Sigue la huelga de hambre de un obispo en Brasil que reclama el cese de las obras gubernamentales que desviarán el Río San Francisco. El obispo alega que las obras tendrán efectos medioambientales adversos y que perjudicaran a los pobres que viven del río. Entre los reclamos del obispo estaba que "se realizara una consulta popular y un análisis científico del posible impacto de las obras tanto a nivel medioambiental como social sobre las vidas de millones de pobres que viven del río". Vea la última noticia en el periódico EL País sobre esta controversia aquí.
poder-derecho-justicia
15.12.07
De Rafa Espasas sobre CEMEX
Rafael Espasas nos comparte su comentario en indymedia.org sobre CEMEX.
Madero y Cemex: de un ave de rapiña las dos alas
por Rafael M. Espasas García
Dos empresas extranjeras que atentan contra la salud y el patrimonio de nuestro pueblo. El empresario colombiano Arturo Madero y la empresa mexicana Cemex tienen varias cosas en común. Están en Puerto Rico con el mismo interés: hacer dinero. Pero además, ambas empresas tienen más poder en el gobierno que los 2 millones de puertorriqueños que lo eligieron. Al igual que Madero, Cemex consiguió a través de nuestras agencias permisos ilegales para lucrarse quemando 2.5 millones de gomas anuales a escasos metros de varias comunidades. Ahora resulta, según fotos publicadas en la prensa, que con el cemento de Cemex se está construyendo el ilegal Paseo Caribe sobre terrenos públicos y que son los camiones de Cemex los que la policía protege mientras arremete contra los manifestantes.
Un estudio epidemiólogo del Recinto de Ciencias Médicas reveló que Cemex es el principal responsable por el padecimiento de enfermedades respiratorias en sobre 2/3 partes de la población aledaña a su planta y posiblemente de una alta incidencia de cáncer y otras enfermedades. La EPA le avisó a nuestras agencias que Cemex nunca ha podido cumplir con los parámetros de su permiso actual. Aún así, esta empresa se las agenció para conseguir permisos adicionales que autorizan la quema de millones de gomas, comprometiendo aún más la salud de las comunidades aledañas. Algunas de estas comunidades se encuentran a menos de 500 metros del incinerador de la planta.
Nuestro gobierno está tan colonizado que cualquier extranjero con dinero tiene más poder que el pueblo que representa. Al igual que en el Paseo Caribe, la única opción que tendrán los vecinos de Ponce es hacer ellos mismos el trabajo que las agencias no hacen.
La participación ciudadana activa se está convirtiendo en la única forma de hacer valer las leyes y reglamentos ambientales de nuestro país.
el dpl en Paseo Caribe
Ya comenzó el proceso administrativo con miras a la paralización de las obras en Paseo Caribe. La Junta de Planificación emitió una Resolución para que el proyectista se exprese sobre la Opinión del Secretario y muestre causa por la cual no se deba paralizar. ARPE, por su parte, señaló vista para el próximo jueves 20 de diciembre.
14.12.07
¿Condenables las acciones?
Los eventos de Paseo Caribe nos dan una buena excusa para discutir muchos puntos de derecho y democracia: el asunto de los bienes de dominio público, la inercia gubernamental, pero más importante, retomar una discusión vacua que ocurre en el país cada vez que algún grupo de manifestantes ejerce su derecho de libertad de expresión para denunciar o exigir derechos. En otro post llamaba la atención a las reacciones cada vez más intolerantes, pero también mas faltas de reflexión, discusión y fundamentos sobre aspectos pilares en nuestra democracia.
¿Hasta donde puede limitarse el derecho a protestar? Los titulares, especialmente los de El Nuevo Día y muchos comentaristas de radio en el día de ayer, mencionaban una y otra vez que la acción de los manifestantes no se justificaba. Escuché a un Senador (que el nombre ni vale la pena mencionar, pero deben saber) que decía: "lo que hay que hacer es arrastrarlos a todos y meterlos presos". El Gobernador, por otro lado, cuando se le preguntó por el curso de acción sobre el proyecto dijo que atenderían el asunto buscando el bien común pero no dejándose llevar por "gritos". Hoy el editorial de El Nuevo día expone lo siguiente:
Los pasos que se han dado con relación al proyecto Paseo Caribe deben asumirse como un espacio al imperio de la ley y como vía de poner fin a un conflicto que ya lacera el clima de confianza del País.
Lo lesiona, porque se dio mucha larga a una controversia que, en el camino, ha sido tomada por manifestantes como pretexto para acciones condenables, como la ocupación de propiedad privada, la obstaculización al libre tránsito y la obstrucción por la fuerza del derecho al trabajo.
El punto que me gustaría traer es: ¿cuáles son los fundamentos para decir, muy superficialmente y a manera de credo, que las acciones de los manifestantes son condenables en este caso. ¿Quién ya tiene de antemano establecido y con qué criterios que, en casos como este, el ejercicio de la libertad de expresión, el reclamo de ciertos derechos y la exigencia de un gobierno limpio, no puede sobreponerse en nuestra sociedad a esos otros intereses que el editorial menciona? Para empezar, sin esas manifestaciones no se hubiera destapado el régimen de ilegalidad que opera en ese proyecto. Además, ¿quién quiere "usar como pretexto" [!] nada para llevar a cabo esas acciones y pasarla mal allí en el campamento, en el frío levantarse temprano, dejar sus asuntos personales, etc. y ser víctima de agresión de la policía!?
La invitación es a pensar y exponer cuáles criterios son los que -en casos como este- nos deben guiar como sociedad en busca de mecanismos democráticos concretos a establecer la línea de hasta dónde se extiende el derecho a protestar y porqué.
El punto que me gustaría traer es: ¿cuáles son los fundamentos para decir, muy superficialmente y a manera de credo, que las acciones de los manifestantes son condenables en este caso. ¿Quién ya tiene de antemano establecido y con qué criterios que, en casos como este, el ejercicio de la libertad de expresión, el reclamo de ciertos derechos y la exigencia de un gobierno limpio, no puede sobreponerse en nuestra sociedad a esos otros intereses que el editorial menciona? Para empezar, sin esas manifestaciones no se hubiera destapado el régimen de ilegalidad que opera en ese proyecto. Además, ¿quién quiere "usar como pretexto" [!] nada para llevar a cabo esas acciones y pasarla mal allí en el campamento, en el frío levantarse temprano, dejar sus asuntos personales, etc. y ser víctima de agresión de la policía!?
La invitación es a pensar y exponer cuáles criterios son los que -en casos como este- nos deben guiar como sociedad en busca de mecanismos democráticos concretos a establecer la línea de hasta dónde se extiende el derecho a protestar y porqué.
13.12.07
12.12.07
Opinión del Secretario de Justicia: los terrenos ganados al mar y los sumergidos
Vea aquí la Opinión del Secretario de Justicia sobre el proyecto Paseo Caribe.La opinión tiene 101 páginas de, en esencia, buen derecho y constituye tal vez, el documento jurídico de esa oficina que más se haya leído en lo que va de este año (las citas de cada acápite y el lenguaje utilizado en la introducción son otro cantar que no discutiré aquí). Creo que hace una aportación muy valiosa a nuestro Derecho en lo que concierne al Derecho civil patrimonial, en lo relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio público marítimo terrestre. En esencia estoy de acuerdo con la interpretación que hace sobre los terrenos ganados al mar como parte de los bienes de dominio público. La interpretación jurídica que hace de un sinúmero de legislación española, puertorriqueña y norteamericana me parece correcta y las conclusiones jurídicas a las que llega en el caso de Paseo Caribe también lo son. A continuación les resumo los puntos principales de la opinión, al menos las conclusiones. Luego expondré las razones que me llevan a disentir del remedio que expuso el Secretario para el caso, al final de su opinión. En el próximo número del semanario Claridad publicaré una reseña de la opinión y analizaré las alternativas jurídicas para atender el asunto.
1. En su opinión, el Secretario concluye que -al menos parte de los terrenos- donde se construye el proyecto Paseo Caribe y donde está el Hotel Caribe Hilton son terrenos de dominio público.
2. La razón para lo anterior es que a pesar de que por virtud del Tratado de Paris y de otras leyes del gobierno norteamericano, como la Ley Foraker, éste último retuvo el control y titularidad de algnos terrenos, como la Reserva San Jerónimo (donde está parte del proyecto), las reservas que hizo el gobierno norteamericano sobre ciertos terrenos nunca tuvieron el propósito de mantener control ni celebrar negocios jurídicos sobre los terrenos sumergidos (que forman parte del dominio público marítimo-terrestre (bdpmt). Esto es así porque ya desde el 1917 con la aprobación de la Ley Jones y luego con la aprobación en 1929 de una ley que traspasó al gobierno de PR lo que restaba de traspasar en términos de terrenos, el gobierno de Puerto Rico retuvo jurisdicción sobre los terrenos sumergidos y su clasificación como dominio público nunca varió.
3. Los terrenos sumergidos son bajo las leyes españolas aún aplicables (Ley de Aguas y Ley de Puertos) bienes de dominio público marítimo-terrestre. Ahora bien, las dos fincas en controversia (donde está el Caribe Hilton y donde hay parte de Paseo Caribe) fueron terrenos sumergidos que se rellenaron en 1941 y 1950. La pregunta entonces era si esos terrenos -terrenos "ganados al mar" (rellenados)- eran, bajo el estado de derecho cuadno se rellenaron, bienes de dominio público marítimo-terrestre. La respuesta, muy bien fundamentada jurídicamente, incluyendo un análisis de la Ley de Relaciones Federales, es que sí. Aún antes de 1968 (la Ley de Puertos nuestra dispuso expresamente en esa fecha que los terrenos ganados al mar eran bdpmt), ya los terrenos ganados al mar se consideraban bdpmt. Esta conclusión es importantísima para nuestra derecho.
4. Sólo la Legislatura, mediante un acto del soberano, puede desafectar los bdpmt y sacarlos de tal clasificación. (También sumamente importante la aclaración de este punto que ya habíamos avistado en el caso Marriott). No hay evidencia de que esos terrenos estuvieran en algún momento en el régimen patrimonial privado antes del derecho aplicable que los dispone como de dominio público.
5. Los terrenos ganados al mar donde yace parte del proyecto PC y probablemente el Hotel Caribe Hilton, son bdpmt y por lo tanto todo acto de enajenación sobre esos terrenos es nulo.
6. Por lo tanto, se revocan las opiniones de Justicia de 1970 y de 2002 que llegaban a una conclusión contraria.
Ahora, los remedios. El problema con la opinión que esta mañana provocó serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por un lado, y un titular nefasto para el Secretario de Justicia en los periódicos y una avalancha de críticas, por otro, es que luego de una magnífica opinión que validó los argumentos de los ciudadanos que han protestado porque el proyecto no se ha paralizado, el Secretario no llevó a cabo acción alguna. Básicamente, en su opinión expone que las agencias deben evaluar lo que procede a la luz de su legislación y facultades y que le corresponde a la Asamblea Legislativa para atender el asunto sopesando si desea promover la demolición del complejo, validarlo mediante legislación o llegar a cierto punto medio como promover el arrendamiento. Dejar el asunto en manos de la Asamblea Legislativa, produjo una serie de críticas, a mi entender justificadas, sobre la línea del Secretario.
Primero, el Secretario de Justicia es el funcionario por excelencia llamado a hacer cumplir a ley y el estado de derecho. Si el Secretario abdica a ese deber, con qué legitimidad se le pide al ciudadano corriente que cumpla las leyes? Luego de expresar cuál es el estado de derecho, el Secretario hizo un llamado a las agencias a evaluar las alternativas. En segundo lugar, dejó el asunto en manos de la Legislatura.
1. No procede dejar el asunto en manos de la Legislatura. La premisa es que X acción es contraria a derecho, entonces: "Legislatura, cambie usted o evalúe cambiar el estado de derecho para atemperar la ley a lo ocurrido". Ese no puede ser el proceder del Secretario de Justicia. Su actuación debe ir dirigida a hacer valer el estado de derecho vigente o acudir al Tribunal y perseguir la paralización. No hay que interpretar ninguna cláusula constitucional, ni la de recursos naturales ni nunguna otra, ni hay que esperar por que "alguien" determine la política pública. Se trata de puro derecho positivo: Si hay un negocio jurídico que es nulo porque es contrario al derecho civil patrimonial que dispone que los bienes objeto del negocio están fuera del comercio, y resulta además que son bienes de dominio público, por tanto del pueblo dePR (¿quien tiene el deber de velar por éstos?) le corresponde a las agencias, representadas por el Secretario de Justicia, exigir la reivindicación y el saneamiento de esos bienes que como se expuso en la opinión, al menos parte de ellos SON DE DOMINIO PUBLICO, entonces ese es el estado de derecho.
2. La reacción del público en protesta y de insatisfacción ante el remedio es totalmente entendible. El Secretario de Justicia expuso el argumento jurídico, le dio legitimidad a un argumento del pueblo que se amparaba en el discurso legal, pero luego el remedio no fue el esperado. La gente no acpeta eso porque acuden a la solución jurídica como la solución certera y capaz de sanar la controversia. Es ilegal, por lo tanto, dice la gente, ¿cómo es que envian a la policía a darle palos a los que protestan si tienen razón!!? y mientras tanto la institución encargada de hacer valer la ley no actúa. En términos jurídicos dejar el asunto en manos de la legislatura no es un remedio acorde con el estado de derecho y no tiene porqué asumir que el soberano quiera cambiarlo. Mientras no se cambie, el Secretario tiene que hacer valer la ley. Para los juristas eso es inaceptable, pero para el pueblo en general es aún peor, no existe justificación para decretar la ilegalidad y dejarla pasar ante sus ojos.
3. En cuanto a su conlusión, lo que percibí de un entrelíneas es que la opinión parecía querer evitar que lo atacaran por asumir un poder que no le correspondía, pero en derecho, el Secretario podía tirar la línea entre el hecho de emitir la opinión consultiva como le pidieron y luego, conforme a lo concluido, acutar conforme a su responsabilidad de actuar como abogado de las agencias y del pueblo. En ese sentido no estoy de acuerdo con sus conclusiones.
Ahora el Gobernador ha dicho que las agencias se proponen paralizar por 60 días para determinar exactamente mediante una mensura, cuáles de los terrenos son los de dominio público. Habrá que estar atentos a los procedimientos administrativos, que espero no tarden, por el bienestar del país, pues la falta de legitimidad del gobierno se hace cada vez más evidente y la ciudadanía exige acción lo antes posible ante lo que ya oficialmente es un asunto ilegal.
Repudiamos, además, la acción del Superintendente de la Policía en la mañana de hoy de violar los derechos civiles a los manifestantes frente al proyecto, más aún luego de que en efecto, la Opinión del Secretario de Justicia avalara losplanteamientos que llevan haciendo por varios meses. El gobierno sigue operando en una contradicción discursiva: ley y orden para unos y para otros no. Ese es un problema serio.
1. En su opinión, el Secretario concluye que -al menos parte de los terrenos- donde se construye el proyecto Paseo Caribe y donde está el Hotel Caribe Hilton son terrenos de dominio público.
2. La razón para lo anterior es que a pesar de que por virtud del Tratado de Paris y de otras leyes del gobierno norteamericano, como la Ley Foraker, éste último retuvo el control y titularidad de algnos terrenos, como la Reserva San Jerónimo (donde está parte del proyecto), las reservas que hizo el gobierno norteamericano sobre ciertos terrenos nunca tuvieron el propósito de mantener control ni celebrar negocios jurídicos sobre los terrenos sumergidos (que forman parte del dominio público marítimo-terrestre (bdpmt). Esto es así porque ya desde el 1917 con la aprobación de la Ley Jones y luego con la aprobación en 1929 de una ley que traspasó al gobierno de PR lo que restaba de traspasar en términos de terrenos, el gobierno de Puerto Rico retuvo jurisdicción sobre los terrenos sumergidos y su clasificación como dominio público nunca varió.
3. Los terrenos sumergidos son bajo las leyes españolas aún aplicables (Ley de Aguas y Ley de Puertos) bienes de dominio público marítimo-terrestre. Ahora bien, las dos fincas en controversia (donde está el Caribe Hilton y donde hay parte de Paseo Caribe) fueron terrenos sumergidos que se rellenaron en 1941 y 1950. La pregunta entonces era si esos terrenos -terrenos "ganados al mar" (rellenados)- eran, bajo el estado de derecho cuadno se rellenaron, bienes de dominio público marítimo-terrestre. La respuesta, muy bien fundamentada jurídicamente, incluyendo un análisis de la Ley de Relaciones Federales, es que sí. Aún antes de 1968 (la Ley de Puertos nuestra dispuso expresamente en esa fecha que los terrenos ganados al mar eran bdpmt), ya los terrenos ganados al mar se consideraban bdpmt. Esta conclusión es importantísima para nuestra derecho.
4. Sólo la Legislatura, mediante un acto del soberano, puede desafectar los bdpmt y sacarlos de tal clasificación. (También sumamente importante la aclaración de este punto que ya habíamos avistado en el caso Marriott). No hay evidencia de que esos terrenos estuvieran en algún momento en el régimen patrimonial privado antes del derecho aplicable que los dispone como de dominio público.
5. Los terrenos ganados al mar donde yace parte del proyecto PC y probablemente el Hotel Caribe Hilton, son bdpmt y por lo tanto todo acto de enajenación sobre esos terrenos es nulo.
6. Por lo tanto, se revocan las opiniones de Justicia de 1970 y de 2002 que llegaban a una conclusión contraria.
Ahora, los remedios. El problema con la opinión que esta mañana provocó serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, por un lado, y un titular nefasto para el Secretario de Justicia en los periódicos y una avalancha de críticas, por otro, es que luego de una magnífica opinión que validó los argumentos de los ciudadanos que han protestado porque el proyecto no se ha paralizado, el Secretario no llevó a cabo acción alguna. Básicamente, en su opinión expone que las agencias deben evaluar lo que procede a la luz de su legislación y facultades y que le corresponde a la Asamblea Legislativa para atender el asunto sopesando si desea promover la demolición del complejo, validarlo mediante legislación o llegar a cierto punto medio como promover el arrendamiento. Dejar el asunto en manos de la Asamblea Legislativa, produjo una serie de críticas, a mi entender justificadas, sobre la línea del Secretario.
Primero, el Secretario de Justicia es el funcionario por excelencia llamado a hacer cumplir a ley y el estado de derecho. Si el Secretario abdica a ese deber, con qué legitimidad se le pide al ciudadano corriente que cumpla las leyes? Luego de expresar cuál es el estado de derecho, el Secretario hizo un llamado a las agencias a evaluar las alternativas. En segundo lugar, dejó el asunto en manos de la Legislatura.
1. No procede dejar el asunto en manos de la Legislatura. La premisa es que X acción es contraria a derecho, entonces: "Legislatura, cambie usted o evalúe cambiar el estado de derecho para atemperar la ley a lo ocurrido". Ese no puede ser el proceder del Secretario de Justicia. Su actuación debe ir dirigida a hacer valer el estado de derecho vigente o acudir al Tribunal y perseguir la paralización. No hay que interpretar ninguna cláusula constitucional, ni la de recursos naturales ni nunguna otra, ni hay que esperar por que "alguien" determine la política pública. Se trata de puro derecho positivo: Si hay un negocio jurídico que es nulo porque es contrario al derecho civil patrimonial que dispone que los bienes objeto del negocio están fuera del comercio, y resulta además que son bienes de dominio público, por tanto del pueblo dePR (¿quien tiene el deber de velar por éstos?) le corresponde a las agencias, representadas por el Secretario de Justicia, exigir la reivindicación y el saneamiento de esos bienes que como se expuso en la opinión, al menos parte de ellos SON DE DOMINIO PUBLICO, entonces ese es el estado de derecho.
2. La reacción del público en protesta y de insatisfacción ante el remedio es totalmente entendible. El Secretario de Justicia expuso el argumento jurídico, le dio legitimidad a un argumento del pueblo que se amparaba en el discurso legal, pero luego el remedio no fue el esperado. La gente no acpeta eso porque acuden a la solución jurídica como la solución certera y capaz de sanar la controversia. Es ilegal, por lo tanto, dice la gente, ¿cómo es que envian a la policía a darle palos a los que protestan si tienen razón!!? y mientras tanto la institución encargada de hacer valer la ley no actúa. En términos jurídicos dejar el asunto en manos de la legislatura no es un remedio acorde con el estado de derecho y no tiene porqué asumir que el soberano quiera cambiarlo. Mientras no se cambie, el Secretario tiene que hacer valer la ley. Para los juristas eso es inaceptable, pero para el pueblo en general es aún peor, no existe justificación para decretar la ilegalidad y dejarla pasar ante sus ojos.
3. En cuanto a su conlusión, lo que percibí de un entrelíneas es que la opinión parecía querer evitar que lo atacaran por asumir un poder que no le correspondía, pero en derecho, el Secretario podía tirar la línea entre el hecho de emitir la opinión consultiva como le pidieron y luego, conforme a lo concluido, acutar conforme a su responsabilidad de actuar como abogado de las agencias y del pueblo. En ese sentido no estoy de acuerdo con sus conclusiones.
Ahora el Gobernador ha dicho que las agencias se proponen paralizar por 60 días para determinar exactamente mediante una mensura, cuáles de los terrenos son los de dominio público. Habrá que estar atentos a los procedimientos administrativos, que espero no tarden, por el bienestar del país, pues la falta de legitimidad del gobierno se hace cada vez más evidente y la ciudadanía exige acción lo antes posible ante lo que ya oficialmente es un asunto ilegal.
Repudiamos, además, la acción del Superintendente de la Policía en la mañana de hoy de violar los derechos civiles a los manifestantes frente al proyecto, más aún luego de que en efecto, la Opinión del Secretario de Justicia avalara losplanteamientos que llevan haciendo por varios meses. El gobierno sigue operando en una contradicción discursiva: ley y orden para unos y para otros no. Ese es un problema serio.
Paralizan
El Gobernador anunció la paralización del proyecto Paseo Caribe: ver noticia aquí . Esto, no sin que esta mañana ocurrieran fuertes abusos policiacos contra ciudadanos que protestaban por la falta de remedio ante la determinación del Secretario de Justicia que les daba la razón a sus planteamientos. ver noticia aquí.
11.12.07
ahora es oficial: son de dominio público
Lo que antes concluyó el Tribunal del Pueblo y la razón que llevó a Tito y a otros a protestar en la entrada de la isleta de San Juan, hoy se confirma. El Secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, hizo pública hoy su determinación de que en efecto, parte de los terrenos donde se construye el complejo conocido como Paseo Caribe, son de dominio público. En su opinión de 101 páginas discute el trasfondo histórico y jurídico de estos terrenos, antes terrenos sumergidos y que fueron rellenados. Concluye, que en efecto, parte de éstos no estaban sujetos a enajenación y enmendó el error de una Opinión de 2002 que concluía que esos terrenos nunca entraron al dominio público.
No obstante, el remedio que ofreció el Secretario de Justicia parece no satisfacer a muchos pues dejó en manos de la Legislatura y las agencias el llegar a un acuerdo sobre el futuro del proyecto.
Próximamente les tendré un resumen de la opinión del Secretario de Justicia y mis comentarios. Al momento, atentos y atentas a las acciones ciudadanas.
No obstante, el remedio que ofreció el Secretario de Justicia parece no satisfacer a muchos pues dejó en manos de la Legislatura y las agencias el llegar a un acuerdo sobre el futuro del proyecto.
Próximamente les tendré un resumen de la opinión del Secretario de Justicia y mis comentarios. Al momento, atentos y atentas a las acciones ciudadanas.
Arqueólogos y atletas
Arqueólogos y atletas contra Paseo Caribe
Martes, 11 de Diciembre de 2007
Prensa Asociada
( 08:02 a.m. )
Un grupo de arqueólogos y otro de atletas se apostaron hoy en las entradas que dan acceso a la construcción de Paseo Caribe en Puerta de Tierra para exigir la paralización y demolición del proyecto que mantiene virtualmente privatizado el Fortín San Jerónimo.
"Estamos aquí pidiendo que ya el gobierno tome acción sobre el asunto de Paseo Caribe... Estamos nosotros aquí asumiendo el rol del gobierno de defender nuestro patrimonio", expresó a Prensa Asociada la arqueóloga Virginia Rivera.
Para ella, el gobierno debe dar prioridad a la situación de Paseo Caribe porque "mientras el gobierno sigue demorando la decisión, sigue para arriba el edificio".
Según una investigación legislativa, Paseo Caribe se construyó en terrenos ganados al mar y de dominio público.
El karateca Daniel Díaz, en tanto, pidió la demolición del proyecto residencial, turístico y comercial.
"Exigimos que se demuela y se derrumbe esta edificación que es ilegal, que el gobierno deje de arrastrar los pies y tome acción a favor del pueblo", añadió Díaz, quien obtuvo un tercer lugar en el campeonato mundial de karate celebrado en Texas, Estados Unidos, en el 2005.
En semanas anteriores, grupos de artistas, profesores y abogados realizaron manifestaciones similares frente a la construcción que se desarrolla a la entrada de la Isleta de San Juan.
fuente: Primera Horahttp://www.primerahora.com/noticia/otras/noticias/arqueologos_y_atletas_contra_paseo_caribe/137224
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