19.5.12

Celebramos el crecimiento de la Revista 80grados.net: únete y apoya!

80grados.net » Celebran crecimiento de 80grados.net, una comunidad para pensar y actuar

La revista digital 80grados.net anunció la celebración de su rápido crecimiento y el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos para sostener su aumento en visitas y colaboraciones.
La publicación digital, que comenzó en 2010 con 30 blogueros, agrupa hoy a más de 50 firmas, “voces provocadoras y originales” que proponen análisis y debates, al mismo tiempo que se ocupa de los asuntos más importantes del país y del mundo.

La campaña de apoyo económico puede accederse yendo a 80grados.net para hacer donaciones vía PayPal, también mediante el envío de cheque o depositando un sobre en el buzón habilitado en la Librería La Tertulia, en Río Piedras, informaron sus directivos.

“80grados crece continuamente. Hemos recibido cerca de 300 mil visitantes. Hoy nuestra comunidad de lectores asciende a casi 30 mil usuarios al mes. Todo eso en solamente un año y medio de vida”, sostuvo Luis Fernando Coss, uno de los fundadores de la revista cibernética.

Añadió que “ahora tenemos el reto de ampliar nuestro sistema técnico y el equipo de trabajo, para corresponder efectivamente al aumento de usuarios, la enorme cantidad de contenidos y dar mayor visibilidad a la revista. La campaña de donaciones es vital para esto”, concluyó.

Las publicaciones de 80grados resuenan en otros medios y más de 145 sitios en internet tienen vínculos a su página. En su universo editorial, la revista integra  periodismo informativo, artículos de fondo y ensayos, y comentarios de filosofía, arte, música, historia, literatura, cine, comunicación y política, con el fin de impulsar propuestas y acciones para el cambio y el enriquecimiento social y cultural.

18.5.12

Carril expreso al Supremo (Luis José Torres Asencio)

No dejen de leer en la Revista 80grados, el excelente análisis y la maginífica exposición que documenta el acceso desigual a remedios ante el Tribunal Supremo de PR. 

Luis José Torres Asencio nos dice: "se trata de que una vez en el tribunal, el universo de mecanismos procesales efectivamente disponibles para las partes es desigual, no porque ambas partes no puedan hacer uso de ellos, sino porque los tribunales generalmente sólo acuden al llamado de algunas partes o intereses. ¿Será ello compatible con los discursos de ‘ley y orden’ que con tanta firmeza defienden las mal llamadas ‘mayorías políticas’, o será que esos discursos sólo pueden ser articulados adecuadamente por ciertos intereses?".

Disponible en:

80grados.net » Carril expreso al Supremo

11.5.12

Declaración de la Filosofía Española

Madrid, 5 de mayo de 2012

La Conferencia de Decanos de las Facultades de Filosofía de España, el Instituto de Filosofía del CCHS-CSIC y diversas asociaciones filosóficas españolas que representan a una gran parte del profesorado de las universidades y centros de enseñanza secundaria, hemos celebrado durante los días 4 y 5 de mayo de 2012, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, unas jornadas de debate sobre La situación de la filosofía en el sistema educativo español. Como conclusiones de estas jornadas, hemos adoptado los siguientes acuerdos:

Consideramos que una sociedad democrática debe contar, entre otros requisitos imprescindibles, con un sistema público de educación que cubra todas las etapas formativas (infantil, primaria, secundaria y universitaria), que proporcione una formación de calidad y que sea accesible a todas las personas sin discriminación alguna por razón de sexo, nacionalidad, clase social, etc.

Estimamos que una sociedad democrática debe contar también con un sistema público de investigación integrado por las universidades y los centros de investigación especializados, dotado de recursos suficientes en todos los ámbitos científicos, tecnológicos y humanísticos, y basado en el mérito, la creatividad y la responsabilidad social de los investigadores.

Por todo ello, rechazamos rotundamente los drásticos recortes presupuestarios que vienen aplicando el gobierno central y los autonómicos en los tres últimos años, y que solo en 2012 superan el 20% en educación y el 25% en investigación. Asimismo, rechazamos el RD 14/2012, de 20 de abril (BOE de 21 de abril), de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, porque es un ataque frontal contra uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de bienestar: el sistema público español de educación e investigación.

La Filosofía nació y se desarrolló en Europa, hasta el punto de que la propia civilización europea no se comprende sin ella, pero desde la época del humanismo renacentista ha ido extendiéndose por todo el mundo, entrando en diálogo con otras tradiciones culturales y adaptándose a las transformaciones de la historia. De este modo, ha llegado a convertirse en un patrimonio vivo de toda la humanidad, a través del cual pueden comunicarse todos los pueblos de la Tierra. Prueba de ello es que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce a la Filosofía un papel fundamental en la formación cívica y cultural de los ciudadanos de todo el mundo. Por eso, en 1995 hizo pública la Declaración de París en favor de la Filosofía, en 2005 estableció el Día Mundial de la Filosofía (que se celebra el tercer jueves del mes de noviembre), y en 2007 editó el informe La Filosofía, una escuela de libertad.

La Filosofía es una “escuela de libertad” porque educa a los niños y jóvenes en el ejercicio autónomo y riguroso del pensamiento, les enseña a reflexionar sobre el mundo y sobre sí mismos con una mirada crítica, y los capacita para dialogar racionalmente con sus semejantes, reconocer la pluralidad de los diferentes puntos de vista y buscar el entendimiento mutuo en los diversos campos de la experiencia humana, conforme a criterios comunes como los de verdad, justicia, belleza, etc. Por eso, ante los conflictos e incertidumbres de una sociedad cada vez más compleja y globalizada, los estudios de Filosofía son un instrumento fundamental para la comprensión del mundo y la comunicación racional entre todos los seres humanos.

La Filosofía puede practicarse en diferentes lugares y por diferentes medios: la docencia, la investigación, el asesoramiento ético, la mediación social, la gestión cultural, la creación artística y literaria, etc. No obstante, y en consonancia con las recomendaciones de la UNESCO, consideramos que los estudios de Filosofía deben tener un lugar específico en el sistema público de educación e investigación, porque solo de ese modo se garantiza su transmisión generacional y su renovación permanente, y porque toda persona tiene “derecho a la Filosofía”, es decir, derecho a recibir una formación especializada que le permita acceder al patrimonio del pensamiento filosófico y adquirir los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión filosófica.

La comunidad filosófica española está experimentando un cambio de ciclo histórico. Desde los años de la transición democrática, se inició una época de creciente expansión, modernización y diversificación de los estudios de Filosofía en todos los niveles educativos. Esa época estuvo protagonizada por una brillante generación de profesores, investigadores y escritores que han situado a la filosofía española en pie de igualdad con las filosofías de otros países del mundo. Esta internacionalización de la filosofía española es una importante contribución al patrimonio común de la lengua española como vehículo privilegiado para situar nuestra cultura en el lugar que le corresponde en un mundo cada vez más globalizado. A ello se añade el meritorio trabajo realizado en las otras lenguas oficiales de nuestro país. Sin embargo, la generación a la que debemos esos logros se ha jubilado en los últimos años, y el relevo generacional se está viendo afectado por una serie de procesos muy diversos que plantean a la comunidad filosófica española nuevos desafíos y también algunas dificultades: las sucesivas reformas legislativas, el llamado proceso de Bolonia, el nuevo papel de las agencias de evaluación en la carrera docente e investigadora, los drásticos recortes presupuestarios en educación, universidades e investigación, y, por último, la amenaza de reducción de centros, titulaciones y materias de Filosofía.

En este cambio de ciclo histórico, los asistentes a las jornadas de Madrid hemos decidido unir nuestras fuerzas, hasta ahora muy dispersas, y poner en marcha un proceso de vertebración de la comunidad filosófica española. A partir de ahora, nos constituimos como Red Española de Filosofía (REF), para facilitar la cooperación entre todas las personas y organizaciones relacionadas con la profesión filosófica, y para defender esta profesión ante las administraciones públicas y ante la ciudadanía española. La REF contará con un Consejo de Coordinación en el que tendrán representación la Conferencia de Decanos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CCHS-CSIC y las asociaciones filosóficas del profesorado universitario y de enseñanza secundaria. Los primeros pasos encomendados a este Consejo de Coordinación son los siguientes:

a) Creación de una Web que sirva de medio de comunicación interna, archivo documental y difusión pública de las actividades de la REF.

b) Constitución de tres comisiones de trabajo, representativas del profesorado universitario y no universitario, y que elaborarán propuestas concretas en tres campos diferentes: A) el currículum de las materias filosóficas de la enseñanza secundaria; B) la renovación de los estudios de Grado, Máster y Doctorado, que habrá de incluir una mayor atención a la didáctica específica de la Filosofía; y C) el perfeccionamiento de los procedimientos y criterios de valoración aplicados por las diferentes agencias de evaluación estatales y autonómicas. Estas propuestas serán debatidas y consensuadas en el seno de la REF, para su posterior presentación y negociación con el Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y las agencias evaluadoras.

c) Preparación de un Congreso de Filosofía de ámbito estatal, abierto a los profesores e investigadores de todas las áreas filosóficas y de todos los niveles educativos, y abierto también a los profesionales de la filosofía que desempeñan su labor fuera de las instituciones académicas.

d) Apoyo a la difusión de dos importantes informes editados por la UNESCO: Filosofía y democracia en el mundo(1995),y La Filosofía, una escuela de libertad (2007). El trabajo de la edición española de este último será coordinado por la SEPFI.

Esperamos que la puesta en marcha de la Red Española de Filosofía permita crear un espacio de comunicación entre todos cuantos amamos y practicamos la Filosofía en este país. Invitamos a todas las personas y organizaciones españolas relacionadas con la profesión filosófica, para que participen en las actividades de la REF. Y, por último, nos comprometemos a establecer vínculos de colaboración con otras redes filosóficas nacionales e internacionales.

Entidades organizadoras de las jornadas y firmantes de esta Declaración:

Conferencia de Decanos de las Facultades de Filosofía de España
Instituto de Filosofía (IFS-CCHS-CSIC)
Asociación Española de Ética y Filosofía Política (AEEFP)
Asociación de Filosofía Bajo Palabra (AFBP)
Asociación de Hispanismo Filosófico (AHF)
Sociedad Académica de Filosofía (SAF)
Sociedad Española de Fenomenología (SEFE)
Sociedad Española de Filosofía Analítica (SEFA)
Sociedad Española Leibniz para Estudios del Barroco y la Ilustración
Sociedad Española de Profesores de Filosofía (SEPFI)
Sociedad Hispánica de Antropología Filosófica (SHAF)
Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía

21.4.12

Actividad de Cierre 2012 Programa ProBono UPR







El Programa ProBono les invita a su actividad de cierre a manera de conversatorio con varios líderes comunitarios sobre el rol que debe ejercer el estudiante de Derecho en la labor comunitaria. En el mismo discutiremos el impacto de la labor de nuestros estudiantes en este año 2011-12 y reflexionaremos sobre lo que aún nos queda por hacer.

Panelistas:

Angel Guevárez, líder de Capetillo.
Mario Núñez, líder del Caño Martin Peña.
Laylani Ruiz, líder del Barrio Bocas, Barceloneta.

Les esperamos en el L-1 (Escuela de Derecho UPR) a las 6:00pm este viernes 27!!

18.4.12

Piñones al 2012

Piñones luchará por la conservación de terrenos - El Nuevo Día


Piñones luchará por la conservación de terrenos
18 de abril de 2012
Las luchas por la permanencia de la comunidad en la que nació, se crió y en la que aún reside han marcado la vida de la loiceña Yolanda Pizarro.Su hogar, enclavado en la comunidad Monte Grande, en la zona de Piñones, se ha visto amenazado durante las últimas cuatro décadas por la posibilidad de que se construyan allí grandes proyectos hoteleros y turísticos.

“Mi abuela luchó por Piñones, mi madre luchó y ahora yo estoy en estas. Estamos preparados para lo que sea. Piñones ni se da, ni se regala ni se vende”, expresó Pizarro.

La mujer fue parte de un grupo de residentes de varias comunidades de Loíza que expresaron ayer su rechazo a la posibilidad de que las 1,348 cuerdas en las que se pretendía construir el proyecto Costa Serena regresen a manos de PFZ Properties.

Por esto, la planificadora ambiental Carmen Guerrero anunció que los miembros de la Coalición Piñones-Loíza y residentes de Piñones presentarán un recurso ante el tribunal para expresar sus argumentos a favor de que el gobierno continúe el proceso para expropiar los terrenos, que inició en 2008.
La posibilidad de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desista de la expropiación depende del dinero que el gobierno le tendría que pagar a PFZ Properties como “justa compensación”. En el 2008, el monto era de $4.9 millones, pero la cifra ahora ronda los $32 millones.

El secretario del DRNA, Daniel Galán Kercadó, señaló que existen diferentes tasaciones debido a que no todas evalúan la misma cantidad de terreno. De acuerdo con el funcionario, una de las evaluaciones -que comprende la totalidad de las 1,348 cuerdas- establece el precio en $70 millones. Agregó que el acuerdo de los $4.9 millones se basó en una tasación que no tomó en cuenta toda la propiedad.

“El Tribunal (de Expropiaciones) está ahora revisando toda esa información, cuadrando las tasaciones. Tenemos que ultimar muchos detalles y tenemos muchas incongruencias en todo este proceso”, sostuvo Galán Kercadó.

El secretario indicó que si el tribunal avala el pago de los $32 millones, el DRNA no completaría la transacción ya que tiene menos de $10 millones para adquirir esas tierras.

Si el gobierno desiste de expropiar los terrenos, quedarán en manos de PFZ Properties, que podría retomar el proceso para el desarrollo de Costa Serena.
Guerrero tronó contra el DRNA por presuntamente permitir que se inflara el valor de los terrenos y no luchar para lograr la conservación de esos suelos.

“No puedo hacer comentarios”, indicó al ser contactado vía telefónica.
Para los residentes de Loíza, el pago a la firma constructora no debe ser mayor de $4.9 millones, ya que los terrenos son inundables.
“Esos $32 millones, en vez de dárselos a un millonario, deberían dárselos al municipio de Loíza como compensación por los años que llevamos en el abandono y luchando contra los desarrollos que nos quieren desplazar”, dijo la directora ejecutiva de la Corporación Piñones se Integra (Copi) y candidata popular a alcaldesa de ese municipio, Maricruz Rivera.
El propietario de PFZ Properties, Joel Katz, declinó emitir declaraciones sobre la controversia.

“Esa justa compensación que se le quiere dar a Joel Katz es la misma justa compensación que se le debió dar a Adolfina Villanueva, quien fue asesinada por las fuerzas del gobierno”, añadió Rivera, en referencia a la mujer que en 1980 recibió un disparo de la Policía en momentos en que intentaban desalojarla de su residencia en el sector Tocones de Loíza.

15.4.12

El Interrogador (Guillermo Rebollo Gil)

» El Interrogador

En el enlace de arriba encontrará la más reciente entrada en derechoalderecho.org en la que Guillermo Rebollo-Gil comenta, en ocasión de la opinión Lozada v. AEE (caso del Gasoducto), la falaz idea de equiparar empatía con parcialidad. 


"Y con simpatía no se puede adjudicar, no importa quiénes sean las partes en controversia. Algo así dice usted en la opinión. Lo único que le llama empatía. Es decir, la capacidad de colocarse en la situación de los demás. O como quien dice, ponerse en los zapatos del otro. Como yo en los suyos, Sr. Juez. Y al hacerlo me doy cuenta de que usted también padece de cierta confusión y/o desasosiego con las palabras, puesto que cuando quiere decir que la imparcialidad es fundamento de la adjudicación la arroja como una piedra cualquiera, erróneamente dictaminando que los y las jueces no deben ponerse en el lugar de las partes que le suplican remedio judicial. Determinación en extremo descabellada, considerando que la capacidad de abstraerse de sí para acoger la perspectiva del otro y mirar desde él o ella los asuntos propios de su mundo debe ser una estrategia valiosísima para lograr la mayor comprensión de esos asuntos; sobre todo si a uno le toca pasar juicio sobre los mismos. Pero, claro, yo no soy juez. Ni simpatizo con ellos."
salud!

14.4.12

Conversatorio sobre Educación y Mercado: Justicia, Accesibilidad, Matrícula


El Seminario de Teorías de la Justicia de la Escuela de Derecho UPR, El Consejo General de Estudiantes UPRRP, el Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho , el CRU y el  CAED les invitan a:ll   

Conversatorio sobre Educación y Mercado: Justicia, Accesibilidad, Matrícula
con
Fernando Atria Lemaitre*

2o de abril de 2012.
Escuela de Derecho UPR 
4pm Salones 7,8,9

*Fernando Atria es jurista y teórico político, profesor de la Universidad de Chile y la Adolfo Ibáñez. Ha sido una de las voces más destacadas en el debate de la educación en Chile. Parte de sus reflexiones y propuestas sobre el sistema de educación y la descomodificación de la educación, se encuentran reunidas en su libro Mercado y ciudadanía en la Educación.
 

13.4.12

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día

Por Aurora Rivera Arguinzoni / arivera@elnuevodia.com
13 de mayo de 2012.
La justicia ambiental en Puerto Rico está minada por el excesivo poder del que gozan algunos sectores del Gobierno, que viven de espaldas a las necesidades y los deseos del ciudadano de escasos recursos económicos.

Para cambiar este escenario, que históricamente ha forzado a sectores con menos poder a luchar por los recursos y por el ambiente, las comunidades tienen que ampliar y fortalecer sus alianzas de modo que puedan reclamar contundentemente al Gobierno hacer lo que le toca y distribuir mejor el poder.

Estas ideas fueron la constante ayer durante las presentaciones y los diálogos de la conferencia “Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”. El evento, organizado por la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.

“Veo esto hoy como una nueva era de colaboración y de más agresividad. El Gobierno está ahí para ayudarnos, está ahí por nosotros, lo que hay es que ser más agresivo con el Gobierno, exigirle al Gobierno, y estas alianzas de las que estamos hablando es la forma de hacerlo”, declaró el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.

Lugo participó junto a Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, al planificador José Rivera Santana y a Josen Rossi, presidente de la empresa de servicios de construcción Aireko, en un panel intersectorial moderado por el periodista José Javier Pérez, editor de El Nuevo Día.

“Tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función en rigor de lo que a nuestro juicio debe ser una agenda y un proyecto de país que responda a los intereses de la mayoría del país”, coincidió Rivera Santana.

“Pero por otro lado, tenemos que fortalecer la capacidad de los ciudadanos y de las comunidades para poder tener el poder y los instrumentos políticos para hacer ese reclamo. Sin fuerza política y ciudadana organizada, es cuesta arriba lograr esas transformaciones”, agregó el planificador.

Se considera justicia ambiental la distribución equitativa de las cargas y los beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, tomando en cuenta las situaciones de cada comunidad, las capacidades de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones que les afecten.

De acuerdo con una catedrática en planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el concepto de justicia ambiental aún no se ha adoptado del todo en la Isla. “Aquí la gente no le reclama al Gobierno de Puerto Rico que el desarrollo de tal proyecto constituye un problema de injusticia ambiental para unas comunidades. Sin embargo van al Gobierno federal, a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)”, afirmó la profesora Carmen Concepción.

No obstante, esto no deslegitimiza las luchas de justicia ambiental que se han dado en Puerto Rico. Lo que ocurre, según Concepción, es que muchas se han dado en el marco de luchas sociales, como las del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño (G-8).

El caso del caño
La desigualdad social que amenaza, margina o provoca el desplazamiento de comunidades (sobre todo pobres) y que ha generado esas luchas, fue un factor que muchos de los deponentes coincidieron en destacar durante la conferencia de justicia ambiental. También hubo consenso sobre la necesidad de que las comunidades se organicen, se fortalezcan y compitan con las actuales estructuras de poder.

“Solo el que accede a la riqueza será respetado en la propiedad (el pobre suele ser el desplazado)... La clave en el caso del Caño Martín Peña ha sido esa nueva relación de poder”, destacó la abogada Erika Fontánez, catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la UPR. Se refirió al modo cómo se organizaron las comunidades del G-8, colindantes con el centro económico de la zona metropolitana, la Milla de Oro, hasta crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

Explicó que este esquema hace que el suelo y las propiedades estén en manos del colectivo, lo que les da poder para usarlas como garantía en préstamos o inversiones que también sean para el bien colectivo. El actual gobierno estatal, tanto como el municipal, han atentado contra este sistema, que se ha distinguido por ser democrático en la medida en que los residentes han participado en la toma de decisiones desde el principio.

“Exigimos que nos dejen trabajar y defender nuestros derechos, que el Gobierno se una a nuestros intereses y no que los quiera acomodar a los intereses privados. Exigimos, en fin, que nos devuelvan nuestras tierras y que vean como estas comunidades pueden establecer un precedente de la verdadera autogestión comunitaria en pro de la verdadera justicia ambiental”, reclamó Melba Ayala, líder comunitaria en el G-8, empresaria y presidenta de Excursiones ECO.

Durante la jornada, Judith Enck, administradora de la Región 2 de la EPA, reclamó solucionar el problema de inundaciones en comunidades del Caño.

“Estamos muy preocupados porque el agua de inundaciones suele estar contaminada con desperdicios y químicos, y absolutamente tenemos que detener eso”, afirmó.

“Nunca había visto comunidades urbanas tan densamente pobladas carentes de un sistema de alcantarillado moderno funcional”, destacó Enck.

5.4.12

5 historias puertorriqueñas: propiedad, medioambiente y justicia

Hace unos años publiqué un artículo presentado en Argentina en ocasión del Seminario Latinoamericano en Teoría Política y Constitucional (SELA), auspiciado entre otras universidades, por uno de los programas intelectuales de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. El ensayo presentado y publicado en el libro Derecho y Propiedad (Libraria; ver carátula al lado), se convirtió en el artículo de título La contingencia de las políticas propietarias: un examen de los supuestos de la teoría política propietaria en los contextos de justicia social y medioambientales puertorriqueños
 
Mediante cinco historias de controversias propietarias y de justicia ambiental, intenté ejemplificar cómo la atención a los problemas de propiedad, justicia ambiental y justicia social deben atenderse holísticamente y cómo los supuestos teórico-políticos y filosófico-políticos que subyacen muchos de los problemas, hay que develarlos para proponer premisas y diseños institucionales más justos y con mayor atención a las relaciones de poder que casos como estos encierran. Aquí reproduzco la introducción al artículo que seguirá con una mirada a la línea del tiempo filosófico-política propietaria en Puerto Rico, una discusión sobre las alternativas filosófico-políticas que existen y cómo muchas de estas premisas convergen en la quinta y reciente historia: el proyecto del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martin Peña. 

De esto estaré hablando en la actividad del 12 de abril cuyos detalles puede encontrar en esta entrada.
 ***
I.         Introducción: Cuatro historias contemporáneas de propiedad, justicia social y medioambiente[1]
-1-
piñones/loíza

Doña Demetria Escalera pertenecía a una de las muchas familias descendientes de esclavos libertos en Piñones-Loíza, costa norte de Puerto Rico y una de las áreas de mayor valor ecológico y cultural afro-puertorriqueño en el país. Para principios de los años ochenta, el Derecho no las reconocía como propietarias, a pesar de que su familia llevaba allí casi un siglo, trabajando la tierra y haciéndose cargo de ésta. A principios de esa década, la familia Katz, compradores sucesivos de las tierras, pidieron su desahucio para construir lo que sería el proyecto turístico-hotelero más grande del país. En 1990, Doña Demetria logró el pronunciamiento oficial que la mantuvo en el lugar: el tiempo la hizo propietaria de ese pedazo de tierra. Pero el señor Katz mantuvo el resto de las tierras y en el 2006 logró que el gobierno le aprobara el proyecto hotelero, aún con las restricciones legales de protección medioambiental. Yolanda, nieta de Doña Demetria, pese a ser propietaria heredera, estaba en riesgo de que una carretera para viabilizar el hotel la desplazara. La prerrogativa propietaria de Katz, a su vez, significaría el desplazamiento del resto de la comunidad centenaria de Piñones. La cultura afro- puertorriqueña quedaría desplazada para dar paso al hotel cinco estrellas, y a su vez, el bosque de mangle más importante de Puerto Rico sería sólo un recuerdo. Los piñoneros exigieron del gobierno la revocación del proyecto y la expropiación de las tierras de Katz, lo que al día de hoy se discute con timidez gubernamental. Hay quienes señalan que si el área es ecológicamente importante, ni Katz ni los piñoneros deberían permanecer ahí.

-2-
cangrejos
A pocos kilómetros, el gobierno implanta la “revitalización” del barrio Cangrejos, conocido también por Santurce. Para revitalizar la ciudad, dice el Departamento de Vivienda, hay que expropiar a los residentes de barrios populares legendarios como el de “Alto del Cabro”. Las costosas modificaciones y las nuevas viviendas millonarias que se planifican requieren que los propietarios actuales cedan su interés propietario a favor del “interés público”. Así, Mary Ann perdió su casita en el barrio Cangrejos.  Lo compensado no le permitió un espacio en la ciudad. A pocas calles hay otros propietarios, éstos con residencias de millones de dólares que colindan con la playa, pero el bullicio y el paso de otros para acceder a la playa, los motivaron a poner portones para cerrar su urbanización. La Coalición Playas Pal Pueblo denunció el cierre y reclama el acceso a la playa. Los propietarios aluden a su derecho a salvaguardar su propiedad. 

-3-
san isidro

Janet, residente del barrio San Isidro en el municipio de Canóvanas, recibió una carta de la agencia federal de protección ambiental indicándole que sería multada por haber rellenado un humedal sin permiso. La ley federal protege los humedales. Janet y los residentes de San Isidro están ahí pese a que es una zona inundable pues no tenían otro lugar para hacer sus viviendas. Ahora, por violación a leyes ambientales están en riesgo de ser multados y desalojados. A pasos de San Isidro, otro propietario, esta vez Walmart, solicita permisos para rellenar parte del mismo humedal para construir la famosa megatienda. Walmart consiguió los permisos para el proyecto. Janet busca asesoría.
-4-
adjuntas

En 1942, mientras se llevaba a cabo la reforma agraria y se repartían parcelas a los campesinos agregados, se designaban ciertas tierras en el centro de la isla como reserva forestal: esto pasó a ser el Bosque Guilarte. La designación no tomó en cuenta a las familias de agregados que vivían en esas tierras. A 2008, Don Adrián, descendiente de los campesinos agregados recibió una carta para que en seis meses desalojara el pedazo de tierra donde vive. El gobierno reclama hacer valer la Ley de Bosques. Don Adrián se aferra a su tierra y dice que lleva casi medio siglo cultivándola. El bosque, dice, no le arrebatará lo único que tiene.
***
Estas historias ilustran el escenario y la complejidad de controversias en Puerto Rico que tienen elementos de justicia social, propietarios, y medioambientales. En cada controversia, estos tres conceptos se escenifican de diversas formas, es decir, contingentemente. No es lo mismo el bosque de mangle que está bajo acecho de un propietario millonario en Piñones, que el bosque que justifica el desalojo de Don Adrián en Adjuntas. Tampoco es lo mismo el propietario Katz al que no se le quiere expropiar, que  la propietaria Mary Ann que vivía en Santurce pero fue expropiada. La contingencia de estos conceptos hace necesario analizar las políticas y sus presupuestos teóricos para buscar respuestas y remedios.

Todas estas historias tienen como antecedentes -directos y fácilmente palpables- las políticas públicas adoptadas en Puerto Rico en momentos clave de nuestra historia. Sus protagonistas también parecen ser los mismos a través de décadas. También, las historias están hilvanadas, de manera diversa y contingente por concepciones particulares sobre la justicia, la propiedad y el medioambiente. En la mayoría de los casos sobresalen políticas utilitaristas o liberales conservadoras, en lo que a los elementos de justicia y propiedad se refiere, y una noción conservacionista o ecologista en lo que a lo medioambiental concierne. Tampoco las alternativas parecen integrar estos elementos. De manera que, urge develar los supuestos teóricos de lo que antecede y analizarlos a la luz de cada uno de estos conceptos en el contexto puertorriqueño, para de esta forma, atajar mejor estos problemas.

En tanto la mayoría de las controversias medioambientales, como las ejemplificadas en las historias introductorias, tienen como protagonistas más afectados a quienes ya tienen serias desventajas socio-económicas, ya es muy difícil cuestionar que las controversias de política medioambiental están vinculadas con las de justicia social. Se habla de la posibilidad de aludir a derechos medioambientales para atender a las inequidades en la distribución de los recursos, pero a su vez, cualquier propuesta en esta dirección tendrá además que enfrentarse a la teoría y la aplicación de la justicia en relación con los derechos propietarios. Por lo tanto, la atención sobre los asuntos medioambientales tiene que incluir el tema y el debate de la distribución de los recursos y el tema de la propiedad.[2]

Las premisas y los abordajes filosóficos sobre las cuales analizaré críticamente estos temas en el contexto puertorriqueño son: (1) la convicción de que para que estas controversias encuentren remedios cónsonos con la justicia sólo pueden ser atendidas mediante supuestos igualitarios; (2) las políticas de justicia distributiva del igualitarismo rawlsiano deben ser capaces de incorporar los elementos medioambientales en los valores de distribución; (3) los reclamos a favor del medioambiente deben inexorablemente incluir los elementos de justicia social y el respeto a las comunidades como parte intrínseca del medioambiente (de lo contrario están abocados al fracaso); (4) las normas y concepciones propietarias deben reflejar una función social y no deben concebir derechos propietarios originales que se interpreten de formas tan amplias y abarcadoras como lo plantea el liberalismo conservador (5) las medidas de justicia distributiva no deben circunscribirse a remediar la falta de acceso a los recursos materiales y naturales sino que deben ser capaces de propiciar nuevas relaciones sociales de poder.




[1] Las historias que aquí se reseñan son casos atendidos por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, secciones de Derecho ambiental y Desarrollo comunitario y el Programa Pro-Bono de la Escuela.
[2] Justice, Property and the Environment: Social and Legal Perspectives  (Tim Hayward & John O’Neill eds., 1997).

Books that become embedded in one’s thoughts (Marguerite Duras)

“I think that what I blame books for, in general, is that they are not free. One can see it in the writing: they are fabricated, organized, regulated: one could say they conform. A function of the revision that the writer often wants to impose on himself. At the moment, the writer become his own cop. By being concerned with good form, in other words the most banal form, the clearest and most inoffensive. There are still dead generations that produce prim books. Even young people: charming books, without extension, without darkness. Without silence. In other words, without a true author. Books for daytime, for whiling away the hours, for traveling. But not books that become embedded in one’s thoughts and toll the black mourning for all life, the common place of every thought.

I don’t know what a book is. No one knows. But we know when there is one. And when there’s nothing, one knows it the way one knows one has not yet died.”

Marguerite Duras, Writing (translated by Mark Polizzotti), páginas 23-24.

salud!.

4.4.12

Libertad, Consentimiento y Justicia (Simone Weil)

-->
En ocasión de la discusión sobre la "libertad" de los ciudadanos de no comer brócoli, lo que para algunos es equivalente a la misma "libertad" de no contar con seguro médico, reproduzco algunos pensamientos de la filósofa Simone Weil, sobre lo que es libertad, lo que significa consentimiento y su lugar en la concepción de justicia.

 ***
 
“Es justo no robar artículos de los escaparates. Es caritativo dar limosna. Pero el tendero puede llevarme a la cárcel. El mendigo, aún cuando su vida dependa de mi ayuda, si se la niego no me denunciará a la policía.

Muchas controversias entre la derecha y la izquierda se reducen a la oposición entre la preferencia entre el capricho individual y la preferencia por la coacción social; o, más exactamente quizá, entre el horror de la coacción social y el horror del capricho individual. Ni la caridad ni la justicia tienen nada que ver con esto.

La justicia tiene como objeto, el ejercicio terreno de la capacidad de consentimiento. Preservarla religiosamente en todos los lugares donde existe, tratar de crear las condiciones donde esté ausente: eso es amar la justicia.

La palabra “justicia”, única y tan hermosa, encierra toda la significación de las tres palabras del lema francés. La libertad es la posibilidad real de conceder un consentimiento. Los hombres no tienen necesidad de igualdad más que en relación con ella. El espíritu de fraternidad consiste en desearla para todos.

La posibilidad de consentimiento es ofrecida por una vida que contiene motivos para el consentimiento. La indigencia, las privaciones del alma y del cuerpo impiden que el consentimiento pueda operar en el secreto del corazón.

Simone Weil, “¿Estamos luchando por la justicia?” , en Escritos Esenciales ed. Eric Springsted, páginas 155-156.

3.4.12

La enseñanza del derecho- (nuevo libro de Duncan Kennedy)


Duncan Kennedy es uno de los miembros más conocidos del grupo de Estudios Críticos del Derecho, no sólo por desmitificar el ideal de imparcialidad del derecho y revelar su carácter político e ideológico, sino sobre todo por su crítica a la enseñanza jurídica como reproductora de la jerarquía social, un tema que recorre todos los textos que componen el presente volumen.


Desde el centro mismo de esa jerarquía –como profesor en la Universidad de Harvard–, Kennedy estudió y denunció el funcionamiento de la educación legal, destinada a reforzar las desigualdades de clase, raza y género. A través de cursos y textos dirigidos a los estudiantes de primer año, demostró cómo la educación jurídica tradicional se ocupaba de horadar –mes a mes, clase a clase–, las convicciones y los ideales de esos jóvenes, asegurando que los más altruistas se convirtieran, hacia el final de la carrera, en esmerados abogados de grandes empresas y grandes estudios.

Ronald Dworkin, la reforma de salud y el Supremo

En el NYRB, el reconocido filósofo del Derecho, Ronald Dworkin, comenta las razones por las que la impugnación de la constitucionalidad de la reforma de salud es errónea. Dworkin comenta críticamente, entre otras cosas, los argumentos presentados por los demandantes republicanos y las premisas que parecen sostener las preguntas que hicieron la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de EEUU (a los que llama "ultra-conservadores") en las argumentaciones orales. Reproduzco su columna abajo. Pueden accederla aquí. Culmina Dworkin con lo siguiente:

"Our recent history is marred by a number of very badly reasoned Supreme Court decisions that, deliberately or not, had a distinct partisan flavor: Citizens United, for example, which, most critics agree, has already had a profound and destructive impact on our democratic process. Those decisions soiled the Court’s reputation and harmed the nation. We must hope, though perhaps against the evidence, that the Court will not now add to that unfortunate list."

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The Supreme Court’s hearings in the health care case, Department of Health and Human Services v. Florida, over a nearly unprecedented three days of oral argument, generated all the attention, passion, theater, and constant media and editorial coverage of a national election or a Super Bowl. Nothing in our history has more dramatically illustrated the unique importance of courtroom drama in American government and politics as well as entertainment. 

The plaintiffs have asked the Court to declare the Affordable Care Act (the Act) unconstitutional. The political and social stakes are enormous, but the legal issues, most analysts think, are not really controversial: the Constitution’s text, the Supreme Court’s own precedents, and basic constitutional principle seem obviously to require upholding the act. Many legal scholars predicted a 7-2 decision rejecting the challenge. But they apparently misjudged the dedication of the ultra conservative justices, whose questions in the oral argument have now convinced most commentators that on the contrary, in spite of text, precedent and principle, the Court will declare the Act unconstitutional in June, by a 5-4 vote. 

That prediction may be too swift. There are reasons at least to hope that Justice Anthony Kennedy, often the swing vote between liberals and ultra conservatives, will have sufficient respect for Congressional authority to save the Act. (I discuss these reasons in an expanded version of this piece, which will appear in a coming issue of The New York Review.) 

The prospect of an overruling is frightening. American health care is an unjust and expensive shambles; only a comprehensive national program can even begin to repair it. If the Court does declare the Act unconstitutional, it will have ruled that Congress lacks the power to adopt what it thought the most effective, efficient, fair, and politically viable remedy—not because that national remedy would violate anybody’s rights, or limit anyone’s liberty in ways a state government could not, or would be otherwise unfair, but for the sole reason that in the Court’s opinion the strict and arbitrary language of an antique Constitution denies our national legislature the power to enact the only politically possible national program. 

It is only a specific provision of the Act that is now under serious constitutional challenge. The Act provides, among other benefits, health care insurance for the 40 percent of citizens who now lack it, and it forbids insurance companies to deny coverage or charge higher premiums for those who have a preexisting illness or incapability. These obviously just benefits cannot be provided, however, unless all citizens—the young and healthy as well as the elderly and already sick—join the insurance pool. If only those likely to need treatment seek to join, the insurance companies would need to charge astronomic premiums that most of them simply could not afford. 

The premise of all social insurance plans, including the Social Security program, is that inescapable risks should be shared across a political community between those more and those less at risk. The Act follows this principle; it provides that with few exceptions Americans who are not insured by their employers or by other government programs must purchase insurance themselves or, if they do not, pay what the Act calls a “penalty” on their tax return. 

It is this so-called “mandate” that the plaintiffs in this case—26 states with Republican governors, a group of businesses and some private citizens—challenge as unconstitutional. They say that although the Constitution gives Congress the power to limit or forbid commercial activity that has a significant impact on the national economy, it denies Congress power to require commercial activity, like buying health insurance, even when that activity is crucial to the national economy. That distinction between negative and positive regulation—between dictating the terms of insurance and requiring people to buy insurance—is the heart of the constitutional challenge. It was treated as potentially decisive by all the conservative justices who spoke: Justice Kennedy, for instance, asked whether the mandate doesn’t “create” commerce rather than regulate it. Why is the difference between restricting and requiring activity so important? 

Not because the language or underlying principles of the Constitution demand that distinction. The Constitution’s architects were guided by a principle that makes the distinction irrelevant: that Congress should be assigned only those powers that could not effectively be reserved to the states. They believed that if the effects of a particular political decision would be felt only or mainly within a particular state, that decision should be made by that state because decisions by state officials would be more sensitive to local needs and local opinion. But if some matter could only sensibly be settled at the national level, like decisions about foreign trade or the terms of trade among citizens of different states, then the principle required that Congress have the power to decide it. That test can be applied without distinction to both negative and affirmative regulation. 

Why do the conservative justices nevertheless think that distinction so crucial? They offer only one reason: they say that if Congress can make people buy insurance then it can make them buy anything it wishes. Why could Congress not make people buy electric cars to reduce pollution? Or join health clubs to improve the nation’s health? Or buy broccoli to keep broccoli prices high? All the conservative justices who participated in the oral argument pressed these questions. They said they could not uphold the insurance mandate unless they found what they called a “limiting” principle and, they suggested, none could be found. 

The government’s lawyer, Solicitor General Donald Verrilli, offered several ways to distinguish health care from electric cars and broccoli. He said, first, that people do not have to buy cars or broccoli but almost everyone, eventually, has to receive health care. No one doubts that Congress could require patients to pay for any medical service they require through insurance, so that uninsured heart attack victims who wanted hospital treatment would have to buy insurance in the ambulance, presumably from paramedics trained also to sell it. Why can’t Congress avoid that ridiculous prospect by requiring people to have insurance in advance? 

His second argument was even stronger. Every American already has health insurance; the mandate only requires that he pay for his insurance rather than free-loading on those who do pay. A federal statute and several state statutes require hospitals to provide emergency medical care to people who cannot pay for it, and America’s traditions of compassion mean that doctors will not let people die in pain when they can easily save or help them. In practice, this means that the uninsured will go to costly ER facilities when they need medical help. Congress found that health care for uninsured patients cost $43 billion in 2008; these costs were paid, through higher premiums, by those who do buy insurance. 

Congress surely has the power to make people pay for what, out of human decency, the law and practice provide for them. Since it is impossible to predict who will suffer a grave accident or fall victim to a terrible disease, and since almost no one without insurance can pay for adequate care if he does, the only effective means of making people bear the actual costs of their own treatment is to require them to buy insurance in advance. 

These are effective replies to the single conservative argument: they distinguish health care and insurance from broccoli and electric cars, and so offer a “limiting principle” of the kind the conservative justices say they want. There is, however, a deeper, more comprehensive objection to their argument: no limiting principle is either necessary or desirable. Their argument conflates two questions. 

First, what power does any American legislature have to coerce people to buy what they do not want? Second, if any such coercive power exists, how is that power to be allocated between the state and national legislatures? Once we distinguish these questions we see that the conservatives’ distinction Congress regulating the price and terms of health insurance and making people buy that insurance is pointless. 

The rhetorical force of their examples, about making people buy electric cars or broccoli, depends on a very popular but confused assumption: that it would be tyrannical for any government to force its citizens to buy what they do not want. In fact both national and state governments steadily coerce people to do just that through taxation: they make them buy police and fire protection and to pay for foreign wars whether they want these or not. There is no reason in political principle why government should not make people pay directly for these services through insurance rather than indirectly through the mechanics of taxation: direct payment would be no greater compromise of freedom. In fact Massachusetts does make people buy health insurance: that mandate is at the core of that state’s health care program, on which the national Act was partly based. Almost no one—apart from Michele Bachmann—has argued that the Massachusetts mandate is unconstitutional. 

So we may ask: is there a constitutional limiting principle that would allow Massachusetts to impose that mandate but prevent it from requiring its residents to join health clubs or buy broccoli? There are of course constitutional limits to any power of government. Neither the indirect mandate of taxation nor any more direct mandate may be discriminatory or irrational, neither may deny due process, and each must serve some proper purpose of government. But are there any special limiting principles that would prohibit a state requiring broccoli purchase in a rational and fair way? 

No. We are protected from silly state mandates not because the Constitution rules them out but because politics does. No state legislature would dare to make broccoli purchase compulsory unless, for some hard-to-imagine reason, this was plainly the only way to avert some economic catastrophe. The role of democratic politics in protecting citizens against legislative corruption or stupidity does not depend on whether the legislature wants to require or forbid economic activity, however. Voters would be no less outraged by a state legislature’s decision to ban automobiles altogether than by its decision to make them buy electric cars. 

If we do not need a limiting constitutional principle to stop a state from outrageous economic legislation, we do not need any such principle to stop the national Congress, within its proper sphere, either. The Court can allow Congress, as it allows Massachusetts, to mandate health insurance without finding a constitutional barrier to a national compulsory broccoli purchase. Politics supplies the appropriate check in both cases. So we must turn to the genuinely important question, the second question I distinguished. What is Congress’s proper sphere of control in health care matters? 

We answer by consulting the principle I described: the principle of state control over local matters. Neither the Constitution’s language nor that principle distinguishes between negative and positive regulation of commerce, between prohibition and mandate. The principle does require that Congress show that the commerce it seeks to regulate has a profound impact on the national economy. National regulation of health care plainly passes that test. 

We cannot ignore the political dimension of this case. The Republican Party and the candidates for its presidential nomination relentlessly denounce the Act, perhaps largely because it was one of President Obama’s main domestic achievements during his first term. They hope that the conservative justices will declare the Act unconstitutional in June, just as the primary season ends and the national presidential campaigns get under way; they think that will help them defeat the President in November. But the Act is plainly constitutional and it will be shaming if, as so many commentators now expect, those justices do what Obama’s enemies hope they will. 

Our recent history is marred by a number of very badly reasoned Supreme Court decisions that, deliberately or not, had a distinct partisan flavor: Citizens United, for example, which, most critics agree, has already had a profound and destructive impact on our democratic process. Those decisions soiled the Court’s reputation and harmed the nation. We must hope, though perhaps against the evidence, that the Court will not now add to that unfortunate list.
April 2, 2012, 11:25 a.m.

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