28.11.09

homenaje a Victor Jara

El próximo jueves 3 de diciembre comienza una jornada de homenaje al gran Victor Jara, que incluirá un funeral-homenaje de su pueblo chileno a 36 años de su muerte.

El cantautor y director teatral chileno, compositor y cantor de 'El Cigarrito', 'Te Recuerdo Amanda', 'El Derecho de Vivir en Paz', y 'A Desalambrar' entre tantas otras hermosas todas alusivas a la justicia social y a las vidas de los más desprotegidos, fue tomado prisionero durante el golpe en la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba, y permaneció con 600 estudiantes y profesores para defender el gobierno de Allende. Los militares lo trasladaron al Estadio Chile (que hoy lleva el nombre de Víctor Jara), donde después de torturarlo lo acribillaron.

vayan honores para Victor Jara!.

Más detalles. Abajo interpreta "Luchín" y 'Te Recuerdo Amanda".


27.11.09

a conversar en Arqpoli

El próximo miércoles 2 de diciembre estaremos por la Univ. Politécnica como parte de una serie de 'Mesas redondas' organizadas por mi querido amigo Juanqui Rivera, profesor en la facultad de Arquitectura de la Poli. Allí conversaremos con el público y otros invitados amigos y colegas, sobre el tema del poder, el medioambiente y los discursos de la llamada sustentabilidad, entre otros. Se perfila interesante entre otras cosas por la diversidad de perspectivas que se bien que habrá.

Les dejo la descripción de la actividad:

Serie de Mesas Redondas en arqpoli

“Naturaleza, Ciudad, Poder: Prácticas y Discursos de la Sustentabilidad”

Miércoles 2 de diciembre de 2009 a las 6:30 pm en el anfiteatro de arqpoli

Los discursos de crisis son la orden del día: “crisis del terrorismo,” “crisis del petróleo,” “crisis energética,” “crisis del agua,” “crisis alimentaria,” “crisis de vivienda,” “crisis urbana,” “crisis económica/financiera.” La gran mayoría de estas “crisis” están conectadas con nuestra relación con el medio ambiente. ¿Qué nos dice estos discursos de crisis y riesgo? ¿Cómo comenzar a entender sus claves, sus bases ideológicas y sus intenciones? Después de todo, ¿qué es la “naturaleza” y la “ciudad”, qué la “sustentabilidad”? ¿Desde qué ángulos debemos mirar las dinámicas urbanas y su relación con la “naturaleza”? ¿Cómo debemos evaluar las prácticas espaciales que hoy se definen como “sustentables” o “verdes”? ¿Cómo distintas dinámicas relacionadas al “poder” – económico, político, discursivo – influyen en la manera en que entendemos estos conceptos y actuamos en el mundo? ¿Es ya lo “verde” y “sustentable” parte del orden de las cosas?

Normas y duración:

La naturaleza de esta mesa redonda es de diálogo y argumentación informal. Se plantearán varios temas-preguntas a las que cada integrante debe de responder para organizar su coloquio en un marco de tiempo de no más de diez (10) minutos. Esto para garantizar que todos los participantes tengan la misma oportunidad.

El orden de presentación será:

1) Érika Fontánez Torres (abogada)

2) Fernando Abruña Charneco (arquitecto)

3) Gustavo García (geógrafo)

4) Alejandro Torres Abreu (sociólogo)

Después de terminada la sesión de temas-preguntas se prestará el tiempo restante para que los oradores respondan y reaccionen a las ideas presentadas por los demás participantes y se inicie un diálogo común. Luego de terminado se aceptarán preguntas y comentarios del público.

Moderadores: Juan Carlos Rivera Ramos / Marcelo López Dinardi

Las Madres de Argentina con PR

Las Madres de la Plaza de Mayo y los puertorriqueños y puertorriqueñas en Argentina se solidarizan con Puerto Rico y muestran su rechazo a las políticas de la Ley 7, la desarticulación de comunidades y otras políticas públicas. nota aquí y más detalles por acá en el blog de nuestra argentina-boricua.

25.11.09

columna: Estado agresor

En el Día Internacional de no más violencia hacia las mujeres, el Movimiento Amplio de Mujeres se manifiesta en el Capitolio y le dice al Estado Agresor: No más violencia contra nosotras.
Abajo columna de Amarilis Pagán y aquí detalles de la manifestación.
(foto de endi.com)
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25-Noviembre-2009 AMÁRILIS PAGÁN JIMÉNEZ
DIRECTORA EJEC. PROYECTO MATRIA

Estado agresor

Las mujeres estamos de pie ante un sistema de gobierno que se ha convertido en nuestro principal agresor. De pie y resistiendo por nosotras y por otras poblaciones que son igualmente vulnerables.

De la misma manera en que la violencia doméstica se trata de una cuestión de poder y control, la violencia actual del Estado en contra de las mujeres de la Isla es un asunto de poder y control matizado por una perspectiva acartonada de lo que son -y deben ser- las mujeres a la luz de una concepción religiosa fundamentalista que se ha entronizado en la esfera gubernamental.

La violencia del Gobierno está presente en la transformación cada vez más evidente de un Estado que debe ser laico por mandato constitucional a uno teocrático, que pretende poner límites a los derechos que ya hemos adquirido y obstaculizar los que aún nos quedan por reivindicar. Por eso, este año no le permitiremos al Estado pasar por la fecha sin señalarle su propia violencia y hacerle ver en lo que se ha convertido: agresor de nuestros derechos humanos y asesino de la equidad que todas merecemos.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de No Más Violencia Hacia las Mujeres, es obligatorio hablar de la violencia hacia nosotras en sus expresiones más amplias y profundas. Esa violencia no se limita a la violencia en relaciones de pareja (violencia doméstica) o a las agresiones sexuales y es, en realidad, una violencia que se ha filtrado a través de muchas otras facetas de la vida de las mujeres. Existe cuando nos son negados los accesos a los servicios y bienes que necesitamos para nuestro pleno desarrollo humano y se refleja en la falta de aplicación de un análisis con perspectiva de género al desarrollar las políticas públicas relativas a economía, desarrollo, participación política, vivienda, salud y educación, entre otras.

¿Qué esperar del Gobierno este 25 de noviembre? No mucho. Sin embargo, como movimiento político, el movimiento de mujeres tiene mucho que aportar al presente y al futuro nacional. Ya no esperamos nada del Estado pero aún así le exigiremos. Como dije al principio, estamos de pie y resistiendo, pero además, dispuestas a embestir para lograr avanzar.

unos dan un paso para adelante... y nosotros mil para atrás...

En Inglaterra incluyen clases en el currículo escolar para atender el problema de violencia de género. Vea la nota en The Guardian.

Aquí teníamos ese mecanismo de avanzada en las escuelas como parte de un nuevo currículo, pero... ya saben lo que pasó con la nueva marea...

Apelación de Villas del Sol

Entre tantas otras cosas increibles en este caso, el tribunal no exime del requisito de prestación de fianza en apelación, a pesar del evidente estado de indigencia. ¿y el acceso a la justicia?...

Apelan sentencias parciales
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Leysa Caro González / Primera Hora

Un grupo de abogados de la comunidad de Villas del Sol radicó ayer un
recurso legal para apelar las sentencias parciales de desahucio que
les dictara el juez Ángel Pagán del Tribunal de Bayamón a 66
residentes de la comunidad.


Los licenciados presentaron ayer el recurso ante el Tribunal de
Apelaciones. El documento, explicó el letrado Alvin Couto, expone lo
que ellos consideran que son varios errores fundamentales que vician
las sentencias parciales emitidas.


“Erró el tribunal al no eximir del pago de la fianza a los apelantes a
pesar de haber determinado indigencia económica. Además, dictó
sentencias parciales sobre personas que estaban en rebeldía y sobre
las cuales jamás tuvo jurisdicción. Erró al emitir las rebeldías y al
negarse a levantar las mismas”, expuso Couto.


Éste se refiere a que cada residente que ejerció su derecho a apelar
tuvo que pagar $100 de fianza por orden del juez, dinero que tuvo que
ser prestado por una entidad, pues los residentes son de escasos
recursos económicos. “Si la Fundación Pitirre no hubiese prestado el
dinero de fianza, los residentes no hubiesen tenido acceso a la
justicia”, lamentó José Rodríguez, portavoz del Comité Dominicano.

El caso para determinar si el tribunal tiene jurisdicción sobre los
residentes citados aún está en los tribunales. Los abogados alegan que
dicho proceso está errado.

gobierno, ausente

COMUNICADO DE PRENSA

Para publicación inmediata


CONTACTOS:


-Jesús Vázquez

787-607-8788


-Rafael Toro

787-565-7459


25 de noviembre de 2009


Se ausentan Daniel Galán, secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Héctor Morales, presidente de la Junta de Planificación al foro: Estatus del Corredor Ecológico del Noreste.

“La posición del silencio dificulta el análisis”, dijo el planificador y profesor Félix Aponte Ortiz en el foro celebrado anoche en el Teatro de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana. Y es que el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Daniel Galán cancelaron sorpresivamente su participación en el foro: Estatus del Corredor Ecológico del Noreste (CEN), en el que se discutió la historia, los procedimientos que se han seguido y el panorama legal de esta reserva natural.


Ambos jefes de agencia fueron invitados y confirmados como panelistas de la actividad, convocada por la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA) y por los Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental (EDUCCA), para discutir las diversas posturas a raíz de la derogación de la reserva del CEN. Sin embargo, luego de varios días de comunicaciones entre las organizaciones estudiantiles y las oficinas de agencia, el mismo día de realizarse el foro, ambos jefes de agencia notificaron su cancelación. Incluso, uno de ellos a solo una hora de comenzar la actividad. Los panelistas que sí se dieron cita fueron el científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable, Luis Jorge Rivera Herrera, Félix Aponte Ortiz, profesor en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR y la coordinadora del Capítulo del Sierra Club de Puerto Rico, Camilla Feibelman.


“No quisiéramos pensar-aunque valga la reflexión en este sentido- que se trata de una actitud irrespetuosa hacia los que fuimos convocados aquí, movidos por un verdadero intento de diálogo, discusión y deliberación que potencie entendidos básicos sobre lo que aspiramos para nuestro suelo, nuestro Corredor y nuestro país”, con este mensaje en representación de ANDA, Rafael Cancel Vázquez dio inicio a la conferencia.


“El proceso que se ha llevado hasta el día de hoy en términos formales es uno totalmente completo y, satisfactorio”, sostuvo el planificador Félix Aponte, refiriéndose a los estudios y procesos que se llevaron a cabo por más de una década, y que culminaron con la creación de la Reserva del Corredor Ecológico del Noreste. “Intervenir con ese proceso constituiría una alteración inaceptable”, añadió Aponte.


Para el profesor, el proceso de designación de la Reserva siguió el debido proceso de ley y respondió al gran cúmulo de información producido por agencias federales, estatales y entidades privadas desde la década del 1970. Actualmente, son múltiples las agencias federales y organizaciones internacionales que apoyan la Reserva.

“Somos ciudadanos activos haciendo nuestra parte de buena fe…y lo vamos a seguir haciendo…vamos a ayudarles a ser mejores gobernantes a través de nuestra participación”, sostuvo Camilla Feibelman, luego de presentar un estudio preparado por estudiantes del curso de Estructura Urbana que ofrece el profesor Aníbal Sepúlveda de la Escuela Graduada de Planificación.


No empece la reveladora ausencia y actitud de los funcionarios que faltaron a su palabra y compromiso, la actividad continuó con estudiantes, miembros de diversas comunidades de la Isla, profesores y otros ciudadanos que asistieron genuinamente preocupados por el bienestar de nuestros recursos naturales.

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Sobre ANDA

La Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA), Capítulo Estudiantil, es una organización de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que, mediante talleres, charlas y actividades multidisciplinarias, pretende concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos para generar un cambio en la relación de la comunidad con su entorno natural. Entre otros esfuerzos, la organización realiza anualmente la Jornada Ambiental, una iniciativa en la que se brinda conocimiento legal y práctico a ciudadanos, líderes y grupos comunitarios que defienden el ambiente. La labor de ANDA ha sido reconocida por la American Bar Association y, a nivel mundial, por la fundación Echoing Green.


Sobre EDUCCA

Estudiantes de Derecho Unidos Creando Conciencia Ambiental (EDUCCA) es una organización cuya misión es concienciar a la comunidad universitaria sobre los problemas ambientales que afectan a nuestro planeta. Para realizar esta tarea el grupo realiza diferentes actividades educativas, foros, proyecciones visuales e iniciativas de reciclaje en comunidades afectadas.

24.11.09

la violencia contra las mujeres en América Latina

Aileen Schmidt, querida amiga, además de por supuesto, escritora, profesora de literatura y abogada (!!), comparte con nosotros esta nota originada en Santiago de Chile, con datos terriblemente preocupantes de un estudio de la CEPAL sobre la violencia contra las mujeres en América Latina. Entre otras cosas se señala la importancia de la asignación de recursos fiscales para la atención pública de este terrible e intolerable problema.
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VIOLENCIA | Un estudio de la CEPAL

El 40% de las mujeres latinoamericanas sufre violencia de género

Servicios de urgencia atienden a una mujer herida. | Efe

Servicios de urgencia atienden a una mujer herida. | Efe

  • La violencia emocional alcanza el 60% de la población en Colombia y Perú
  • Un 45% declara haber recibido amenazas de muerte por parte de sus parejas
  • La violencia económica puede llegar a afectar a un tercio de las mujeres

Cuatro de cada diez mujeres sufren violencia machista en Latinoamérica, y casi un 60 por ciento es víctima de maltrato psicológico, según desveló hoy un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la violencia contra la mujer.

Los datos demuestran que la violencia física sufrida por las mujeres va desde golpes simples hasta agresiones severas y un 45% de ellas declara haber recibido amenazas de muerte por parte de sus parejas.

En muchos casos, las agresiones se acompañan por una fuerte carga de violencia psicológica y también sexual, hasta el punto que entre el 5% y el 11% de las mujeres dice haber sido víctima de violencia sexual.

El maltrato psicológico, o violencia emocional, es la agresión más frecuente, según señala el informe titulado "¡Ni una más!, Del dicho al hecho: ¿Cuanto falta por recorrer?".

Los insultos, las descalificaciones, humillaciones y burlas son muestras de maltrato psicológico, así como los medios de dominación que utiliza el agresor para controlar el tiempo, la libertad de movimiento y los contactos sociales de la mujer.

La violencia emocional alcanza el 60 por ciento de la población femenina en Colombia y Perú, mientras que en Bolivia y México la cifra asciende a casi el 40 por ciento.

El estudio contempla diferentes formas de violencia, entre las cuales caben el feminicidio, la violencia contra menores de edad, y la violencia sexual, pero también la trata de blancas, la violencia institucional, y la violencia discriminatoria contra mujeres emigrantes, indígenas y afrodescendientes.

En algunos países, según cita el texto, el control sobre el uso del dinero por parte de las mujeres, también conocido como violencia económica, puede llegar a afectar a un tercio de las mujeres.

El estudio denuncia que existen serias deficiencias en la aplicación de las normas internacionales que buscan proteger a la mujer, así como en la provisión de servicios y en el acceso a la justicia por parte de las víctimas.

No se destinan recursos

Además, los responsables del texto señalan que no se han destinado suficientes recursos a la prevención y sanción de todas las formas de violencia contra la mujer, y advierte de la necesidad de convertir la erradicación de la violencia machista en un objetivo central de las agendas públicas.

El informe fue presentado hoy en Ciudad de Guatemala y forma parte del lanzamiento de la campaña global "Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres", lanzada por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en febrero de 2008.

Ante el Supremo la colegiación (update)

El Colegio de Abogados presentó hoy un recurso ante el Tribunal Supremo de PR para que se invalide la ley que eliminó la colegiación compulsoria de abogados y abogadas. Más detalles aquí.
-Moción en Auxilio de Jurisdicción
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Comunicado de Prensa:
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ABOGADOS CONSIDERAN NULAS
LEYES QUE LOS DESCOLEGIAN
RADICAN EN TRIBUNAL SUPREMO RECURSOS LEGALES
PARA SUSPENDER IMPLANTACIÓN DE DICHAS LEYES
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Dos recursos legales para que el Tribunal Supremo deje en suspenso la implantación de las leyes 121 y 135 —firmadas recientemente por el gobernador y que pretenden descolegiar la profesión legal— fueron sometidos en el día de hoy en dicho tribunal por el Colegio de Abogados de Puerto Rico argumentando que las mismas son nulas e inconstitucionales.
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-En conferencia de prensa, el presidente de la institución, Lic. Arturo Hernández González, acompañado de los miembros de la Comisión especial para la revisión de la Ley 121 y la Ley 135, presidida por el Lic. Harry Anduze Montaño, informó que “hace apenas una hora, los abogados del Colegio, lidereados por el compañero Harry Anduze radicó en el Tribunal Supremo una Petición en jurisdicción original al Tribunal y una Moción de solicitud de orden provisional en auxilio de la jurisdicción del Honorable Tribunal.
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-En la Petición se le solicita al Supremo que se invaliden las leyes 121 y 135 y que reitere los principios claramente establecidos en los casos Schneider I y Schneider II sobre la constitucionalidad de la colegiación compulsoria y el derecho del Colegio y de sus miembros a la libre expresión. En la Moción”, continuó explicando el presidente de los abogados, “se pide que se deje en suspenso la implantación de las mencionadas leyes para evitar las consecuencias adversas que han comenzado a tener sobre el funcionamiento del propio Tribunal y en la administración de la justicia y el daño sustancial que ha comenzado a sufrir, y continuarán sufriendo, el Colegio y sus miembros”.Hernández explicó que el Colegio de Abogados basa su postura y peticiones al Tribunal Supremo en importantes y sólidos argumentos, algunos de los cuales son:
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-Que las leyes 121 y 135…
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§ Son inconstitucionales pues usurpan el poder inherente del Tribunal Supremo de reglamentar la profesión de la abogacía en Puerto Rico y porque son leyes para revocar decisiones finales de dicho Tribunal.
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§ Violan el principio constitucional de separación de poderes al emitir e imponerle deberes y obligaciones al Tribunal Supremo sobre cómo reglamentar la profesión de la abogacía.
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§ Violan el derecho de libertad de expresión y de asociación del Colegio como institución, derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
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§ Son inconstitucionales porque violan los derechos de libertad de expresión y de asociación de los miembros del Colegio de Abogados, garantizados también por nuestra Constitución y la Primera Enmienda de la de los EEUU.
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-§ Por carecer de un nexo racional con un fin legítimo del estado, violan el derecho constitucional del Colegio a la igual protección de las leyes, garantizado por la Constitución del ELA y la Quinta y/o Décimocuarta Enmienda a la Constitución de los EEUU.
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§ Violan la prohibición constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales existentes entre el Colegio, sus miembros y terceros.
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§ Son nulas ya que fueron aprobadas en violación del Artículo III, Sección 17, de la Constitución del ELA, que prohíbe que se apruebe proyecto de ley alguno que contenga más de un asunto, que no esté claramente expresado en su título, y que contenga partes sobre asuntos que no hayan sido expresados en su título.
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§ Tienen la clara intención de afectar directa y discriminatoriamente el funcionamiento del Colegio de Abogados sin estar basado dicho discrimen en hechos que demuestren que el Colegio no cumplió con los propósitos de su ley orgánica antes de la implantación de las nuevas leyes.
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El presidente de los abogados del país indicó que en la Moción sometida se expone al Tribunal Supremo cómo sus propias decisiones en las dos ocasiones en que ha atendido los llamados “casos Schneider” y los mecanismos creados para amparar a los abogados quejosos “atienden de manera constitucional y amplia la organización de la profesión de la abogacía en Puerto Rico y hacen totalmente innecesaria la acción del estado al promulgar las leyes 121 y 135. Pero, más aún”, recalcó Hernández, “aquí de lo que se trata es de que le estamos reclamando al Tribunal Supremo que defienda y mantenga su autoridad para regular la abogacía y restablecer el orden que cumpla con los derechos constitucionales del Colegio y de sus miembros. Esto implica que el Supremo reconozca que se ha violentado la separación constitucional de poderes al haberse dado una intromisión indebida del poder legislativo en las prerrogativas y funciones del poder judicial y que estas leyes afectan directamente el funcionamiento de la rama judicial al imponerle obligaciones sin asignarle fondos para su implantación, lo que, además, crea un disloque administrativo al Tribunal Supremo en múltiples direcciones”.
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Los abogados informaron también que se le enviaron cartas al Gobernador, al Secretario de Justicia y a la Procuradora General informándoles de la radicación de los mencionados recursos legales a las 10:30am del día de hoy y recordándoles que, “de no comparecer los abogados del Estado, se solicitará al Honorable Tribunal que dicte la orden sin vista previa”.
“El Colegio de Abogados quiere recalcar, como hemos estado indicando desde que la Legislatura inició este proceso tan oneroso para el país, que todo lo sucedido ha sido discriminatorio exclusivamente contra nuestra institución —y todo ello por callar a una institución que defiende la verdad de frente—, que en su vendetta por razones políticas los legisladores y el gobernador han estado desinformados y desinformando sobre el Colegio de Abogados y que no tuvieron en cuenta la abrumadora cantidad de ponencias a favor de la permanencia de este Colegio cuando se dieron vistas públicas”, indicó Hernández. “No obstante”, agregó, “nosotros nos amparamos en el convencimiento de que el Colegio prevalecerá eventualmente en todo este asunto”.

22.11.09

Apuntes para no más violencias institucionales contra las mujeres y nuevas relaciones de poder

El tema de la(s) violencia(s) contra las mujeres sigue siendo pertinente, en el hoy y en el ahora puertorriqueño, diríamos, más que nunca. Públicamente hay consenso de que no debe permitirse, que es un asunto intolerable, doloroso, vergonzoso para la sociedad. Hay legislación que lo atiende, pionera, por cierto, en América Latina; hay jurisprudencia sobre el tema; hay doctrinas en derecho penal; la prensa lo reseña en cada historia de mujeres que a diario sufre la violencia más extrema hasta la muerte. ¿Entonces? Las violencias se hacen más o menos evidentes, unas sustentan a otras y éstas nacen de las relaciones de poder de la cotidianidad, institucionales o no. Por eso, las fórmulas van, tienen que ir, en más de una dirección y aunque el tema de la violencia contra las mujeres se relaciona y debe relacionarse urgentemente a detener las muertes de las mujeres por violencia, hay violencias institucionales que alimentan las primeras. En esto hay consenso también, el asunto es complejo, arraizado en paradigmas difíciles de desarraizar y las estrategias son múltiples, desde las más urgentes hasta las más a largo plazo. También es necesario prestar la mirada atenta a visibilizar cómo otros temas, supuestamente generales y 'gender-neutral' que se tocan en la esfera pública, atañen a la larga al tema de las violencias contra las mujeres.

Pero lo que sí resulta imperdonable como sociedad es que echemos atrás lo que ha costado años en construir, políticas públicas que de a poquito han intentado atender el problema de la violencia contra las mujeres e instituciones que fueron creadas precisamente para atender estas problemáticas con una óptica expresamente dirigida al problema. Y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico, directa e indirectamente, luego de logros vitoreados dentro y fuera del país respecto a instituciones y políticas públicas que intentan atender el asunto de género y violencia, mucho se viene al piso. Otro asunto son las relaciones de poder y estructurales que entroncan la violencia y el poder que la sustenta. Veamos el asunto institucional tomando como marco de referencia las tres ramas de gobierno, hacia donde se encaminan las instituciones en PR sobre este tema y algunos apuntes sencillos, aunque incompletos, a manera de señalamientos y lineamientos futuros.

Rama Legislativa

Sobre la Rama Legislativa podemos señalar lo que usualmente señalamos, la desproporción representativa entre hombres y mujeres en ese cuerpo que aunque pueda irse achicando la brecha, lo cierto es que sigue igual, aún con una mayoría femenina que va a las urnas. En la Cámara de Representantes hemos contado con Presidentas, pero como hemos señalado en otros momentos, no se trata solamente de un asunto numérico, si no otra vez de un asunto de poder y actitudes y no hay más que escuchar cualquier día al Presidente del Senado, los estilos de comunicación y las formas en que se conducen los trabajos legislativos. Se puede señalar también como ejemplo, la dirección y presidencia de comisiones importantes como la de nombramiento o la de 'lo jurídico', tradicionalmente en manos de hombres. Los asuntos discutidos y atendidos en la mayoría de las comisiones no se ven entonces como un asunto de implicaciones para las mujeres asumida tal identidad, sino que se descansa en que la comisión de las mujeres o el caucus de mujeres atiendan asuntos 'propios'. Pero nuevamente, el asunto de representación es importante, pero no el único.

Tomemos como ejemplo el tema de la aprobación de proyectos por descargue, la falta de discusión y debate en el pleno de ambos cuerpos legislativos, la privación de expresión de los opositores, de los insultos como el que el Presidente del Senado le hizo a la senadora González, ni hablar. A lo que me refiero es que el asunto de violencia directa y violencia estructural contra las mujeres se afecta por estos asuntos. El no contar con una democracia robusta, ni siquiera representativa, ni hablar de modelos de democracia deliberativa o participativa que es hacia donde deberíamos movernos, va en contra, en detrimento de las mujeres. Al ser de por sí entes que tradicionalmente se relegan a la esfera privada, si ya de por sí que esten en la vida de la 'polis' es dificil, mucho más dificil para las mujeres que participan y para las que no, pero sobre todo para las mujeres en general que dependemos de estos procesos para lograr política pública que atienda nuestros problemas. Los asuntos de falta de procesos adecuados, democráticos, prístinos cuando se adpota legislación, son asuntos también medulares y que atañen a las mujeres y al problema de la violencia. Así, somos víctimas de una doble exclusión. La aprobación de la Ley 7 y el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres son dos ejemplos.

Con los procesos legislativos truncos como se esta llevando a cabo, lejos de buscar medidas para atender los problemas acuciantes para las mujeres, se permite y facilita la aprobación de medidas en detrimento de las mujeres, sin que siquiera podamos medir y atisbar el impacto y en exclusión nuestra como ciudadanas políticas. Se entronca, perpetúa e institucionaliza desde esta Rama las violencias contra las mujeres.

Exigimos verdaderos procesos democráticos en nuestra Asamblea Legislativa, verdadera representación como ciudadanas y sujetas de derecho, debates serios, robustos, respetuosos de la pluralidad de la sociedad puertorriqueña, participación en los procesos y marcos de discusión capaces de recoger las perspectivas de las mujeres y no bajo premisas exclusivamente masculinas de 'la sociedad puertorriqueña' bajo un manto ficticio de neutralidad pero que encierran exclusión de la mayoría de lxs electorxs puertorriqueñxs.

No más violencia institucional legislativa contra las mujeres.

-Rama Ejecutiva y organismos autónomos

Aquí hay un mundo por decir, desde la 'palabra de hombre' del gobernador Fortuño, hasta la caracterización que hizo la nueva Procuradora de las Mujeres sobre los problemas de las mujeres en el país. Para ella, su rol es 'concienciar' a todos sobre estos problemas, y atender también a los hombres, a los viejos, a los niños...y claro, según la política de La Fortaleza... (nooo, si precisamente de eso se trata!, de fiscalizar a La Fortaleza y al gobierno en el cumplimiento con los derechos de las mujeres!, caramba, pensamos que no hubiésemos tenido que regresar a tener que explicar este hecho básico) En fin, ahora la Procuraduría se ha convertido en un organismo administrativo autónomo 'que no discrimina'. De discriminar se trata, porque se trata de atender los problemas que confrontan las mujeres, bajo el entendido básico de que estas ciudadanas en el sentido político de la palabra han sido y continúan siendo discriminadas, violentadas, maltratadas y hay que poner recursos adicionales para intentar equipararlas como ciudadanas con el respeto que se merecen. Cuando el mundo va en otra dirección, nosotros en PR que una vez fuimos modelo para el mundo, acabamos de perder de facto a uno de los mecanismos institucionales de mayor vanguardia y más fuertes que tuvimos porque para eso precisamente se crearon en su día los organismos autónomos. A esta visión se añade el desmantelamiento institucional, presupuestario y laboral de esta oficina.

Esto se ha sustituido con una campaña que le dice a los hombres que 'den su palabra de hombre' para no maltratar a las mujeres. Así, nos apartamos de políticas públicas que atajan el asunto como un asunto de poder, complejo, discursivo, social para simplificarlo como un asunto de meros individuos que 'faltan a su promesa de hombre'. Mientras, aumenta la violencia contra las mujeres y disminuyen los mecanismos para atenderla con el rigor y atención que merece.

Exigimos el cese de las políticas del Ejecutivo que mantienen en desventaja a las mujeres y las hacen cada vez más vulnerables y sujetas a la violencia. Reclamamos una verdadera Procuraduría de las Mujeres, el cese del desmantelamiento de los servicios y derechos económicos y sociales, el cese de los desaolojos de comunidades y una atención directa y verdadera al tema de la violencia contra las mujeres.

No más violencia institucional ejecutiva contra las mujeres.

-Rama Judicial y sistema de justicia

En 1995, el sistema de tribunales emitió un ‘Informe sobre el Discrimen por razón de Género en los tribunales’. Este informe visibilizó los problemas de fondo en la implantación, por ejemplo, de la Ley contra la Violencia Doméstica. El informe reseñaba ejemplos de policías, fiscales y jueces que mediante comentarios machistas miraban con desdén o simplemente descartaban como poco importante el asunto de la violencia contra las mujeres. Los funcionarios entendían el asunto de la violencia contra las mujeres como una asunto privado, de familia, de ‘líos de faldas’ o meras peleas ‘propias’ de la relación íntima y por ende, desatendían la gravedad de los problemas y cerraban las puertas institucionales. De la misma forma, en el 2001, cuando se celebró el ‘Primer Congreso de Acceso a la Justicia’, se abordó el tema de género y el de violencia como un asunto primordial del tema del acceso a la Justicia. El informe resultado de este congreso produjo recomendaciones especializadas de los diversos grupos de trabajo y en el 2004, la Conferencia creó un Comité de Igualdad y Género para la implantación y seguimiento de recomendaciones.

Es importante, sin embargo, el seguimiento de estas iniciativas y el monitoreo que le pueda dar esta rama de gobierno al tema. Es evidente que para un verdadero acceso a la justicia el tema de género y de violencia contra las mujeres es parte protagónica para que esta rama tenga un ambiente hiper-sensible a los problemas directos y subyacentes en el tema de violencia contra las mujeres.

Las mujeres somos ciudadanas políticas, sujetas de derecho, aunque el imaginario del sujeto de derecho sea masculino y el asunto de las mujeres se vea como una 'excepción', ya es hora que el tema de género y la violencia contra las mujeres se atienda como un tema medular del acceso a los tribunales y no como un asunto accesorio. Esto implica pensarlo e incluirlo en todas las decisiones administrativas transversalmente, no solo en la asignación de salas especializadas sino, además, en los horarios, la determinación de aranceles y la adopción de reglas, entre otras.

También, es importante que los jueces y juezas, en sus metodologías de adjudicación y al atender las controversias, se tomen en serio las desigualdades de poder y los problemas que confrontan las mujeres. El formalismo jurídico se plantea insuficiente para atender los problemas más acuciantes de sectores como las mujeres. Hace falta un acercamiento por parte de jueces y juezas que al atender las controversias asuman conscientemente las premisas de la igualdad plural, una igualdad de la diferencia que reconozca que las mujeres han pasado y todavía pasan por situaciones y circunstancias distintas y que como sujetas de derecho han estado en plena desventaja. Abordajes críticos y feministas del derecho abogan hace mucho por una adecuación metodológica en este sentido y no solo me refiero a los casos penales de violencia doméstica o a casos de familia, sino a mirar las controversias de derecho también desde una perspectiva de género, esto es, en casos laborales, de derechos de propiedad, constitucionales, electorales, todos, porque la violencia contra las mujeres es un asunto de poder, y el poder se encarna en todos los quehaceres.

En cuanto a la composición del Tribunal Supremo, no basta una cuota en la representación de género. Aunque ese asunto es importantísimo, valga resaltar otros asuntos que no se ven directamente relacionados con el tema pero que guardan una importantísima relación con los derechos de las mujeres. Como mínimo preocupan pronunciamientos emitidos por los jueces del actual Tribunal. Tómese por caso las expresiones del Juez asociado Kolthoff quien ha aludido a la importancia de proteger lo que las mayorías refrenden; o el notorio señalamiento del Juez asociado Martínez Torres respecto a la marea judicial. Aunque las mujeres somos una mayoría numérica, no lo somos si se toma en cuenta los discursos hegemónicos, las instituciones y valoraciones patriarcales y discriminatorias que algunos podrían bien levantar como bandera cultural o de tradición, para justificar negar derechos a las mujeres. No olvidemos, que los derechos fundamentales sirven como cartas de triunfo y garantías contra las imposiciones tradicionales o fundamentalistas de mayorías.

Entonces, ¿qué significa esta 'nueva' filosofía del nuestro Tribunal Supremo para fundamentar sus decisiones?. Significaría dejar desprovistas a las mujeres, a la diversidad de mujeres, de sus derechos individuales, sobre su cuerpo, su sexualidad, su derecho a la felicidad, a llevar un estilo de vida de acuerdo con su plena libertad y autonomía y a los valores y creencias que tengan, aún cuando éstos sean diferentes y no vayan con la marea mayoritaria. El discurso acuñado por la nueva mayoría del Tribunal significaría negarle la protección a su dignidad y a la de su cuerpo, o, por ejemplo, protección cuando se enfrenta a una situación de violencia de pareja y está en una relación homosexual, en otras palabras, la negación del reconocimiento de sus derechos fundamentales en situación de igualdad con el resto de los ciudadanos.

Otro tema sería la dinámica profesional de los abogados y abogadas, las faltas de respeto solapadas, la minimización y los estilos machistas en las relaciones entre colegas, tanto en los tribunales como fuera de ellos. Estos estilos y estas violencias también se entronizan en las escuelas de derecho, en la toma de decisiones respecto a la educación jurídica y en las dinámicas cotidianas en las facultades que pretenden imponer estilos masculinos a las académicas del derecho, en ocasiones penalizándolas o buscando su invisibilización por éstas no ajustarse a los parámetros y valoraciones masculinas del ‘profesor de derecho’ o el jurista.

Esto también es refrendar, avalar y perpetuar la violencia contra las mujeres por otros medios.

Exigimos mecanismos institucionales para atender la discriminación y un verdadero acceso a la justicia para las mujeres, además de perspectivas de género y miradas inclusivas, vanguardistas e igualitarias para las mujeres en la adjudicación de controversias y el respeto y vindicación de nuestros derechos fundamentales como individuas en esta sociedad, una visión adjudicativa y constitucional respetuosa de la dignidad de las mujeres como sujetas de derecho y el no menoscabo y sacrificio de nuestra dignidad y derechos bajo la premisa de protección de la tiranía de mayorías.

No más violencia institucional en el sistema de justicia contra las mujeres.

-Otros asuntos estructurales

Si bien no cesamos de escuchar de los casos de violencia contra las mujeres y hay que atenderlos con urgencia, con medidas urgentes, cautelares, pragmáticas y preventivas a corto y largo plazo, a la vez hay que verlo y atenderlo como un asunto serio de poder, del poder visto en las prácticas cotidianas e institucionales que manifestado en lo que parecería inofensivo, es el motor de la violencia más cruda en esos casos de violencia que Verónica y la prensa reseña. Corto y largo plazo, asuntos instuticionales y asuntos de poder, es necesario y urgente atender el asunto.

-Desigualdad y Pobreza, Desempleo, Participación democrática

Tres temas estructurales para el tema de las violencias contra las mujeres. Ya también se conoce que las mujeres son las más pobres, las más desiguales, y a las que más dificil se les hace la vida participativa en términos políticos amplios. Las políticas actuales del gobierno que visualizan al gobierno con manos afuera de estos temas, tienen la consecuencia de incrementar estos problemas para las mujeres y por ende, ponerlas en situaciones de mayor vulnerabilidad y más sujetas a situaciones de violencia y falta de seguridad, en su casa, en la relación de pareja, con su patrimonio (o sin él), en el trabajo, en la calle, más sujetas a vandalismos, etc... Ya antes en una entrada en este blog cuestionamos la falta de discusión sobre el impacto de la famosa Ley 7 para las mujeres. Estos temas como la Ley 7, la Ley de Cierre, la reforma legislativa, la restructuración de las agencias del Ejecutivo, la política del Departamento de la Vivienda, el desplazamiento comunitario, el presupuesto son asuntos de las mujeres!.

Estos asuntos simplemente no se discuten o debaten en la Asamblea Legislativa o por Ejecutivo y muy poco o nada leemos de la pluma de los y las juezas sobre los temas. Al menos en el tema medular para el país en el último año, la implantación de la Ley 7 y la reforma gubernamental y legislativa, no parece habersele dado la atención que merece y ciertamente estan fuera del debate público en momentos de la aprobación de leyes o acciones del Ejecutivo. De hecho, en cuanto a los despidos y la Ley 7 tomo tiempo para que surgiera como una preocupación o tema que ni siquiera hubiera surgido si el Movimiento Amplio de Mujeres no alerta. ¿qué pasó con los y las repsentantes del pueblo cuya mayoría son mujeres? ¿y los caucus de mujeres? ¿partido de oposición? ¿sectores 'progres'? ¿la prensa? Es más complicado, la representación no basta, son necesarios nuevos marcos de referencia, nuevas relaciones de poder. Mientras las relaciones de poder continúen como están, el binomio violencia-poder juega el juego protagónico contra las mujeres.

Estas circunstancias y la política del gobierno de desmantelar los mecanismos institucionales que intentan salvaguardar los derechos económicos y sociales agravan la situación de violencia contra las mujeres. Vaticino: un aumento en la violencia contra las mujeres, las mismas que por las políticas públicas actuales se quedaron sin empleo, sin vivienda, sin el servicio de trabajadores sociales, con una escuela pública cada vez más detrimente, ahora sin la Oficina de comunidades especiales, sin una Procuradora de las Mujeres que vele por sus derechos y proponga medidas que otros no propondran, sin la oportunidad de acudir al cabildeo legislativo, sin un debate legislativo robusto, sin vistas públicas a las cuales acudir para expresarse y exponer sus perspectivas, sin participación ciudadana, bajo ataque del mismo gobierno contra sus proyectos comunitarios, sin la protección contra la violencia doméstica o los delitos sexuales por parte de policías, fiscales y jueces, sin un abordaje judicial sensible a sus problemas y sujeta, según algunos miembros del Tribunal Supremo, a lo que venga de las mayorías aún cuando sus derechos fundamentales estén en juego. Esto es también violencia contra las mujeres, violencia que sustenta y refrenda la violencia del revolver, del tiro, que permite y se hace cómplice de las historias de mujeres que añaden un número a la cifra.

Exigimos que se atienda la violencia, las violencias todas, las violencias de esta sociedad directas e indirectas, las obvias y las estructurales, contra las mujeres. Exigimos el cese de políticas excluyentes que tienen el impacto de fomentar nuestra exclusión y perpetuar la violencia, las violencias. No bastan las 'palabras de hombre', no las queremos, queremos el reconocimiento en igualdad de condiciones y en igualdad de poder.

Exijamos nuevas relaciones de poder en todas las cotidianidades que rompan con los ciclos de las violencias.

No más violencia institucional ni de ningún tipo contra las mujeres.

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