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Los que me conocen saben que me he convertido en una fanática de las columnas de Miguel Rodríguez Casellas y si no entienden porqué, vean la de hoy como muestra!. ufff!

el miedo y la seguridad en la ciudad

En el curso de Urbanismo y Planificación discutiremos en estos días el tema de la ciudad como -al decir de Hannah Arendt- un espacio para ser. Mañana discutiremos el tema del "Derecho a la ciudad." En este contexto, aqui comparto un extracto de una ponencia que presentara el geógrafo urbano Jordi Borja en Argentina en noviembre pasado, cuyo origen fue una conferencia realizada en unas Jornadas celebradas en la ciudad de Girona (Cataluña). El texto de origen fue publicado en la Revista Catalana de Seguridad Ciudadana (nº 16, noviembre 2006).

En esta ponencia, titulada Miedo, Segregación y Mercado en la ciudad globalizada, Borja explora el tema del miedo y la seguridad en la ciudad y más específicamente, aborda la aprobación de varias Ordenanzas en Barcelona que según el mismo autor "aplican sanciones a todos aquellos que resultan susceptibles de herir con su presencia en el espacio público al ciudadano normalizado".

Siguen algunos de sus planteamientos en crítica al tema de las medidas alegadamente dirigidas a atender el tema de la seguridad en la ciudad , medidas (y esto lo añado yo) profundamente discriminatorias y con un resultado excluyente y segregatorio:

"Por lo tanto otra seguridad, no la seguridad ficticia e injusta, basada en el estigma justificador de la represión, es posible. La que se deriva de la aceptación del otro, del reconocimiento de sus valores y de sus derechos. En la práctica significa promover que personas procedentes de la inmigración se integren en los organismos de servicios sociales, en la enseñanza y la sanidad, en las policías y la justicia. Una política democrática de seguridad implica también reconocer los derechos políticos completos a todos aquellos que tienen residencia legal en el país, sea cual sea su nacionalidad de origen. ¡No hay deberes sin derechos!

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En el espacio público la convivencia, pues, no es fácil y se requieren unas pautas mínimas compartidas a fin de que sea posible. La cuestión es cómo construir estas pautas. La vía fácil, sin embargo, que puede generar más problemas de los que pretende resolver es la vigilancia y la sanción aplicable a una casuística tan interminable como arbitraria de comportamientos que degenera frecuentemente en identificar ciertos colectivos como causantes de la perturbación de la convivencia, normalmente los jóvenes. La mitad de las denuncias por incumplimiento de la surrealista ordenanza del civismo de Barcelona se refieren a jóvenes por pintadas o instalar carteles y por consumo de bebidas alcohólicas. Sin excluir la conveniencia de la vigilancia y de la capacidad sancionadora, parece que esta forma de garantizar la convivencia debería ser más la excepción que la regla. Las experiencias más positivas lo son aquellas que han sido el resultado de diálogos y pactos entre los diferentes actores presentes en el espacio público. La administración pública tendría que practicar más la mediación que la regulación, más la negociación que la sanción. Y evitar contribuir a estigmatizar por su aspecto a los jóvenes presentes en el espacio público, confundiendo frecuentemente comportamientos expresivos más o menos discutibles con delitos o faltas que requieren sanción inmediata.

Finalmente, cabe referirse a la gran diversidad de comportamientos que según la citada ordenanza se refieren a la preservación del contexto visual. ¿Los que piden limosna, los sin hogar, las prostitutas, los top manta, los niños de la calle, los que distribuyen publicidad o limpian el cristal del coche, etcétera, son realmente una causa de inseguridad? ¿La pobreza, la marginalidad, la exclusión social dan miedo? Seguramente en sociedades consumistas y en las que una parte importante de la población es relativamente bienestante no resulta agradable convivir en el espacio público con las expresiones, normalmente extremas, de quienes han quedado fuera del circuito del consumo formal de una ciudadanía que las administraciones consideran más usuarios, clientes y electores que ciudadanos. La forma más indigna de tratar esta población excluida es considerarlos colectivamente como un peligro potencial o una agresión a nuestra sensibilidad, estigmatizarlos. Hay otras formas de actuar, las políticas de protección y de integración, indudablemente, y las preventivas en muchos casos. Pero también la tolerancia, la aceptación de su existencia, la madurez democrática de no tener miedo de mostrar nuestras faltas, las víctimas de nuestro modelo de sociedad. Es el verdadero civismo".

Jordi Borja es geógrafo urbanista, director del Programa de Gestión Urbana de la Universidad Abierta de Catalunya y autor de La ciudad conquistada, Alianza Editorial, Madrid (2004).