Nueva Clínica: Para representar a afectados por ejecución de hipotecas y desahucios

Atención estudiantes de Derecho UPR:

La Escuela de Derecho anuncia que se abre una nueva sección de Clínica de Asistencia Legal para atender uno de los asuntos más apremiantes hoy día en el tema de litigios, derecho a la vivienda y acceso a la justicia. 

Se trata de darle asesoría y representación legal a los afectados por las hipotecas, personas que como bien se ha documentado en la prensa y se ha traído a la atención pública, día a día son desahuciados y pierden sus hogares. Cada vez son más con la crisis y cada vez es más la carencia de representación legal por lo que la apertura de esta sección es de vital importancia y una gran oportunidad para formarse y servir a la vez. Dejo los detalles:

Clínica de Asistencia Legal de Derechos del Consumidor - Prof. Ricardo Ramos

Se prestarán servicios legales a personas que confrontan problemas de ejecución de hipotecas, principalmente en el litigio de este tipo de casos.  También se trabajará con educación a la comunidad, con los procesos de mediación, negociación de acuerdos con los bancos que pemitan a los deudores retener su vivienda o mitigar las pérdidas, entre otras labores.   

Los interesados deben escribir en o antes del 13 de julio a la Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles, Dra. Adi G. Martínez Román, a adi.martinez@upr.edu, e indicar si estarían disponibles para que la Clínica se ofrezca en sección: diurna (miércoles a la l:00 pm) o nocturna (miércoles a las 6:00 pm; o viernes a las 6:00 pm). 

"Una vez recibamos las respuestas se deteminará el horario dependiendo de lo indicado por la mayoría de los interesados".

A rendir cuentas por los derechos humanos en Puerto Rico

Un grupo de organizaciones, individuos y la Clínicas de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico y la Interamericana, tendrán audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Puerto Rico. A su vez funcionarios del gobierno de Puerto Rico tendrán que rendir cuenta sobre lo que han hecho y harán a partir de estas denuncias. 

Se trata de un evento histórico y de una vuelta importante en la narrativa por los derechos humanos en Puerto Rico que amplía su perspectiva y denuncia para acoger violaciones y reclamos que no se circunscriben a lo tradicionalmente expuesto en organizaciones internacionales, como el tema de la autodeterminación y la soberanía. Los derechos humanos no esperan; la dignidad de las personas no es negociable y ahí estarán estas organizaciones para dar cuenta de ello. Dejo la información sobre la transmisión de la histórica vista:

Transmisión de la Vista Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Página). Lunes a las 10:00 a.m. en el salón L-7 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Un amplio número de organizaciones de la sociedad civil del País tendrá la oportunidad de denunciar las violaciones de derechos humanos que ocurren en #PuertoRico ante este foro internacional y funcionarios del gobierno estarán presente para contestar los reclamos.

Dos grandes del Derecho y la Justicia: Nora Vargas y William Ramírez

Son dos grandes del Derecho, pero más allá de eso, son dos grandes para el país. La licenciada Nora Vargas y el licenciado William Ramírez han dedicado su vida a lograr justicia para los más vulnerables: pacientes de HIV, envejecientes, estudiantes, madres discriminadas, la reivindicación de derechos civiles, en otras palabras, el interés público. Y lo hacen siempre con una sonrisa de labio a labio porque están convencidos de su trabajo y de la justicia de sus reclamos. Son admirables, de esos ciudadanos invaluables que andan por ahí, siempre dando. 

Cada vez que converso con ellos me dejan una estela de días pensando en lo mucho que han contribuido a la vida de todos nosotros y nosotras, en el perfil de abogados y abogadas que representan, en su fibra robusta e incólume de moral social comprometida con los demás. A través de su práctica profesional llevan décadas visibilizando la injusticia: a aquellos contra los que el Estado embiste; a aquellas a las que no les reconoce igualdad, como a la hija de madres lesbianas que acudió en búsqueda de igualdad y dignidad en el caso A.A.R., a comunidades que no tienen lugar, como los enfermos de HIV o a envejecientes, a los que nadie quería de vecinos; a la ciudadanía que se empeña en vivir en un mundo común, de convivencia, de respeto a la diferencia, a los derechos civiles y a la integridad física. 

Dejo un reportaje que le hicieran en 1991. Dice tanto. Quisiera pensar que su ejemplo se seguirá multiplicando, que los emulemos más, que colaboremos más con ellos y ese tipo de abogacía. Nora y William han llevado una práctica de la abogacía independiente, con mucho sacrificio y con grandes satisfacciones. Es un privilegio colaborar con ellos, una aprende, entiende mejor el presente y abre los ojos a lo que no ha visto o no se le permite ver. Narran sus historias, las de sus clientes, muy tristes, muy intensas, pero luego una queda llena de esperanzas. Hacen a una feliz. Yo quiero ser como ellos. Salud!

Clínica Derecho Ambiental UPR invita:

"VIA VERDE: Does it comply with federal environmental law?" Prof. Patrick Parenteau Vermont Law School Jueves, 22 de septiembre a las 7:30 en el L-4

La privatización de la Censura (Clínica UPR invita)

La Clínica de Nuevas Tecnologías, Propiedad Intelectual y Sociedad (CNTPIS) de la Escuela de Derecho de la UPR, 

te invita al Foro: 

La privatización de la censura y sus implicaciones para la libertad de expresión en Internet

a ofrecerse por  Jochai Ben-Avie, Senior Analyst de Política Pública de AccessNow.org, una ONG global de libertades civiles en el entorno digital.

Jueves, 8 de septiembre de 2011
3:00pm, Salón L-1, 
Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico. 

Nueva Clínica para comunidades en Derecho UPR!.

Anunciamos con entusiasmo la creación de una nueva sección de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la UPR. Hay varias razones para estar contentos con esta Clínica. La nueva sección de Desarrollo Económico y Autogestión de Comunidades Desaventajadas de PR, ofrecerá servicios legales a las comunidades servidas por el Centro para Puerto Rico. Operará con un acuerdo con esta entidad y con fondos de la Fundación Carvajal. 

La sección de Clínica fue concebida mediante una propuesta preparada por el estudiante de tercer año de Derecho, Amaury A. Boscio, a quien felicitamos con mucho ahínco desde aquí porque damos fe de su disciplina, corazón y esfuerzo para que este proyecto se hiciera realidad. La nueva sección de Clínica, además, será dirigida por nuestro exalumno y gran abogado de comunidades y de Derecho Ambiental, el licenciado Luis José Torres Asencio. Luis José es, además de un excelente abogado litigante y apelativo, uno de los abogados más activos en la prestación de servicios probono. Fue miembro fundador de ANDA INC y actualmente es su Director Ejecutivo. Estoy segura que ese equipo de trabajo hará una labor extraordinaria en la representación de las comunidades de Río Piedras y PR. 

A todos y todas mis felicitaciones, a las comunidades, porque contarán con un nuevo servicio de asesoría legal de primera en la Escuela de Derecho y, sobre todo, a los y las estudiantes matriculados que sin duda tendrán una eperiencia académica formativa de primer orden. salud!.

Clínica de Asistencia Legal UPR (sección Ambiental) comparece a vistas Gasoducto

Firme oposición al gasoducto

http://www.elnuevodia.com/firmelaoposicioncontraelgasoducto-799486.html

Abogados pedirán que el proyecto sea retirado

La Escuela de Derecho de la UPR evalúo la DIA del gasoducto y ante los errores hallados, concluyó que no se realizó un estudio profundo de la obra. (Archivo)

Por Keila López Alicea /keila.lopez@elnuevodia.com

La Clínica de Asistencia Legal de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico (UPR) solicitará hoy que se retire la Declaración de Impacto Ambiental preliminar (DIA-P) redactada para el gasoducto del norte y que se paralice el proyecto debido a todas las incongruencias que le rodean.

Asimismo, entidades como el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Casa Pueblo y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) manifestaron su rechazo al proyecto, que atravesaría la Isla de sur a norte y de oeste a este.

El director de la Clínica, el abogado Pedro Saadé, explicó que un grupo de expertos de la Escuela de Derecho de la UPR se dio a la tarea de evaluar el documento ambiental de cientos de páginas y los errores que encontraron son suficientes para concluir que no se ha realizado un estudio profundo de los efectos de la construcción.

“Contrario a lo que sucede en otros casos, que antes de ir a vistas públicas hay algún tipo de escrutinio, aquí no lo hubo y las deficiencias son tales que no hay una oportunidad real para que el público se exprese”, indicó Saadé.

Durante el día de hoy, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) celebrará las únicas vistas públicas en torno al gasoducto de manera simultánea en tres pueblos distintos.

Los “errores”

Saadé expresó que uno de los tantos errores de la DIA-P es que ignora los accidentes que en un futuro podrían surgir a causa del gasoducto.

“Este documento ambiental parte de la premisa falsa de que esto nunca va a fallar. Aquí no va a haber supervisión directa de agencia federal alguna, porque entendemos que esto se delega a la Comisión de Servicio Público y su récord con este tipo de desgracia -como la explosión de Río Piedras- no es bueno”, manifestó el abogado ambiental.

Tras una evaluación de su Comisión Científica y Técnica, la organización Casa Pueblo reveló ayer que el gasoducto operaría con un déficit anual de $4 millones, por lo que nuevamente reiteró su rechazo al proyecto.

Del mismo modo, el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, concluyó que la DIA-P no realizó una comparación exhaustiva de las alternativas disponibles para el transporte del gas natural y favorece la alternativa por tierra sobre la transportación por agua sin tomar en cuenta todos los factores.

“La DIA es deficiente en dilucidar todos los efectos potenciales de la propuesta, particularmente en los efectos sobre los humedales, la hidrografía, las aguas subterráneas, las áreas protegidas, al igual que todas las amenazas que podrían causar las fallas en la tubería”, señaló Lugo en una misiva que envió a la Autoridad de Energía Eléctrica.

http://www.elnuevodia.com/firmelaoposicioncontraelgasoducto-799486.html

Clínicas en riesgo

No es nuevo, pero en momentos de crisis se utiliza cualquier excusa para revivir un fantasma que acecha no pocas veces: el ataque contra las clínicas de asistencia legal en las escuelas de Derecho. Bajo la idea de la escasez de fondos públicos y las crisis presupuestarias, siempre se administran tijeras a los proyectos que tienen éxito en atender la injusticia y la inamovilidad, proyectos que ya antes, aún con presupuestos fuertes, los administradores hubieran querido hacer desaparecer, porque, entre otras razones, el trabajo y producto de la Clínica le incomoda a ciertos sectores muy cómodamente puestos a expensa de la situación de desigualdad, la negación de derechos y la falta de acceso a la justicia de tantos otros.

En estos días se reseña y se visibiliza en la prensa estadounidense, lo que ocurre en no pocas ocasiones: presiones de sectores poderosos para que se debiliten o hasta se eliminen las clínicas de asistencia legal. Las Clínicas no solo son modelos validados de educación jurídica, sino que son de los pocos lugares y mecanismos institucionales a los que pueden acudir los sectores desaventajados para lograr representación legal. El NYT presentó el tema hace unos días y hoy saca este editorial que vale muy bien reproducirlo aquí, leerlo, pensarlo y guardarlo, guardarlo muy bien.

April 12, 2010

EDITORIAL

First, They Get Rid of the Law Clinics

Law school clinics give students real-world experience in advocacy and provide underserved communities with legal representation. Increasingly, they are being attacked by business interests, which are often the targets of clinic lawsuits.

Maryland’s lawmakers have been wrestling over a bill that threatened the funding of the University of Maryland’s law clinic if it did not provide more information about its clients. The clinic has come under assault after filing an environmental lawsuit against Perdue, a powerful force in the state, charging that chicken waste from farmers who contract with the company is polluting Chesapeake Bay. Similar campaigns are being waged across the country, as Ian Urbina reported in The Times recently

In Louisiana, the powerful chemical industry is unhappy with the Tulane Law School clinic, which has sued to increase air quality enforcement in the state. The State Legislature is considering barring clinics that receive public money from suing companies or government agencies for money damages, unless the Legislature gives them an exemption. In New Jersey, a real estate developer sued a state-financed law school clinic at Rutgers University seeking its internal documents, after the clinic sued to stop the developer’s planned strip mall.

Attacks like these are a direct interference with law schools’ freedom to decide how to educate students. Jamin Raskin, a law professor at American University and a Maryland state senator, compared it to “going into somebody’s class and trying to change their syllabus.”

Extracting information from clinics about the people they serve and the work they do also threatens the clinics’ professional relationships with their clients.

The president of the American Bar Association, Carolyn Lamm, urged “those who would undermine clinical law school programs to step back and remember that the rule of law cannot survive if pressure prevents lawyers from fulfilling their responsibilities to their clients.”

Law school clinics often provide the only legal assistance available to poor people. Some powerful interests may not like that, but it is critically important work.