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12.2.15
Conversatorio con Mireia Sallarés en Derecho UPR
LAS MUERTES CHIQUITAS es un documental y proyecto interdisciplinario, resultado de cuatro años de investigación, en el cual se entrevistan a más de treinta mujeres de México de diferentes edades, estratos sociales, profesiones y religiones. Las mujeres entrevistadas hablan directamente sobre el orgasmo, el placer, el dolor, el poder y la violencia. Sus historias de vida nos llevan a conocer sucesos relacionados con los feminicidios de Ciudad Juárez, las prostitutas de barrios marginados, profesoras de universidad, exiliadas de guerras europeas, cero positivas, homosexuales, transexuales, ex-guerrilleras de los años setenta, burguesas, indígenas, estudiantes, madres, abuelas, hijas... mujeres. Estas historias de vida, reivindicadas como patrimonio de la humanidad, son el centro de sus investigaciones sobre las estructuras de los contextos sociales y culturales en las que estamos tod@s inmersos.
CO-AUSPICIAN:
ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
BETAL-LOCAL
ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL
ORGANIZACIÓN PRO DERECHOS DE LA MUJER DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
5.2.15
Acceso a los tribunales y justicia (sobre conferencia de la Jueza Fiol Matta)
En noviembre pasado la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, visitó a la Universidad de Trinity para dictar una conferencia sobre los tribunales y el acceso a la Justicia. En esta la Jueza Fiol Matta alude a uno de los temas que más nos atañe respecto a la Rama Judicial: el estado de cosas respecto a cómo esta rama y en especial una institución como el Tribunal Supremo de Puerto Rico, están o no disponibles y accesibles para la ciudadanía cuándo esta busca precisamente hacer valer derechos y palear el resultado de las desigualdades en el proceso tradicionalmente visto como político.
Sabemos que existe un problema inmenso respecto a ese acceso. No todos los ciudadanos y ciudadanas tienen igual acceso y así, se convierte esta Rama en una instancia más de desigualdad y de falta de oportunidades. ¿Qué debe hacer entonces esta rama de gobierno para atajar ese acceso desigual? Y ¿cómo la forma de decidir de los jueces y juezas y el cómo conciben su función, perpetúa este estado de cosas?
En su conferencia, la Jueza Fiol Matta alude a estas dos preguntas de manera directa y propone respuestas concretas. Comparto el video y un fragmento de la ponencia gracias a Microjuris. En el blog de Microjuris se reseña y traduce la conferencia y aparecen ambas cosas.
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| Foto: Mauricio Pascual, Colección El Mundo. Desahucio Villa Sin Miedo. |
Pienso que el mundo jurídico, pero también la ciudadanía en general, debe tomar estas preguntas en serio (y también las respuestas que la Jueza ofrece), mantener viva esta conversación y exigir -a tono con la importancia que tiene el tema para todos y todas- que no se den por sentado los entendidos que por años nos han arrastrado al estado de cosas en el que nos encontramos.
Va un fragmento de la ponencia:
"There is another aspect of ―access to justice that questions what happens when people have been
able to bring their cases before the courts despite all
these problems: once they are there, do they really
obtain a just outcome when the judge simply applies
the formal norms and procedures of law, or is
something else needed to satisfy their cry for justice?
During all these years serving in the Supreme
Court of Puerto Rico, and before that, as a judge in
our appellate court, I´ve come to the conclusion that
the answer to that question is, simply, no.
Experience has taught me that the social and
cultural relevance of a specific problem cannot be completely defined and understood when we leave
the controversy exclusively in the hands of the law.
The possibility that a poor family may have a right to
possess a piece of land, even though it has no title;
or the adoption of an employment law that
guarantees a peaceful working environment by
limiting the freedom of speech of its workers, require
a broader analysis.
Traditional legal reasoning works by applying
two basic dichotomies, based on determining what is
―legal, as opposed to ―illegal, and on the idea of
―rights‖
, as opposed to ―duties.
Legal discourse tries
to solve problems of rights and remedies mostly by
recurring to a logic based on these dichotomies. In
this way the conflict is defined in safe,understandable terms and its limits are clearly
described.
Unfortunately, this type of reasoning is not
enough to obtain just results. When we use it to
limit our analysis of a difficult controversy, the social
dimension of the problem is inevitably excluded.
When we set limits we don´t just describe what is
included; we also determine what should be
excluded. As a result, the legal process excludes
other knowledges, other approaches, other ways of
dealing with a problem, and of producing a just or
more reasonable outcome."
1.2.15
Urbanizaciones de lujo cerradas: el derecho (de acuerdo con la capacidad adquisitiva) a salirse del régimen jurídico
Se trata, como hemos dicho en otros momentos, de una forma particular de excepción al Estado, una forma de escapar a las responsabilidades con el resto de la sociedad, a la reciprocidad y al régimen jurídico-político que en tantas otras circunstancias les sirve a un grupo social para proteger su patrimonio, el mismo que le permite la autoexclusión del cumplimiento con el estado de derecho.
Como dijera la académica Robin West respecto a las formas en que equivocadamente está asumiéndose el derecho constitucional, los derechos de la comunidad política se desvirtúan para obtener un exclusivo y privilegiado derecho a salir de ésta. En otras palabras, mediante una lectura hiperindividualista y sesgada a favor del liberalismo económico, se permite una especie de compra de acuerdo con el poder adquisitivo, del derecho a salir (a right to exit), es decir, se mantienen formas de aprovecharse de la comunidad política pero se justifica el evadir pertenecer a ella a través del derecho privado y de esta forma se justifica autoexcluirse de las responsabilidades hacia la polis.
Esta cita del artículo en El País lo explica muy bien:
'La gated community es la negación de la ciudad, pero se convierte, junto a las favelas y los barrios pobres que inevitablemente las acompañan, en representación espacial de las características de la nueva sociedad y de su política de distinción o, en otros términos, de inclusión/exclusión. Pero la gated community, como de forma más discreta el círculo, el club o los impenetrables beau quartiers y de manera más ambigua y adornada los numerosos eco-barrios europeos, es algo más: es un estado de suspensión del orden jurídico-institucional del Estado al que pertenece; es lugar de nuevas y específicas formas de gobernanza construida ad hoc y aceptada en un pacto de mutuo acuerdo por sus habitantes; es Estado dentro del Estado.
Los aspectos jurídico-institucionales de la gated community son tan importantes como los físico-espaciales.'
11.9.14
Nuevo libro: Ambiguedad y Derecho: ensayos de crítica jurídica (Érika Fontánez Torres)
Ya puedes pedir tu ejemplar de "Ambigüedad y Derecho: Ensayos de Crítica Jurídica" de Érika Fontánez Torres en la librería de tu preferencia. Ya está disponible para la venta. (Editora Educación Emergente; Edición de Beatriz Llenín Figueroa).
Además, el próximo jueves 18 a las 12pm, en la Escuela de Derecho de la UPR, tendremos un conversatorio informal sobre los temas del libro. Para más información de esta actividad presione aquí.
El Catedrático Efrén Rivera Ramos, expone lo siguiente sobre el libro:
"La
profesora Érika Fontánez Torres recoge en este libro un conjunto de valiosas
reflexiones críticas sobre el quehacer jurídico en general y sobre su propio
quehacer como operadora, académica e intelectual del Derecho. Se plantea pensar el Derecho a través del lente de las diversas perspectivas
desde las cuales se ha enfrentado al fenómeno jurídico durante más de una
década. A cada paso muestra las
conexiones entre el análisis teórico, que domina con destreza, y las múltiples
experiencias históricas que le sirven de sustento: la lucha contra la presencia de la Marina en Vieques, los
rescates de terreno, las huelgas estudiantiles, las controversias ambientales y
muchas otras. La reflexión se desenvuelve
acompañada de un andamiaje teórico sólido que no solo le sirve de sostén, sino que
se va transformando a cada paso hasta adquirir perfiles propios. La autora se nutre de las principales
corrientes de la teoría social contemporánea así como de los planteamientos del
movimiento de Estudios Jurídicos Críticos y las perspectivas feministas sobre
el derecho. En todo momento aflora
el convencimiento de que el derecho está atravesado por paradojas, contradicciones y ambigüedades que exigen una continua reflexión crítica sobre sus posibilidades y
limitaciones. La autora, pues, se
sitúa con plena conciencia ante el quehacer académico y profesional en el que
ha empeñado su vida e invita a sus lectores a realizar similar ejercicio. Su libro constituye una contribución
sustancial a la literatura jurídica puertorriqueña que habrá de conversar con
soltura en ámbitos más extendidos."
3.7.14
Comunicado: Piscinas, rescates de terreno y criminalización de la pobreza
Suscribo en su totalidad la siguiente carta abierta de los abogados y abogadas que suscriben abajo:
LAS PISCINAS PLÁSTICAS, LOS RESCATES DE TERRENO Y LAS MÚLTIPLES JUSTIFICACIONES PARA CRIMINALIZAR LA POBREZA
El pasado martes varios funcionarios del Gobierno celebraron una conferencia de prensa para orientar a la ciudadanía sobre la posibilidad de una sequía y la necesidad de hacer uso prudente del agua. En esta rueda, el Administrador de Vivienda Pública, Gabriel López Arrieta apercibió a los residentes de los residenciales públicos del País que aquellos que tuvieran una piscina serían sancionados con el desalojo de sus viviendas. Aludió a una disposición en los contratos de uso de los apartamentos que alegadamente prohíbe el uso de piscinas en los residenciales y que castiga con la cancelación de dicho contrato a todo aquel que incurra en esta conducta. Adujo, además, que había ordenado una investigación en los residenciales y que su administración comenzaría una campaña de concientización ”agresiva y bien orientada” sobre esta situación. Al día siguiente, los principales rotativos del país publicaron varias de las cartas que recibieron los residentes de los residenciales públicos, exigiéndoles la remoción de las piscinas y apercibiendo sobre las sanciones a las que se exponen de utilizarlas.
Si bien es importante reconocer que el Estado tiene un interés en el manejo prudente de los recursos esenciales, es también importante reconocer que las advertencias que se lanzan a las familias de los residenciales públicos no responden únicamente a la necesidad de orientar sobre el uso prudente del agua. Son parte de una campaña mediática, política y económica que utiliza a las comunidades pobres como chivo expiatorio de las dificultades que enfrenta el País. Días atrás, por ejemplo, se compartía viralmente en las redes sociales un reportaje preparado por una de las principales cadenas de televisión sobre Villa Esperanza. En éste se calificaba a la comunidad de rescatadores de terrenos como una de “mantenidos que se dan la buena vida” y responsables del alto costo de la luz y el agua que, se alega, todos y todas pagamos. Esto sin mencionar, claro está, que esta comunidad esta compuesta por un centenar familias a quienes el Estado ha fallado en garantizarles el derecho a la vivienda y a los recursos básicos. Aquí también la aparición de una piscina plástica a las afueras de una de estas residencias se convirtió en la justificación para el odio y el repudio que intentaba exacerbar el reportaje en la ciudadanía.
Tanto la amenaza que lanzara el Administrador de Vivienda como las expresiones contenidas en el reportaje reflejan un desconocimiento por la realidad económica del País y una falta de sensibilidad por las necesidades de los y las pobres, que son casi la mitad de la población en Puerto Rico. Lo que estas expresiones es la intención de achacar la crisis que enfrenta el País a los y las pobres, creando relaciones de culpa y responsabilidad donde no las hay. Es evidente que el uso de una piscina plástica en un residencial no es proporcional con la amenaza de dejar a estas personas sin techo. Tampoco es real que el uso del agua con la que se llenan las piscinas es responsable de la sequía, del alto costo del servicio de acueductos o de la crisis administrativa, institucional y económica que atraviesan las corporaciones públicas. De igual forma, no existe comparación entre la agresividad que utiliza el Estado para amenazar a las familias de los residenciales públicos y las campañas, si alguna, que se lleva a cabo contra los clientes morosos que viven en urbanizaciones cerradas o que son municipios, empresas privadas, grandes televisoras o disfrutan de exenciones privilegiadas como es el caso de los hoteles y las iglesias.
Durante décadas, las organizaciones que suscribimos este comunicado hemos asumido la defensa de los derechos de numerosas comunidades y familias pobres del País. Nos hemos unido a las denuncias que han levantado distintos grupos y organizaciones cuando el Gobierno ha asumido prácticas que criminalizan y responsabilizan a los y las pobres del País por problemas tales como la violencia, la crisis económica, los problemas institucionales y la corrupción, entre otros. Más aún, hemos defendido férreamente a estas comunidades cuando sus derechos esenciales a la vivienda, al agua, al disfrute y al desarrollo pleno de sus capacidades se ven amenazados por políticas que buscan invisibilizar y prohibir, en ultima instancia, el derecho de las y los pobres a existir y disfrutar como seres humanos dignos y dignas. Una vez más, denunciamos que la pobreza es una violación a los derechos humanos y es responsabilidad del Estado atenderla de manera digna y eficaz. Esta vez no será la excepción: no nos quedaremos callados ante aquellos que criminalizan la pobreza y a nuestras comunidades. Nuestras comunidades nos representan y nosotras y nosotros las representamos a ellas.
Lcdo. William Ramírez
Director Ejecutivo de la American Civil Liberties Union
Lcda. Ariadna Godreau-Aubert
Abogada de la American Civil Liberties Union
Lcdo. Guillermo Rebollo-Gil
Abogado Voluntario de la American Civil Liberties Union
Lcda. Maria L. Jiménez
Directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico
Lcda. Ana Irma Rivera-Lassén
Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas
Lcda. Maria Hernández Torrales
Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados y Abogadas
Lcdo. Luis Rodríguez Lebrón
Director Ejecutivo de Pro-Bono Inc.
Lcdo. Osvaldo Burgos
Portavoz del Comite Amplio para la Búsqueda de Equidad
Lcda. Amarylis Pagán
Directora Ejecutiva de MatriaContacto: Lcda. María Hernández, 787.671.0308.
31.1.14
Stiglitz en la UPR
La Clínica de Asistencia Legal y la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la UPR
invitan:
Conferencia Magistral
Joseph Stiglitz
Premio Nobel Economía 2001
The Price of Inequality
21 de febrero de 2014
9:30am
Teatro UPR
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