En los últimos años parte de mi trabajo académico ha girado en torno a la operación y funcionamiento de la discursividad jurídica en los espacios de conflicto social. Así, he analizado cómo en escenarios de conflicto (sobre el medioambiente o sobre la propiedad), el discurso de ‘la legalidad’ (la lógica o razonamiento sobre si algo es legal o ilegal), tiende a colonizar la discusión pública de manera conveniente a las instancias de mayor poder, dando al traste con la posibilidad de una discusión amplia y un debate robusto sobre otras consideraciones políticas y contra los intentos de visibilizar y cuestionar las configuraciones de poder en las controversias estudiadas.[1]
Por ejemplo, lo analizado apunta a cómo el código operacional del sistema legal, esto es lo legal-ilegal (Luhmann, Law as a Social System, 2004), pretende juridificar y simplificar las controversias sociales y por ende, privarlas de contenido político. La conclusión, en muchos casos, ha sido que: “si la controversia pública se convierte en atender la pregunta ¿es esto legal?, no sólo la conversación se reduce de manera significativa, sino que, además, la afirmación de un evento o acción como legal, o por el contrario ilegal, adquiere la premisa (falaz) de neutralidad y universalidad a la que aludía Bourdieu. Se asume la supuesta neutralidad de la respuesta y, con ella, se acude a la fuerza y legitimidad de un discurso que simplifica o elimina la complejidad del evento y los juegos de poder que lo conforman”. (Así, la apuesta que planteo para los abogados y abogadas y académicos del Derecho es estar hiper-conscientes de nuestra participación como operadores de esa discursividad de manera que no refrendemos, en lo posible, la colonización del debate público por parte del código operacional del Derecho).
Pero el discurso jurídico no es el único que se utiliza o tiende a posicionarse como forma hegemónica de invisibilizar asuntos de poder o temas estructurales. Mediante otras racionalidades sistémicas, también políticas (ejemplo la teoría hegemónica de la democracia representativa) también se corre el riesgo de que el debate público se erosione y desemboque más en asuntos procesalistas o simplistas dejando de lado nuevamente consideraciones valorativas importantes (e.g. ¿Qué tipo de Universidad queremos?) o asuntos de poder que a todos nos conciernen. Esto pone en riesgo y evita-no en pocas ocasiones- debates y discusiones de fondo que ciertos grupos en un momento particular buscan traer al ‘mundo vivo’ habermasiano, es decir, a la esfera pública.
En el caso de la situación de la Universidad, desde antes de la huelga (valga decir), algunos sectores universitarios hemos llamado la atención sobre la importancia de estos aspectos sustantivos y estructurales que atañen al proyecto universitario como un proyecto público, de excelencia y accesible a todos y todas. No pocas veces, no en pocas instancias, no ante pocas controversias, no en pocos foros, antes de la huelga. Esos temas de tanta importancia, no empece el esfuerzo de muchos, han sido apiñados en muchos de los casos, poco atendidos incluso en la propia esfera universitaria, es decir, fácilmente invisibilizados.
Lo cierto es que la gesta de más de 50 días de los y las estudiantes del sistema universitario ha visibilizado estos temas, los ha traído al debate público, los ha presentado al país. Cierto que habría que decir que el debate público ha recogido esto en un nivel todavía muy insuficiente en cuanto a los términos estructurales que se requiere, pero ciertamente, como mínimo, es claro que este proceso huelgario ha permitido, al menos, rasgar de las paredes de la indiferencia, poner en escena el tema universitario y el riesgo en que se encuentra la posibilidad de la Universidad pública, de excelencia y accesible. Para comenzar, como mínimo, nos ha hecho ver las caras, incluso, a sectores universitarios que dentro de la ‘normalidad’ universitaria de la UPR (no de otra Universidad posible), difícilmente coincidimos. Ese ‘saldo’ tendremos que seguir analizándolo por mucho tiempo, en la contingencia de su día a día, dentro del proceso y tiempo después de éste.
Entonces, siendo así, quiero llamar la atención aquí, al primer punto que traje, a la colonización o pretensión totalizadora de los debates públicos por medio de una lógica discursiva sistémica que, al decir de Luhmann, simplifica las controversias y busca, mediante esa simplificación, teñirla de una lógica unidimensional y miope. Esa forma de simplificar los asuntos públicos estructurales, como diría Bourdieu respecto a la fuerza del Derecho (cuando es el discurso jurídico el que coloniza y juridifica el debate público[2]), tiene el efecto de invisibilizar otros asuntos más amplios, políticos, de poder, de los temas estructurales y las dinámicas que impiden la discusión o debate de estos temas fundamentales.
Este es el caso de la situación de la UPR. Los sectores con poder institucional y en ocasiones otros (o quizá siguiendo a Luhmann, la dinámica misma de las comunicaciones sistémicas), simplifican los debates sobre la Universidad o sobre el conflicto universitario, al igual que lo hace el sistema legal, mediante la delimitación de la controversia o su lógica totalizante dirigida a ciertas preguntas ejes, no pocas de ellas desde el código jurídico.
Algunos ejemplos:
-¿Es legal o no la huelga? -¿Son legales las actuaciones de los estudiantes?
Mediante una comunicación sistémica propia del sistema legal, el asunto se pretendía atender mediante una racionalidad jurídica particular, es decir, el debate no era (se evita que sea) si los reclamos estudiantiles o la crisis universitaria debía atenderse sustantivamente de manera cónsona con la concepción de la Universidad Pública de excelencia y accesible que queremos. El debate se simplifica y se juridifica si la contestación es binaria: legal sí o no, y se pretende así que el debate se vierta de manera profiláctica hacia una respuesta ‘libre’ de los elementos políticos, es decir, se viste de una neutralidad falsa propia del sistema legal, impidiendo el debate sobre los méritos de los reclamos y las razones para la protesta.
-¿Son los estudiantes manifestantes la mayoría?- El discurso político de la democracia liberal tradicional se impuso (pretende imponerse?), reduciendo o simplificando el debate hacia una cuestión meramente numérica, procesalista y sin la deliberación sobre los asuntos políticos sustantivos y valorativos que se ponen sobre la mesa: acceso desigual a la educación superior, la Universidad que queremos, la universidad democrática, inclusiva, la Universidad que está en juego con las políticas que se plantean.
-¿Son los estudiantes de los Comités de Acción o de los Comités de Negociación, reconocidos por el reglamento, avalados por la institucionalidad? Nuevamente se pretendió colocar el debate en una lógica discursiva formalista y procesalista, excluyendo concepciones democráticas alternativas que han tenido materialidad en el escenario universitario. Los planteos sustantivos entonces de echan a un lado para cuestionar, no sus razones, argumentaciones y méritos, sino quienes los exponen.
-¿Huelga sí o no?- La propuesta de referéndums en esta dirección es una nueva forma de colonizar el espacio público, evitar la discusión sustantiva e invisibilizar el impacto y consecuencia de las políticas en juego, políticas que no se estarían discutiendo si no fuera por este mecanismo de presión que se activó luego de la imposibilidad de la discusión misma. La pregunta totalizante y reduccionista anula y cancela el debate que se pretende traer con urgencia por su importancia, anula los argumentos y sus méritos, elimina la discusión y visibilización del poder que pretende actuar con una única propuesta universitaria a expensas del país, de espalda a los estudiantes, profesores y la comunidad universitaria, que ha estado intentando por muchos medios, y sí, mediante campañas ingeniosas (hace ya bastante tiempo)-, traer el debate público a lo largo y ancho del país (no con poco esfuerzo, debo decir) el riesgo inminente que corre el proyecto Universitario Público, de Excelencia y Accesible a todos y todas.
Estos son solo algunos de los más conocidos ejemplos.
Al igual que he llamado la atención en otras controversias respecto a la pretensión totalizadora y excluyente del Derecho (como sistema social) y de las lógicas jurídicas que impiden e invisibilizan discusiones en la esfera pública, en esta ocasión me parece que las preguntas anteriores no son sino formas desde el poder, de invisibilizar, aplacar y poner trabas a la discusión y deliberación (la exigencia de que se lleven a cabo) de aspectos medulares como las políticas de accesos inclusivos y justos a la educación universitaria. Las preguntas anteriores, entonces, son (o pretenden ser) formas hegemónicas de evitar por todos los medios el reclamo de que se discutan los aspectos sustantivos sobre la Universidad que queremos. Esa pretensión totalizadora no debe imperar, más bien, quienes reconocemos que el debate público debe girar en torno a los aspectos más amplios y sustantivos que están en controversia sobre el proyecto universitario al cual aspiramos, debemos insistir en que el país y los componentes universitarios atiendan las controversias sustantivas que están en juego.
Entonces, no es que las preguntas anteriores, que son ejemplo de la simplificación de la controversia, no tengan cabida en la discusión, por supuesto que sí. El asunto es que -como en tantos otros casos- este tipo de forma de pautar las controversias, se entroniza, asume el poder de la discusión, excluye, invisibiliza, arrasa violentamente con los asuntos que queremos y debemos traer a la atención y discusión pública de manera urgente: la Universidad que queremos y la implantación de políticas que, mediante un actuar rápido y arbitrario del gobierno universitario y el gobierno político, desmantelan el proyecto universitario público.
Toca recordar aquí, que el escenario es uno en que el poder institucional opera de manera rápida y avasalladora, para alejar a pasos agigantados y con políticas nefastas, la posibilidad de que esa Universidad que queremos, no solo se diseñe sino que sea posible. El reto es, por supuesto, cómo y en qué circunstancias, dada la urgencia e inminencia del embate y no empece los intentos de simplificación y colonización del debate público mediante los enfoques anteriores, esa discusión va a ser prioritaria y no sea una y otra vez colonizada por otras lógicas en la esfera pública (dentro y fuera de la Universidad). Dónde, cómo, cuándo, por quienes, por supuesto, son consideraciones importantes.
Creo, sin embargo, que hay algo que decir desde ya: esta huelga ha posibilitado traer a la escena del mundo de vida público (Habermas aquí) esa posibilidad de discusión amplia y que resiste por su multiforma, esas lógicas binarias. Y no hay duda de que, paradójicamente, eso se ha hecho más posible en este conflicto mediante un ‘cierre’ de la Universidad que conocemos, un cierre que ha significado en muchos sentidos una apertura de la Universidad a la que aspiramos. Mi impresión es que la huelga ha abierto más esos portones para un escenario de debate sobre estos temas, que en aquella ‘normalidad’ en la que se aduce que los portones ‘están abiertos’. Por eso diría que quien está convencido de la necesidad de estos debates en su versión amplia, no tendría que esperar por la apertura de los portones físicos para el diseño de su discusión (campañas, ideas e iniciativas las hay, todos los días nacen nuevas!), sino comparecer desde ya a la Universidad abierta que ha hecho posible (aunque podría decirse de manera incipiente) posicionarse en la escena universitaria actual. En cualquier caso, habría que abrir los portones físicos bajo este entendido y no bajo un entendido de que el espacio-tiempo precedido fue de cierre, sino de una forma de potenciar y abrir posibilidades.
Así que, en resumen, al igual que cuando critico la colonización de las controversias políticas y de poder por parte del discurso jurídico, mediante esa miopía conveniente, en esta ocasión señalo los intentos de colonización y simplificación de los debates que más nos urgen, por parte de unas lógicas discursivas supuestamente estratégicas o convenientes para la administración y el poder institucionalizado: huelga sí o no, huelga legal o no, mayorías silentes v. minorías estruendosas…. Sabemos que hay mucho más, apostemos y trabajemos por mantener en la esfera pública los temas que el poder totalizador discursivo quiere invisibilizar: la Universidad que es y aquella posible.
[1] Véase: LA PRETENSIÓN TOTALIZADORA DEL DERECHO: JURIDIFICACIÓN DE CONTROVERSIAS EN PUERTO RICO, I Jornadas para Jóvenes Investigadores en Derecho y Ciencias Sociales ,"Sociedad, Derecho y Estado en cuestión", Universidad de Buenos Aires, Instituto GIOJA; El Discurso legal en la construcción del espacio público: Las playas son públicas, nuestras, del pueblo, Revista de Ciencias Sociales, , número 20, número especial sobre Ambiente y Sociedad (Centro de Investigaciones Sociales de la UPR 2009); El Derecho y lo “legal/ilegal” en los escenarios de conflicto ambiental (Editorial Tal Cual, dic. 2007)(Ética Ecológica, Ed . Luis Galanes); La Presencia del Derecho en el Movimiento de Rescates de Terreno en Puerto Rico: rescatando entre leyes, tribunales y el discurso legal, 68 Rev. Col. Abog. 351 (2007).
[2] El Derecho, como campo jurídico o como sistema social, pretende -mediante su pronunciamiento sobre lo que es legal o ilegal- constituirse en una vía de poder que aspira a resolver, aplacar o simplificar el conflicto, acudiendo a un código particular: el código de legalidad/ilegalidad. La fuerza de este código y su simplificación puede terminar opacando los conflictos o asuntos subyacentes. Se trata de una forma particular en que el campo jurídico trata la realidad social, de acuerdo a sus términos y racionalidades, y de cómo ese tratamiento de la realidad social puede terminar en la construcción particular de determinada realidad y verdad (BOURDIEU, 1987).
