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La conferencia es abierta al público y libre de costo / The lecture is open to the public and free of charge.
Transformative Law
In 2010, we will be meeting in New Orleans for the first time since Hurricane Katrina forced the relocation of our 2006 Annual Meeting. During my Presidential year, I am adopting the theme of “Transformative Law,” mindful of the symbolic significance of our return there as well as of the successes and failures of the legal profession in addressing this perilous past decade. Our meeting this year takes place at a time of crisis in our economy, our ecology, and our international standing as the leader of the free world. Many lawyers (including our President, Vice-President, and many Cabinet officials and congressional leaders) must tackle these challenges. Media coverage of their efforts, however, portrays these public servants as people who happen to be lawyers, not as lawyers whose leadership grows out of their mastery of law and whose accomplishments represent the pinnacle of their professional pursuits. To a significant degree, the news accounts reflect the fact that these leaders have not pursued a traditional law firm practice but instead have devoted themselves to government and public service. The image of the citizen-lawyer, whose training can be used to advance the common good, has so thoroughly disappeared from the popular imagination that those who pursue this path are no longer centrally defined as lawyers.
Contrast today’s portrayals to those of fifty years ago, when the word “lawyer” might conjure up images of crusaders in the civil rights movement. Or, compare these images to those of an even earlier era, when attorneys entered public life as architects of the New Deal. When citizen-lawyers embarked on these campaigns for change, the result was transformative law. By this, I mean that law became a powerful tool to challenge and reconfigure social institutions. Transformative law can take place at the national, state, or local level. Challenges can come through landmark Supreme Court decisions like Brown v. Board of Education, which forced the nation to reconsider the meaning of racial equality. Or, change can be the product of ground-breaking statutes and administrative action, as the battle for the New Deal that President Franklin Delano Roosevelt waged with a reluctant Supreme Court reminds us.
Whatever the forum, citizen-lawyers have produced transformative law because they understood their professional role as integral to achieving the American dream. Today, when lawyers receive attention as lawyers, they are more likely to be defending the notorious than building the nation. Is there no greater role for lawyers as professionals in our contemporary public life? Is the citizen-lawyer now largely relegated to some lost golden age of reform? I believe that law still has a vital role to play at moments of national crisis like this one, but we must once again recognize that lawyers can be powerful agents of change and not merely advocates for agendas set by someone else. We, as members of a learned society, can play a critical role in resurrecting the citizen-lawyer and the possibilities for transformative law. In fact, the current crisis of confidence in our country provides an unparalleled opportunity for lawyers to answer the call of service and restore a sense of integrity and trust.
Rachel Moran,
AALS President and University of California, Berkeley School of Law
“[u]na de las maneras en las que percibimos la ley (no la única, como ya veremos) es como un medio a través del cual uno lucha por un proyecto, antes que como algo que nos dice qué debemos hacer. Cuando nos acercamos a ella de este modo, la ley restringe sólo en la misma medida que lo haría cualquier medio físico: no es posible hacer cualquier cosa que nos plazca con un montón de ladrillos y lo que uno pueda hacer depende de cuántos ladrillos se disponga así como de otras circunstancias particulares. Así las cosas, en tanto que construimos algo a partir de un juego de ladrillos dado, éstos restringen, nos controlan, nos quitan libertad.
Por otro lado, las restricciones que un medio impone dependen del proyecto por el que uno ha optado, de la opción que se quiere tomar. El medio no nos dice qué debemos hacer con él, no nos exige que hagamos con él una casa para perros en vez de una cerca de jardín. En este sentido tengo plena libertad para trabajar con el medio jurídico para justificar la acción de los trabajadores de la compañía (Kennedy pone un ejemplo al que un juez se enfrentaría al adjudicar). Qué forma tendría mi argumento al final del proceso dependerá, de manera fundamental, de los materiales jurídicos que utilice –leyes, casos, argumentos de conveniencia pública, estereotipos sociales, representaciones históricas—pero dicha dependencia está lejos de ser una determinación a priori e ineludible del resultado jurídico. El resultado jurídico no está determinado por el material jurídico en sí.
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Es posible aceptar la noción de que la argumentación jurídica no es otra cosa que la manipulación del material jurídico, entendido éste como un medio, y aún así pensar que el medio restringe con bastante fuerza. De manera que una pregunta absolutamente fundamental es la de determinar si existen algunos resultados a los que definitivamente no podríamos llegar siempre y cuando respetemos las reglas internas del juego del razonar jurídico. Se trataría entonces, simplemente, de cosas que no se “pueden construir con ladrillos’ o de carteras de seda imposibles de fabricar con piel de cerdo”.
-Duncan Kennedy, Libertad y Restricción en la decisión judicial: una fenomenología crítica (1986, traducido y publicado por Diego E. López Medina y Juan Manuel Pombo, Nuevo Pensamiento Jurídico, Ediciones Uniandes, Siglo del Hombre editores, 1999, 2005)
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Como se advirtió desde diciembre de 2008, las políticas anunciadas y aprobadas por la administración de Luis G. Fortuño han conducido a Puerto Rico a un nivel mayor de pobreza y al recrudecimiento de la recesión económica.
Los datos que aparecen en los más recientes informes de la Junta de Planificación (JP) y del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) así lo corroboran.
Las cifras ofrecidas por el Departamento del Trabajo para el mes de octubre de 2009, reflejan que el número de personas empleadas fue de 1,118,000, lo que representa una reducción de 68,000 empleos, es decir, un decrecimiento del 5.7% en relación con octubre de 2008.
La tasa de participación para octubre de 2009 fue de 43.0%. “Esta tasa es la más baja registrada para un mes de octubre desde 1985”, reza textualmente el informe del Departamento del Trabajo. Esto quiere decir que de cada 10 personas en condiciones de trabajar sólo 4.3 están empleadas.
El número de personas desempleadas ascendió a 212,000, para un aumento de 40,000 desempleados respecto a octubre del año anterior.
Mientras, la tasa de desempleo fue 15.9%, lo que equivale a 3.2 puntos porcentuales más que la registrada en octubre de 2008.
Afirma el informe lo siguiente: “Esta tasa de octubre de 2009 es la más alta registrada para un mes de octubre desde el año 1993”.
De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor para todas las familias, durante octubre de 2009 se registró un nivel de 119.9 puntos, para un incremento en los precios de 2.5% respecto a octubre de 2008.
Resulta significativo que la clasificación de alimentos en general reflejó un aumento de 10.7% y dentro de ésta, los alimentos consumidos en el hogar ascendieron en 13.9%.
Del reciente número (diciembre, 2009) de la publicación de la Junta de Planificación sobre los indicadores socioeconómicos de Puerto Rico, se destacan los datos siguientes: El 43.2% de los hogares reciben menos de $15,000 de ingreso al año y el 60.8% reciben menos de $25,000.
Tales cifras nos indican que el porcentaje de los hogares con esos ingresos aumentará ante las tendencias crecientes en el desempleo, tanto en el sector público -por la política de despidos de la Administración Fortuño- como por la creciente erosión y decrecimiento del sector privado.
Por otro lado, se estima que en el periodo de diciembre de 2008 a junio de 2009, 31,709 personas se vieron obligadas a acogerse al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
Claramente, ese número debe ser mayor a noviembre de 2009, pues no recoge el impacto de los despidos de miles de empleados públicos y su efecto en la reducción del empleo en el sector privado.
En cuanto a los indicadores de la actividad económica, los principales reflejan cifras negativas. Las exportaciones de mercancía cayeron 7.6%. Los permisos de construcción se redujeron en 28.6%. El registro hotelero bajó en 1.6%.
Asimismo, la tasa de morosidad de los bancos comerciales aumentó en 10.75% y las quiebras aumentaron en 26.3%. Como corolario, cerca de 20,000 unidades nuevas de viviendas no encuentran compradores.
Con el cuadro presentado por las propias agencias del Gobierno, ¿podrá el País aguantar tres años más bajo las políticas de la presente administración de Gobierno?