31.5.12

"Ellos" y "Nosotros": un comentario a la columna de hoy sobre la fianza.

Sale publicada hoy una columna que defiende la enmienda constitucional sobre el derecho a la fianza. Presenta el autor algunos argumentos en los que descarta como falacias las razones esbozadas por quienes entendemos que sería un error enmendar la Constitución para privarnos de este derecho. Me limito a abordar rápidamente unos puntos que llamaron más mi atención al leer la columna, pues en el curso de estos meses serán muchas más las razones que se presentarán en este debate y tendremos ocasión para abundar. Comenzaré por el último punto en la columna aludida, y el más que me llama la atención: la distinción que se hace entre un cierto 'nosotros' y un 'ellos'. El otro día buscaba pistas y creo que ahí está la clave de todo esto.

Se ubica el columnista, respetado ex-juez, en un lugar de comodidad y distancia de "aquellas personas que piensen que ellas o un familiar pudieran ser víctimas de la fabricación de un caso de asesinato". Él, por supuesto, no es de "esas personas". Esas, dice, tendrían razones para votar No. A esas las deja a un lado y les pide al resto reflexionar. No cabe sino preguntarse en voz alta: ¿Quienes son "esas personas" de las que el ex-juez se distancia y esas otras entre las que se ubica? ¿Qué las diferencia? ¿Acaso el ex-juez está llamando a echar a pérdida en materia Constitucional (y por ende como sujetos políticos) a "esas personas" de las cuales él no forma parte?. Todos sabemos, pero de eso no se quiere hablar. Son preguntas y respuestas para hablarlas en voz alta, diría yo, pero están cargadas de prejuicios, premisas truncas y llenas de complejidades que se quieren eludir.

Un ellos y un nosotros desde la raíz de nuestra Constitución, parece justificar entonces esta propuesta. Se percibe un halo de ironía en su argumento, pero no se explicita eso que subyace en la distinción. Yo me quedaría precisamente en esa distinción. "Esas", "Aquellas" personas, que por supuesto no son 'él' ni son sus personas. Y es ahí en donde está el fallo principal, no ya en esta propuesta solamente sino en todas las políticas y propuestas de gobierno que le han hecho perder autoridad y legitimidad. Para quienes gobiernan no existe un 'nosotros' inclusivo, existe un 'nosotros' cualificado, que consiste, por supuesto, en quienes tienen una vida tan certera, tan arreglada, tan segura, que entienden que no necesitan ni siquiera de derechos ni de pactos sociales, ni de la Constitución, mucho menos del Estado para llevar una vida plena, decente; que su virtud basta y que su mérito y oportunidades los hacen intocables. ¡Con cuanta seguridad hablan de 'ellos', los 'otros', los 'criminales', los que podrían pensar que se les fabricará un caso!. Es pasmoso ver cómo articulan su discurso con la seguridad de que el texto Constitucional que quieren trastocar no les hace falta porque 'no tienen sospecha', ni duda de que su vida irá bien.

En cambio, 'esos', 'los otros', los que sí necesitan derechos, los preocupados porque el Estado, el gobierno, la policía, los persiga, les viole sus derechos civiles, entren a sus casas y les fabriquen un caso o los tomen por chivos expiatorios, los acusen y encarcelen sin fianza, esos, no caben en un 'nosotros' como sujetos de la Constitución, de una comunidad política que tome en cuenta su vulnerabilidad. Y es ahí donde precisamente estriba el problema. Este tipo de propuesta olvida que en una sociedad vulnerable, en que las bases estructurales fomentan la desigualdad rampante, el que unos se sienten intocables y otros en extremo vulnerables, es precisamente el tipo de sociedad que debe velar por no abrir las puertas a segregar y distinguir -desde su documento jurídico-político- en dos tipos de ciudadanos, unos a la sombra de otros.

Así no atendemos el problema, lo empeoramos, fomentamos el caos, la concentración y el abuso del poder y la segregación de la comunidad política a la que pertenecemos. No cabe hablar de igualdad bajo estas premisas. No cabe hablar de "Nosotros el pueblo". Es esta la premisa más peligrosa, que se repite una y otra vez por los defensores de la enmienda: "Nosotros, los buenos y Ellos, los criminales", como si los niños y niñas nacieran criminales, como si los "sujetos criminales" y el imaginario que tenemos de ellos no naciera de la representación que hace precisamente este tipo de argumento lleno de prejuicios sobre ciudadanos que tienen y deben tener iguales derechos y no de antemano ser identificados como una otredad que no debe contar con éstos, incluso antes de que sea el Estado quien pruebe que ha cometido delito.

Por eso este asunto debemos verlo en segunda persona, como un nosotros. Y ese nosotros debe ser el que nos lleve a reflexionar, sin exclusiones en el tipo de carta Constitucional que queremos. Problemas serios tenemos, criminalidad, violencia, segregación. Todos podemos ser víctimas, sí, no niego eso. Yo no quiero serlo ni quisiera que mis seres queridos lo fueran, pero esto no es un asunto personal, es un asunto de cómo lidiamos con nuestros problemas como sociedad y en la medida en que esto se haga pensándonos en sociedad, nuestra libertad será mejor distribuida. Todos podemos ser víctimas, pero cuando redactamos un texto Constitucional debemos pensar en que todos podemos ser victimas del Estado, sobre todo de un Estado fallido, un gobierno sin autoridad, que cuando no puede esclarecer, investigar, atender las necesidades de los ciudadanos, lo que hace es pedirnos que le cedamos más de nuestros derechos. 

Y en cuanto a la Consitución se refiere, nuestro ojo debe posarse precisamente en la vulnerabilidad y desde una concepción de ciudadanía inclusiva, contar con un contrato político que salvaguarde a los más débiles, pensando en que somos todos capaces de estar en ese lugar de debilidad. Es en la crisis cuando más celosas y celosos debemos ser con nuestros derechos y más reflexivos debemos ser antes de renunciarlos. En la crisis, en el colapso, solo nos queda el derecho a tener derechos. Pedirnos que cedamos esas garantías en una carta en blanco se llama colapso, un colapso de las instituciones que ante la desesperación recurren a pedirnos que le demos más y no son capaces de rendirnos cuentas. Un gobierno fallido es precisamente el tipo de gobierno -y sus gobernantes, debo decir- del cual deberíamos protegernos, tener sospecha. Claro está, algunos no necesitan protección y de ahí que se sientan en demasía seguros, aún sin sus derechos formales.

El mismo autor de la columna acepta que hay una gran cantidad de delitos no esclarecidos, añadimos los no investigados, entonces, ¿cómo, si no se han esclarecido o investigado esos delitos, podría la limitación al derecho a la fianza significar un paliativo a la ola de criminalidad?. ¿Acaso remediando el sistema de justicia criminal no se atendería de manera más eficaz el asunto, por decir lo menos?

Finalmente, llama la atención la frase entre comillas, con cierto desprecio, a los argumentos identificados como "objeciones filosóficas". Francamente no sé a qué se refiere. Toda objeción es filosófica, su columna está plagada de premisas filosóficas sobre el individuo, sobre lo que es y debe ser el Estado, sobre el sujeto que delinque y por qué delinque, sobre la filosofía del derecho, la imparcialidad de un juez, la igualdad y finalmente sobre la justicia. Llena de premisas filosóficas, sí, premisas que deberían también ser objeto de reflexión de todo aquel que escribe y que osa encontrar verdad en sus palabras. Yo tengo identificadas mis premisas y no coinciden con las del autor, por eso continúo intentando explicitar por qué me parece que la respuesta al referendúm debe ser No.

29.5.12

Pistas para ubicar el asunto del derecho a la fianza

Busco un mapa. Busco pistas para abordar el tema del derecho a la fianza. En poco más de dos meses se nos consultará a los electores y electoras si estamos de acuerdo o no con eliminar lo que al momento es el derecho constitucional de todos y todas a que antes de encarcelarnos por la acusación de un delito sin haber ido a juicio, se nos imponga una fianza. La propuesta abre la puerta para excepciones, en esta ocasión, se dice, lo que se persigue es que aquellos y aquellas que estemos acusados de asesinato no contemos con este derecho y permitir, se dice, la discresión de un juez(a) para imponerla. 

Ahora mismo son los jueces y juezas quienes tienen que aquilatar, tomando en cuenta varios factores, la cantidad que se nos impondría como fianza para asegurar nuestra comparecencia a juicio cuando el Estado nos acuse de delito. Nada nuevo hasta ahí. Como todo derecho, el juez y la jueza aquilatan los factores para su puesta en vigor. 

Ahora bien, el artículo constitucional enmendado eliminaría de la cobertura del derecho a la fianza aquellos supuestos de hechos en que el Estado nos acuse de varias modalidades de asesinato. Debemos entonces votar en un referendum para decir si queremos o no que se nos limite este derecho, es decir, si autorizamos al Estado a que cuando nos acuse de ciertos delitos, para éstos no tengamos el derecho a la fianza. Le damos otra carta más al Estado, en este caso, una carta que incide sobre nuestra libertad y nuestra presunción de inocencia.

Visto así, una tendría que preguntarse varios asuntos, más bien todos los asuntos, todos, sin dejar que nada se nos escape. Una tendría que preguntarse primero por las razones para abrir la puerta a la limitación de este derecho (¿qué se quiere resolver?, ¿por qué de esta forma?). Luego preguntarse por las implicaciones para todos y todas y posteriormente pensar en quienes serían(mos) los más perjudicados con esta enmienda y los más beneficiados, por supuesto. Convendría pensar en si existen o no alternativas para atender el problema, esto luego, claro está, de definir cuál es el problema y si éste tiene una relación directa con el derecho a la fianza. En fin, no hay una sola pregunta que debamos dejar fuera, hay que hacerlas todas y en voz alta, duro. No sería tampoco la primera vez que esta propuesta se trae a la atención de la ciudadanía y ya en otras ocasiones la hemos rechazado así que eso también conviene conversarlo.

Algunas de estas preguntas pueden servir de mapa para la discusión que ya ha comenzado y que esperamos que se nutra de muchas voces. Mientras tanto, colaboro por aquí con una buena fuente bibliográfica. David Garland, una de las voces más reconocidas en la academia en temas de la teoría y la sociología penal y del delito, tiene un libro titulado "La cultura del control: crimen y orden en la sociedad contemporánea". (Aquí en español). En éste, Garland traza un mapa para abordar de manera estructural y holística el tratamiento -no solo gubernamental, sino además social y cultural- al tema de la criminalización, el delito y el castigo. 

Entre otras cosas importantísimas, Garland advierte en este libro que la mirada no debe posarse exclusivamente en los actores políticos ni en el Estado -importantes sí- pero también en cómo nuestras prácticas cotidianas, prejuicios ("Llorens con wifi!, no hay derecho!") y mentalidades dominantes son parte esencialísima de las fichas que construyen una sociedad de control del delito y de la criminalización, fichas importantes que legitiman propuestas y determinaciones. Dice Garland:

 "mirar más allá de las políticas y diseñadores de política pública, las condiciones sociales y culturales que estructuran las decisiones políticas y hacen que ciertos esquemas sociales parezcan posibles y deseables".

¿Qué acciones nuestras, normativizadas, qué supuestos, que prácticas legitiman y sostienen la recurrencia de propuestas como la de eliminar o restringir el derecho a la fianza -lo que enfrentamos en esta ocasión- pero también (ojo), otras posibles propuestas futuras que hoy no están sobre la mesa y bien podrían estar en el tapete en unos años (¿intersección de llamadas?, ¿pena de muerte?). Habría que anticipar, atender este asunto develando cada supuesto e incluso anticipar los supuestos futuros.

Si los dos principales candidatos a la gobernación sin chistar proponen la restricción de este derecho sin mucho debate y no hay diferencia entre éstos, no es de extrañarse que con el tiempo, también estén de acuerdo con otras propuestas que aumentan el alcance de la criminalización. Pero también tenemos que observarnos, porque no sería de extrañar que en nuestras prácticas tan recurrentes de prejuicios y de no reconocer a los otros, de no incluirnos en un nosotros, estemos, como alerta Garland, sepultando la identificación empática, establezcamos la distancia y provoquemos la demonización que afecta a la larga el derecho a tener derechos. Por eso la importancia de un mapa, de pistas que desde ya nos mantengan en constante y cotidiana reflexión sobre el asunto.

Hay que observar. Antes de cualquier cosa, busquemos pistas. Nos dice Garland:

"Hoy, el delito y el castigo están constantemente en las noticias. Las decisiones organizacionales y la elaboración de políticas son típicamente reactivas y las políticas están atrapadas en las exigencias de la competencia electoral. Un observador informado podría reconocer las motivaciones que subyacen a ciertas medidas: como si se tratara de fichas que han de ser movidas en un juego, responden a las críticas, reacciones ante el escándalo y reparan el problema. Lo que resulta más difícil es observar el marco subyacente que guía estas respuestas: los intereses, valores y sensibilidades, los supuestos en juego y los compromisos culturales". página 21.

Sigamos. Sigo con Garland. Se acerca el referendum y hay que ofrecer las razones. Para mí está claro que hay que decir que No, pero hace falta construir y fortalecer su sentido.

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