El mismo día en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió la Opinión del caso Paseo Caribe (31 de julio), el Tribunal emitió una Opinión en el caso In Re Sánchez Ramos, caso en el que se cuestionaban las expresiones del Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, por decir que en nuestro sistema de justicia existe una doble vara que trata de manera desigual a ciertos ciudadanos. Aunque el Tribunal desestima la querella contra Sánchez Ramos, emitió una Opinión en la que pone en tela de juicio y cuestiona “lo apropiado” de las expresiones del Secretario. De hecho, el Tribunal emitió un regaño al Secretario por sus expresiones. Más aún, el Tribunal le lanza a los abogados y abogadas del país una advertencia a manera de recordatorio: “le recordamos a todos los abogados, incluyendo al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su deber –como celosos custodios de la imagen de la justicia- de observar una conducta que se caracterice por el mayor respeto hacia los tribunales".
El Tribunal señala “la moderación y la prudencia” como herramientas para lo que llama “ataques injustificados” por parte de los abogados y alude a la obligación de un “respeto hacia los tribunales” y “desalentar y evitar ataques injustificados contra los jueces” para “la buena marcha de los procedimientos judiciales y la confianza que el público deposita en ellos”.
Esta Opinión fue emitida, como dije, luego de que se le presentara una querella al Secretario de Justicia ante el mismo Tribunal que representa la institución que cuestionó. Así es, los abogados y abogadas estamos sujetos a que se nos discipline por nuestras aseveraciones o comentarios que según esa misma institución puedan faltarle "el mayor de los respetos" a su imágen o que esa misma institución considere inapropiados o que macillan lo que ellos llaman "la confianza del público" en esa institución. Serio no? Sobre esta opinión emitimos unos comentarios que fueron publicados en el semanario Claridad y que aquí comparto en parte abajo. Para el artículo completo oprima aquí. También, el profesor Hiram Mélendez Juarbe, comenta específicamente sobre la "doble vara" en cuanto a las garantías del derecho de libertad de expresión de los y las abogadas. Vea su comentario aquí.
"Creo firmemente en que, no sólo los abogados y abogadas, sino todos los puertorriqueños (as) debemos propiciar que en nuestro país, los debates en la esfera pública, la discusión y la deliberación -tanto en los medios como en todas nuestras instituciones- alcancen un mejor y más significativo panorama de respeto y debate sustantivo. Las medidas que se adopten para esto, sin embargo, no deben ir dirigidas, so pena de faltar al “mayor respeto” a las instituciones, a coartar uno de los objetivos principales de la libertad de expresión, que es el cuestionamiento y fiscalización por parte de la ciudadanía de esas mismas instituciones. Todo lo contrario, el criterio en una sociedad que siga los principios democráticos debe ir dirigido a fomentar la mayor libertad posible para precisamente criticar esas instituciones haciendo uso de las garantías de libertad de expresión. Mientras más restricciones y limitaciones le pongamos a ese ejercicio, mientras más haya quien tenga la exclusividad de vigilar y controlar expresiones, más control y abuso de poder existirá de parte de unos pocos sobre las libertades individuales y colectivas del resto, y más estará en riesgo nuestro sistema democrático.
La idea del debate serio, respetuoso y deliberativo debe ir dirigida a propiciar más discusión pública y no menos, debe ir dirigida a fomentar la fiscalización de las tres ramas de gobierno por parte de la ciudadanía, debe tener el propósito de generar un mayor ejercicio de libertad de expresión, garantizando la posibilidad de crítica, de intercambio de ideas y la posibilidad de cuestionar a quienes están en posiciones de poder, bien porque son electos, pero mucho más urgente si no lo son.
...me temo que la mera advertencia hecha a los abogados y abogadas, que también son ciudadanos, sobre lo “apropiado” o “ejemplarizante” o no de una expresión crítica contra una institución de gobierno (sobre todo si la institución a la que se critica es la misma que decide qué es apropiado), es una forma de control de las libertades de expresión y como tal, una forma de inhibir a los ciudadanos del ejercicio de sus libertades, sean éstos abogados o no. Son precisamente los abogados y las abogadas los que tienen el deber de informar al resto del país sobre los debates jurídicos y alertar sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Las restricciones en este ámbito son una forma sutil, pero muy efectiva, de evitar que los abogados -y los ciudadanos en general- emitan juicio sobre lo que el Estado y sus ramas de gobierno hacen o dejan de hacer. Ciertamente, el peso social que acarreamos con una restricción y limitación de la libertad de expresión es un peso demasiado oneroso que no debemos cargar, mucho más oneroso para la sociedad que aquél que alegadamente pueda tener el querer proteger la confianza y respeto a ciegas y sin más hacia una institución de gobierno.
...es vital que hagamos crítica a los procesos judiciales y podamos evaluar y criticar libremente el sistema de justicia. Ese deber es también parte del deber principalísimo de los abogados y las abogadas en una sociedad democrática. Asimismo, todos tenemos socialmente ese derecho y esa responsabilidad. Sólo así podemos contrarrestar el peso que significa que como pueblo no tengamos control directo sobre la composición y el poder que tiene esta institución sobre muchas facetas de nuestra vida. Nuestras instituciones están llamadas a no desalentar y sí a propiciar este proceso...".
