poder-derecho-justicia
s visibles, que se puedan secar, que la mano deseada pueda enjugar). Este silencio de las palabras que me invaden, de las que digo y escribo, es el horror, el vértigo, el dolor en su estado más puro. ¿En dónde hallar una presencia humana que me calme? Nunca nadie lo pudo; ni amigos ni amantes. Sólo cuerpos vacíos que apenas diferencio de las cosas y sólo fantasmas que he amado hasta pulverizar mi conciencia y mi memoria.
Surge nuevamente el tema de lo alegadamente (in)apropiado de que abogados y juristas emitan comentarios críticos al sistema judicial. Se aduce que estos comentarios faltan a la ética por supuestamente tratarse de cuestionamientos contra jueces. Se dice que la crítica en la esfera pública atenta contra la confianza del pueblo en éstos y en la institución.
No en pocas ocasiones, a los abogados que emiten comentarios públicos les advierten que podrían, según esta interpretación, violentar los cánones de ética profesional. Permítaseme la oportunidad para comentar, por el contrario, sobre la importancia que tiene para un sistema democrático un margen de crítica amplio y robusto.
La Rama Judicial, como la tercera de las ramas de gobierno, debe estar igual o más sujeta que las otras a una amplia crítica. Me refiero a la importancia de que la ciudadanía siga de cerca las determinaciones y el funcionamiento del sistema judicial. Más aún cuando los jueces no son electos. Éstos determinan la forma en que en nuestra sociedad se interpretan las leyes, se resuelven los casos que nos afectan a todos y se interpreta nuestra Constitución. Por eso, debemos prestarle atención a cómo deciden en temas tan diversos como los derechos y libertades civiles, las mujeres y minorías, el medioambiente, las familias, entre otros.
Pero suele repetirse a grandes rasgos que los juristas debemos abstenernos de cuestionar en la prensa las actuaciones de los jueces. Si alguien -en un sistema democrático de derecho- debe y tiene la responsabilidad de exponer a la ciudadanía miradas críticas sobre lo que acontece en esa Rama son precisamente los juristas pues sirven de traductores jurídicos para el resto del País. Para esto, es indispensable que cuenten con las protecciones más amplias a su derecho a la libertad de expresión, que sea posible -sin vigilancia ni trabas- comunicar libremente los aspectos y juicios críticos sin amenazas de sanciones.
Si bien no se deben promover “ataques injustificados” contra nadie, sí los abogados deben poder presentar libremente en la esfera pública las posibles preguntas y cuestionamientos sobre los debates jurídicos. Estos debates no deben verse como ataques personales, porque no lo son. Tampoco como faltas de respeto, sino como procesos inherentemente democráticos en la discusión de temas de envergadura.
Bajo la idea de no faltar el respeto a los jueces o no socavar la confianza en la Judicatura, no debe coartarse el objetivo principal de la libertad de expresión: el cuestionamiento por parte de la ciudadanía. Las advertencias de sanciones o insinuaciones sobre faltas éticas o el juicio sobre lo “apropiado” o no de una expresión crítica, es una forma cuestionable de control de las libertades de los abogados. La balanza debe inclinarse hacia el valor de la libertad de crítica amplia, no al revés.
Por lo mismo, si bien los que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho analizamos las decisiones judiciales en revistas académicas, también nos compete desarrollar y fomentar el pensamiento crítico, lanzar preguntas y provocar dudas y cuestionamientos sobre el Derecho. El pueblo debe tener la oportunidad de cuestionar y la voz de sus juristas es esencial para nutrir esa oportunidad, para sugerirle a la ciudadanía posibles cuestionamientos sobre los temas jurídicos. Ser jurista también se trata de proveer herramientas para el cuestionamiento de las premisas jurídicas que en ocasiones aparecen como “objetivas” y “neutrales” para ocultar el poder a través de ellas.
A algunos les puede parecer que esto es irresponsable porque inquieta “innecesariamente” o socava “la confianza” en las instituciones. Yo lo creo vital para contribuir a la pluralidad de ideas. Lo contrario -acallar para supuestamente no minar la confianza del pueblo- es darle más importancia a la fe ciega en las instituciones que a la democracia y a los derechos de la ciudadanía.
9:10 A.M.
Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Postales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Que sean ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron: soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, el almirante Merino, que se ha autodesignado comandante de la Armada, más el señor Mendoza, general rastrero que sólo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al Gobierno, y que también se ha autodenominado Director General de carabineros.
Ante estos hechos sólo me cabe decir a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Trabajadores de mi Patria: quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que sólo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra en que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección: el capital foráneo, el imperialismo, unidos a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que les enseñara el general Schneider y reafirmara el comandante Araya, víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo, sobre todo, a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la abuela que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la Patria, a los profesionales patriotas que siguieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clases para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos.
Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente; en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo lo oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder. Estaban comprometidos. La historia los juzgará.
Seguramente Radio Magallanes será acallada y el metal tranquilo de mi voz ya no llegará a ustedes. No importa. La seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria.
El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse.
Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano, tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Salvador Allende
11 de septiembre de 1973
Fortuño dice ‘nuestros hijos’ y no necesito intérprete para saber que hace una distinción entre muchachos cuya cotidianidad es relevante al devenir político y social del País y chamacos que deben esperar su turno a morir asesinados para que su vida sirva de lección a todos:
No todos somos gente.
El Gobe tiene razón. Existen motivos fundados para la sospecha. Geografías prohibidas donde, a saber cómo, viven y trabajan familias malamente formadas más allá de los límites de la decencia, que no sabrían ni qué ponerse para un pasadía en bote.
Negocios nefastos entre “chamaquitos que van a parar al río, que van a parar a los buzones en donde aprenden a vivir como viven las cartas”. Comunidades enteras al margen de las páginas sociales, asediadas por claques de pistoleros, ‘hijos de nadie’, capaces de matar sin distinción, siendo la distinción el eje central de nuestra política pública.
Esto lo sabe el Gobernador mejor que nadie. Por eso valida nuestra sospecha al sentenciar elegante que la sana convivencia no es más que la conveniente confraternización de iguales en peligro de extinción.
No todos somos gente.
Pero el sospechoso tal vez soy yo cuando siento que el Gobernador me habla muy quedo al oído, y me convida a creerle cuando dice ‘nuestros hijos’, y ya empiezo a imaginarme picnics y pasadías familiares en bote: El Gobe y yo, en cortos y penny loafers, rumbo a otra isla gris cerca de aquí, donde seguro nos tratarían como reyes entre otra mayoría anónima, pero simpática, que vive y muere sonriente.
Las caras lindas de una violencia límpida: Fortuño y yo sobre cubiertas en una conversación continua sobre el bienestar de mis hijos por venir.
Les juro que me guiña y hace señas desde el podio -una distinción especial para conmigo por mis treinta años cumplidos de espaldas a un país donde, presiento, sólo nuestro tipo de gente tiene derecho a hacer algo más que sobrevivir.
En 1945, Shelley y Ethel -una pareja de afroamericanos- compraron una propiedad en una urbanización en San Luis. Sus vecinos, junto a la “Asociación de Vecinos”, los demandaron para impedir que vivieran allí. Alegaron que las normas de carácter privado de la urbanización, conocidas como “condiciones restrictivas”, no permitían vivir allí a nadie que no fuera de la raza caucásica. Es decir, mediante acuerdo privado, los vecinos decidieron que allí no podían vivir negros.
No era poco común entonces que en las escrituras de propiedad y mediante “condiciones restrictivas”, los residentes de las urbanizaciones establecieran acuerdos privados para lograr la exclusión y discriminación de afroamericanos. Así, se utilizaba la zonificación y el derecho privado para discriminar contra afroamericanos y asiáticos, en su gran mayoría. Era una vía “privada y legal” para justificar la discriminación. El caso, Shelley v. Kraemer, llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos y en 1948 se le dio fin a esta práctica.
Estos mecanismos no son ajenos a Puerto Rico. Hace décadas las escrituras de la urbanización Pérez Morris en San Juan tenían la misma cláusula del caso Shelley. Pero hoy día las formas de discriminación son menos directas y hay otros grupos discriminados. Ejemplos abundan. Y es que el derecho de propiedad, la zonificación y los modelos de urbanismo como el cierre de calles y el desarrollo de urbanizaciones privadas, se han utilizado y han tenido el resultado de fragmentar cada vez más los grupos y clases sociales en el país. Estos mecanismos propician la elitización de la ciudad y excluyen y discriminan directa o indirectamente por raza, clase o identidad, como la discriminación contra los grupos LGBTT.
Recientemente la prensa informó que una jueza prohibió una “fiesta gay” en una urbanización cerrada. Según el periódico, los vecinos solicitaron que se detuviera la fiesta por tratarse de una actividad que “es promovida por una organización homosexual”. Se argumentó que la fiesta no iba acorde con el “carácter residencial” de la urbanización exclusiva y contravenía sus “condiciones restrictivas”.
Si bien el argumento “residencial” tiene apariencia de neutralidad, siempre habría que preguntarse: ¿se hubiese impugnado otro tipo de fiesta? ¿Cuán distinta es esta fiesta de otras que también pondrían en duda el carácter residencial”? ¿Por qué la referencia a la “organización homosexual”? ¿No será esto parte de la tendencia de sectores conservadores o fundamentalistas, avalada por el Gobierno, de imponerle una moralidad particular al resto de la sociedad (en este caso al dueño de la casa)?
Habría que tener el ojo avizor y cuestionar si de lo que se trata es de discriminación y homofobia por la vía del derecho privado o las normas de urbanismo; si se trata de un acto de discriminación, aunque indirecto, contra las personas LGBTT. A éstos, como a Shelley y a Ethel, se les cierran cada vez más las puertas para el reclamo de sus derechos, de sus espacios, de su dignidad y se les rezaga a una condición de ciudadanos inferiores sin los derechos del resto.
Conviene preguntarnos si se está utilizando el derecho de propiedad para dar la apariencia de legalidad a conductas discriminatorias excluyentes y que atentan contra el derecho a una igual protección de las leyes. Como bien resolvió el Supremo de Estados Unidos, el Gobierno y las cortes, al refrendar normas privadas discriminatorias, violentan la protección constitucional y se apartan de un sistema que debe ser igualitario. Una tendencia en esa dirección -aunque se disfrace de urbanismo- es una discriminación impermisible que ni el Estado ni las cortes deben avalar.
Debe ponerse un alto urgente a las subcategorías de ciudadanos con menos derechos que otros. No debemos permitir que se vista de legalidad la discriminación, el atropello y la exclusión en nuestra sociedad.
La Escuela de Derecho UPR
y el Programa Pro Bono
te invita a
Compromiso Pro Bono 2009-10
jueves 3 de septiembre de 2009
7:30pm
Salón L-2
En esta actividad daremos comienzo formal a este año lleno de actividades y con una agenda extraordinaria para nuestros proyectos Pro Bono y nuestro compromiso de "Servir Formando y Formar Sirviendo". Acompáñanos para reafirmar este compromiso!.
Espero verlxs allí.
hasta entonces!
éft
Ninguna contribución mejor haría a Puerto Rico el Senado que impedir que sea consumada la embestida de un sector de la Cámara de Representantes contra una institución nacida hace cerca de 170 años al calor de la defensa de los sin voz y como centinela del Derecho, la justicia y la igualdad.
Una embestida basada en la sinrazón, porque a la autora de la medida -irónicamente abogada-, la representante Liza Fernández, y a algunos de sus colegas y correligionarios no les gusta que sus asociados elijan presidentes de una ideología que no es la suya. Que la institución alce su voz en defensa de causas minoritarias. Que sea firme y constante en la denuncia de atropellos por parte del Estado –bajo todos los gobiernos, por cierto- y que preste o alquile sus salones para la celebración de actividades con las que los pretendidos censores de turno en la Cámara no comulgan.
Permitir el Senado que ese plan desarticulador prevalezca sería ayudar a que se profundice el estado de crispación que padece el País, a reforzar un ambiente oficial de confrontación y a radicalizar el deplorable patrón de conducta del PNP de incautarse o de eliminar toda entidad o actividad que considere “disidente”.
Ese peligro de tan insospechadas consecuencias puede ser detenido por el Senado una vez concluidas las audiencias, las cuales, de paso, constituyen un desagravio al atropello en que se desarrollaron las celebradas en marzo pasado por la Comisión de lo Jurídico y Ética de la Cámara de Representantes.
El oprobio que resulta de ese empeño de eliminar el mensajero porque no gusta el mensaje, es una crasa negación de la esencia misma de la democracia, de la que tanto gustan alardear precisamente quienes con esa legislación pretenden aniquilarla, silenciando una institución que desde 1840 -con éxito para el País en general, no para intereses particulares- ha levantado una voz crítica, tan asentada en el Derecho que ha sobrevivido a gobernadores y mayorías legislativas de distintas ideologías.
En el virulento ejercicio legislativo para acabar con el Colegio de Abogados no se ha presentado hasta ahora un solo exhibit -para utilizar una palabra propia de abogados- que evidencie violación alguna por parte de los oficiales de la institución de los articulados, reglamentos y disposiciones que rigen al Colegio. Todo ha sido una repetición molesta e importuna sobre supuestos desvaríos ideológicos de los dirigentes de la institución.
Por lo demás, hace más de tres lustros que el Tribunal federal en San Juan emitió, luego de varios años de litigio, el procedimiento a seguir para el cobro de las cuotas de los colegiados, que garantiza los derechos de quienes disienten de las actividades del colegio que impugnan.
Y esto es importante, como también lo sería que el Colegio modernice electrónicamente su sistema de votación interna, lo que significaría una aportación más al ejercicio efectivo de ese derecho por parte de sus miembros.
El Colegio de Abogados no será, y no lo es, una institución perfecta. Pero lanzarla al camino de la destrucción mediante un acto de “fiat” legislativo constituiría un precedente nefasto para la diversidad de estilo, de pensamiento y de opinión en que necesita reafirmarse cada día la democracia puertorriqueña.