Aquí les comparto el reportaje de Eliván Martínez, publicado hoy en La Revista. ¿Qué creen? ¿Pura teoría contractual?...
Esta es la primera vez en seis siglos, desde las guerras de príncipes en la Europa renacentista, que los mercenarios se convierten en una herramienta tan importante para mantener un conflicto armado. Multimillonarias empresas privadas estadounidenses y británicas están reclutando alrededor de todo el planeta a decenas de miles de combatientes extranjeros. Objetivo: brindar servicios de “seguridad” a diplomáticos y contratistas encargados de reconstruir el país que destruyó Estados Unidos con la invasión a Irak el 20 de marzo de 2003. Nadie tiene una cifra fiable de cuántos son. Si mueren, nadie los entierra como patriotas. Carecen de una ideología. Sólo luchan por dinero. Las compañías que los contratan operan en el máximo secretismo.
Tan importantes resultan estas empresas de mercenarios para Washington que esta semana quedaron suspendidas las salidas de sus diplomáticos y contratistas fuera de la Zona Verde de Bagdad, el área de seguridad donde se encuentra el personal internacional. Sólo fueron reanudadas parcialmente el viernes pasado. Y es que la compañía Blackwater USA, el principal socio del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Irak, no puede servirles de guardaespaldas. El primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, revocó el lunes el permiso de esta y otras empresas para operar en el país. Fue la respuesta ante un incidente del domingo pasado, en el que un grupo de sus mercenarios mató a ocho civiles e hirió a otros diez en la capital del país.
El gobierno de Al Maliki sostiene que los empleados de Blackwater USA dispararon desde sus carros sin ninguna provocación previa. Ahora propone un cambio en la manera en que los diplomáticos y contratistas extranjeros han estado recibiendo protección desde la invasión: que sean las compañías locales las que se encarguen de estas labores de seguridad. La Orden 17 que implantó Paul Bremer, ex administrador de Irak, todavía garantiza la inmunidad a esas empresas.
La suspensión del permiso de Blackwater USA puede representar una excusa adicional para que el gobierno estadounidense retrase la salida de las tropas de ese país. Si el gobierno de Al Maliki cede ante Estados Unidos, que mantiene su propia investigación de los hechos, quedaría ante el mundo como una marioneta.
Pero estas compañías no sólo violentan los derechos humanos de los locales, sino también los de sus propios empleados. Reclutan a muchos de ellos en países como Honduras, Ecuador, Colombia, Perú y Chile, y les niegan servicios elementales como tratamiento médico. Son algunos de los hallazgos que ha adelantado a LaREVISTA el español José Luis Gómez del Prado (Barcelona, 1937), formado en Ciencias Políticas y Derecho. Preside el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la ONU, que se dedica a vigilar y estudiar las repercusiones de estas empresas. Presentará el próximo 7 de noviembre un informe al respecto ante la Asamblea General de ese organismo en Nueva York, y el 12 de diciembre a su Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Triple Canopy y DynCorp International LLC se encuentran en el grupo de las empresas que ganan tajadas grandes del bizcocho de la guerra. Esta última tiene en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla una base para el reclutamiento de personal. Se presentan como guardianas de la ley, la seguridad, la paz y la estabilidad alrededor del mundo. También ejercen de francotiradores e interrogadores. Decenas de vídeos en los que actúan con la petulancia de un vaquero aparecen en el ‘website’ de YouTube. Comenzaron a adquirir notoriedad luego del 31 de marzo de 2004, cuando cuatro mercenarios de Blackwater fueron asesinados en la ciudad de Faluya, a unas 43 millas al oeste de Bagdad. Sus cuerpos mutilados fueron colgados como trofeos en un puente sobre el río Éufrates.
¿A quién responden estos mercenarios?
Ése es el problema. No hay ningún control de parte de las fuerzas de ocupación ni de los iraquíes. Sólo rinden cuentas al que los contrata. Cuando salieron a la luz pública las torturas de la cárcel de Abu Ghraib no se juzgó a ninguna de estas empresas. Sus actividades no están fiscalizadas. Nadie sabe la cifra exacta de cuántos contratistas hay en Irak. Nosotros calculamos que debe haber unos 50,000, de los cuales al menos unos 5,000 son estadounidenses. Hay muchos latinoamericanos, y también de Fiji, Sudáfrica, Hungría, Croacia, Japón, Polonia...
Les protege la Orden 17 de Bremer...
Exactamente. El gobierno iraquí no tiene ninguna jurisdicción contra estas personas que cometen un crimen. Los iraquíes están furiosos porque los mercenarios actúan por encima de la ley.
¿Qué permite al gobierno de Estados Unidos hacerse de la vista larga?
Las empresas de mercenarios se han asociado para presentarse muy bien ante la opinión pública y ante el gobierno de Estados Unidos. Todas dicen que han adoptado el respeto a los derechos humanos, a las convenciones de Ginebra, pero usted ha visto cómo han actuado. Hay una publicación de esas asociaciones de febrero del 2007 con una publicidad de Blackwater que muestra a un africano que se está muriendo de hambre, y el anuncio dice que la empresa está trabajando por la libertad y la paz; para que vea el cinismo. Hay mucho dinero detrás de todo esto. Y estas empresas están montadas con ex militares, ex ministros, ex embajadores, ex empleados de la CIA. Tienen muchas conexiones, sobre todo con el Pentágono.
¿Cómo la existencia de los mercenarios protege legalmente al gobierno de Estados Unidos?
Es muy fácil. El Departamento de Defensa dice ante cualquier reclamación que los incidentes de violencia son un asunto de propiedad privada. Los contratos los hacen a una empresa privada que ha firmado un contrato con otra, cuyas jurisdicciones están en otros países. Hay un laberinto de contratos y subcontratos que hacen muy difícil llegar al primero. Así se deshacen de su responsabilidad.
¿Cuán necesarios son para la imagen de las fuerzas armadas regulares?
Para el gobierno de Estados Unidos es muy cómodo tener a los mercenarios, porque cada vez que un militar regular muere tiene que ponerle la bandera sobre la tumba. Los tienen que contar como una baja. Pero a los mercenarios no. Son la segunda fuerza militar de ocupación en Irak. Hay más de 1,000 de ellos muertos y 12,000 heridos.
¿Se convierten en víctimas de sus jefes?
Ahí está la otra faceta de estas empresas. Las cláusulas del contrato a mercenarios de países tercermundistas son abusivas. Se les contrata bajo la jurisdicción de otro país que no es el suyo, en Estados Unidos, en Jordania, o mientras están volando en el avión. Si ellos o sus familias tienen que reclamar, porque están heridos o porque han muerto, no hay un tribunal competente. Tienen que inhibirse de demandar a la compañía. Se les ofrecen unas cosas y cuando llegan a Irak hay otras. Les pagan menos, las condiciones de la comida y de hospedaje son malas. Un hondureño nos enseñó fotos en la que aparecía con muletas mientras tenía que estar de pie con la ametralladora en su puesto de vigilancia en la Zona Verde. Los jefes no querían llevarlo a un hospital porque luego tenían que reemplazarlo. Hay muchos casos así. Les están negando derechos porque son soldados privados.
¿Qué es lo que llama la atención de este trabajo de segunda categoría a los latinoamericanos?
Te alistas porque ganas mucho más que en tu país. Hay muchos policías y ex militares que pueden trabajar en estas empresas porque tienen experiencia en contrainsurgencia, y no necesitan formación. Les dan un salario de unos $1,000 al mes. Pero la mayoría de los estadounidenses perteneció a los Boinas Verdes y Navy Seals, y se pasan a estas empresas porque ganan mucho más que en el ejército norteamericano. Para un estadounidense puede ser de $10,000 al mes en adelante. Lo mismo pasa con los británicos formados.
¿Por qué la comunidad internacional no está impidiendo este negocio?
El derecho internacional en general prohíbe esas actividades. Está la convención internacional contra la utilización del mercenario de 1989. Lo que pasa es que tiene muchas lagunas y solamente 30 países la han ratificado. Para eso la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha formado el año pasado este grupo de trabajo que yo dirijo, para saber lo que está pasando. Estas empresas han cometido muchas meteduras de pata y por esto ha comenzado a surgir la información. No se sabía que ellos estaban contratando militares de países tercermundistas, hasta que lo dijimos nosotros. Queremos que se tome conciencia de que se necesita regular este negocio a nivel regional e internacional. Hay que enmendar la convención o crear un nuevo protocolo.
¿Estamos ante un ‘boom’ del mercenarismo del siglo XXI?
En la guerra de Irak y Afganistán se disparó todo. Pero esto viene de más lejos, tomó auge en los años noventa con la primera guerra del Golfo Pérsico y la de los Balcanes. Esto se debe a la globalización de la economía, y la privatización de todo lo que era público. Estados Unidos y Reino Unido son los máximos defensores de estas políticas, y llegaron a privatizar el corazón del monopolio del estado, que es el uso de la fuerza militar y policial. Y muchos militares que se quedaron sin trabajo empezaron a formar estas empresas de seguridad que cada vez tienen más fuerza.
¿Qué línea separa las funciones de seguridad de las de acciones militares?
Aunque digan que estas empresas son guardias privadas y que protegen de manera pasiva, en una zona de conflicto armado la línea es muy tenue entre lo que es pasivo y lo que es activo. Eso lo hemos visto en Bagdad. Cuando empieza a haber tiros comienzan a entrar en combate de forma indiscriminada.
