras y compañeros y recordamos el lugar exacto donde se nos intercambió una consigna o un acto de desobediencia civil pacífica por el insoportable ardor en la piel producto de los gases o un moretón provocado por una bota o una macana de un agente policíaco. Estuve allí, y puedo casi identificar cada espacio de brea que ocupó cada uno de nosotros mientras nos abrazábamos y  llorábamos de la rabia e impotencia aquella madrugada nefasta en que docenas de oficiales policíacos, entre estos Fuerza de Choque, nos arrebataron la Universidad. Aún esa noche, profesora, en medio de un piquete masivo formado de centenares de personas y que ocupara la avenida en su totalidad hasta las tres de la mañana, creíamos que ustedes estarían de nuestro lado. Como hace apenas unos meses, como en aquella carta que usted escribió en repudio a las expresiones del Decano Roberto Aponte Toro, como en aquel momento. Eso forma parte de nuestro haber, profesora, irreductiblemente.

¿Acaso, esta vez, se nos invita a hacer caso omiso al precedente? ¿Tenemos que eliminar selectivamente el acontecer histórico y social que nos llevó a adoptar la Política de No Confrontación como uno de los estandartes más preciados de lo que ha de ser la Universidad? ¿Es este contexto uno tan particularizado, con garantías distintas, que justifique obviar lo ocurrido y amilanarnos a una ocupación indignante? ¿Podemos supeditar la seguridad física de las y los compañeros de la comunidad universitaria, TODOS, en pos de cumplir con un calendario académico? ¿Han de ser estas las aspiraciones, entiéndase calendarizar, asistir al aula de clases, cumplir con fechas, términos y horas contacto, tomar exámenes, las únicas que debemos avalar nosotras y nosotros futuros juristas?

No. No pueden serlo. No hoy. Jamás. Responder a estas preguntas en la afirmativa implicaría la negación de aquellos ideales particulares que me trajeron a la Escuela de Derecho. Es defender lo indefendible, cubriendo con el manto de la responsabilidad académica una responsabilidad social y más apremiante que nos rodea y nos exige participación activa. Desde cualquier postura, a favor o en contra de paros o huelgas, lo indefendible no deja de serlo a fuerza de dar la espalda y continuar como si nuestra Escuela estuviera ajena a lo que sucede en la Universidad. Las y los futuros juristas de la UPR somos parte de la UPR. A ella le debemos nuestro pensar, el debatir libre de restricciones internas o externas, la posibilidad de diferir sin miedo a la represión. Estas son nuestras cartas de triunfo. Para nosotras y nosotros son irrenunciables, cueste lo que cueste.

Por mi parte, la situación actual en la Universidad me parece dolorosa, angustiante y nefasta. Todos los días, cuando estoy con mis compañeras y compañeros en la Ponce de León y los veo luchar, resistir, dormir unas y unos sobre otras y otros, conocerse por vez primera y reconocerse estudiantes de siempre, me duele. De igual manera, siento vergüenza e indignación cada vez que me enfrento a una circular, una expresión, una citación que aminora y da un hálito ficticio de normalidad a la situación actual. Durante los últimos dos días, en la madrugada, me he cuestionado si entraría a tomar mis clases, si debería sentarme a estudiar, si debería hacer como el resto. Sabe, profesora, me basta mirar a mi alrededor, pararme en la avenida, contemplar lo que nos queda de Universidad, para que surja un “no” sin posteriores consideraciones.

¿Es ésta la misma Universidad que miraba cuando pequeña, cuando estudiaba en el colegio y comencé a ser parte de la comunidad riopedrense, durante mi bachillerato, cuando decidí entrar a Derecho?  No lo es, profesora. En estos momentos, no podría serlo. No así, ocupada, invadida, violentada. Sin embargo, vivo convencida de que el aunar de apoyo de todos los que conformamos parte de la Universidad puede devolvérmela. Nos la puede devolver. Me gusta pensar que aquí estamos los estudiantes, que ahora lo que nos falta es que nos regresen nuestra Universidad.

Soy una estudiante que se ha destacado académicamente porque comprendo que estar en la Universidad también requiere un grado de compromiso y entrega a los estudios que no puede ser abandonado.  Sin embargo, los estudios no son la razón que me movieron y me continúan dirigiendo a ocupar una silla en L2. En todo caso, son una razón más. El quehacer académico no se reduce a la asistencia a clases o a tomar un examen y sumar puntos a un promedio. El quehacer académico se dirige inherentemente a la posibilidad de crear un pensamiento crítico y defender aquellos valores que me trajeron a la Universidad, que me mantienen aquí no como una máquina capaz de memorizar doctrinas y requisitos, sino como un miembro activo, partícipe y ante todo solidario de mi comunidad universitaria.

Por todo lo cual, profesora, la entrada a un campus ocupado me parece inconcebible. En estos momentos, reafirmo que no entraré a ninguna clase que se imparta dentro de este recinto inundado de policías. En primera instancia, temo por mi seguridad física y la de mis compañeras y compañeros. No quiero ser cómplice de ningún derramamiento de sangre ni de esos hechos advertidos por una historia que amenaza con retornar para ensombrecer nuestro devenir universitario. Segundo, y más importante aún, no permitiré que mi capacidad de pensar, mi espacio de debate, ese que debe ser la Universidad, sea ocupado también.  Ir a la Universidad en estos momentos es avalar las expresiones de un gobierno que afirma que acabará con la izquierda. En otros términos, implica apoyar la gestión para erradicar el pensamiento diferente que es siempre, por definición, radical. Eso es intolerable y contrario a los principios que se nos imparten en nuestra Escuela. No se trata de tener un proyecto ideológico particular, de paros o huelgas, se trata de mí, posicionada en la Universidad, con garantías suficientes de libre pensamiento y expresión.  No apoyaré con mi presencia que el pensamiento sea carne de cañón en el juego de poder institucional. Jamás.

Entiendo el costo de esta decisión. No puedo afirmar que no tengo miedo. Lo tengo. Yo también tengo interés en terminar el semestre, mantener mi promedio, graduarme y culminar mi Juris Doctor. Quiero ser jurista. Quiero ser profesora. Quiero formar parte de mi Universidad, hoy y siempre.  Pero entiendo que ese proceso sólo será posible caminarlo cargada de dignidad y de unos principios esencialísimos que se oponen a entrar hoy y ahora, en este contexto particular, al recinto riopredrense. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mi pensar. Es precisamente esa la razón por la que no entraré al campus mientras esté militarizado: quiero, ante todo, poder tener la libertad de asumir las consecuencias de mi pensar.

Respetuosamente,

Ariadna Michelle Godreau-Aubert

En apoyo a esta determinación:

Francisco Aquino Serrano

Lourdes Arroyo Ortíz

Gabriela Camacho Negrón

José Iván Caraballo

Xiomara Caro

Hector J Claudio Hernández
Juan Antonio Corretjer Russi

Tania Díaz

Nicole Díaz González

Ana M. Ferrer

Etienne Figueroa Rodríguez

Andrés González Berdecía

Mariana G. Iriarte Mastronardo

Ignacio J. Labarca

Eduardo López

Hiram José López Rodríguez

William López Ruiz

María de Lourdes Martínez Cordero

Stephanie M. Lugo Cameron

Lucía Mateo

Sergio Méndez Sánchez

Angel Yamil Nieves Negrón

Aníbal Nuñez González

Gamelyn Oduardo Sierra

Ricardo Olivero Lora

Laura Otero

Carlos Andrés Pagán

Rohemir Ramirez Ballagas

Guillermo Rebollo-Gil

Arturo Ríos Escribano

Regina Rodríguez Manzanet

Carlos Rodríguez Mota

José Rodríguez Santiago

Joanne M. Rodríguez Veve

Lorna Salaman

Stephano Saltalamacchia Quiles

José E. Santiago Cardona

Estrella Santiago Pérez

Armando J. Santiago Pintado

Natalia Santos Orozco

Bibiana Sarriera Requena

Alejandro Suárez

Rafael Toro

Idenis Torres Guzmán

Claudia Vázquez-Castro           

Proclama de un grupo de estudiantes

Redactamos este texto en momentos de terribles violencias y de peligrosas consecuencias. La Universidad de Puerto Rico y el proyecto universitario se acercan a un trágico fin, pero no dejaremos que se materialice. Nuestra querida Universidad necesita urgentemente que todas y todos hagamos una profesión de amor.

El amor no puede tener condiciones para que sea amor real, pero tampoco puede predicarse sobre el cuerpo maltrecho del estudiantado y de la Universidad. Por ello, condenamos la violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo porque atentan contra el espíritu universitario del diálogo y el debate de ideas. El serio intercambio de ideas, como fundamento ético-político, requiere de la apertura y el respeto a las diferencias. Es por esto que condenamos la ocupación policial de los variados recintos.

Sin embargo, la Universidad está secuestrada por un grupo autoritario y anti-intelectual, un grupo que ha hecho de ésta un campo de batalla donde los perdigones cargados de fanatismo se disparan a mansalva. A ese grupo anti-universitario, encarnado por la administración, lo invitamos a que desista de sus estilos antidemocráticos y que, si realmente ama a nuestra preciada Universidad, se siente a dialogar con la comunidad universitaria para auscultar salidas justas a los problemas que enfrentamos.

La administración violenta los señalamientos de la Middle States al no consultar e incluir las posiciones de aquellos y aquellas que componemos la Universidad. Ignoró, por ejemplo, el rechazo comunitario a varios nombramientos de rectores y rectoras y se niega constantemente a entablar el diálogo y la negociación – tan esenciales para la vida democrática- con cada uno de los sectores universitarios. La participación no se hace realidad aprobando certificaciones abstractas, la participación se concretiza con verdaderos y honestos actos de apertura.

La violación de dichos señalamientos han puesto en serio riesgo la acreditación de nuestra institución de educación superior y la posibilidad de esta pérdida nos sume en la incertidumbre y el desasosiego. Es por ello que se vuelve imprescindible que Puerto Rico entienda que es, precisamente, la Administración quien está dirigiendo a nuestra UPR a un inaceptable cierre a través de una política del estrangulamiento.

Alzamos nuestras voces y denunciamos que ese grupo no representa a la comunidad universitaria sino que responde al partido de gobierno. Partido que, de igual manera, ha atacado consistentemente a todas las instituciones del país. La administración, en contubernio con el gobierno central, ha recurrido a fomentar en la sociedad el odio por el estudiantado y la Universidad de nuestro país.

Ha sido la Universidad de Puerto Rico, por medio de sus estudiantes, profesores y profesoras, trabajadores y trabajadoras, el dínamo principal de la modernización del país. Así como la UPR no podría existir sin el país que la ha creado y apoyado, Puerto Rico tampoco podría ser ni tener lo que hoy posee sin la Universidad. Durante el proceso de modernización, la UPR fue cuna de las primeras trabajadoras y primeros trabajadores sociales, de las primeras maestras y primeros maestros; de los y las principales intelectuales, científicos y científicas, abogados y abogadas, ingenieros e ingenieras,  arquitectos y arquitectas, agricultores y agricultoras, entre tantas otras profesiones.  

De forma consistente, la UPR ha contribuido al desarrollo sociocultural a través de las artes y el humanismo, ha colaborado en la lucha contra la pobreza desde sus aulas, sus proyectos comunitarios y mediante la formación de cientos de miles de hombres y mujeres que han visto en ésta y en sus salones una puerta de salida de la pobreza. Son estas razones, entre tantas otras que no caben en esta breve declaración, por las cuales no podemos dejar que cierren la Universidad.

No es el tiempo de huelgas ni cierres patronales, es tiempo de defender al proyecto universitario y su razón de ser.  Aún cuando reconocemos el potencial de la huelga como herramienta democrática para avanzar reclamos, exigencias y lograr nuevos derechos, también entendemos que en la actual coyuntura su potencial político es nulo principalmente por el carácter ideológico y anti-universitario del gobierno de turno. Éste apuesta a utilizar la violencia y a convertir la UPR en un estado policial para erradicar el proyecto universitario; la administración quiere y necesita la huelga para facilitar el cierre de la institución y su posterior transformación siguiendo el modelo de mercado: se educa quien tenga el dinero y quien se mantenga callado.

No se puede hablar de la Universidad sin reflexionar sobre lo político y lo institucional. La Universidad no existe en el aire sino, más bien, está condicionada por las diferentes relaciones de poder que ocurren en su seno y en su entorno social. En algunas instancias, estas relaciones de poder contribuyen en deteriorar el proyecto universitario y a la Universidad como espacio de quehacer académico e intelectual, como motor del pensamiento crítico y pilar fundamental del desarrollo social-democrático. Mientras la UPR continúe bajo un estado de sitio y sus espacios estén paramilitarizados, no puede haber universidad.

Por tal razón, como miembros de una compleja comunidad, reconocemos nuestro rol político en el desarrollo del proyecto universitario. Un estudiante o una estudiante no se forma con sólo asistir a un salón de clases a que le depositen el conocimiento cual si fuera una cuenta bancaria. Quien se llame estudiante sabe que el conocimiento depende del desarrollo de nuestra experiencia, de poner a prueba aquel saber práctico y de retar aquel saber teórico. En fin, se aprende aquello que se cuestiona y no lo que se cree a ciegas.

Nosotros apoyamos las gestiones de negociación que el Comité de Representación Estudiantil ha impulsado, así como los esfuerzos de cabildeo que varios estudiantes llevan a cabo en la Legislatura. Exhortamos al resto de la comunidad universitaria y a todo el país a que apoyen todo intento de diálogo sincero y todo esfuerzo por mantener corriendo al proyecto universitario. Asimismo, como universitarios y universitarias, apoyamos todo acto que propicie espacios de debate en los que se ausculten opciones fiscales responsables como la propuesta “Sumando ganamos todos”.

Entendemos, además, que los problemas fiscales de la UPR son el fruto de un pobre desempeño administrativo. Para sacar a la Universidad del terreno deficitario es importante que el gobierno le restituya los fondos que le retiró y que todos los sectores, con una profunda vocación de amor, aportemos, de acuerdo a nuestros recursos, algo más a las arcas. Los y las estudiantes podríamos, por ejemplo, hacer nuestra aportación con una cuota sustancialmente reducida.  Lo anterior implicaría también comprometernos en identificar fondos a través del cabildeo para sufragar la cuota de aquellos y aquellas para quienes ésta sigue siendo un impedimento para estudiar.

Entendiendo que la UPR está sumida en una crisis fiscal y académica por los estilos anti-intelectuales de la administración, está de nuestra parte transformar el acto político de la confrontación en el reclamo de lo justo por medio de la desobediencia civil. Nuestro actuar debe desvelar las injusticias de la ley del Estado, de los reglamentos de la Universidad y de su cierre fiscal y policial. Comprometidos a cargar con nuestra responsabilidad ciudadana, utilizaremos la desobediencia cuando ésta sea necesaria para la consecución de nuestros reclamos y el adelanto del bien común.

Una profesión de amor por nuestra Universidad nos lleva a declararnos de forma incondicional y a estar comprometidos con retar la injusticia.

Si desea suscribir este documento, puede hacerlo visitando este enlace.

Porveniente del blog Con Otros y Otras en el Mundo.

Comité de Acción de Estudiantes de Derecho se opone a la toma de la UPR

El Comité de Acción de Estudiantes de Derecho se une a la convocatoria del Consejo General de Estudiantes a las 8:00 am frente al portón principal de la UPR y hace un llamado a todo el país a participar en apoyo a su Universidad.

Hoy, debemos negarnos a entrar al Recinto de Río Piedras, y a todos los demás Recintos del Sistema de la UPR hasta tanto se retire la Policía de Puerto Rico de sus inmediaciones. De lo contrario, habremos condonado la muerte de nuestra Política de No Confrontación y de nuestra autonomía universitaria. No esperemos la muerte de una nueva Antonia Martínez, abatida a tiros por los fuerzas del Estado para defender nuestra Institución.

Luego de culminado el paro de 48 horas decretado por los estudiantes del Recinto de Río Piedras en Asamblea General, oficiales de la Policía de Puerto Rico penetraron las instalaciones del campus. Esta actuación de la Policía de Puerto Rico, bajo las órdenes directas del Superintendente José Figueroa Sancha, el Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Burset y a petición de la Administración Universitaria, se lleva a cabo luego de diversos incidentes con la fuerza policial del Estado y la empresa Capitol Security, a quien la UPR delegó tareas de seguridad dentro del Recinto. Entre estos incidentes se encuentra la brutal golpiza con cuartones de madera y macanas en la madrugada de ayer a un estudiante, quien aún se encuentra convaleciendo.

 Este nuevo capítulo en la interminable disyuntiva entre el estudiantado de la UPR y la Administración, más allá de ser un acto de provocación, representa una violación a la Política de No Confrontación, la cual fue instituida en nuestra Universidad luego de los trágicos sucesos en el proceso huelgario de las decadas setenta y ochenta.  Precisamente, trágicos sucesos perpetrados por oficiales de la Policía de Puerto Rico que obligan a la Universidad a crear la política de no confrontación para evitar la violencia, la entrada de la Policía a la UPR, la intervención externa indebida en los asuntos de la Universidad, destacando así su naturaleza particular, su autonomía y la cultura de diálogo y tolerancia para resolver pacíficamente los conflictos universitarios. ( Tomado de la Circular Núm. 42 2004-2005).

Reticente ha sido el llamado de la comunidad universitaria al diálogo, sin embargo, la contestación de la Administración Universitaria ha sido declarar en estado de sitio la UPR. Reticente ha sido también el llamado a la resolución de los conflictos universitarios entre universitarios. Reticente ha sido la defensa de la Política de No Confrontación, al igual que el llamado de la defensa de nuestra institución.

Hoy nos han forzado a un nuevo llamado. Esta incursión policiaca significa la muerte de la Política de No Confrontación y de nuestra autonomía universitaria. Mañana suponía ser un día normal de clases en nuestro recinto, sin embargo, la administración universitaria se ha empeñado en frustrar esa normalidad. Desde hoy aquellos estudiantes que acudan, como de costumbre a realizar sus estudios habrán de encontrarse con una cárcel de máxima seguridad, siendo criminales los y las estudiantes y sus libros las armas mortales. Es por esto que debemos negarnos a participar del prejuicio institucionalizado de la Administración Universitaria en contra de estudiantes, profesores, profesoras, trabajadores y trabajadoras de la UPR.

Repudio TOTAL

Repudiamos y protestamos enfática y totalmente, la ocupación de la Universidad de Puerto Rico por la Policía. 

¿Cuánto más hará esta administración para arrebatarnos y destruir nuestra Universidad?. Basta ya.

Los tribunales y las luchas comunitarias y ambientales (L. J. Torres y E. Prados)

Comparto un excelente ensayo sobre el tema de los tribunales y los asuntos medioambientales y comunitarios. Luis José Torres Asencio y Eva Prados pasan revista sobre las decisiones del Tribunal Supremo de PR sobre estos temas y abordan la pregunta de si el Tribunal Supremo ha cerrado las puertas y limitado los derechos sociales y medioambientales. El ensayo apunta a concluir que parecería que acudir a esta institución, lejos de considerarse una alternativa para hacer valer derechos, sea un riesgo para perderlos.

El ensayo fue publicado en el semanario Claridad. Sigue en su totalidad. salud.

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Los tribunales y las luchas comunitarias y ambientales

“El derecho puede ‘agrandar’ la democracia

si se asume como emancipador”.

Boaventura de Souza Santos

Eva L. Prados Rodríguez y 

Luis José Torres Asencio*

Especial para CLARIDAD

El reciente cambio en la composición del Tribunal Supremo sirve de pie forzado para una reflexión sobre el impacto que dicho foro ha tenido en las luchas ambientales y comunitarias. Una mirada panorámica a la jurisprudencia del Tribunal revela que éste no ha sido particularmente sensible a los reclamos de comunidades u organizaciones ambientales. Igualmente, algunas decisiones publicadas a partisr de la nueva composición del Tribunal sugieren que dicho Foro no sólo continuará siendo un lugar inapropiado para vindicar argumentos comunitarios y ambientales, sino que restringirá el acceso de estos sectores a los tribunales.

Marco constitucional

Conviene comenzar nuestro análisis destacando el matiz constitucional de los casos ambientales, comunitarios o ambos en Puerto Rico. En lo relativo a lo ambiental, el Artículo VI, Sección 19 de la Constitución establece como política pública “la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”. Igualmente, las controversias comunitarias inciden sobre derechos reconocidos en la Sección 20 del Artículo II de la Constitución, tales como el derecho a la vivienda, la salud y a un nivel adecuado de vida.

Si bien esta última Sección fue rechazada por una mayoría del Congreso estadounidense, por lo que no es parte formal de nuestra Constitución, el Supremo inicialmente entendió que la misma tenía valor en nuestra jurisdicción. Así, en Amy v. Adm. Deporte Hípico (1985), el Tribunal expresó que “[e]l destino incierto de la frustrada Sec. 20 de nuestra Constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva frente al poder político creado”. Expresiones similares también se encuentran en Morales Morales v. ELA (1990), en el contexto del derecho a la alimentación, en Banco Santander v. Rosario Cirino (1990), sobre el derecho a la vivienda, y en Rodríguez v. Dpto. Servicios Sociales (1993), relativo al derecho de la alimentación de menores. Incluso, en este último, el Tribunal concluyó que el derecho a recibir alimentos forma parte del derecho a la vida.

No obstante, la ‘constitucionalización’ de los derechos comprendidos en la Sección 20 sufrió un golpe severo en García Benavente v. Aljoma Lumber (2004). Allí, por voz del ahora Juez Presidente Federico Hernández Denton, que antes había emitido la opinión en Morales Morales, el Tribunal descartó la vigencia de la Sección 20, revocando una Sentencia del Tribunal de Apelaciones que había reconocido que el derecho al trabajo formaba parte del derecho a la vida. Razonó el Supremo que la Sección fue eliminada por el Congreso y que su texto no creaba derechos sino “aspiraciones que dependían para su cumplimiento del desarrollo económico del País”. Así, pese a que inicialmente ser reconocidos, una interpretación conservadora y positivista dio la estocada final al reconocimiento de los derechos comprendidos en la Sección 20.

Algo similar ocurrió con la interpretación de la cláusula ambiental, la cual, pese a ser poco utilizada durante sus primeras décadas de existencia, cobró importancia durante los ’90. Así, en Paoli Méndez v. Rodríguez (1992), caso que involucraba una disputa sobre el acceso a un ‘ojo’ por el cual salía agua subterránea, el Tribunal expresó que la cláusula no era “un mero postulado de principios”, sino que constituía “una protección frente al Estado, la sociedad, el gobierno, e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin darse cuenta que está socavando su propia existencia, destruye la naturaleza en aras de un materialismo y un consumismo rampante, creando desbalances sistémicos irreversibles”. Posteriormente, en Misión Industrial v. JCA (1998), en donde se cuestionaba la aprobación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la instalación de la una planta de cogeneración de energía mediante la quema de carbón en el Barrio Jobos de Guayama, el Supremo indicó que la cláusula es “un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza”. Sin embargo, no fue hasta Mun. San Juan v. JCA (2000), caso en que se revocó la DIA del Condado Trío, cuando, a juicio del Juez Hernández Denton, se adoptó “un criterio especialmente riguroso para revisar las decisiones de las agencias administrativas en asuntos ambientales” utilizando, en parte, la cláusula ambiental para justificar dicho estándar.

Desafortunadamente, el escrutinio riguroso de las decisiones ambientales del Gobierno duró poco, pues en los casos de PCME v. JCA (2005) y Hernández v. Centro Unido de Detallistas (2006), el Tribunal aplicó a casos ambientales el mismo estándar de deferencia y laxitud con el que examina todas las decisiones emitidas por agencias de Gobierno. Así, pese a inicialmente elaborar teorías encaminadas a dar vigencia a los derechos sociales, económicos y ambientales consignados en la Constitución, el Tribunal optó finalmente por abandonarlas.

Acceso al tribunal

La tendencia hacia un recorte al acervo de derechos y remedios a los que las comunidades y grupos ambientales pueden aspirar es también perceptible en cuanto a la aplicación de los requisitos para entablar recursos en los tribunales. Aquí, el Tribunal ha variado su interpretación de los requisitos de legitimación activa, una doctrina creada para, conforme a nuestro sistema adversativo de Justicia, asegurar que las partes que acudan al tribunal tengan un caso o controversia concreto y sumo interés en que se resuelva. Dicha reinterpretación se ha prestado para limitar el acceso al tribunal a ciertos litigantes que no pueden alegar que se les ha privado de algún derecho propietario o que han sufrido un daño particularizado, algo que suele ocurrir en casos ambientales y comunitarios.

En Cerame Vivas v. Srio. Salud (1970), en donde se cuestionaba que la inacción del Departamento de Salud ante la descarga de desperdicios a aguas costaneras en La Parguera en Lajas, y Salas Soler v. Srio. Agricultura (1974), donde se impugnaba la aprobación de un Reglamento para regir la venta, distribución y uso de venenos comerciales, el Supremo no vaciló en reconocer que los litigantes tenían legitimación activa para demandar. Razonó el Tribunal que, dada la política constitucional ambiental antes mencionada, estos casos estaban revestidos de gran interés público, por lo que “el pueblo es considerado como la parte especialmente interesada y el demandante no necesita probar que tiene interés especial en el resultado del caso”. Tal liberalidad en la aplicación de estos criterios respondía además a una tendencia hacia la flexibilización de estos requisitos en los distintos estados de Estados Unidos.

Como resultado de las antemencionadas expresiones, los requisitos de legitimación activa no representaban gran preocupación para las comunidades y organizaciones ambientales que interesaban acudir a los tribunales para cuestionar actuaciones del Estado. Tal conveniencia, sin embargo, pareció llegar a un final abrupto con la reciente opinión del Tribunal en Fundación Surfrider v. ARPe (2010). Allí, la Fundación Surfrider y sus integrantes habían intervenido en la evaluación de un proyecto residencial propuesto para el Barrio Ensenada de Rincón. Durante las vistas del proyecto, la organización alegó que era una entidad cuyos propósitos eran la conservación de océanos y la protección del acceso a playas y su Presidente apostilló que residía cerca del proyecto, que estaba afectado por un problema de distribución de agua que se agravaría con el proyecto y que el desarrollo aumentaría la densidad poblacional, rompería la armonía y alteraría las características del vecindario.

El Supremo concluyó que la Fundación y sus integrantes no tenían legitimación activa para impugnar el proyecto. Además, el Tribunal incorporó normas sobre la aplicación de la doctrina de legitimación activa en el Supremo federal para establecer que las personas que deseen impugnar determinaciones de agencias ante los tribunales deben demostrar que tienen un “interés sustancial” en el caso, y que sus alegaciones de daños sean claras y específicas, no abstractas, hipotéticas o especulativas. Como, según el Tribunal, las alegaciones de la entidad y sus miembros eran “especulativa[s] y conclusoria[s]”, las mismas fracasaron en satisfacer el estándar más riguroso de legitimación activa.

Los efectos nocivos de la reinterpretación de esta política judicial ya se están percibiendo, puesto que el Estado ha comenzado a plantear que varios casos de considerable interés público, como las impugnaciones de la eliminación de la reserva del Corredor Ecológico del Noreste y de la evaluación del Gasoducto del Norte bajo un trámite expedito y poco riguroso, deben ser desestimados por este fundamento. De hecho, en el caso del Gasoducto, el Tribunal de Primera Instancia acogió los planteamientos sobre la falta de legitimación activa de los demandantes, pese a que varios de éstos residen en terrenos que serán afectados por la construcción del proyecto y que probablemente tengan que ser expropiados.

Acceso a la Justicia

Probablemente, los reclamos comunitarios más ignorados por nuestro sistema de Justicia han sido sin duda los relacionados con los rescatadores de terrenos y su derecho a la vivienda, intimidad, igual protección de las leyes, y a un debido proceso de ley. Por ejemplo, Catalán González v. García Martínez (1975), sobre rescatadores de terrenos, dio paso a que, sin mayor explicación, el Tribunal no reconociera a residentes de la Comunidad Villa Pangola en Toa Baja derechos básicos que incluso el Supremo federal había resuelto que estaban contenidos en las cláusulas de igual protección de las leyes y debido proceso de ley, así como el derecho a la intimidad, ante desalojos forzosos sin orden judicial.

Los años ’80 dieron al País uno de los casos más lamentables en la historia de desalojos forzosos de comunidades pobres: el de Villa Sin Miedo, comunidad compuesta por 588 personas radicadas en terrenos del Gobierno en Carolina. Para facilitar su manejo del caso y prescindir de garantías procesales, el Estado solicitó que se clasificara el pleito como uno de clase sólo en cuanto a la Comunidad, pero que el procedimiento siguiera el tracto expedito. El tribunal de Carolina aceptó la solicitud del Gobierno y rechazó la de la Comunidad, que afirmaba que, precisamente por ser un caso complejo con decenas de demandados, no se podía seguir un procedimiento expedito, dado que ello le privaría de su derecho a defenderse adecuadamente en el caso. Así, en menos de cuatro meses ya se había dictado Sentencia ordenando el desalojo inmediato de la Comunidad y, pese a sus reclamos de Justicia, un panel del Supremo compuesto por los jueces Trías Monge, Dávila y Negrón García denegó los recursos presentados por la Comunidad y nunca examinó los méritos del caso. Ello culminó con la entrada violenta de la Policía a la Comunidad, destruyendo todo a su paso.

El reciente caso de Villas del Sol, una comunidad de sobre 200 familias que se enfrentó primero a la intervención violenta por parte del Estado y luego a un procedimiento atropellado de desahucio, también ejemplifica las injusticias del sistema. De manera similar a Villa Sin Miedo, el Estado solicitó y obtuvo la autorización del tribunal para tramitar el desahucio contra toda la Comunidad de manera expedita, pasando por alto varias nociones arraigadas en nuestro ordenamiento sobre el derecho a un debido proceso de ley y, más que eso, sobre el trato justo en nuestra sociedad. La situación llegó al extremo de que se dictó Sentencia contra personas que nunca fueron notificadas sobre el caso, y cuyos nombres nunca fueron incluidos en la demanda del Estado.

Otro aspecto importante e ilustrativo de los cambios o paradojas del Supremo en temas de Acceso a la Justicia es el caso especial del litigante pobre. A partir de la opinión en Molina v. CRUV (1983), el Tribunal comenzó a flexibilizar las reglas relacionadas con el pago de fianzas y aranceles de presentación de escritos, en aras de garantizar el acceso a los tribunales para litigantes insolventes. En casos de desahucio, en los cuales se exige otorgar fianza como condición para revisar una Sentencia, en Bucaré Management v. Arriaga García (1990), el Tribunal eximió de su prestación a litigantes de comprobada indigencia económica. Esta norma fue confirmada recientemente por los jueces que forman la nueva composición del Supremo en Crespo Quiñónez v. Santiago Velázquez (2009), en donde se resolvió que aun cuando no se solicite la exención del pago de fianza, una persona puede quedar exenta si surge del expediente judicial que la persona es indigente. No obstante, contrario a lo que parecía una norma clara sobre este particular, en el caso de Villas del Sol el tribunal sentenciador impuso una fianza de $100.00 por persona para que se apelaran las 70 Sentencias que dictó. Así, fue el apoyo de entidades solidarias, que prestaron $7,000.00 a la Comunidad, y no la Rama Judicial, lo que viabilizó el derecho de estas personas a apelar sus sentencias.

Además, a principios de esta década y como representación trágica de un destino (in)corrompible, varias comunidades pobres tampoco lograron proteger en los tribunales su derecho propietario frente a la ola de expropiaciones del Gobierno. Así, la amenaza del desplazamiento es constante aun para las comunidades pobres que cuentan con títulos de propiedad. Cabe recordar los casos de Santurce, en donde las comunidades pobres fueron desplazadas para construir proyectos a los que sólo un sector privilegiado de la sociedad puede aspirar; de la Comunidad Boca en Barceloneta, que lucha contra un Alcalde que, con el mayor desprecio a derechos constitucionales y con total impunidad, ha utilizado el brazo represivo del Estado para demoler estructuras de la Comunidad sin contar con autorización alguna; el de Mainé en Guaynabo, que se encuentra esperando por una decisión del Supremo luego de una intensa lucha por detener su expropiación; y el de muchas otras comunidades cuyos integrantes viven ante la incertidumbre de no saber si el Estado los desplazará del que ha sido su hogar por decenas de años.

Políticas sustantivas de Derecho Ambiental y Comunitario

Por último, aunque un examen de las expresiones del Tribunal sobre aspectos sustantivos de Derecho Ambiental y Comunitario trasciende el alcance de este ensayo, huelga mencionar que pese a que se han dado victorias importantes para el movimiento ambiental y comunitario ante el Supremo, tales como las impugnaciones exitosas de la Ruta 66, el Condado Trío y el proyecto Dos Mares, muchas de las normas y preceptos elaborados en dichos casos han sido abandonados en casos subsiguientes. Peor aún, la tendencia, ejemplificada por los más recientes casos sobre clasificación y protección de las costas, San Gerónimo Caribe Project v. ELA (2008) (sobre la clasificación de terrenos ganados al mar mediante relleno en el contexto de la construcción del proyecto Paseo Caribe) y Buono Correa v. DRNA (2009) (sobre los criterios aplicables a la definición de la zona marítimo-terrestre), parecería ser hacia la relajación de los estándares de protección ambiental existentes en nuestro ordenamiento. 

Conclusión

El litigio ante el Supremo no ha sido una empresa particularmente exitosa para las comunidades y organizaciones ambientales. Si bien ello se debe a varios factores, las expresiones del Tribunal, así como su movimiento hacia la adopción de posturas más conservadoras, reflejan su disposición a favorecer intereses adversos a estos sectores. Sobre este particular, los nuevos componentes del Tribunal parecen mostrar interés por preservar y fortalecer esta tendencia a resolver de manera contraria a los litigantes ambientales y comunitarios, así como a limitar el acceso de estos sectores a los tribunales. La lección es clara: las mayores posibilidades de éxito de las luchas ambientales y comunitarias se encuentran fuera del Tribunal.

*La autora y el autor son profesores universitarios, abogados y miembros fundadores de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Inc. Para más información sobre ANDA, visite www.andapr.org.

espacio público en la época virtual

Comparto un ensayo del blog SalonKritik, sobre el espacio público en la época virtual. El artículo completo presione aquí. En adelante un fragmento.

El espacio público en la época de la presencia virtual - Jacobo Sucari

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Este estado de cosas, creo que reconocido por una amplia mayoría de ciudadanos, la acción, el qué hacer, choca con la capacidad militar e ideológica del poder, de las clases dominantes (políticas, militares, religiosas, económicas) que se han enrocado en un discurso auto-convincente y auto-sostenible del pensamiento único.

El poder articula también un mundo virtual donde da validez a su ideología de dominación. Ese mundo virtual pelea por establecerse a partir de la burocracia en todos los estamentos de la vida cotidiana, de la presión estatal en impuestos y exigencias, del miedo como forma de contención, de la miseria como horizonte del que no pertenezca al sistema, la dimensión única.

La respuesta ciudadana en la época de la presencia virtual.

La resistencia por parte de una ciudadanía que observa impertérrita las contradicciones del discurso del poder, una ciudadanía llamémosle cartesiana, al enorme avance de las corporaciones y de las clases sociales que los conforman y que le dan su cobertura y apoyo, se encuentra con múltiples problemas.

No solo es la marginación del mundo unidimensional que intenta forjar el poder, tildando a todo movimiento cuestionador de la legitimidad social de los nuevos amos, como anti-sistema; volviendo así a fórmulas ya superadas de las luchas contestatarias de los años 70 en Europa, donde el poder intenta legitimizarse presentándose como un todo indivisible que constituye el „sistema‰ y quién defiende desde la legitimidad este órgano todo e indisoluble.

Asistimos no solo a la vuelta de todas las estrategias del poder por demonizar a una resistencia un tanto acorralada, sino que a estos auténticos déjà vu de la represión más estatista y para-fascista que ya conocíamos, se suma ahora este nuevo estado de cosas donde la fragmentación del espacio público y del poder político varían las formas de resistencia y choque.

La participación ciudadana, una de las basas posibles en una sociedad hiper-conectada, campa por su ausencia. El poder pretende hacer inoperante toda participación democrática en las calles que denote autogestión o crítica de las formas contemporáneas del capitalismo, condenando al hiper-espacio mediático a las formas alternativas de articular los modos de producción y gestión.

La resistencia se agazapa así en espacios alternativos aún no del todo ocupados.Internet, con su potencial de conexiones horizontales surge como un espacio alternativo de resistencia viable. Lo múltiple cuantitativo se hace así plataforma de exigencia y presión. Una estrategia para reivindicar un nuevo orden de lo material desde un entorno virtual.

De la vanguardia como estrategia de grupo de avanzada que toma el poder por un imperativo, digamos moral, que definió la lucha por el poder desde finales del S. XIX, parece que pasamos a la minoría lúcida que en un movimiento expansivo intenta consolidar una conciencia planetaria de carácter racional y democráticamente sostenible.

El e-mail participativo es su mejor estrategia política. Ciudadanos digitales por la transparencia democrática que a partir de la suma de firmas pretenden crear no solo un estado de opinión, sino una acción con resultados concretos.


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La intolerancia y el Derecho

La intolerancia gana más terreno cada día, individual y colectivamente. Recomendamos el editorial del NYT 'Intolerance and the Law in Oklahoma'.

"Could a judge refer to the Bible in a ruling, but not the Koran? How about the Book of Mormon or the teachings of Confucius?"...Oído en tierra.

Fideicomisos de tierras como alternativa de vivienda asequible (Conferencias)

(pulse para detalles)

¿Y cómo se encuentra el alma? (The Best of Youth, 2003)

Epístola a José M. Saldaña (Mara Negrón)

Pensar es radical…

Citamos:

«No es de extrañarse – aunque debe censurarse- el que miembros de la Junta de Síndicos por razones de pura politiquería partidista, obstruccionista se opusieran al nombramiento (de Ana Guadalupe). […] Creo que es necesario poner todas las objeciones y protestas que han trascendido respecto a este nombramiento en su justa perspectiva ya que se ha querido transmitir por todos los medios una versión acomodaticiamente distorsionada de la realidad. […]

«En varias ocasiones y en varios escritos he manifestado que desde un principio en la Universidad de Puerto Rico ha existido un grupo sustancial del profesorado que son activistas de tendencia política de izquierda, particularmente en las facultades de las Ciencias Sociales, de las Humanidades, Comunicación y Pedagogía. Este grupo promueve y manifiesta su fuerte apoyo a la independencia del país, al nacionalismo y al socialismo. Lo que más claramente define a esta subcultura académica es el compromiso con la idea de que es urgentemente necesario un cambio político y que éste tiene que lograrse solamente por un proceso revolucionario.

«Muy significativo es el hecho de que cuando hay administraciones universitarias que pueden considerarse débiles, populistas y con sesgo ideológico hacia la izquierda – como la anterior – estos elementos proliferan y ganan acceso a la alta jerarquía institucional obteniendo considerable poder para transmitir sus idearios más allá de los recintos universitarios por medio de actividades académicas oficiales como conferencias, simposios, talleres… etc.

«En ocasiones anteriores he manifestado que esa opción de cierre es posiblemente la más adecuada y necesaria para repensar de arriba hacia abajo a ese recinto que las más de las veces aparenta haberse salido de su cauce y ser ingobernable. A los efectos de buscar alternativas ante esta posibilidad, me permito sugerir –entre otras-que se considere seriamente cerrarlo y trabajar para convertirlo en uno principalmente de programas graduados y de escuelas profesionales. Mover los programas de bachillerato a otras unidades del sistema. Mover de ese campus toda la investigación de ciencia y tecnología, creándose para ello institutos autónomos o independientes.»

Firma este artículo de opinión, – publicado por el periódico El Vocero el 28 de octubre-, como ex Presidente de la UPR, el Dr. José M. Saldaña.

Dante Alighieri leyendo su poema. Por Domenico di Michelino, 1465

Si me encontrara en medio del camino de mi vida en una selva oscura y, como Dante Alighieri en compañía del poeta Virgilio, tuviese que bajar al infierno, me preguntaría quiénes serían los personajes, entre mis contemporáneos, que colocaría en los distintos círculos del infierno. La osadía de Dante, además de sus compromisos políticos en defensa de los güelfos, los cuales le opusieron al Papa Bonifacio VIII, le costó el exilio. En su Divina comedia se atrevió a concebir un infierno de este mundo, por tanto, no un juicio postergado al futuro de una vida después de la muerte. Dante otorga de cierta forma una supremacía moral al poeta. Sólo el poeta puede bajar al infierno, vivo, y regresar a este mundo a escribirlo. El poeta es, por consiguiente, la memoria que regresa de los bajos mundos. Asimismo, Dante concibe al poeta como el que contempla la decadencia de sus contemporáneos. Por eso no lo pensó dos veces cuando se trató de nombrar por su nombre propio a ciertos papas, los poderosos de su época. Entonces, también digamos que Dante concibe el pensar de la poesía cercano a una cierta idea de la justicia. Ésta no está muy lejos de esa justicia retributiva previa a la era moderna, que consistía en castigar de acuerdo a lo que se había hecho: un castigo merecido. Una justicia que se concebía como punitiva. Dante, no obstante, se reserva el derecho supremo de simpatizar con algunos de los condenados del infierno, y no con otros. Así, al hacerlo, discrepa de una interpretación estricta de los sacramentos cristianos.

Continúe, por favor, en la Revista 80grados.