Comunidades exigen más poderes - El Nuevo Día
13 de mayo de 2012.
La justicia ambiental en Puerto Rico está minada por el excesivo poder del que gozan algunos sectores del Gobierno, que viven de espaldas a las necesidades y los deseos del ciudadano de escasos recursos económicos.
Para cambiar este escenario, que históricamente ha forzado a sectores con menos poder a luchar por los recursos y por el ambiente, las comunidades tienen que ampliar y fortalecer sus alianzas de modo que puedan reclamar contundentemente al Gobierno hacer lo que le toca y distribuir mejor el poder.
Estas ideas fueron la constante ayer durante las presentaciones y los diálogos de la conferencia “Justicia ambiental y el derecho a la tierra: Construyendo una agenda de futuro para Puerto Rico”. El evento, organizado por la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña, se realizó en el Museo de Arte de Puerto Rico.
“Veo esto hoy como una nueva era de colaboración y de más agresividad. El Gobierno está ahí para ayudarnos, está ahí por nosotros, lo que hay es que ser más agresivo con el Gobierno, exigirle al Gobierno, y estas alianzas de las que estamos hablando es la forma de hacerlo”, declaró el director del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo.
Lugo participó junto a Harold Toro, director de investigaciones del Centro para la Nueva Economía, al planificador José Rivera Santana y a Josen Rossi, presidente de la empresa de servicios de construcción Aireko, en un panel intersectorial moderado por el periodista José Javier Pérez, editor de El Nuevo Día.
“Tenemos que exigirle al Estado que cumpla su función en rigor de lo que a nuestro juicio debe ser una agenda y un proyecto de país que responda a los intereses de la mayoría del país”, coincidió Rivera Santana.
“Pero por otro lado, tenemos que fortalecer la capacidad de los ciudadanos y de las comunidades para poder tener el poder y los instrumentos políticos para hacer ese reclamo. Sin fuerza política y ciudadana organizada, es cuesta arriba lograr esas transformaciones”, agregó el planificador.
Se considera justicia ambiental la distribución equitativa de las cargas y los beneficios ambientales entre todas las personas de la sociedad, tomando en cuenta las situaciones de cada comunidad, las capacidades de sus ciudadanos y la participación en la toma de decisiones que les afecten.
De acuerdo con una catedrática en planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el concepto de justicia ambiental aún no se ha adoptado del todo en la Isla. “Aquí la gente no le reclama al Gobierno de Puerto Rico que el desarrollo de tal proyecto constituye un problema de injusticia ambiental para unas comunidades. Sin embargo van al Gobierno federal, a la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)”, afirmó la profesora Carmen Concepción.
No obstante, esto no deslegitimiza las luchas de justicia ambiental que se han dado en Puerto Rico. Lo que ocurre, según Concepción, es que muchas se han dado en el marco de luchas sociales, como las del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y el Grupo de las Ocho Comunidades Aledañas al Caño (G-8).
El caso del caño
La desigualdad social que amenaza, margina o provoca el desplazamiento de comunidades (sobre todo pobres) y que ha generado esas luchas, fue un factor que muchos de los deponentes coincidieron en destacar durante la conferencia de justicia ambiental. También hubo consenso sobre la necesidad de que las comunidades se organicen, se fortalezcan y compitan con las actuales estructuras de poder.
“Solo el que accede a la riqueza será respetado en la propiedad (el pobre suele ser el desplazado)... La clave en el caso del Caño Martín Peña ha sido esa nueva relación de poder”, destacó la abogada Erika Fontánez, catedrática asociada de la Escuela de Derecho de la UPR. Se refirió al modo cómo se organizaron las comunidades del G-8, colindantes con el centro económico de la zona metropolitana, la Milla de Oro, hasta crear el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.
Explicó que este esquema hace que el suelo y las propiedades estén en manos del colectivo, lo que les da poder para usarlas como garantía en préstamos o inversiones que también sean para el bien colectivo. El actual gobierno estatal, tanto como el municipal, han atentado contra este sistema, que se ha distinguido por ser democrático en la medida en que los residentes han participado en la toma de decisiones desde el principio.
“Exigimos que nos dejen trabajar y defender nuestros derechos, que el Gobierno se una a nuestros intereses y no que los quiera acomodar a los intereses privados. Exigimos, en fin, que nos devuelvan nuestras tierras y que vean como estas comunidades pueden establecer un precedente de la verdadera autogestión comunitaria en pro de la verdadera justicia ambiental”, reclamó Melba Ayala, líder comunitaria en el G-8, empresaria y presidenta de Excursiones ECO.
Durante la jornada, Judith Enck, administradora de la Región 2 de la EPA, reclamó solucionar el problema de inundaciones en comunidades del Caño.
“Estamos muy preocupados porque el agua de inundaciones suele estar contaminada con desperdicios y químicos, y absolutamente tenemos que detener eso”, afirmó.
“Nunca había visto comunidades urbanas tan densamente pobladas carentes de un sistema de alcantarillado moderno funcional”, destacó Enck.
